Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06410-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06410-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-06410-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06410-00
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Estudia de fondo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El gerente del Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC) presentó acción
de tutela1 en contra del Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal al considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
dicha institución.
Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión del auto proferido el 12 de
febrero de 2026, que confirmó la providencia de 25 de noviembre de 2025, a través
de los cuales las autoridades judiciales demandadas se abstuvieron de seguir
adelante con la ejecución en el proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-005-
2025-00143-00/01, que promovió el IFC contra los señores Fredy Carrillo, José
Silva Santana y la Empresa Asociativa de Trabajo Metal – Madera del Casanare.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó:
Solicitamos de manera muy respetuosa a los Honorables Magistrados, obtener
a través de su justicia la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al Acceso a la Administración de Justicia de mi representado Instituto
Financiero de Casanare, por defecto sustancial, indebida valoración probatoria,
1 El 13 de agosto de 2026.
1
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, dentro del proceso
ejecutivo de radicado 85001-3333-005-2025-00143-00, en que incurren el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo
de Casanare, así como otros que sufren la misma suerte por la misma
interpretación.
Con las decisiones adoptadas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Yopal, en auto del 25 de noviembre de 2025, determinó: “ABSTENERSE de
ordenar seguir adelante con la ejecución solicitada por el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE - IFC , en contra de FREDY CARRILLO, JOSE
SILVA SANTANA y E.A.T. METAL - MADERA DEL CASANARE, por no haberse
constituido en debida forma el título ejecutivo (…), "LEVANTAR las medidas
cautelares dispuestas en providencias del 22 de octubre de 2007 y de 12 de
julio de 2018(…)”, y la confirmatoria, emitida por el Tribunal Administrativo de
Casanare en providencia de fecha 12 de febrero de 2026, se desconoce los
derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Administración de
Justicia del Instituto Financiero de Casanare, en consecuencia solicito
comedidamente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE,
que se desconocieron por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 25 de noviembre de 2025 y su
confirmatorio emitido el 12 de febrero de 2026 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-3333-005-2025-
00143-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 25
de noviembre de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 12 de
febrero de 2026, dentro del medio de control 85001-3333-005-2025-00143-00,
por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle merito ejecutivo al pagare 4104533 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por
escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado
el original del pagare, pese a que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022
“Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo
que todos sus anexos,”; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del
derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por
esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y
al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar
el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, ordene
seguir adelante con la ejecución a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE en contra de la parte demandada FREDY CARRILLO, JOSE
SILVA SANTANA Y E.A.T. METAL - MADERA DEL CASANARE, dentro del
proceso ejecutivo 85001-3333-005-2025-00143-00, adelante el proceso hasta
su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de
procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis10 o
se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO
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ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido 2.
1.3. Hechos
El Instituto Financiero de Casanare presentó demanda ejecutiva singular de
mínima cuantía contra los señores Fredy Carrillo, José Silva Santana y la Empresa
Asociativa de Trabajo Metal - Madera del Casanare, con base en el pagaré No.
4104533 del 12 de mayo de 2006.
El expediente fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Civil Municipal de
Yopal con radicado 85-001-40-003002-2007-00838-00 el cual, entre otras
decisiones: i) libró mandamiento de pago por el capital adeudado, esto es, la suma
de dos millones setecientos treinta y un mil quinientos ochenta y ocho pesos
M/CTE ($2.731.588) a favor del IFC; ii) decretó medidas cautelares; iii) libró los
correspondientes oficios; iv) ordenó seguir adelante la ejecución, y iii) aprobó la
liquidación del crédito.
El 18 de noviembre de 2024 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal declaró
la falta de competencia por jurisdicción y ordenó remitir el proceso a los juzgados
administrativos, correspondiéndole por reparto el proceso al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal bajo el radicado 85001-3333-005-
2025-00143-00.
Este juzgado mediante auto de 25 de noviembre de 2025, determinó: “Abstenerse
de ordenar seguir adelante con la ejecución solicitada por el Instituto Financiero
de Casanare - IFC , en contra de Fredy Carrillo, José Silva Santana y E.A.T. Metal
• Madera del Casanare, por no haberse constituido en debida forma el título
ejecutivo (…), "LEVANTAR las medidas cautelares dispuestas en providencias del
22 de octubre de 2007 y de 12 de julio de 2018 (…). Así mismo indicó: “…la parte
ejecutante omitió acreditar la existencia del título ejecutivo complejo, pues no
aportó el contrato, sino que únicamente allegó el pagaré y la carta de
instrucciones, los cuales por sí solos no contienen una obligación clara, expresa y
exigible (…)”.
