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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06384-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06384-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las solicitudes de desvinculación promovidas por las Empresas Municipales de Cali – EMCALI, La Previsora S.A. y Allianz Seguros S.A., de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Marta Cecilia Narváez Perenguez en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06384-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06384-00
Accionante: Marta Cecilia Narváez Perenguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Tutela1 por presunta mora judicial en el trámite del pago de los
títulos judiciales del proceso dentro del medio de control de
reparación directa

Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela instaurada por la señora Marta Cecilia Narváez Perenguez,
actuando en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de una presunta
mora judicial ocurrida dentro del trámite de conciliación surtida al interior del
proceso seguido a través del medio de control de reparación directa con radicado
76001-23-33-001-2016-01731-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. En el 2016, la señora Marta Cecilia Narváez Perenguez junto con su núcleo
familiar promovieron una demanda de reparación directa contra Empresas
Municipales de Cali – EMCALI y Jorge Enrique Bello, con el propósito de que se
les declararan patrimonialmente responsables de los perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados por el fallecimiento del señor Segundo González
Perenguez en hechos ocurridos el 16 de junio de 2015.

3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
autoridad judicial que, mediante proveído del 14 de diciembre de 2016, admitió
la demanda. Asimismo, dicha autoridad, a través del auto del 13 de junio de 2024,
fijó fecha para audiencia inicial.

1 Acción de tutela presentada el 12 de agosto de 2026.

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4. El 26 de septiembre de 2024, instalada la audiencia inicial, el Tribunal saneó el
proceso, resolvió excepciones, fijó el litigio y agotó la etapa de conciliación. No
obstante, en el trámite de esta última etapa, Allianz, en calidad de llamada en
garantía, formuló una propuesta conciliatoria respecto de las pretensiones de la
demanda, la cual fue aceptada por la parte demandante. Sin embargo, el
magistrado en dicha diligencia requirió la propuesta conciliatoria con el propósito
de obtener mayor claridad al respecto.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 25 de junio de
2025 aprobó la conciliación, razón por la que Allianz aportó comprobante de pago
a órdenes del despacho judicial de fecha del 25 de julio de 2025.

6. El 30 de julio de 2025, el apoderado de la parte demandante solicitó la entrega
de los dineros. Sin embargo, el Tribunal mediante proveído del 29 de abril de
2026 requirió a la compañía aseguradora para que discriminara los valores
consignados.

7. Así las cosas, una vez cumplido el requerimiento por la aseguradora, en mayo
de 2026, el apoderado de la parte demandante nuevamente solicitó la entrega de
los dineros. Sin que a la fecha de la presentación de la acción de tutela se hubiera
pronunciado al respecto.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada transgredió los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, toda vez que, desde que se promovió la demanda, esto es, el 18 de
noviembre de 2016, transcurrieron ocho años antes desde que finalmente se
instalara la audiencia inicial, esto es, el 26 de septiembre de 2024, razón por la
cual ante la espera en dicha diligencia aceptaron una conciliación inferior a sus
pretensiones.

9. Así las cosas, la conciliación fue finalmente aprobada mediante providencia del
25 de junio de 2025. Sin embargo, a la fecha de interposición de la acción de
tutela no se había materializado la entrega de los dineros fijados en el acuerdo
conciliatorio.

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones
injustificadas, acceso efectivo a la administración de justicia y plazo
razonable vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDA. Declarar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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incurrió en mora judicial injustificada, al no resolver oportunamente la
solicitud de entrega de los recursos correspondientes a la conciliación
judicial aprobada dentro del proceso de reparación directa.

TERCERA.ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
[Sala/Magistrado] que, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera la decisión de
entrega correspondiente respecto de la solicitud de entrega de los
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) consignados dentro
del proceso.

CUARTA. Adoptar cualquier otra medida que el juez constitucional
considere necesaria para garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales amparados.» (Sic a toda la cita)

2.4. Trámite procesal

11. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 13 de
agosto de 2026, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca como accionado y a las Empresas Municipales de Cali - EMCALI, al
señor Jorge Enrique Bello, a las aseguradoras Allianz Seguros S.A., La Previsora
S.A. y AXA Colpatria como terceros interesados en el resultado del proceso.

2.5. Intervenciones

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca informó que, mediante
providencia del 25 de junio de 2025 se resolvió aprobar el acuerdo conciliatorio
judicial celebrado entre ALLIANZ S.A. y la parte demandante durante la audiencia
inicial instalada el 26 de septiembre de 2024, dinero que fue depositado a la
cuenta del despacho el 25 de julio de 2025.

13. Posterior a la solicitud de la parte actora relacionada con la entrega del título
judicial, el magistrado ponente mediante providencia de fecha 29 de abril de
2026, resolvió requerir a Allianz Seguros S.A. para que, aportara liquidación
detallada donde se discriminaran los valores y conceptos pagados
correspondientes al depósito judicial.

14. Por su parte, Allianz Seguros S.A. respondió el requerimiento indicando que
no realizó tal discriminación de valores porque la conciliación y su pago se
realizaron por el total de los perjuicios reclamados en la demanda sin imputación
alguna a ningún tipo de perjuicio.

15. De otra parte, el magistrado titular informó que, fue nombrado en propiedad
mediante Acuerdo 239 del 1 de julio de 2026 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado y posesionado el 14 de julio del presente año en reemplazo
de Ronald Otto Cedeño Blum.

16. Asimismo, precisó que el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo
PCSJA26-12564, resolvió suspender los términos judiciales con ocasión del
terremoto ocurrido el 10 de agosto del presente año, circunstancia que aplazó el

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proceso de cambio de firmas para el pago de títulos judiciales.

