RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06416-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06416-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06416-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Kevin Erney Acosta Llano Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00 SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Kevin Erney Acosta Llano, por no satisfacerse el requisito de subsidiariedad. TERCERO: NEGAR el amparo invocado por el actor respecto de la pretensión décima relacionada con la suspensión de la candidatura presidencial del señor Abelardo de la Espriella. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06416-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06416-00
Demandante: KEVIN ERNEY ACOSTA LLANO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
a la vida, integridad personal, seguridad y a la no
discriminación. Declara improcedente por no satisfacerse el
requisito de subsidiariedad y niega pretensión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Kevin Erney Acosta Llano, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela1 contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el
Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, en la que solicitó
la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a
la seguridad a la igualdad, a la «no discriminación por razones ideológicas o
políticas», a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la libertad de
prensa, de acceso a la información, a la participación política, a la oposición
democrática, al pluralismo político, a la seguridad personal y a la garantía de no
repetición.

La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de: «i) los hostigamiento y restricciones al ejercicio periodístico del cual

1
Índice 001 del expediente de SAMAI, radicada el 13 de agosto de 2026.

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

ha sido víctima; ii) las declaraciones públicas emitidas por el presidente Abelardo
de la Espriella contra el sector de izquierda que reproducen los patrones de
estigmatización que históricamente antecedieron el exterminio de la Unión
Patriótica y, iii) las omisiones de las autoridades accionadas para adoptar medidas
urgentes e integrales de protección para garantizar su labor informativa, así como
la falta de adopción de medidas de vigilancia, monitoreo y seguimiento de los actos
de hostigamiento o estigmatización en la vida política».

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDA: ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Policía
Nacional, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo y a las demás
entidades competentes que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación del fallo, realicen una evaluación extraordinaria e inmediata del nivel
de riego que enfrenta el accionante Kevin Acosta -en su condición de comunicador
periodístico y sujeto previamente agredido por su labor informativa- y adopten las
medidas individuales y colectivas necesarias para garantizar su vida, integridad
personal, seguridad y libertad de prensa y el libre ejercicio de sus derechos
políticos y periodísticos durante el actual proceso electoral y con posterioridad al
mismo.

TERCERA: ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que, dentro del ámbito
de sus competencias constitucionales y legales y en cumplimiento del deber
reforzado de prevención derivado de la sentencia proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Integrantes y Militantes de la
Union Patriótica vs. Colombia, evalúe de manera prioritaria los hechos
denunciados relacionados con discursos que apelan a la erradicación, eliminación,
exterminio o deshumanización de sectores políticos e informativos identificables y
adopte las decisiones que correspondan conforme al ordenamiento jurídico,
informando al juez constitucional sobre las actuaciones adelantadas.

CUARTA: ORDENAR al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional
del Estado Civil que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del fallo, adopten medidas extraordinarias de vigilancia, monitoreo y
seguimiento respecto de discursos de violencia política, hostigamiento,
estigmatización o incitación a la eliminación de contradictores políticos y
comunicadores durante el desarrollo de la jornada electoral y del periodo
postelectoral.

QUINTA: ORDENAR al Consejo Nacional Electoral que, dentro de un término no
superior a quince (15) días, expida lineamientos, protocolos y criterios obligatorios
de actuación orientados a prevenir, identificar y sancionar administrativamente
conductas de violencia política, discursos de odio, estigmatización ideológica y
expresiones que promuevan la erradicación, eliminación o deshumanización de
personas o colectivos por razón de sus convicciones políticas o labores
informativas.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

SEXTA: ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, de manera
coordinada con el Consejo Nacional Electoral, adopte una Circular General
Extraordinaria dirigida a jurados de votación, testigos electorales, comisiones
escrutadoras y demás actores del proceso electoral, orientada a garantizar
condiciones de neutralidad, pluralismo, seguridad y respeto por la diversidad
ideológica y el ejercicio periodístico durante el desarrollo de los procesos
electorales.

SÉPTIMA: ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Defensoría del Pueblo,
al Ministerio del Interior, a la Procuraduría General de la Nación y a la Unidad
Nacional de Protección la conformación inmediata de una Mesa Técnica
Interinstitucional de Prevención de la Violencia Política, Protección de la Prensa
Independiente y Cumplimiento de las Garantías de No Repetición, encargada de
monitorear riesgos, emitir alertas tempranas y coordinar acciones de protección
para sectores históricamente victimizados y comunicadores en contexto de riesgo.

OCTAVA: ORDENAR al Presidente de la República que, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la notificación del fallo, expida una Directiva Presidencial de
obligatorio cumplimiento para todas las entidades y organismos del Estado
colombiano, mediante la cual se impartan lineamientos específicos para la
implementación efectiva de las garantías de no repetición ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Integrantes y Militantes de
la Unión Patriótica vs. Colombia.

Dicha Directiva deberá contener medidas concretas de prevención, monitoreo,
protección, reacción institucional y articulación interinstitucional frente a escenarios
de estigmatización, discriminación, hostigamiento, amenazas o violencia política o
contra la prensa dirigidos contra personas, organizaciones, medios alternativos y
movimientos identificados con sectores históricamente victimizados por razones
ideológicas o políticas.