Inconforme con lo resuelto, el instituto presentó recurso de reposición y en subsidio
el de apelación, esgrimiendo que el contrato de mutuo con intereses, que
explícitamente tiene un régimen en la normatividad civil, específicamente en el
Código Civil y respaldado con un pagaré y una carta de instrucciones que tiene
soporte en el Código de Comercio, también es un contrato estatal. Además,
mencionó que un pagaré suscrito en el marco de un contrato de mutuo celebrado
por una entidad estatal sí puede servir como título ejecutivo cuando la obligación
es clara, expresa y exigible.
Asimismo, el IFC indicó que el título valor aportado como documento de ejecución,
es un título simple y no complejo y por ello no se puede imponer aportar un contrato
2 Trascripción literal del original con posibles errores.
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adicional, que además ya está implícito en el pagaré, al reconocerse dentro del
mismo la deuda a título de mutuo con interés y debe tenerse en cuenta que el IFC
“es una Empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al
Régimen Jurídico de las Empresas industriales y Comerciales del Estado,
contemplado en la Ley 489 de 1998.”
Mediante auto del 9 de diciembre de 2025 el juzgado de conocimiento desató el
recurso de reposición, resolviendo no reponer auto del 25 de noviembre de 2025
y concediendo el recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Casanare el 12 de febrero de 2026 confirmó la
providencia cuestionada, por cuanto la entidad ejecutante, de acuerdo con los
artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 396 de la Ley 80 de 1993 debía hacer constar
sus contratos por escrito.
En ese sentido, toda vez que el fundamento del pagaré 4104533 era el préstamo
de consumo, dicho contrato debía allegarse en caso de que se pretendiera su
ejecución.
1.4. Sustento de la vulneración
El IFC acusó a las autoridades accionadas de incurrir en los defectos sustantivo,
fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la
Constitución los cuales se delimitarán así:
Sobre el defecto sustantivo esgrimió que el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011
establece que es título ejecutivo, entre otros, «cualquier acto proferido con ocasión
de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones». En ese
sentido, el pagaré presta mérito ejecutivo. Postura que es concordante con el
artículo 422 de la Ley 1564 de 20123.
Igualmente, estimó que el Tribunal Administrativo de Casanare, al aplicar el artículo
93 de la Ley 489 de 1998, desconoció que dicha norma fue modificada por el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y, posteriormente, por el artículo 93 de la Ley
1474 de 20114.
3 Artículo 422. Título ejecutivo Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas,
claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y
constituyan plena prueba contra él […].
4 Artículo 93. Del régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del
Estado. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado
tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%),
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los
contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones
normativas existentes.
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Partiendo de la anterior normativa, concluyó que la actividad de otorgar créditos,
que realiza el Instituto Financiero de Casanare en competencia con otras entidades
financieras, se rige por el derecho privado. En ese orden de ideas, debía aplicarse
lo dispuesto en el artículo 2222 del Código Civil 5, el cual dispone que el contrato
de mutuo se perfecciona con la entrega de la cosa que, para este caso, es el
desembolso del crédito.
Del mismo modo, acudió al numeral 5 del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 que
establece que son obligaciones ejecutables aquellas que obren, entre otros, en
«documentos que provengan del deudor».
En ese sentido, como el pagaré da cuenta de que se concedió un crédito, el
contrato de mutuo se perfeccionó y, por lo tanto, no había lugar a que se
cuestionara su existencia mediante la exigencia del documento extrañado por la
autoridad judicial accionada.
En cuanto al defecto fáctico, acusó a las autoridades accionadas de restar valor
probatorio al pagaré 4104533 como título ejecutivo independiente y autónomo, en
tanto que allí se deja constancia de la existencia de la obligación, del monto
adeudado y de que se recibió el dinero, todo lo cual, da cuenta de la existencia y
perfeccionamiento del contrato de mutuo.
En lo que atañe al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, señaló
que “exigir documentos adicionales al pagare, siendo este un título ejecutivo
autónomo, que contiene una obligación, clara, expresa y exigible, es desconocer
la normatividad que rige la creación, circulación y exigibilidad de este tipo de títulos,
constituye un exceso ritual manifiesto y deviene en una evidente denegación de
justicia”.
