Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06413-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06413-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06413-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06413-00
Accionante: Sury Elizabeth Paz Zambrano
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala Plena
Tema: Acción de tutela contra acto administrativo
Decisión: Se niega el amparo por no demostrarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Suly Elizabeth Paz Zambrano, quien actúa en
nombre propio contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala
Plena, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, a la igualdad, al acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos y al acceso a la carrera judicial conforme al principio constitucional del
mérito, previstos en los artículos 13, 29, 40 numeral 7 y 125 de la Constitución
Política.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Suly Elizabeth Paz Zambrano afirmó que participó en el concurso de
méritos correspondiente a la Convocatoria 27 de la Rama Judicial, para la provisión
de cargos de funcionarios judiciales. Como resultado de dicho proceso, adujo que
ocupó el primer lugar del registro de elegibles para el cargo de juez civil del circuito
especializado en restitución de tierras, juez civil del circuito de ejecución de
sentencias y juez civil del circuito «que conoce procesos laborales».
3. Con posterioridad, manifestó que dio a conocer su interés de ser nombrada en
propiedad en el cargo de juez primero civil del circuito de ejecución de sentencias
de Medellín, cuya provisión correspondía a la Sala Plena del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín. Por otro lado, señaló que el señor Mario Alberto Gómez
Londoño, juez décimo civil del circuito de Medellín presentó solicitud de traslado en
carrera para la provisión del mismo cargo al que aspira la ahora accionante.
4. El 29 de julio de 2026, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, resolvió aceptar el traslado solicitado por el señor Mario Alberto Gómez
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Londoño, pues luego de realizar una comparación y ponderación de los puntajes
obtenidos por este y por la accionante en los respectivos concursos de méritos,
aquel obtuvo un resultado superior. Para ello, aplicó una metodología de
homologación de puntajes adoptada por la Corporación desde el año 2007,
mediante la cual equiparó los resultados obtenidos en los concursos de 2008 y
2018.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante manifestó que el Tribunal superior del Distrito Judicial de
Medellín – Sala Plena vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a cargos públicos, la igualdad y al principio de mérito, pues, al resolver la
concurrencia entre la solicitud de traslado del señor Mario Alberto Gómez Londoño
y la aspiración de la accionante, dio prevalencia al traslado con fundamento
exclusivamente en una homologación y ponderación matemática de los puntajes
obtenidos en dos concursos de méritos distintos, sin realizar una valoración integral,
objetiva, concreta y razonada de las circunstancias particulares y del mérito de
ambos aspirantes.
6. En síntesis, considera que la decisión cuestionada es inválida, por cuanto: i)
desconoce que los puntajes obtenidos en los respectivos concursos no son
comparables; ii) omite que la fórmula empleada para convertir proporcionalmente
los resultados de pruebas diferentes no demuestra su equivalencia material; iii) no
efectuó una valoración integral de las condiciones objetivas, profesionales y
particulares de ambos aspirantes; iv) prescindió de la posición relativa que cada uno
ocupó en su respectivo concurso; v) ignoró que el señor Gómez Londoño ya se
desempeñaba como juez en propiedad en Medellín, mientras que ella pretendía
ingresar por primera vez a la carrera judicial y había obtenido el primer lugar en la
lista de elegibles; vi) pasó por alto que la solicitud de traslado no obedecía a
circunstancias especiales; y vii) desconoció la aplicación de la Sentencia SU-452 de
2024.
2.3. Pretensiones
7. La parte accionante solicitó:
«Primera. Amparar los derechos fundamentales de la accionante al debido
proceso administrativo, a la igualdad, al acceso al desempeño de funciones
y cargos públicos y al acceso a la carrera judicial conforme al principio
constitucional del mérito, consagrados en los artículos 13, 29, 40 numeral 7
y 125 de la Constitución Política.