NOVENA: ORDENAR al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, a la
Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo
Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las demás
entidades competentes que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la
notificación de la sentencia, formulen, adopten y pongan en marcha un Plan
Nacional de Garantías de No Repetición, Prevención de la Violencia Política,
Protección de la Prensa Independiente y Protección de la Oposición Democrática,
con indicadores verificables, cronogramas de ejecución, mecanismos de
seguimiento y metas concretas de cumplimiento.

DÉCIMA: ORDENAR al Estado colombiano que la posesión de quien resulte
elegido Presidente o Presidenta de la República para el período constitucional
2026-2030 se encuentre precedida por la adopción, presentación pública y puesta
en marcha del Plan Nacional de Garantías de No Repetición, Prevención de la
Violencia Política, Protección de la Prensa Independiente y Protección de la
Oposición Democrática, orientado a prevenir la reproducción de los patrones de
estigmatización, persecución y violencia política identificados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Integrantes y
Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia.

Dicho plan deberá contener medidas verificables destinadas a garantizar la vida,
integridad personal, seguridad, libertad de prensa, participación política, libertad

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

de conciencia y libre ejercicio de los derechos fundamentales de dirigentes,
militantes, simpatizantes, votantes, candidatas, candidatos, periodistas
independientes, organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos
humanos y demás personas pertenecientes a sectores históricamente victimizados
por razones ideológicas o políticas.

DÉCIMA PRIMERA: ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que emita una Alerta
Temprana de alcance nacional sobre riesgos de violencia política, estigmatización
ideológica, agresiones a la prensa y afectaciones contra dirigentes, militantes,
periodistas independientes y simpatizantes de organizaciones políticas de
oposición, evaluando específicamente los riesgos derivados de discursos públicos
que apelan a la erradicación, eliminación o deshumanización del contradictor
político o comunicador social.

DÉCIMA SEGUNDA: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación ejercer
vigilancia preventiva especial sobre el cumplimiento de las garantías de no
repetición derivadas de la sentencia Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica
vs. Colombia, debiendo presentar un informe público sobre las medidas adoptadas
por las distintas entidades estatales para prevenir la reproducción de patrones de
estigmatización, persecución y violencia política o contra la prensa independiente.

DÉCIMA TERCERA: ADOPTAR cualquier otra medida que el despacho considere
necesaria, idónea y proporcional para garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales invocados y asegurar el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de prevención y garantías de no repetición impuestas al Estado
colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia.

DÉCIMA CUARTA: DECLARAR la existencia de un Estado de Cosas
Inconstitucional derivado del incumplimiento estructural, persistente y generalizado
de las obligaciones constitucionales e internacionales de prevención de la violencia
política, protección del libre ejercicio del periodismo alternativo y de
implementación de las garantías de no repetición ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Integrantes y Militantes de
la Unión Patriótica vs. Colombia.

Lo anterior, por cuanto se evidencia la persistencia de patrones de estigmatización
política, construcción del enemigo interno, discursos de eliminación o erradicación
del contradictor ideológico, agresiones contra comunicadores sociales, amenazas,
actos de hostigamiento, atentados y demás formas de violencia política dirigidas
contra personas identificadas con sectores de oposición democrática y prensa
independiente, así como la insuficiencia de las respuestas institucionales
adoptadas por las entidades accionadas para prevenir la reproducción de los
factores que hicieron posible el exterminio de la Unión Patriótica.

En consecuencia, se solicita al despacho reconocer que existe una falla estructural
en el cumplimiento de las obligaciones de garantía, prevención y protección que
recaen sobre el Estado colombiano en materia de pluralismo político, libertad de
prensa, participación democrática y protección de sectores históricamente
victimizados por razones ideológicas, situación que exige la adopción de órdenes
complejas, coordinadas y de alcance nacional dirigidas a superar las causas que
originan dicha vulneración.2

2
Transcripción literal que puede contener errores.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

1.3. Hechos

El señor Kevin Erney Acosta Llano ejerce el periodismo independiente y la
comunicación alternativa en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca,
actividad que, según indicó, lo ha expuesto a agresiones previas. Señaló que el 12
de mayo de 2021 fue agredido físicamente por miembros de la Policía Nacional en
la ciudad de Popayán mientras cubría manifestaciones sociales, pese a
encontrarse identificado como integrante de la prensa, hecho que, según refirió,
fue documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa3, y que se sumó a
agresiones anteriores sufridas durante el Paro Nacional.

Indicó que, el 27 de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
profirió sentencia de fondo, reparaciones y costas dentro del caso Integrantes y
Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia4, en la que declaró la
responsabilidad internacional del Estado colombiano por el exterminio sistemático
de dicho partido político entre las décadas de 1980 y 1990, y ordenó, entre otras
medidas, garantías de no repetición orientadas a impedir la reaparición de
discursos de estigmatización y construcción del enemigo interno contra sectores
de oposición política.

Refirió que, el 22 de mayo de 2026, el Consejo de Estado ratificó la personería
Jurídica del Pacto Histórico y avaló la fusión del Partido Comunista Colombiano,
la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, circunstancia que, a su juicio,
extiende a los integrantes de dicha coalición las garantías de no repetición
ordenadas en favor de la UP.