Adicionalmente, acusó a las accionadas de exigirle la entrega del título base de
recaudo en original y no en una copia digitalizada, lo cual desconoce que,
actualmente, las demandas y sus anexos se tramitan de forma virtual.
Finalmente, en lo atinente a la violación directa a la Constitución, afirmó que se
está omitiendo que la controversia aquí planteada ya fue resuelta por la Corte
Constitucional en los autos 2014 de 2024 y 1455 de 2025, dónde dicho órgano de
cierre, al definir la competencia para conocer de estos procesos ejecutivos, en
cabeza de la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, indicó:
En efecto, la obligación insoluta cuyo cumplimiento se persigue en el marco del
proceso ejecutivo está contenida en el pagaré No. 473 el cual al parecer se
emitió como consecuencia de un contrato de mutuo celebrado entre el IFEY y
las personas naturales demandadas, el cual, como indicó la parte actora, no
consta por escrito. Esto último guarda lógica si en cuenta se tiene que las
empresas industriales y comerciales del Estado conforme a los artículos 85 y
93 de la Ley 498 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por
el derecho privado en el desarrollo de sus funciones actividades y/o comerciales
y, por ende, en su contratación. De manera que, al momento de autorizar un
crédito, como ocurrió en el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito
pues conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo
5 Artículo 2222. Perfeccionamiento del contrato mutuo. No se perfecciona el contrato de mutuo sino
por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.
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comercial conforme a la remisión del artículo 473 del Código de Comercio)
basta con la entrega de la cosa dada en préstamos para el perfeccionamiento
del negocio jurídico
[…]
El pagaré No. 473 presta mérito ejecutivo conforme al artículo 297 del CPACA.
El título ejecutivo base de la ejecución fue firmado por los demandados como
consecuencia de un contrato de mutuo celebrado con el IFEY, de manera que
el pagaré No. 473 es un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible
en contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA6.
En su sentir, las autoridades judiciales accionadas solo acogen la definición de
competencia de esas providencias; no obstante, evitan las razones allí expuestas
relativas a que el contrato de mutuo no necesita obrar por escrito y que el pagaré
sí contiene las obligaciones claras, expresas y exigibles de un título ejecutivo.
De esta forma, concluyó:
i) La fuerza vinculante de una providencia del órgano límite de los conflictos
constitucionales, cuyos extremos conceptuales son inseparables, porque
ambos hacen parte de la ratio de la decisión.
ii) Se vulnera la seguridad jurídica y la confianza legítima, en cuanto IFC
durante más de dos décadas procedió con plena buena fe a otorgar los
créditos sin hacer suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido al
derecho privado en sus operaciones de colocación de cartera, de manera que
el sorpresivo viraje judicial, al asignar la jurisdicción a los jueces
administrativos, es inoponible a situaciones jurídicas consolidadas (créditos
otorgados y pagarés suscritos) antes de producirse el auto de la Corte.
iii) y se configura la privación de acceso efectivo a la Administración de
Justicia, derecho fundamental por mandato expreso de la Constitución, art 229
C.N.20 y de la Convención Americana de Derechos Humanos, Art 2521, cuyo
núcleo duro no se reduce a la apertura formal de dicho acceso, con la
presentación de una demanda, cuyo estudio de fondo se elude, con base en
variaciones sorpresivas de la jurisprudencia, aplicada retrospectivamente,
acceso que se quebranta totalmente porque el IFC ya no tiene posibilidad real
de hacer valer sus créditos ante ninguna otra jurisdicción, en gran número de
casos ni siquiera en la potestativa coactiva, por el fenómeno legal de la
prescripción.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 18 de agosto de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Casanare y al juez Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal.
También se ordenó notificar como terceros con interés en las resultas del proceso
a los señores Fredy Carrillo, José Silva Santana y al gerente de la Empresa
Asociativa de Trabajo Metal – Madera del Casanare.
Remitidas las respectivas comunicaciones se presentó la siguiente intervención:
6 Cita del auto 2014 de 4 de diciembre de 2024.
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1.5.1. Tribunal Administrativo de Casanare
El titular del despacho 002 de esa corporación se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y manifestó que la tutela no reúne los presupuestos establecidos por
la Corte Constitucional para que proceda la tutela contra providencias judiciales,
esto por cuanto carece de relevancia constitucional, en la medida en que la parte
accionante no plantea un asunto constitucional que evidencie la existencia de una
afectación real, directa y desproporcionada de derechos fundamentales, sino que,
por el contrario, formula un debate de naturaleza estrictamente legal en el que
cuestiona el criterio jurídico aplicado por el Tribunal Administrativo de Casanare.
