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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06408-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06408-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Gloria Mabel Rodríguez Bustos contra el Tribunal Administrativo del Meta. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el municipio de Villavicencio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06408-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06408-00
Accionante: GLORIA MABEL RODRÍGUEZ BUSTOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Meta. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 13 de agosto de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Gloria Mabel Rodríguez Bustos, actuando mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta. Con
la solicitud de amparo pretende que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el «principio
de gratuidad».

2. La accionante atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a
la sentencia del 29 de enero de 2026, mediante la cual, la autoridad judicial
accionada confirmó el fallo del 13 de diciembre de 2024, proferido por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio, que negó las pretensiones de

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal

Administrativo del Meta. Asimismo, se vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio, a la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
Fiduprevisora SA, al municipio de Villavicencio y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta
última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

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Accionante: Gloria Mabel Rodríguez Bustos
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06408-00

la demanda y la condenó en costas. Además, la condenó en costas de segunda
instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 50001-33-33-004-2024-00209-00/01/02.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en
sentencia proferida del 29 de enero de 2026 dentro del proceso
50001333300420240020902, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al
precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, referente a la condena en costas.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META efectuar el examen de procedencia de la
condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la
normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.3

1.2. Hechos

4. La señora Gloria Mabel Rodríguez Bustos, docente oficial ubicada en el
grado 3AM del escalafón previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002, promovió
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Villavicencio, con el fin de
obtener el reconocimiento de diferencias salariales y prestacionales derivadas de
los incrementos aplicados durante los años 2008 y 2009 a los docentes de las
categorías 3AM y 3DM.

5. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante
sentencia proferida en audiencia del 13 de diciembre de 2024, negó las
pretensiones. Consideró que las diferencias entre los grados y niveles del
escalafón docente respondían a criterios objetivos de formación académica,
experiencia, desempeño y competencias, por lo que no se acreditó la vulneración
del principio de igualdad.

6. En la misma providencia, condenó en costas a la demandante en favor de
las entidades demandadas y fijó como agencias en derecho el equivalente al 5%
de la cuantía de la demanda. Para ello, tuvo en cuenta que la parte pasiva
desplegó actividad jurídico-profesional de defensa durante el proceso.

7. La demandante apeló la decisión. Además de cuestionar la negativa de
sus pretensiones, solicitó revocar la condena en costas, al considerar que estas
no procedían por el solo hecho de haber sido vencida, sino que debía verificarse
que se encontraran debidamente causadas y comprobadas, conforme a los
artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso.

3 Transcripción literal que puede contener errores.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06408-00

8. Mediante sentencia del 29 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Meta confirmó el fallo. Respecto de la condena en costas de primera instancia,
consideró que resultaba procedente porque la actora fue la parte vencida y las
entidades demandadas incurrieron en gastos procesales al estar representadas
por apoderados judiciales durante el trámite.

9. Asimismo, el Tribunal condenó a la demandante en costas de segunda
instancia en favor del Ministerio de Educación Nacional, debido a que el recurso
de apelación fue resuelto desfavorablemente y la apoderada de dicha entidad
intervino en esa etapa procesal. Dispuso que su liquidación fuera efectuada por
el juzgado de primera instancia.

1.3. Sustento de la vulneración

10. La accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en
defecto sustantivo al interpretar indebidamente el artículo 188 del CPACA y
aplicar un criterio objetivo para imponer la condena en costas. A su juicio, la sola
circunstancia de haber resultado vencida no era suficiente, pues debía verificarse
su efectiva causación y efectuarse un análisis razonado de las condiciones del
caso.

11. Alegó que la autoridad judicial no explicó suficientemente cuáles gastos se
causaron ni justificó la imposición de costas y agencias en derecho. Añadió que
el examen debía considerar la conducta procesal de las partes, la complejidad
del asunto y la inexistencia de mala fe o temeridad, en aplicación de los principios
de favorabilidad y gratuidad de la administración de justicia.

12. También sostuvo que esa interpretación desconoció los principios de
inescindibilidad y favorabilidad, porque el juez aplicó parcialmente la norma sobre
costas, al tomar únicamente el criterio objetivo de parte vencida y omitir el análisis
relativo a la carencia manifiesta de fundamento legal, lo cual afectó el debido
proceso, en tanto la autoridad judicial no aplicó integralmente el régimen
normativo vigente.