Segunda. Como consecuencia del amparo, y según lo acreditado en el
curso de la acción constitucional, dejar sin efectos la decisión adoptada por
la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín mediante
la cual se dispuso proveer, o se ordenó proveer, el cargo de Juez Primero
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín mediante traslado,
por haberse expedido con desconocimiento del principio constitucional del
mérito y de los derechos fundamentales de la accionante.
Tercera. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que,
dentro del término que señale el despacho judicial, proceda a nombrar en
propiedad a la señora Suly Elizabeth Paz Zambrano en el cargo de Juez
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Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, en su
condición de primera integrante del Registro Nacional de Elegibles vigente
para dicho cargo, por haber ejercido oportunamente la correspondiente
opción de sede y ostentar el mejor derecho derivado del concurso público
de méritos.
Cuarta. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín adoptar
todas las actuaciones administrativas necesarias para materializar el
nombramiento y la posesión de la accionante en el referido cargo, dentro de
los términos legales, absteniéndose de ejecutar cualquier decisión
incompatible con el cumplimiento de esta providencia.
Quinta. Mantener, como medida de protección de los derechos
fundamentales reconocidos en esta sentencia, la suspensión de cualquier
actuación dirigida a perfeccionar o ejecutar el traslado al cargo de Juez
Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, hasta
tanto se dé cumplimiento integral a las órdenes impartidas por el juez
constitucional.
Subsidiariamente, y únicamente en el evento en que el despacho considere
que no cuenta con los elementos suficientes para ordenar directamente el
nombramiento, solicito dejar sin efectos la decisión adoptada y ordenar al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín emitir una nueva decisión,
previa valoración objetiva, integral y debidamente motivada de la
concurrencia entre el Registro Nacional de Elegibles y la solicitud de
traslado, con estricta observancia de los parámetros fijados por la Corte
Constitucional, en especial en la Sentencia SU-452 de 2024, garantizando
la prevalencia del principio constitucional del mérito y los derechos
fundamentales de la accionante». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
8. Por medio del auto del 14 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala Plena
como accionado y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y al señor Mario Alberto Gómez Londoño como terceros
interesados.
9. La Presidencia del Tribunal Superior Distrito Judicial de Medellín informó que
la accionante presentó petición el 30 de julio de 2026, con la finalidad de que se le
brindara información relacionada con la decisión adoptada por la Sala Plena y que
dicho requerimiento fue atendido oportunamente mediante comunicación del 6 de
agosto de 2026 remitida a las direcciones electrónicas suministradas por la señora
Paz Zambrano.
10. Señaló que en dicha comunicación se le informó que en sesión de Sala Plena del
29 de julio de 2026 se estudió la provisión del referido cargo judicial y se explicaron
en debida forma las razones por la que se acogió la postulación efectuada por la
Sala Especializada Civil y se aceptó el traslado del señor Mario Alberto Gómez
Londoño.
11. Además, consideró que la acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que contaba con otro mecanismo de defensa
idóneo para perseguir la protección de los derechos fundamentales invocados,
máxime cuando no se acreditó la existencia de ningún perjuicio irremediable.
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12. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela de la
referencia, al considerar que la competencia de las actuaciones administrativas
cuestionadas recae únicamente en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín – Sala Plena.
13. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
15. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad.
En caso afirmativo, deberá establecerse si la Sala Plena del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín vulneró los derechos fundamentales de la señora Sury
Elizabeth Paz Zambrano, al aceptar el traslado del señor Mario Alberto Gómez
Londoño, en lugar de nombrarla en propiedad en el cargo de juez primero civil del
circuito de ejecución de sentencias de Medellín.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
16. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.
17. Lo anterior, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
3.3.1. De la acción de tutela contra actos administrativos
18. La Corte Constitucional1 ha indicado que, por regla general, la acción de tutela
no procede contra actos administrativos de carácter particular, pues al encontrarse
1 Corte Constitucional, sentencias T-423 de 2024, T-381 de 2022, SU-067 de 2022, T-253 de 2020, T-146 de
2019, SU-077 de 2018, T-505 de 2017, T-178 de 2017, T-041 de 2013, T-270 de 2012, T-271 de 2012, T-1256
de 2008, T-467 de 2006 y T-1059 de 2005, entre otras.