En este sentido, sostuvo que la acción de tutela se pretende utilizar como un
mecanismo para reabrir una discusión jurídica previamente resuelta por esa
corporación, lo cual desconoce su carácter subsidiario, excepcional y residual. En
consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
Aunque la parte actora cuestionó lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Casanare y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial Yopal, esta
sentencia se centrará únicamente en lo decidido en la segunda instancia, puesto
que fue allí donde se dirimió definitivamente la controversia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 12
de febrero de 2026, por la cual se confirmó la decisión que decidió no seguir
adelante con la ejecución en una demanda ejecutiva por no allegarse la totalidad
del título ejecutivo.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) examen de
los requisitos de procedencia de la acción de tutela, i); y, de encontrarse superados
se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 7
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal11 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico12; es decir, la
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Sentencia SU-573 de 2019.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
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cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”13
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”14 En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”15
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto16, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal17. (Resaltado de la Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590
de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los defectos18
en los que incurrió la decisión atacada.
Ahora bien, el presente caso ha sido conocido previamente19 por la Sección Quinta
y se ha concluido que la controversia es de orden meramente legal y que no se
evidencia, a priori, una actuación abiertamente irracional o arbitraria de la autoridad
judicial, teniendo en cuenta que la calificación del título valor como complejo y la
necesidad de allegar el contrato de mutuo correspondía a una decisión protegida
por la autonomía judicial. La mencionada postura, además, resultaba concordante
con lo resuelto en múltiples ocasiones por otras secciones de esta corporación20.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-128 de 2021.
16 Sentencia SU-573 de 2019.
17 Ibid.
18 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
19 Como son los procesos: 11001-03-15-000-2025-00967-01, 11001-03-15-000-2025-05231-01 y
11001-03-15-000-2026-00346-00.
20 Ver, entre otros, procesos: 11001-03-15-000-2026-00426-01 y 11001-03-15-000-2026-00274-01,
de la Sección Primera; 11001-03-15-000-2025-08206-01 de la Sección Segunda; 11001-03-15-
000-2025-05581-01 y 11001-03-15-000-2025-05003-01 de la Sección Tercera.
9
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Vale la pena decir, que no se tiene conocimiento de que la Corte Constitucional
haya seleccionado para revisión alguno de dichos expedientes21.
No obstante, tras una nueva deliberación de la sección, la sala mayoritaria estima
que estas conclusiones deben revalorarse, esto, por cuanto si bien la controversia,
en principio, atañe a un asunto económico, también es cierto que los motivos con
los cuales las autoridades judiciales accionadas resolvieron que el IFC debía
aportar el contrato escrito que sustentara el pagaré, pudieron desconocer la
naturaleza del mencionado instituto, como un tipo de EICE que compite con otras
sociedades del sector privado y que, a partir de allí, debían aplicársele las
exigencias de dicha área22.
De ser así, es posible que sí pueda haberse configurado una afectación al núcleo
esencial del debido proceso del instituto accionante, por cuanto se estarían
realizando exigencias en el trámite ejecutivo que no son concordantes con la
actividad propia de la empresa.
Tal escenario puede llevar a que el IFC esté siendo llevado a una posición en la
que, a pesar de competir con sociedades que se rigen por normas del sector
privado, el instituto deba someterse a exigencias adicionales del Estatuto General
de la Contratación, generando así un desequilibrio en las condiciones en la que
participa en el mercado.
Partiendo de allí, y teniendo en cuenta la naturaleza pública del IFC, se evidencia
un posible riesgo sobre recursos públicos que fueron gestionados en negocios
privados, pero cuya recuperación puede tornarse inviable por la presunta exigencia
de requisitos adicionales a los que, en principio, gobernaban la actuación de
gestión que desarrolla la mencionada empresa. Circunstancia por la cual se
considera viable replantear el estudio de estos casos y tener por superado el
requisito de la relevancia constitucional.
2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el accionante fue
proferida en el marco del proceso ejecutivo.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la última
providencia atacada data del 12 de febrero de 2026 (notificada el 13 del mismo
mes y año), por lo que, sin necesidad de contar la ejecutoria, es claro que el
mecanismo de amparo, radicado el 13 de agosto de 2026, se presentó de manera
oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201423, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
21 Por el contrario, se sabe de autos que han excluido de revisión este tema, como puede verse en
los procesos T12052335 (2025-05581), T11589164 (2025-04677) y T11335832 (2025-00967),
entre otros.