Sostuvo que, el 29 de julio de 2026, el señor Abelardo de la Espriella, candidato
presidencial, realizó declaraciones públicas dirigidas contra los sectores
identificados con la izquierda política, ampliamente difundidas en redes sociales y
medios de comunicación5, en las que habría utilizado expresiones como
«destriparlos», calificando a sus opositores como «plaga» y «cáncer», y anunciando
su erradicación, manifestaciones que, según el accionante, se reiteraron en actos
posteriores de campaña6.

3
Hecho documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), referido en el escrito de
tutela.
4
Corte IDH, Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia, Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de julio de 2022, Serie C No. 455.
5
https://www.facebook.com/reel/2054243465164080
6
El País, "Abelardo de la Espriella refuerza su bandera contra la izquierda", 3 de junio de 2026,
https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-03/abelardo-de-la-
espriella-refuerza-su-bandera-contra-la-izquierda-no-creo-que-haya-empalme-con-esos-
bandidos.html

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

Narró que, el 19 de mayo de 2026, fue asesinado en la vereda Oropoma, municipio
de Ábrego (Norte de Santander), el líder social Freiman David Velásquez,
integrante de ASUNCAT y militante de la Unión Patriótica vinculado al Pacto
Histórico, en un ataque armado contra su esquema de protección, hecho
rechazado públicamente por la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial
para la Paz.7

Refirió, igualmente, el homicidio del líder social y activista LGBTIQ+ Rodrigo
“Chicho” Cataño en el municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), hecho que fue
denunciado públicamente por dirigentes del Pacto Histórico.

Señaló que el candidato Abelardo de la Espriella formuló acusaciones públicas
contra veintinueve (29) dirigente políticos vinculados al Pacto Histórico por una
presunta red de compra de votos en la región Caribe, denuncia que, según indicó,
fue puesta en conocimiento de autoridades de los Estados Unidos con solicitud de
revocatoria de visas y sanciones internacionales.

Adujo que, el 5 de junio de 2026, se presentó un incidente en la sede de campaña
del candidato De la Espriella en Bogotá, en el que un integrante de su equipo de
seguridad habría exhibido un arma de fuego frente a manifestantes simpatizantes
de la candidatura de Iván Cepeda Castro, y que, el 6 de junio de 2026, se
difundieron registros de una agresión con arma cortopunzante contra un activista
del Pacto Histórico en la ciudad de Ibagué.

Manifestó que, el 9 de junio de 2026, diversas personas, entre ellas periodistas,
académicos y defensores de derechos humanos, recibieron un correo masivo
remitido bajo la denominación «Salvación Nacional», asociado al movimiento
«Defensores de la Patria» con expresiones dirigidas a «erradicar» a quienes se
identifican con el marxismo y a «exterminar el comunismo», y que, en el municipio
de Valparaíso (Antioquia), se denunciaron hechos de intimidación política contra
docentes al interior de una institución educativa pública.

Indicó que, el 12 de junio de 2026, un joven simpatizante de la candidatura de Iván
Cepeda Castro denunció haber sido agredido físicamente durante la Marcha del
Agua en Bucaramanga por una presunta simpatizante de la candidatura de
Abelardo de la Espriella.

Refirió que este último, publicó en su cuenta de X un mensaje sobre inminentes
«noticias» para Colombia y la diáspora, acompañado de referencias a las

7
JEP, comunicado, https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/la-jep-rechaza-el-asesinato-
del-lider-social-freiman-david-velasquez-integrante-de-la-asociacion-por-la-unidad-campesina-
de.aspx y Defensoría del Pueblo, comunicado, https://www.defensoria.gov.co/-/rechazo-a-la-
masacre-en-la-que-murio-el-joven-lider-freiman-velasquez-en-catatumbo

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

expresiones «Quitavisas» y «Tigreseñal», y que, el 16 de junio de 2026, se conoció
la captura en el estado de Arizona (Estados Unidos) del activista Franklin
Humberto Coral Garrido por autoridades migratorias, hecho ocurrido, según indicó
el accionante, pocas horas después de que participara en actividades políticas
contra dicho candidato.

Señaló, además, un presunto atentado con arma de fuego contra el concejal
Alfredo Arias, integrante del Pacto Histórico en el municipio de Candelaria (Valle
del Cauca).

Finalmente, indicó que el defensor de derechos humanos Luis Guillermo Pérez
radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra el candidato de
la Espriella por presunta apología al genocidio, con fundamento en las expresiones
antes referidas, sin que, a la fecha de presentación de la tutela, el accionante
tuviera conocimiento de actuaciones visibles de dicha entidad.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora sostuvo que las entidades accionadas incumplieron el deber
reforzado de prevención que les asiste en virtud de las garantías de no repetición
ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la
Unión Patriótica, al no adoptar medidas extraordinarias, articuladas y visibles
frente a la reaparición de discursos y conductas que, a su juicio, reproducen los
patrones de estigmatización política que antecedieron el exterminio de dicho
movimiento.