13. Igualmente, adujo que se configuró un desconocimiento del precedente
de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. De la
Subsección B, citó los fallos del 7 de diciembre de 2021 dentro del radicado
25000-23-42-000-2018-02785-01; del 27 de enero de 2022 dentro del radicado
25000-23-42-000-2016-05174-01; del 11 de agosto de 2023 en el proceso 18001-
23-33-000-2014-00249-01; del 30 de mayo de 2024 en el expediente 23001-23-
33-000-2016-00148-01; del 13 de junio de 2024 en el radicado 25000-23-42-000-
2012-01145-02 y del 23 de abril de 2025 en el proceso 11001-03-25-000-2016-
00592-00.

14. De la Subsección A, citó las decisiones del 24 de agosto de 2023 en el
proceso 05001-23-33-000-2017-00562-01; del 8 de febrero de 2024 dentro del

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06408-00

radicado 52001-33-33-000-2018-000416-004; del 4 de abril del 2024 en el
proceso 20001-23-33-000-2013-00352-01; 23 de mayo del 2024 en el radicado
25000-23-42-000-2015-0335-015; y del 27 de marzo de 2025 en el radicado
110010-03-25-000-2016-00173-006.

15. Respecto de las anteriores providencias, argumentó, que en las mismas
se determinó que la condena en costas debe verificarse bajo un «criterio objetivo
valorativo», lo que implica que no procede de manera automática, sino que debe
verificarse su causación, valorarse la mala fe o temeridad de la parte, así como
la ausencia de fundamento legal. En consecuencia, afirmó que el Tribunal
Administrativo del Meta se apartó injustificadamente del precedente, sin ofrecer
carga argumentativa que lo sustentara.

16. También trajo a colación fallos de tutela del 18 de abril del 2024 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del radicado 11001-03-15-000-
2024-01360-00 (Subsección A) y 24 y 25 de julio del 2024 en los radicados
11001-03-15-000-2024-03343-00 y 11001-03-15-000-2024-03346-00
(Subsección B), respectivamente, donde se ampararon los derechos
fundamentales de la parte actora porque se encontró que las autoridades
accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por no tener en cuenta el artículo
47 de la Ley 2080 del 2021.

1.4. Intervenciones

17. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio solicitó negar el amparo respecto de ese despacho. Señaló que la
inconformidad de la accionante se dirige contra la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta, particularmente frente a la condena en costas, y remitió
el expediente ordinario solicitado.

18. El municipio de Villavicencio pidió declarar su falta de legitimación en la
causa por pasiva y desvincularlo del trámite, porque no profirió la providencia
cuestionada ni puede modificarla. También sostuvo que la tutela carece de
relevancia constitucional, pues plantea una controversia legal y económica sobre
la interpretación del artículo 188 del CPACA y no acredita el desconocimiento de
un precedente vinculante.

19. La Nación, Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar
improcedente la acción. Argumentó que el asunto carece de relevancia

4 Se precisa que, en el escrito de tutela, la accionante indicó el radicado con 24 dígitos y que, consultado en

el aplicativo SAMAI, se encontró que el radicado correcto es 52001-23-33-000-2018-00461-00, el cual
coindice con los demás datos de identificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dados
por la accionante.
5 Se precisa que, en el escrito de tutela, la accionante indicó el radicado con 22 dígitos y que, consultado en

el aplicativo SAMAI, se encontró que el radicado correcto es 25000-23-42-000-2015-03335-01, el cual
coindice con los demás datos de identificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dados
por la accionante.
6 Se precisa que, en el escrito de tutela, la accionante indicó el radicado con 24 dígitos y que, consultado en

el aplicativo SAMAI, se encontró que el radicado correcto es 11001-03-25-000-2016-00173-00, el cual
coindice con los demás datos de identificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dados
por la accionante.

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Accionante: Gloria Mabel Rodríguez Bustos
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06408-00

constitucional, porque la accionante pretende reabrir una controversia económica
resuelta por el juez natural sobre la condena en costas, sin demostrar una
afectación constitucional autónoma ni la configuración de un defecto específico
de la providencia judicial.

II. CONSIDERACIONES

20. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por la accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales

21. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún
defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

22. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

23. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

24. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de

2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
10
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.

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fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

25. La Sala advierte que la señora Gloria Mabel Rodríguez Bustos está
legitimada en la causa por activa, porque fue la parte demandante al interior del
medio de control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta
vía.

26. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Meta está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión objeto de estudio
el presente trámite constitucional.