22 En concordancia con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200524, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y, reiteró que 6 meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra el auto de segunda
instancia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, por lo que se tiene
cumplida esta exigencia.
2.6. De los defectos invocados
Previo a exponer las generalidades de las censuras planteadas, se observa que
en el escrito inicial se plantearon los defectos sustantivo, fáctico, procedimental por
exceso ritual manifiesto y por violación directa de la constitución.
No obstante, sobre el último de aquellos, se observa que, en parte, reitera los
argumentos que se encuentran concentrados en los anteriores y, el elemento
diferenciador, es que acusa a las autoridades judiciales de apartarse, sin
justificación, de las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en los
autos que han definido la competencia para conocer de estos procesos ejecutivos
y que, a su juicio, resultaban vinculantes.
En ese sentido, lo que se evidencia es un cargo por un presunto desconocimiento
del precedente y así será abordado.
2.6.1. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional25, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»26.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente27 o porque ha sido derogada28, es inexistente29,
inexequible30 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador31.
24 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
26 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
31 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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b) No se hace una interpretación razonable de la norma32.
c) La disposición aplicada es regresiva33 o contraria a la Constitución34.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición35.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma36 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.
2.6.2. Esta sala en decisión del 12 de noviembre del 201537 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el
asunto;
ii) Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la
veracidad de los hechos alegados por las partes;
iii) Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y
iv) Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del
debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
Omisión de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
decreto y práctica y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
de pruebas ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos
indispensables de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
para fallar el importante considerar que no toda negativa a un decreto de
asunto pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que:
32 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
37 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción
en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los
hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en
Desconocimiento cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere
del acervo que de forma específica, se concrete en el escrito de
probatorio amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
determinante para fueron desconocidas por el juez. Así las cosas, se configura
identificar la siempre que:
veracidad de los
hechos alegados a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por las partes por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de estos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
Valoración manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
irracional o peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
arbitraria de las Requiere entonces que:
pruebas
aportadas a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los
requisitos legales para su producción o introducción al
proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
Dictar sentencia equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
con fundamento cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
en pruebas planteado, al ser esta una prueba que desconoce el debido
obtenidas con proceso de las partes. Para su configuración corresponde:
violación del
debido proceso a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
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c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.
Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues es desacertado.
2.6.3. Referente al defecto procedimental, se tiene que la Corte Constitucional
ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental: a) uno absoluto, que se
presenta cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando
hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos,
por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales38.
En lo concerniente al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha
señalado que «el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los
cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar
trámite al proceso respectivo»39.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que es el que se
alega con esta acción de tutela, se configura «cuando hay una renuncia consciente
de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales»40.
Asimismo, se ha contemplado que el defecto procedimental también ocurre cuando
el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido (absoluto), pero que cualquiera que sea el caso, la procedencia de la
acción de tutela en presencia del vicio de tal naturaleza se sujeta a la concurrencia
de los siguientes elementos41:
38 Sentencia T-620 de 9 de septiembre de 2013. Sentencia T-268 de 2010. El Alto Tribunal también
ha considerado que el defecto procedimental se puede configurar por la violación del derecho a la
defensa técnica, puesto que «… el concepto de defensa técnica como el derecho de la persona a
escoger su propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por uno de oficio designado
por el Estado, quien a su vez debe contar con un nivel básico de formación jurídica» (sentencia T-
561 de 2014).
39 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
40 Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.
41 Ibidem.
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i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela.
ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales.
iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico.
iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado.
v) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los
derechos fundamentales.
De igual manera, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado.
2.6.4. Por otra parte, esta sección precisa que el precedente es aquella regla
creada por una alta corte como órgano de cierre en determinada materia para
solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
Sin embargo, resulta necesario advertir que «debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al
caso, sin una actividad creadora del juez»42.
3. Caso concreto
En el presente caso se tiene que, el Instituto Financiero del Casanare, en desarrollo
de su actividad como entidad para el desarrollo económico y social del
departamento del Casanare, presuntamente concedió un crédito a Fredy Carrillo,
a José Silva Santana y a la Empresa Asociativa de Trabajo Metal – Madera del
Casanare.