Explicó que dicha omisión resulta particularmente grave frente al Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Nacional de
Protección, entidades que, según afirmó, no han implementado mecanismos de
monitoreo, alerta temprana o reacción institucional frente a la difusión pública de
los discursos y hechos de violencia narrados, ni frente a la denuncia por presunta
apología al genocidio radicada ante la Fiscalía General de la Nación.

Indicó, en su condición de periodista con antecedentes documentado de agresión,
que dicho contexto genera un riesgo cierto, actual y verificable para el ejercicio de
su labor informativa, en particular frente a la cobertura de asuntos relacionados
con derechos humanos, movilización social y participación política, y que la
inacción estatal frente a estas señales tempranas podría derivar en la
consumación de un perjuicio irremediable para su vida, integridad personal y
libertad de prensa.

1.5. Trámite de la acción de tutela

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

Por medio de auto del 24 de agosto de 2026, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante8 y, como parte accionada,
a la Presidencia de la República9, al Ministerio del Interior10, al Consejo Nacional
Electoral11, a la Registraduría Nacional del Estado Civil12, a la Fiscalía General de
la Nación13,a la Defensoría del Pueblo14, a la Procuraduría General de la Nación15,
a la Unidad Nacional de Protección16 y a la Policía Nacional17.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
al presidente de la República Abelardo de la Espriella y al partido político
«Defensores de la Patria»18.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Fiscalía General de la Nación19

Indicó que, verificada la plataforma ARKIVA, canal institucional dispuesto para la
recepción y gestión de derechos de petición, no se evidenció la radicación de
solicitud alguna dirigida a la Fiscalía General de la Nación por parte del accionante,
ni requerimiento previo relacionado con los hechos que se afirman constitutivos de
conducta penal.

Señaló, igualmente, que efectuada la consulta en el Sistema Misional SPOA con
el número de cédula de ciudadanía del accionante, se estableció que dicho
documento de identidad no se encuentra vinculado a investigación penal, noticia
criminal o actuación procesal alguna, de lo cual concluyó que no ha sido
presentada denuncia penal por los hechos relacionados en la acción constitucional
y, por ende, no se ha activado la competencia investigativa de la entidad.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la tutela resulta improcedente respecto
de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto: (i) este mecanismo constitucional

8
Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: erneyjj@hotmail.es
9
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
10
Notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
11
cneotificaciones@cne.gov.co
12
notificacionjudicial@registraduria.gov.co; notificaciontutelas@registraduria.gov.co
13
Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; juridicanotificacionestutelas@fiscalia.gov.co
14
juridica@defensoria.gov.co
15
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
16
Noti.judiciales@unp.gov.co; notificacionesjudiciales@unp.gov.co
17
Segen.consejo@policia.gov.co
18
contacto@lawyersenterprise.com; adelaespriella@delaespriellalawyers.com;
info@defensoresdelapatria.com
19
Índice 009 de Samai.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

no es el instrumento principal idóneo para la interposición de denuncias penales;
(ii) el ordenamiento jurídico prevé canales específicos, accesibles y eficaces para
poner en conocimiento hechos presuntamente delictivos, entre ellos la plataforma
virtual de denuncias de la entidad, y (iii) la Fiscalía no ha desplegado actuación
alguna, por acción u omisión, que pueda considerarse vulneradora o amenazante
de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Por lo expuesto, solicitó al despacho la desvinculación del presente tramite.

1.6.2. Procuraduría General de la Nación20

Sostuvo, en primer lugar, que las funciones de la Procuraduría, de conformidad
con el artículo 277 de la Constitución Política, son de vigilancia superior,
prevención e intervención disciplinaria, y no le atribuyen competencia electoral
directa ni facultad para restringir, censurar o suspender el ejercicio de la libertad
de expresión de particulares, incluidos los candidatos a cargos de elección
popular.

En segundo lugar, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de las pretensiones dirigidas a que se impartan órdenes sobre el movimiento
«Defensores de la Patria», el monitoreo de propaganda electoral y, en particular,
la suspensión de la candidatura presidencial del señor Abelardo de la Espriella,
por tratarse de materias de competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral
y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a los artículos 264, 265
y 266 de la Constitución Política.

En tercer lugar, desarrolló de manera extensa la improcedencia de la tutela para
suspender una candidatura presidencial, y señaló que dicha medida: (i) afecta el
derecho al voto y autonomía del cuerpo electoral, (ii) recae sobre la libertad de
expresión política, que goza de protección reforzada salvo que se acredite
incitación directa y verificada a la violencia, calificación que, según indicó,
corresponde a la autoridad penal y no al juez de tutela por vía de medida
provisional; (iii) equivale, en la práctica, a una forma de censura previa, proscrita
por el artículo 20 de la Constitución Política y el artículo 13.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, e (iv) invade la competencia de la
jurisdicción contencioso-electoral y del Consejo Nacional Electoral.

Adicionalmente, invocó el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, e
indicó que la propia parte accionante da cuenta de la existencia de una denuncia
en curso ante la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos que
sustentan la solicitud de suspensión de la candidatura, lo que evidenciaría que el

20
Índice 010 de Samai.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

mecanismo idóneo para calificar dichas expresiones ya se encuentra activado ante
la autoridad competente.