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revestidos de presunción de legalidad, deben cuestionarse directamente ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
19. En ese sentido, se ha precisado que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo judicial idóneo para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, e incluso si
se pretende evitar un perjuicio irremediable puede solicitarse la adopción de una
medida cautelar al interior de este.
20. Sinembargo, se admite su presentación ante la jurisdicción constitucional,
siempre que la persona que solicita el amparo demuestre de forma suficiente la
necesidad de la suspensión del acto administrativo cuestionado para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, el cual se estructura si se cumplen los
siguientes requisitos2:
21. i) Que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un
grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño;
22. ii) Que el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien
susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona;
23. iii) Que se requieran medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben
ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, atender las
circunstancias particulares del caso; y
24. iv) Que las medidas de protección sean impostergables, lo que significa que
deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la
consumación del daño irreparable.
3.3.1.1. Análisis del caso concreto
25. Laseñora Sury Elizabeth Paz Zambrano cuestiona el acto administrativo
expedido por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
mediante el cual se aceptó el traslado del señor Mario Alberto Gómez Londoño al
cargo de juez primero civil del circuito de ejecución de sentencias de Medellín y, en
consecuencia, la negativa de su nombramiento en ese cargo fundada en la lista de
candidatos conformada a través del Acuerdo CSJANTA26-162 del 2 de julio de
2026.
26. Sin embargo, previo a analizar si se efectuó la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, al acceso al desempeño de funciones
y cargos públicos y al acceso a la carrera judicial con la decisión adoptada por el
Tribunal Superior, resulta imprescindible constatar el cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad.
27. Se encuentra demostrado el cumplimiento del requisito de legitimación para
actuar; por activa, pues la acción de tutela fue presentada por la señora Paz
Zambrano, quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales y; por pasiva,
2 Corte Constitucional, Sentencia T-035 de 2025. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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debido a que la supuesta afectación se atribuye al Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Medellín, autoridad judicial que expidió el acto administrativo
cuestionado.
28. Asimismo, se encuentra acreditado el requisito de inmediatez, en la medida en
que el acto administrativo que, según la accionante, generó la vulneración de sus
derechos fundamentales se le comunicó el 6 de agosto de 2026 y la acción de tutela
se presentó el 13 de agosto del mismo año, circunstancia que denota la diligencia y
celeridad de la parte accionante.
29. De igual forma, se demostró el cumplimiento del requisito de subsidiariedad,
pues, aunque cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, este no resulta eficaz
para evitar la presunta conculcación de sus derechos fundamentales, toda vez que
durante el trámite del proceso podría perder vigencia la lista de elegibles en cuestión
y, en consecuencia, una eventual decisión favorable resultaría tardía e insuficiente3.
30. Por consiguiente, se efectuará el análisis de fondo sobre el asunto sometido al
conocimiento del juez constitucional.
31. La accionante considera que la decisión de aceptar el traslado del señor Gómez
Londoño al cargo de juez primero civil del circuito de ejecución de sentencias de
Medellín, en lugar de su nombramiento tras ocupar el primer lugar en la lista de
elegibles es inválida, por cuanto: i) desconoce que los puntajes obtenidos en los
respectivos concursos no son comparables; ii) omite que la fórmula empleada para
convertir proporcionalmente los resultados de pruebas diferentes no demuestra su
equivalencia material; iii) no efectuó una valoración integral de las condiciones
objetivas, profesionales y particulares de ambos aspirantes; iv) prescindió de la
posición relativa que cada uno ocupó en su respectivo concurso; v) ignoró que el
señor Gómez Londoño ya se desempeñaba como juez en propiedad en Medellín,
mientras que ella pretendía ingresar por primera vez a la carrera judicial y había
obtenido el primer lugar en la lista de elegibles; vi) pasó por alto que la solicitud de
traslado no obedecía a circunstancias especiales; y vii) desconoció la aplicación de
la Sentencia SU-452 de 2024.