Al intentar cobrar la deuda por la vía ejecutiva, fundamentándose en el pagaré
4104533 y su correspondiente carta de instrucciones, las autoridades de lo
contencioso administrativo, tanto en primera como en segunda instancia,
estimaron que el título ejecutivo era complejo y, además de los documentos
allegados, era obligación que el demandante justificara si el fundamento del pagaré
era un contrato estatal o un mutuo común y, en el primer escenario, debería
anexarse el soporte correspondiente.
A partir de allí la controversia gira en torno a si el título valor sobre el cual el IFC
pidió la ejecución era suficiente o no para que se librara el mandamiento de pago,
42 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
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lo que implica un estudio de la naturaleza de la entidad ejecutante y de las reglas
que rigen su actividad.
En principio, se resalta que el IFC fue creado como una empresa comercial del
departamento del Casanare43, cuya actividad, entre otros, es el fomento del
desarrollo económico a través de la gestión de proyectos. Esto, de acuerdo con el
artículo 85 de la Ley 489 de 1998, lo ubica como una empresa industrial y comercial
del estado.44
A su vez, el artículo 93 de esa norma, refiere:
ARTÍCULO 93.- Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan
las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su
actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a
las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el
cumplimiento de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General
de Contratación de las entidades estatales.
Como se puede observar, los actos que realicen dichas empresas y que se
efectúen para su actividad industrial o comercial, se regirán por el derecho privado;
mientras que los contratos que se celebren para cumplir con su labor deberán
ajustarse al Estatuto General de Contratación.
Esta circunstancia es retomada por la Corte Constitucional en la sentencia SU–
242 de 2015, de la siguiente manera:
En conclusión, el régimen de contratación de las entidades públicas se
encuentra consignado en la Ley 80 de 1993, que estableció la genérica
categoría de contratos estatales, a todos aquellos que celebren las entidades
públicas enunciadas en el artículo 2 de ese estatuto. Algunas entidades
públicas, como el FONADE, se encuentran exceptuadas del régimen
contenido en la Ley 80 de 1993, en razón a su naturaleza de Empresa
Industrial y Comercial del Estado y su carácter financiero, por lo que sus
negocios se rigen por las normas del derecho privado.
Esa condición especial en material contractual, no desvirtúa la naturaleza
de contrato estatal, puesto que el régimen sustancial aplicable a los mismos,
no hace mutar su condición de contrato público45. (Resaltado fuera de texto)
43 De acuerdo con el artículo 1° del Decreto 107 de 27 de julio de 1992
44 Artículo 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales
y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por esta, que
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que
reúnen las siguientes características: a. Personería jurídica; b. Autonomía administrativa y
financiera; c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos
comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o
servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la
Constitución.
El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar representado
en cuotas o acciones de igual valor nominal. A las empresas industriales y comerciales del
Estado y a las sociedades de economía mixta, se les aplicara en lo pertinente los
artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la
Ley 142 de 1994.
Parágrafo. - Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que
desarrollen y posean las empresas industriales y comerciales del Estado.
45 Cabe resaltar que la Corte Constitucional fue enfática en que las normas privadas se aplicaban
para la resolución sustancial de los temas contractuales de las EICE, pero dejó claro que esto no
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Por otra parte, la Ley 1150 de 2007, en su artículo 14, dispuso:
ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE
ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA DEL ESTADO.
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de
Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta
por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con
participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%),
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual
se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a
sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 13 de la presente ley.
Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley
29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
Ahora bien, verificada la argumentación del Tribunal Administrativo del Casanare,
se evidencia que fundó su decisión en tres puntos que sintetizó así:
a. La acreencia plasmada en el pagaré No. 4104533 cuya ejecución solicita la
entidad pública recurrente, atañe a la obligación adquirida por la ejecutada de
devolver el dinero recibido tras la concesión de un crédito, descripción que
corresponde a la tipología contractual de mutuo o préstamo de consumo,
plasmada en el artículo 2221 del Código Civil, así: “El mutuo o préstamo de
consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta
cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género
y calidad”.
b. El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE se rige por las normas que
regulan el funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del
estado por lo que, de conformidad con lo normado por el artículo 93 de la Ley
489 de 1998 “(…) Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto
se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las
entidades estatales” uno de los cuales es la solemnidad que se traduce en que
deben constar por escrito el artículo 396 de la Ley 80 de 1993.
c. La parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los
términos del artículo 624 del Código de Comercio, pues no aportó copia original
del título valor, sino que se limitó a enseñar una digitalización del mismo, lo cual
impide su cobro.