Señaló que la medida provisional cuarta y las pretensiones asociadas a la
suspensión de la candidatura, así como la pretensión décima, relativa a
condicionar la posesión presidencial a la adopción previa de un Plan Nacional de
Garantías de No Repetición, habrían quedado desprovistas de objeto por carencia
actual de objeto, en razón a la elección del señor Aberlardo de la Espriella como
presidente de la República, su posterior elección declarada por parte del Consejo
Nacional Electoral y la consecuencial posesión realizada el 7 de agosto de 2026.

1.6.3. U.N.P.21

Indicó que, verificadas las aplicaciones oficiales de la entidad, se constató que el
señor Kevin Erney Acosta Llano no ha presentado solicitud formal ante la UNP, ni
ha puesto en su conocimiento hechos, circunstancias o situaciones que permitan
inferir la existencia de un riesgo cierto, grave o inminente contra su vida o
integridad personal. Precisó que la normativa vigente exige, como requisito
indispensable para activar la ruta de protección, la radicación de una petición del
interesado acompañada de la exposición de los hechos constitutivos de la
amenaza, por lo que, al no existir, esta, la entidad carecería de competencia
material para desplegar medidas a su favor.

Explicó que la vinculación al Programa de Prevención y Protección exige acreditar
dos criterios imperativos: (i) la condición de población objeto, conforme al listado
del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015, que incluye, entre otros, a
periodistas y comunicadores sociales, y (ii) el principio de causalidad, esto es, la
conexidad directa entre el riesgo alegado y el ejercicio de las actividades o
funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias del interesado, la cual debe
demostrarse siquiera sumariamente. Señaló, que al no haberse acreditado alguno
de estos elementos mediante una solicitud formal, no resulta procedente su
vinculación.

Alegó, adicionalmente, su falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener
que las pretensiones de la acción de tutela, relacionadas con la evaluación de
riesgo, prevención de discursos de odio y violencia política, protección de la prensa
independientes y garantías de no repetición, están dirigidas, según su lectura del
escrito, a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Consejo
Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la
Policía Nacional, sin que se advierta vínculo jurídico ni fáctico con el objeto
institucional de la UNP.

21
Índice 011 de Samai.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

1.6.4. Defensoría del Pueblo.22

Como excepción principal, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que de los hechos narrados y las pretensiones formuladas no se
evidencia una actuación u omisión atribuible específicamente a la Defensoría del
Pueblo que guarde relación directa con la presunta vulneración alegada, para lo
cual señaló que el propio escrito de tutela sustenta sus afirmaciones en una
omisión estatal general, sin individualizar conductas concretas de la entidad.

Añadió que varias pretensiones, como la vigilancia electoral, medidas sobre
candidaturas presidenciales, sanciones en materia electoral, investigación penal o
protección especial, exceden su ámbito competencial y corresponden al Consejo
Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General
de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los artículos
281 y 282 de la Constitución Política, que le atribuyen funciones de promoción,
divulgación y protección de los derechos humanos, formulación de
recomendaciones y emisión de alertas tempranas, mas no facultades coercitivas,
sancionatorias o de protección directa.

Indicó, además, que revisados sus sistemas de información, no reposa petición,
solicitud o requerimiento alguno presentado por el accionante ante la Defensoría
relacionado con los hechos de la tutela, circunstancia que, a su juicio, impide
predicar una omisión especifica frente a una situación puesta en su conocimiento.
En sustento de la excepción propuesta, citó el Auto 312 de 2001 de la Corte
Constitucional (M.P. Jaime Araujo Rentería) sobre la exigencia de coincidencia
entre el sujeto obligado y el sujeto frente a quien se reclama la conducta.

En segundo lugar, planteó la improcedencia de la acción por ausencia de perjuicio
irremediable, al argumentar que el accionante no aportó denuncias recientes por
amenazas personales, estudios de nivel de riesgo de la UNP, comunicaciones
intimidatorias dirigidas específicamente a él, ni algún otro elemento que acredite
un riesgo actual y concreto, sino que solicitó la valoración general de noticias,
enlaces y publicaciones de contexto. Sostuvo que los hechos relatados sobre
homicidios, agresiones, patrullas ciudadanas y atentados a líderes políticos
involucran a terceras personas y no acreditan un nexo directo con la situación
individual del accionante.

Finalmente, sostuvo que la entidad sí cumplió sus funciones constitucionales y
legales de prevención y seguimiento frente al proceso electoral 2025-2026, para
lo cual relacionó: (i) la expedición de la Alerta Temprana Electoral No. 013-25, que
identificó escenarios de riesgo asociados a grupos armados ilegales y estructuras

22
Índice 012 de Samai.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

de criminalidad organizada; (ii) el informe de seguimiento No 003-2026, expedido
en desarrollo del Decreto 2124 de 2017, que evaluó la evolución del escenario de
riesgo y concluyó que este se mantenía vigente con un cumplimiento estatal
parcial; (iiii) el acompañamiento al «Compromiso con un Proceso Electoral Libre y
en Paz en Colombia» y la publicación de tres informes de seguimiento a dicho
compromiso, fechados el 10 de febrero, el 13 de mayo y el 14 de junio de 2026; y
(iv) la campaña institucional «#MenosGritosMásRespeto» y pronunciamientos
públicos sobre la protección de quienes ejercen la oposición política.

