Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06396-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06396-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06396-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06396-00
Demandante: TATIANA PAOLA SERNA ZÁBALA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Tema: Tutela de fondo – mora judicial – Ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por la
señora Tatiana Paola Serna Zábala contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo
86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
Mediante escrito recibido el 12 de agosto de 2026, la señora Tatiana Paola Serna
Zábala, actuando en nombre propio, radicó tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
presunta mora judicial en la que habría incurrido el Tribunal Administrativo del
Atlántico, al no resolver el impedimento formulado por la titular del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-33-33-
004-2025-00219-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:
4.1.AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
4.2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO- DESPACHO DE
LA MAGISTRADA JUDITH INMACULADA ROMERO IBARRA, que dentro del término
del término de 48 horas siguientes a la notificación del respectivo fallo, impulse el
trámite correspondiente y resuelva el impedimento formulado que se encuentra
pendiente dentro del proceso radicado No. 08-001-33-33-004-2025-00219-01.1
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Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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Demandante: Tatiana Paola Serna Zábala
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
1.3. Hechos probados y/o admitidos
De los múltiples hechos que relató la actora, en su escrito de tutela, la Sala los
sintetiza de la siguiente manera:
1.3.1. La señora Tatiana Paola Serna Zábala expuso que promovió medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las
prestaciones sociales causadas desde el año 2013, así como de aquellas que se
causen en el futuro mientras permanezca vinculada a la Rama Judicial.
1.3.2. En primera instancia, el proceso le correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, y mediante providencia de 7 de
octubre de 2025, la juez se declaró impedida para conocer del asunto.
1.3.3. Adujo que el conocimiento del impedimento le correspondió a la magistrada
Judith Inmaculada Romero Ibarra del Tribunal Administrativo del Atlántico, de modo
que, el expediente ingresó a su Despacho el 28 de octubre de 2025, bajo el radicado
08001-33-33-004-2025-00219-00/01.
1.3.4. Indicó a que a la fecha de presentación de esta acción constitucional no se
había pronunciado respecto de la manifestación de impedimento.
1.4. Fundamento de la solicitud
La señora Tatiana Paola Serna Zábala aseguró que sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia están siendo
transgredidos por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, con ocasión a que
al momento de radicación de esta tutela, no se ha pronunciado frente a la
manifestación de impedimento de la titular del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla.
Manifestó que «a la fecha de presentación de esta acción de tutela, han transcurrido
nueve (9) meses y quince (15) días desde el ingreso del expediente al despacho,
sin que se haya proferido decisión alguna respecto del impedimento planteado».
Por consiguiente, el tribunal demandado está incurriendo en una mora judicial
injustificada, ocasionándole así consecuencias directas en el trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, pues la tardanza ha excedido ampliamente
un plazo razonable.
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1.5. Auto que admitió la acción de tutela
El magistrado ponente de esta sentencia, mediante auto de 14 de agosto de 2026,
admitió la tutela y ordenó notificar a la señora Serna Zábala, así como a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico.
Asimismo, requirió al tribunal accionado para que remitiera de manera inmediata
copia digital del expediente identificado con el radicado 08001-33-33-004-2025-
00219-00/01.
1.6. Intervención
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico
Por medio de correo electrónico de 25 de agosto de 2026, el Secretario del tribunal
allegó el expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que radicó que la actora contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial
de Barranquilla, y que se identificó con el radicado 08001-33-33-004-2025-00219-
00/01, sin embargo, no se refirió ni a los hechos o pretensiones de esta acción
constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer la acción de tutela presentada
por la señora Tatiana Paola Serna Zábala contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
señora Tatiana Paola Serna Zábala, dado que, a la fecha de radicación de esta
acción de tutela, el tribunal accionado no se ha pronunciado respecto del
impedimento formulado por la titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 08001-33-33-004-2025-00219-00/01.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial
justificada, y (iv) el caso concreto.
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2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones
u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.
Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial
ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos
para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se
habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los
instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir
sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se
use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución2, del derecho fundamental al debido
proceso3 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia4.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»5.
2
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
3
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
// Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. //
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
4
Sentencia T-006 de 1992.
5
Sentencia T-476 de 1998.
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Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real
y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»6.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”7, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso
de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben
descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo
tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance
significativo en la protección de los derechos de las personas […]» 8.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia9 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»10.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
7
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
8
Ibídem.
9
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
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2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes11.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»12. En esa línea
esa corporación frente al particular precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial13, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y al debido proceso de las partes.
2.6. Caso concreto
A juicio de la señora Tatiana Paola Serna Zábala, sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia están siendo
transgredidos, con ocasión de la presunta mora judicial en la que habría incurrido el
11
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
12
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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Tribunal Administrativo del Atlántico, al no resolver el impedimento formulado por la
titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 08001-33-33-004-2025-00219-00/01.
Pues bien, esta Sala de Decisión al revisar el aplicativo Samai y el expediente digital
que aportó el Tribunal Administrativo del Atlántico, considera que, en efecto, en el
presente asunto ha existido una dilación injustificada al resolver la manifestación de
impedimento, dado que el mismo fue remitido del juzgado al tribunal el 20 de octubre
de 2025, a saber:
Asimismo, el 28 de octubre de 2025, el Secretario General del tribunal le informó a
la magistrada Judith Inmaculada Romero Ibarra que el expediente del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-004-
2025-00219-00/01 pasó al Despacho para que resuelva el impedimento de 7 de
octubre de 2025, que manifestó la titular del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla, tal y como se evidencia a continuación:
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En este punto, es importante poner de presente que después del mencionado
informe, el tribunal no ha registrado alguna actuación tendiente a resolver la
manifestación de impedimento que presentó la titular del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.
A su vez, esta Sección debe señalar que el Tribunal Administrativo del Atlántico no
rindió informe en el trámite de esta acción constitucional, en el que sustentara los
motivos de la tardanza en la que ha incurrido, por consiguiente se concederá el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Tatiana Paola Serna Zábala, y se le ordenará
al Tribunal Administrativo del Atlántico, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, se pronuncie frente a la manifestación
de impedimento respecto de la cual se alega la mora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la señora Tatiana Paola Serna Zábala, y en
consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, se
pronuncie sobre la manifestación de impedimento respecto de la cual se predica la
mora.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. Usted puede consultar
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la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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