27. Ahora, el municipio de Villavicencio pidió que se declare su falta de
legitimación por pasiva. La Sala negará su desvinculación, en tanto le asiste un
interés en el resultado de este trámite por haber hecho parte del extremo
demandado en el proceso en que se dictó la providencia sub examine.

28. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional11, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

29. Como se expuso previamente, la accionante consideró que el Tribunal
Administrativo del Meta vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, así como el «principio de gratuidad»,
al confirmar la condena en costas impuesta en primera instancia y condenarla
por el mismo concepto al resolver el recurso de apelación.

30. A su juicio, la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo porque aplicó
de manera indebida el artículo 188 del CPACA. También alegó el
desconocimiento del precedente de las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, según el cual la condena en costas no es
automática, sino que exige verificar su causación y comprobación.

31. La Sala advierte que la controversia propuesta es de naturaleza legal y
económica. En efecto, se circunscribe a determinar el alcance de los artículos
188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso y a establecer si la
actuación procesal de las entidades demandadas permitía tener por causadas

11 Sentencia SU-215 de 2022.

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las costas. Tal discusión fue planteada y resuelta en el proceso ordinario.

32. En la apelación, la demandante sostuvo que la condena no procedía por
el solo hecho de haber resultado vencida y que debía verificarse que las costas
estuvieran debidamente causadas y comprobadas. El Tribunal abordó
expresamente ese reparo y señaló que la condena contenía un elemento
objetivo, relativo a la parte vencida, y otro valorativo, relacionado con su efectiva
causación.

33. Sobre este último aspecto, el Tribunal consideró acreditada la actividad
procesal desplegada por las entidades demandadas en primera instancia, las
cuales ejercieron su defensa por conducto de sus apoderados judiciales.
Asimismo, impuso costas en segunda instancia porque el recurso fue resuelto
desfavorablemente y la Nación, Ministerio de Educación Nacional intervino en
esa etapa procesal.

34. En consecuencia, se advierte que, en la decisión cuestionada el Tribunal
resolvió el reparo planteado en la presente acción constitucional, por cuanto hizo
referencia a la actuación procesal de las entidades beneficiarias y a los gastos
derivados del ejercicio de su defensa. En ese contexto, el reproche de la
accionante refleja su desacuerdo con la suficiencia de esas razones y con la
interpretación de las normas aplicadas, asuntos que, en principio, no evidencian
una cuestión constitucional autónoma.

35. Tampoco se advierte que el alegado desconocimiento del precedente
permita superar el requisito de relevancia constitucional. La accionante no explicó
con claridad por qué las providencias invocadas resultaban aplicables al caso, ni
identificó la regla jurisprudencial concreta que habría sido desconocida por el
Tribunal. Además, no existe un criterio unificado del Consejo de Estado sobre la
materia y la parte actora se limitó a citar decisiones de las Subsecciones A y B
de la Sección Segunda. En consecuencia, no cumplió la carga argumentativa
mínima necesaria para que este cargo plantee una cuestión de relevancia
constitucional

36. Respecto de lo anterior, la Sala estima conveniente precisar que, de
conformidad con las sentencias SU-215 de 2022, y SU-573 de 2019 proferidas
por la Corte Constitucional, un asunto carece de relevancia constitucional cuando
se trata de una controversia estrictamente legal, o económica con connotaciones
particulares o privadas que no representen un interés general. En ese sentido,
como la discusión planteada por la accionante se limita, por un lado, a cuestionar
el criterio interpretativo del tribunal en la decisión judicial, y por otro, a cuestionar
la confirmación de una condena en costas y no involucra la vulneración de un
derecho fundamental ni la garantía de uno de esta naturaleza, la acción de tutela
resulta improcedente.

37. En ese orden, se evidencia que la accionante más allá de proponer un
debate que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional,
en realidad, expone su discrepancia con la imposición de la condena en costas,

7
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que es un asunto netamente legal y económico. Por ello, resulta evidente que lo
pretendido por la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir
una tercera instancia para que se revoque aquello que le fue resuelto
desfavorablemente.

38. Por lo tanto, se advierte que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.

39. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales de la causa. Por ende, la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
la señora Gloria Mabel Rodríguez Bustos contra el Tribunal Administrativo del
Meta.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el municipio de
Villavicencio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

8
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Accionante: Gloria Mabel Rodríguez Bustos
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06408-00

Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

9
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