1.6.5. Registraduría Nacional del Estado Civil.23

Planteó la improcedencia de la tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por dos razones (i) el accionante no acreditó haber solicitado
previamente a las entidades accionadas lo que reclama por vía de tutela; y (ii)
frente a la pretensión orientada a cuestionar la declaratoria de la elección
presidencial, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo judicial especifico, el
medio de control de nulidad electoral del artículos 139 del CPACA, que permite
solicitar medidas cautelares, incluida la suspensión provisional del acto de
declaratoria de la elección, razón por la cual la vía de la tutela resultaría igualmente
improcedente en ese punto.

Argumentó la ausencia de prueba, siquiera sumaria, de la vulneración alegada,
invocando las sentencias T-702 de 2000 y T-131 de 2007 de la Corte
Constitucional sobre la carga probatoria que recae en quien invoca el amparo
constitucional, y concluyó que en el expediente no se acredita una decisión,
actuación u omisión de la RNEC que haya vulnerado o amenazado los derechos
fundamentales del accionante.

Con fundamento en lo anterior, solicitó negar la acción de tutela respecto de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y declarar su improcedencia.

1.6.6. Consejo Nacional Electoral.24

Sostuvo que no se encuentra acreditada acción u omisión alguna atribuible al
Consejo Nacional Electoral que hubiere vulnerado o amenazado los derechos
fundamentales invocados por el accionante, por cuanto los hechos narrados en el
escrito de tutela se relacionan con presuntos actos de hostigamiento derivados de
la labor periodística del señor Kevin Erney Acosta Llano, con declaraciones
públicas atribuidas al señor Abelardo de la Espriella y con situaciones de violencia
y seguridad política ajenas a la gestión de esa Corporación.

23
Índice 013 de Samai.
24
Índice 013 de Samai.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

Argumentó que la sola invocación general de las competencias electorales del
CNE, previstas en el artículo 265 de la Constitución Política, no resulta suficiente
para establecer alguna vulneración constitucional, pues el accionante no identificó
actuación, decisión u omisión concreta de dicha entidad, ni acreditó haber puesto
en su conocimiento, mediante queja, denuncia o solicitud, las conductas que ahora
invoca como fundamento de la acción, en los términos de los artículos 5° y 13 del
Decreto 2591 de 1991.

Señaló, en particular, que la pretensión dirigida a suspender la candidatura
presidencial del señor Abelardo de la Espriella carece de objeto, en la medida en
que, para el momento de la contestación, este no ostentaba la condición de
candidato sino de presidente de la República, circunstancia que, a su juicio, toma
inejecutable dicha pretensión y las demás órdenes de carácter general que el
accionante pretende por vía de tutela en sustitución de los mecanismos
administrativos previstos para el ejercicio de las competencias del CNE.

1.6.7. Presidencia de la República.25

Como argumento principal, alegó su falta de legitimación en la causa por activa, al
considerar que el accionante pretende derivar una afectación persona de
declaraciones públicas atribuidas al presidente de la República que fueron
formuladas de manera general respecto de sectores identificados con la izquierda
política, sin que se hubiere demostrado que el señor Kevin Erney Acosta Llano fue
individualizado, mencionado por su nombre o identificado como destinatario
concreto de tales manifestaciones.

Sostuvo, con apoyo en la distinción trazada por la Corte Constitucional en la
sentencia T-386 de 2021 entre afirmaciones genéricas y específicas, y en la
sentencia T-1191 de 2004 sobre ausencia de individualización de los posibles
afectados, que las declaraciones invocadas no tienen la potencialidad de generar
una afectación constitucional individual, en la medida en que no permiten
identificar al accionante como destinatario concreto ni acreditan un riesgo cierto y
objetivo en su cabeza. Destacó, en ese sentido, que el propio Consejo de Estado,
al resolver la solicitud de medida provisional en el auto del 24 de agosto de 2026,
ya había advertido que el único hecho concreto referido por el accionante respecto
de sí mismo databa del año 2021 y era atribuible a la Policía Nacional, no al actual
presidente de la República.

De manera subsidiaria, para el evento en que el despacho considere procedente
un estudio de fondo, sostuvo la inexistencia de vulneración por parte del presidente
de la República, con fundamento en la información suministrada por la Secretaría
para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, según la cual: (i) buena parte

25
Índice 016 de Samai.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

de los hechos narrados corresponde a actuaciones de terceros ajenos a esa
dependencia; y (ii) frente a la pretensión octava, relativa a la expedición de una
Directiva Presidencial sobre garantías de no repetición, ya se encuentran vigentes
instrumentos sobre materias afines, en particular la Directiva Presidencial No. 07
del 13 de diciembre de 2023, sobre reconocimiento y protección de defensores de
derechos humanos, y la Directiva Presidencial No. 07 del 9 de septiembre de 2024,
sobre deberes de los servidores públicos en el ejercicio de la libertad de expresión
y de prensa, esta última elaborada con el acompañamiento técnico de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Kevin Erney Acosta Llano contra la Presidencia de la
República, el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y
la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y el Consejo
Nacional Electoral solicitaron la desvinculación del presente tramite, al alegar no
encontrarse legitimadas en la causa por pasiva, por no haber incurrido en una
actuación u omisión concreta atribuible a ellas.