32. La Corte Constitucional en Sentencia SU – 452 de 2024 abordó expresamente la
situación en la que concurren una solicitud de traslado de un funcionario de carrera
y una persona que ocupa el primer lugar de la lista de elegibles para la misma
vacante. Al respecto, concluyó que no existe una prevalencia automática ni del
traslado ni del primero de la lista de elegibles, sino que la autoridad nominadora
debe ponderar a los dos aspirantes, teniendo en cuenta sus hojas de vida, méritos
y calidades.
33. En el caso concreto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín expuso
las siguientes consideraciones en el acta 018 de Sala Plena del 29 de julio de 2026:
3 Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera; Sentencia T-441 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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«En consecuencia, se postuló para el cargo de JUEZ PRIMERO (1°)
CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
MEDELLÍN (Ant.), en propiedad por traslado, al doctor MARIO
ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO.
Interviene la doctora NADIA YAMILE RESTREPO ZEA, quien solicitó se
explicara con mayor detalle la fórmula matemática empleada para la
ponderación de los puntajes, indicando que existían diferencias entre los
sistemas de calificación de las convocatorias de 2008 y 2018. En tal
sentido, manifestó la importancia de conocer el método utilizado para
homologar los resultados y comprender cómo se llegó al puntaje final,
con el fin de garantizar la objetividad y transparencia del proceso de
comparación entre la solicitud de traslado y el registro de elegibles.
La doctora ADRIANA DEL SOCORRO LARGO TABORDA explicó que
la ponderación se realizó conforme a la fórmula adoptada por la Sala en
2007 para homologar puntajes de convocatorias distintas. Mediante una
operación proporcional, los resultados obtenidos por el solicitante del
traslado fueron convertidos a la escala de la convocatoria vigente, con
base en el nivel de aprovechamiento alcanzado en cada factor de
evaluación. Se precisó que dicha equivalencia solo se aplica al aspirante
al traslado, mientras que el puntaje de la persona que integra la lista de
elegibles permanece inalterado, permitiendo así una comparación
objetiva entre ambos.
Interviene el doctor CÉSAR AUGUSTO RENGIFO CUELLO, quien
manifiesta que los criterios de ponderación fueron establecidos con el
propósito de permitir una comparación objetiva entre los méritos
obtenidos en concursos de distintas convocatorias, mediante una
metodología basada en reglas de proporcionalidad sintetizadas en la
fórmula adoptada por la Corporación. Asimismo, se expresó confianza
en el estudio realizado por la Sala Civil y en la aplicación de dichos
parámetros, aunque se sugirió que, en futuras ocasiones, los resultados
y su metodología sean compartidos con mayor antelación para facilitar
su análisis por parte de los demás integrantes de la Sala. Se sometió a
votación nominal la postulación realizada por la Sala Civil, siendo
aprobada por unanimidad, obteniéndose cuarenta y nueve (49) votos
positivos, tal y como consta en la videograbación».
34. Del mismo modo, emitió respuesta de la petición elevada por la señora Paz
Zambrano, con la finalidad de que se le informara sobre la decisión adoptada por la
Sala Plena del Tribunal respecto de la provisión del cargo de juez primero civil del
circuito de ejecución de sentencias de Medellín, en los siguientes términos:
«En sesión de Sala Plena celebrada el día 29 de julio de 2026, la
Corporación estudió la provisión del cargo de Juez Primero Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, respecto del cual
concurrían, de una parte, la solicitud de traslado presentada por el doctor
Mario Alberto Gómez Londoño, y de otra, la existencia de lista de
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candidatos conformada mediante el Acuerdo CSJANTA26-162 del 2 de
julio de 2026, encabezada por usted.
Luego de efectuado el análisis correspondiente, la Sala Plena acogió la
postulación realizada por la Sala Especializada Civil y decidió aceptar el
traslado del doctor Mario Alberto Gómez Londoño al cargo de Juez
Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, por
resultar favorecido en el ejercicio de ponderación efectuado entre su
situación y la suya como primera integrante de la lista de elegibles.