17. No obstante, una vez restablecida la suspensión de términos y adelantado el
trámite para el cambio de firmas se comprometió a realizar el trámite
correspondiente frente a la conciliación judicial aprobada por el entonces titular
del despacho.

18. Por lo anterior, sostuvo que no se configura la vulneración de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora, especialmente el relacionado con la
mora judicial, toda vez que en el presente caso la demora en pronunciarse frente
al pago del título judicial responde a situaciones de fuerza mayor ocurridas como
consecuencia del terremoto sucedido el 10 de agosto de 2026, y al cambio de
titular del despacho.

19. Las Empresas Municipales de Cali – EMCALI, La Previsora S.A. y Allianz
Seguros S.A. solicitaron que se declare improcedente la acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

20. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

22. Las Empresas Municipales de Cali – EMCALI, La Previsora S.A. y Allianz
Seguros S.A. solicitaron que se declare improcedente la acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva, al respecto, la Sala no encuentra mérito
suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez que fueron vinculados por
tener interés en el resultado, al ser parte dentro del proceso de reparación
directa.

3.3. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con
ocasión de una presunta mora judicial ocurrida dentro del trámite de conciliación
surtida al interior del proceso seguido a través del medio de control de reparación
directa con radicado 76001-23-33-001-2016-01731-00.

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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3.4. Mora judicial injustificada

24. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos3.

25. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el
cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo;
y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la
posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el ordenamiento
jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas
salvedades reconocidas por el legislador4.

26. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial
injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de
defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos
perjuicios se tornen irreparables.

27. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la Corte
Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar la
violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está
en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora
judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con
las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras
el competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de
un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.

3.5. Análisis de la presunta mora judicial

28. La parte accionante sostiene que la autoridad judicial demandada incurrió en
mora judicial, pues, pese a que el acuerdo conciliatorio fue aprobado y los
recursos fueron depositados en la cuenta del despacho, para la fecha de

3 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
4 Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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interposición de la acción de tutela aún no se había materializado la entrega de
las sumas reconocidas en dicho acuerdo.

29. Consultado el aplicativo de SAMAI se observa que, el 26 de septiembre de
2024, se instaló la audiencia inicial, el Tribunal saneó el proceso, resolvió
excepciones, fijó el litigio y agotó la etapa de conciliación. Sin embargo, en el
trámite de esta última etapa, Allianz, en calidad de llamada en garantía, formuló
una propuesta conciliatoria respecto de las pretensiones de la demanda, la cual
fue aceptada por la parte demandante.

30. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 25 de junio
de 2025 aprobó la conciliación, razón por la que Allianz aportó comprobante de
pago a órdenes del despacho judicial de fecha de 25 de julio de 2025.

31. El 30 de julio de 2025, el apoderado de la parte demandante solicitó la entrega
de los dineros. Sin embargo, el Tribunal mediante proveído del 29 de abril de
2026 requirió a la compañía aseguradora para que discriminara los valores
consignados.

32. En mayo de 2026, el apoderado de la parte demandante nuevamente solicitó
la entrega de los dineros.

33. Asimismo, se tiene que la Sala Plena del Consejo de Estado mediante
Acuerdo 239 del 1.° de julio de 2026 resolvió nombrar en propiedad a John
Alezander Hurtado Paredes, quien, el 14 de julio del presente año tomó posesión
del cargo en reemplazo de Ronald Otto Cedeño Blum.

34. Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA26-
12564 resolvió suspender los términos judiciales con ocasión del terremoto
ocurrido el 10 de agosto de 2026 hasta el 11 de septiembre de 2026.

35. De acuerdo con las actuaciones procesales descritas, la Sala advierte que, si
bien la conciliación fue aprobada mediante providencia del 25 de junio de 2025 y
el apoderado de la parte demandante solicitó la entrega de los dineros el 30 de
julio siguiente, también se encuentra acreditado que, mediante auto del 29 de
abril de 2026, el Tribunal requirió a la compañía aseguradora para que
discriminara los valores consignados. Asimismo, el 1.° de julio de 2026 se produjo
el cambio de titular del despacho y, posteriormente, los términos judiciales fueron
suspendidos hasta el 11 de septiembre de la misma anualidad, con ocasión del
terremoto ocurrido el 10 de agosto. En ese contexto, la demora advertida
obedece a circunstancias objetivas que impiden calificarla como injustificada.

36. En consecuencia, no resulta procedente declarar que la autoridad judicial
accionada incurrió en mora judicial injustificada, pues su configuración exige
demostrar que la tardanza es atribuible a una actuación negligente o displicente
frente al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales. Tal circunstancia
no se acredita en el presente asunto, toda vez que el despacho accionado
informó que, una vez reanudados los términos judiciales y culminado el trámite

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de cambio de firmas, adelantará las actuaciones necesarias para materializar el
pago derivado de la conciliación aprobada por quien entonces fungía como titular
del despacho.

37. Aunado a lo anterior, tampoco se allegó al expediente elemento de convicción
alguno encaminado a demostrar el acaecimiento de un perjuicio irremediable que
imponga la intervención inmediata de este juez constitucional, razón por la que
la Sala procederá a negar el amparo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación promovidas por las Empresas
Municipales de Cali – EMCALI, La Previsora S.A. y Allianz Seguros S.A., de
conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora
Marta Cecilia Narváez Perenguez en contra del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada la sentencia envíese a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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