La anterior solicitud se negará, debido a que lo señalado por las entidades
accionadas constituye un juicio sobre la existencia misma de la vulneración
alegada, propio del estudio de fondo, y no un presupuesto de procedibilidad.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:

• ¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el actor con ocasión de: i) los hostigamientos y restricciones
al ejercicio periodístico del cual afirma el actor ha sido víctima; ii) las

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

declaraciones públicas emitidas por el presidente Abelardo de la Espriella
contra sectores de izquierda que según el accionante reproducen los
patrones de estigmatización que históricamente antecedieron el exterminio
de la Unión Patriótica y, iii) las omisiones de las autoridades accionadas
para adoptar medidas urgentes e integrales de protección para garantizar
su labor informativa, así como la falta de adopción de medidas de vigilancia,
monitoreo y seguimiento de los actos de hostigamiento o estigmatización
en la vida política?

Para solucionar los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el debido proceso
administrativo; (iii) la protección constitucional reforzada de la libertad de
expresión política y la prohibición de censura previa y; (iv) el análisis del caso
concreto

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o excepcionalmente, de
particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda
la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub
examine.

Lo anterior tiene como objetivo impedir el uso inadecuado de este mecanismo, que
podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.4.1. Subsidiariedad

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial».
Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991.

La jurisprudencia constitucional ha precisado, adicionalmente, que la procedencia
del amparo exige, como presupuesto lógico y necesario, la acreditación de una
acción u omisión concreta y atribuible al sujeto pasivo de la acción, de manera que
la tutela resulta improcedente cuando no se demuestra que la entidad accionada
haya incurrido en una conducta, activa u omisiva, susceptible de vulnerar o
amenazar derechos fundamentales.26

En particular, frente a las omisiones alegadas en materia de protección, prevención
y respuesta institucional, la Corte Constitucional ha explicado que, para que las
prestaciones a cargo del Estado resulten exigibles, es necesario que el interesado
invoque o pruebe siquiera sumariamente, ante la autoridad administrativa
competente, y en subsidio, ante el juez, los hechos que sustentan el riesgo o la
afectación alegada.27 De lo anterior se sigue que no puede predicarse una omisión
constitucionalmente relevante en cabeza de una autoridad que jamás tuvo la
oportunidad de conocer, valorar y responder administrativamente a la situación
fáctica que el actor pretende hacer valer, de manera sobreviniente, por vía de
tutela.

2.4.2. De la libertad de expresión política y la prohibición de censura previa

El artículo 20 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos proscriben la censura previa como
mecanismo de restricción de la libertad de expresión. La Corte Constitucional ha
señalado que el discurso político goza de una posición preferente y de una
protección reforzada dentro del ordenamiento constitucional, en tanto constituye
un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia
participativa y cumple una función política central al permitir el debate abierto y
vigoroso sobre los asuntos públicos.28

En esa misma línea, ha indicado que toda expresión relacionada con el discurso
político, la crítica y la denuncia sobre el manejo de asuntos públicos se presume
protegida por la garantía constitucional, correspondiendo a quien pretende su
limitación la carga de desvirtuar dicha presunción.29

26
Corte Constitucional, sentencia T-444 de 2024.
27
Corte Constitucional, sentencia T-719 de 2003.
28
Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007.
29
Corte Constitucional, sentencia C-442 de 2011.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

2.5. Caso concreto

En el asunto bajo examen, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales, al estimar que los mismos están siendo vulnerados, por los
hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico del que afirma ha sido
víctima, adicional a las declaraciones públicas elevadas por el presidente de la
República contra sectores de izquierda y las omisiones de las autoridades
accionadas para adoptar medidas urgentes e integrales de protección para
garantizar el ejercicio de su labor informativa.

Encuentra la Sala que, frente a la generalidad de las pretensiones formuladas,
relativas a la adopción de medidas extraordinarias de protección, prevención,
monitoreo, alerta temprana, expedición de directivas, protocolos, circulares y
planes de acción, así como a la declaratoria de un estado de cosas
inconstitucional, el actor no acreditó, ni siquiera sumariamente, haber puesto tales
hechos en conocimiento de las entidades accionadas con anterioridad a la
presentación de la tutela.

En efecto, así lo evidencian las respuestas allegadas al proceso. La Fiscalía
General de la Nación indicó, que verificada la plataforma ARKIVA, no se demostró
la radicación de solicitud alguna por parte del accionante, y que su documento de
identidad no se encuentra vinculado a investigación penal, noticia criminal o
actuación procesal alguna relacionada con los hechos narrados.