Para ello, la Sala Plena acudió a los criterios previamente definidos por
la Corporación para este tipo de situaciones, particularmente aquellos
orientados a garantizar la observancia de los principios de mérito,
igualdad y carrera judicial, realizando una confrontación objetiva de los
resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes en los respectivos
concursos de méritos que les otorgaron la posición jurídica invocada.
Como resultado de dicho análisis, se advirtió que el doctor Mario Alberto
Gómez Londoño obtenía un mejor puntaje luego de la ponderación
comparativa, razón por la cual fue acogida la solicitud de traslado.
La Sala Plena aplicó los criterios que de manera reiterada ha venido
utilizando para resolver eventos de concurrencia entre solicitudes de
traslado y listas de elegibles. Con ese propósito se realizó: • La
identificación de los concursos de mérito de los cuales provenían los
derechos invocados por cada uno de los interesados. • La comparación
de los factores de evaluación contenidos en cada uno de esos
concursos. • La determinación de los puntajes obtenidos por cada
aspirante dentro de su respectivo proceso de selección. • La
homologación y ponderación de dichos resultados mediante el
mecanismo matemático adoptado por la Corporación para hacer
comparables los puntajes obtenidos en convocatorias distintas. • La
aplicación de la correspondiente regla de tres para establecer cuál de los
dos participantes registraba un mayor desempeño relativo dentro de su
respectivo concurso.
Se adjunta para su conocimiento el estudio de ponderación elaborado
por la Corporación, documento que contiene el desarrollo detallado de
dicho análisis».
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35. Como se observa, la autoridad judicial accionada accedió al traslado solicitado
por el señor Gómez Londoño, al considerar que obtuvo un mejor puntaje como
resultado de la ponderación comparativa efectuada frente a la situación de la
accionante, quien ocupaba el primer lugar de la lista de elegibles.
36. Para ello, utilizó el criterio adoptado por la Sala Plena del Tribunal Superior de
Medellín mediante el Acta 009 del 9 de mayo de 2007, consistente en la aplicación
de la fórmula «A × B / C = D», en la que A corresponde al puntaje obtenido por el
aspirante en el concurso de traslado; B, al puntaje máximo del concurso que dio
lugar al registro de elegibles; C, al puntaje máximo del concurso de traslado; y D, al
puntaje equivalente obtenido al trasladar proporcionalmente el resultado a la escala
del concurso vigente.
37. Como resultado de lo anterior, el señor Mario Alberto Gómez Londoño obtuvo un
puntaje equivalente de 866,13, mientras que la señora Suly Elizabeth Paz Zambrano
uno de 816,02, es decir, existió una diferencia de 50,11 que posibilitó la aceptación
del traslado del señor Gómez Londoño.
38. Por consiguiente, no son dables los argumentos de la parte accionante dirigidos
a cuestionar la validez de la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, pues la causal 4° del artículo 134 de la Ley 270 de 1996 prevé
que el traslado puede ser solicitado cuando un servidor público de carrera para un
cargo que se encuentre vacante en forma definitiva y la jurisprudencia
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constitucional4 ha dispuesto que cuando concurre solicitud de traslado horizontal y
hay lista de elegibles, la decisión deberá fundamentarse en criterios objetivos,
concretos y razonados, como ocurrió en el caso concreto.
39. Así las cosas, esta Subsección procederá a negar las pretensiones de la acción
de tutela, toda vez que no se advierte que la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada se hubiera sustentado en una prevalencia automática del señor
Gómez Londoño. Por el contrario, se evidencia que aquella fue resultado de la
ponderación de los puntajes obtenidos por este y por la accionante, mediante la
aplicación de una fórmula matemática previamente establecida. En consecuencia,
no se observa que la actuación cuestionada desconociera derechos fundamentales
invocados por la accionante.
40. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Sury Elizabeth Paz Zambrano, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
4
SU 452 de 2024.
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