De la lectura de estas premisas, la sala evidencia falencias argumentativas en cada
una de ellas que justifican el amparo de los derechos fundamentales de la parte
actora, como pasa a explicarse.
En primer lugar, el Tribunal Administrativo del Casanare acude al artículo 2221 del
Código Civil para establecer que el negocio jurídico celebrado por el IFC
correspondía a un contrato de mutuo; no obstante, omitió que, en el artículo
siguiente, esto es el 2222 de dicho estatuto, dispone que el perfeccionamiento de
se extendía a asuntos meramente procesales, como la caducidad, los cuales se siguen rigiendo
por el estatuto especial, para la época del caso, el Decreto 01 de 1984, actualmente, la Ley 1437
de 2011.
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dicha figura contractual se entiende surtida por la transferencia del dominio de la
cosa que, para el caso de un préstamo, es el desembolso del dinero pactado.
Este aspecto es importante, por cuanto el perfeccionamiento del contrato presume
su existencia, y es el punto en el que las partes se vinculan a las obligaciones que
de él surjan.
Del mismo modo, también se evidencia una aplicación parcial del artículo 93 de la
Ley 489 de 1998, puesto que se limitó a acudir a solo una parte de la norma, esto
es, al extracto en el que aquella dispone que los contratos que celebren las EICE
para el cumplimiento de su objeto se sujetaran al Estatuto General de la
Contratación; no obstante, no tuvo en cuenta que también establece que los actos
que expidan dichas empresas para el desarrollo de su actividad, son regidos por
el derecho privado.
Nótese que el artículo 93 ídem presenta dos escenarios: (i) actos que directamente
implican el ejercicio de la actividad comercial de la entidad46 y (ii) contratos que se
celebren para el cumplimiento de su objeto47. Esta disyunción es de central
importancia para establecer si el cobro del pagaré 4104533, debe sujetarse a las
normas del derecho privado o del Estatuto General de la Contratación.
Sin embargo, en la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Casanare no se evidencia ningún ejercicio valorativo que la llevara a establecer a
cuál de estas dos categorías pertenecía la actuación contractual que llevó a la firma
del mencionado pagaré, simplemente, se le trató como un contrato que se celebró
para el cumplimiento de su objeto, sin sustento que justifique dicha conclusión.
Igualmente, este análisis debe efectuarse en armonía con la previsión del artículo
14 de la Ley 1150 de 2007, relativo a que, cuando la EICE celebra una actividad
en competencia con el sector público o privado, dicha actuación debe regirse con
el derecho privado. Sobre tal postulado normativo, es necesario entender su
naturaleza que, en efecto, tiene como objetivo igualar las condiciones en que
compiten las EICE con otras sociedades.
Ciertamente, si en un mercado en el que participan empresas privadas que
pueden, por ejemplo, ofrecer servicios de financiamiento sin la necesidad de la
suscripción física de un contrato de mutuo, pero se le prohíbe a las EICE acceder
a esa misma facilidad, estas últimas pueden quedar relegadas por la competencia.
De ahí que la Ley 1150 de 2007 expresamente las exima de las exigencias del
Estatuto General de la Contratación, a fin de que puedan ejercer su actividad
comercial y de gestión en igualdad de condiciones.
Como se puede observar, la valoración sobre el régimen aplicable, público o
privado, para establecer qué exigencias se podían realizar para resolver sobre el
mandamiento de pago exigía un análisis: (i) del tipo de actuación que sustentaba
el pagaré de acuerdo con una verificación integral del artículo 93 de la Ley 489 de
1998 y (ii) del ámbito en que se efectuó la actividad de la EICE, esto de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
46 Entiéndase aquellos que corresponden al giro ordinario de sus actividades.
47 Corresponde a aquellos que la empresa necesita celebrar para seguir operando.
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Por el contrario, lo que se observa es una valoración incompleta de parte del
Tribunal Administrativo de Casanare que, al margen de las generalidades que citó
en su parte considerativa, no expone un análisis integral de las normas citadas
para el caso concreto que estudió, puesto que se limitó de manera sucinta solo a
uno de los escenarios planteados en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, lo que
implica la configuración del defecto sustantivo.
A su vez, en la providencia cuestionada no se encuentra que se haya hecho
mención puntual al contenido del pagaré 4104533 y su carta de instrucciones. Es
decir, se desecharon de plano como insuficientes para acreditar la existencia de
un título valor; no obstante, no hay exposición alguna sobre si, con dichos
documentos, se puede o no acreditar alguna obligación clara, expresa y exigible a
favor del IFC.