La Unidad Nacional de Protección señaló que el señor Kevin Erney Acosta Llano
no ha presentado solicitud formal ante esa entidad, circunstancia que, conforme al
Decreto 1066 de 2015, resulta indispensable para activar la ruta de protección,
pues la exigibilidad de las prestaciones estatales de seguridad personal presupone
que el interesado invoque o acredite siquiera sumariamente, ante la autoridad
administrativa competente, los hechos constitutivos del riesgo alegado.30

De igual manera, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil reiteraron la inexistencia de alguna
solicitud elevada por el actor, relacionada con los hechos de la tutela. La
Registraduría planteó expresamente la improcedencia por subsidiariedad, al no
haberse acreditado petición previa alguna y por existir, frente a la pretensión de
cuestionar la declaratoria de la elección presidencial, el medio de control de
nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, que permite solicitar
medidas cautelares, incluía la suspensión provisional del acto de declaratoria de
elección.

30
Corte Constitucional, sentencia T-719 de 2003.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

Para la Sala, dicha circunstancia resulta determinante, la acción de tutela no puede
erigirse en un mecanismo alternativo o paralelo para exigir, sin que haya mediado
requerimiento previo alguno, el despliegue de facultades de vigilancia, prevención,
sanción o investigación que la Constitución y la ley radican en cabeza de
autoridades especializadas, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General
de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, sin que estas hayan tenido
siquiera la oportunidad de conocer, valorar y responder administrativamente a los
hechos alegados por el accionante.

Como lo ha señalado la Corte Constitucional, la procedencia de la tutela exige
acreditar una acción u omisión concreta atribuible al sujeto pasivo, presupuesto
que no se satisface cuando la autoridad accionada jamás fue puesta en
conocimiento de la situación que ahora se le reprocha no haber resuelto.31

A lo anterior se suma que, en relación con la Defensoría del Pueblo, obra en el
expediente prueba documental que da cuenta del despliegue efectivo de sus
competencias constitucionales de prevención y seguimiento durante el proceso
electoral 2025-2026, la expedición de la Alerta Temprana Electoral No. 013-25, el
informe de seguimiento No. 003-2026, librado en desarrollo del Decreto 2124 de
2017, los tres informes de seguimiento al «Compromiso con un Proceso Electoral
Libre y en Paz de Colombia», fechados el 10 de febrero, 13 de mayo y 14 de junio
de 2026, y la campaña institucional «#MenosGritosMásRespeto».

Dichos documentos, evidencian que la entidad sí desplegó actuaciones de
monitoreo, alerta temprana y pronunciamiento público frente al contexto de
violencia política narrado en la demanda, lo que refuerza la conclusión de que no
existe, siquiera indiciariamente, una omisión constitucionalmente relevante que
deba ser enmendada por vía de tutela.

En relación con la pretensión décima, dirigida a que la posesión de quien resultara
elegido presidente de la República para el periodo 2026-2030 estuviera precedida
de la adopción de un Plan Nacional de Garantías de no Repetición, encuentra la
Sala que dicha solicitud carece de cualquier posibilidad de ejecución material.

En efecto, tal y como es de público conocimiento, el señor Abelardo de la Espriella
fue declarado electo presidente de la República y tomó posesión del cargo el 7 de
agosto de 2026, es decir, con anterioridad inclusive al momento de radicación de
la presente acción de tutela. En tales condiciones, cualquier orden judicial dirigida
a condicionar su posesión a la adopción previa de un Plan Nacional de Garantías

31
Corte Constitucional, sentencia T-444 de 2024.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

de no Repetición resultaría, hoy, física y jurídicamente inejecutable, pues el hecho
que se pretendía impedir o condicionar ya se encontraba consolidado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que las pretensiones
dirigidas contra el presidente de la República tampoco estarían llamadas a
prosperar por una razón adicional, como lo indicó la Presidencia, con apoyo en las
sentencias T-386 de 2021 y T-1191 de 2004 de la Corte Constitucional, las
declaraciones públicas a las que alude el accionante fueron formuladas en
términos generales respecto de sectores identificados con la izquierda política, sin
que se hubiera acreditado que el señor Kevin Erney Acosta Llano fue
individualizado o identificado como destinatario concreto de tales manifestaciones,
circunstancia que impide predicar una afectación constitucional individual y
particular en su cabeza.

En el mismo sentido, la Sala reitera lo señalado en el auto del 24 de agosto de
2026, en cuanto a que el único hecho concreto acreditado respecto del accionante
data del año 2021 y es atribuible a la Policía Nacional, no al actual presidente de
la República.

En síntesis, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado, por cuanto: (i) no
se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad respecto de la generalidad
de las pretensiones formuladas, al no haberse acreditado que el accionante
hubiera puesto los hechos narrados en conocimiento de las entidades accionadas
con anterioridad a la presentación de la tutela; y (ii) se negará el amparo
constitucional respecto de las pretensiones relacionadas con la suspensión de la
candidatura presidencial y con la subordinación de la posesión del presidente de
la República a la adopción de un Plan Nacional de Garantías de No Repetición, en
razón de su elección y posesión, ocurrida el 7 de agosto de 2026.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional
de Protección, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Kevin Erney Acosta Llano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06416-00

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Kevin Erney Acosta Llano, por no satisfacerse el requisito de
subsidiariedad.

TERCERO: NEGAR el amparo invocado por el actor respecto de la pretensión
décima relacionada con la suspensión de la candidatura presidencial del señor
Abelardo de la Espriella.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.