Tal falta de pronunciamiento implica un desconocimiento de plano del sustento con
el que se acudió al proceso ejecutivo, falencia que se enmarca en un defecto
fáctico, pues se omitió cualquier valoración sobre el título base de recaudo que
presentó la entidad accionante.
Sobre este punto debe resaltarse que el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, sobre
los documentos que constituyen título ejecutivo dispone:
ARTÍCULO 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código,
constituyen título ejecutivo:
[…]
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los
documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a
través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del
contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
(Resaltado fuera de texto)
Como puede observarse, el estatuto procesal especial no limita el título ejecutivo
al contrato estatal en sí, sino también a los actos proferidos con ocasión de la
actividad contractual, lo que confirma el deber del Tribunal Administrativo de
Casanare de analizar el pagaré 4104533 y su carta de instrucciones, como
documento idóneo para la acción de cobro, lo cual no se encuentra en la
providencia atacada.
Por otra parte, sobre el tercer argumento de la colegiatura accionada, relativo a
que no se exhibió el título valor en los términos del artículo 624 del Código de
Comercio, esta sala reiterará lo manifestado por la Sección Quinta en sentencias
de 9 de julio de 202648, en los que se explicó que tal exigencia contradice el trámite
actual contemplado para el proceso judicial desde la expedición de la Ley 2213 de
48 Procesos: 11001-03-15-000-2026-04425-00 y 11001-03-15-000-2026-04141-00.
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202249, en donde se estableció que tanto la demanda como sus anexos se
presentarán por medios digitales. De tal forma, que también se tiene acreditado un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Finalmente, sobre el desconocimiento del precedente, el cual se sustentó en el
desconocimiento de las autoridades accionadas de los autos mediante los cuales
la Corte Constitucional definió la competencia para conocer del proceso ejecutivo
en estos casos, no se evidencia configurado dicho defecto.
Lo anterior, por cuanto las consideraciones allí contenidas respecto de si los
pagarés, por sí solos, pueden constituir título ejecutivo, no pueden calificarse como
precedente vinculante para el juez que conoce la acción de cobro.
Nótese que la finalidad de dichas providencias era la de establecer si la
competencia para el estudio del caso era de la jurisdicción civil o de lo contencioso
– administrativo, lo cual, ya se derivaba de las conclusiones de la Corte
Constitucional en la sentencia SU–242 de 2015 con base en la naturaleza pública
de la entidad que realizó la actividad contractual.
No obstante, la calidad del documento allegado para operar como título ejecutivo
es un aspecto que debe definir el fallador natural de dicha acción judicial para cada
caso en concreto y, en ese sentido, no es un aspecto que pueda considerarse una
regla que se derive de un auto que define, de manera general, la competencia para
su conocimiento.
Así las cosas, se tienen acreditados los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto y, en consecuencia, se dejará sin efecto
el auto de 12 de febrero de 2026 y, en su lugar, se dispondrá que, dentro de los 10
días siguientes a la notificación de esta providencia, el Tribunal Administrativo de
Casanare profiera una nueva decisión de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.
Ahora bien, esta decisión no implica que las autoridades judiciales accionadas
deban librar necesariamente mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo,
pues ello supondría sustituir al juez natural en el ejercicio de una competencia que
le es exclusiva. El alcance del amparo consiste en dejar sin efectos las providencias
cuestionadas para que se profiera una nueva decisión en la que se valore el pagaré
y la carta de instrucciones conforme al marco normativo aplicable, sin exigir la
aportación de un contrato escrito de mutuo como presupuesto para decidir sobre la
procedencia de la ejecución.
49 El artículo 6 de la Ley 2213 de 2022 establece: Artículo 6°. Demanda. La demanda indicará el
canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos,
peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. No obstante,
en caso que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los peritos,
testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin
que ello implique su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los
cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda. Las demandas se
presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones
de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto,
cuando haya Iugar a este. De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias
físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.
[…] (Resaltado fuera de texto)
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de tutela, en lo relativo al defecto por
desconocimiento del precedente.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare, por los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 25 de noviembre de 2025
proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, así
como la providencia de 12 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo identificado con el
radicado 85001-33-33-005-2025-00143-00/01.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia
profiera una nueva decisión de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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