Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06430-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06430-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06430-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06430-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión y Contribuciones----
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho
Decisión: Negar el amparo por no demostrarse la configuración de los
defectos sustantivo y fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción y acceso a la administración de justicia, ocurrida con la expedición de
la sentencia del 22 de marzo de 2024, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-002-2020-00034-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – en
adelante UGPP-, expidió la liquidación oficial RDO 2018 – 02091 del 25 de junio de
2018, mediante la cual determinó que el señor Abelardo Plata Márquez incurrió en
omisión en su afiliación al Sistema de la Protección Social e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes correspondientes a los periodos de enero,
mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, por valor de
$36.872.492. Asimismo, le impuso una sanción por $8.738.695.
3. Inconforme, el señor Plata Márquez interpuso recurso de reconsideración el 17 de
septiembre de 2018. Sin embargo, la UGPP, mediante la Resolución RDC 2019 –
01264 del 23 de julio de 2019 resolvió confirmar la decisión anterior. Este acto
administrativo fue notificado el 3 de octubre de 2019.
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4. Con posterioridad, el señor Plata Márquez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con la finalidad de que se declarara
la nulidad de las Resoluciones RDO- 2018 – 02091 y RDC – 2019 – 0126 y a título
de restablecimiento del derecho se ordenara a la entidad reconocer y pagar los
daños morales y materiales causados por la ilegalidad de los actos administrativos
demandados, como consecuencia del desconocimiento de las normas en que
debían fundarse, en especial, el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, modificado
por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014.
5. ElJuzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante
sentencia del 3 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda, pues, a
su juicio, los actos administrativos demandados se encontraban debidamente
motivados y la UGPP había actuado dentro del marco de sus competencias al
determinar y sancionar las diferencias en los aportes al Sistema de Seguridad
Social, con fundamento en los ingresos reales del demandante.
6. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la
sentencia del 22 de marzo de 2024, revocó la decisión judicial anterior y, en su lugar,
accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que la UGPP había perdido
competencia para resolver el recurso de reconsideración, toda vez que, aunque
expidió la decisión dentro del término legal, su notificación se produjo un año y
quince días después de la interposición del recurso.
7. En consecuencia, estimó configurado el silencio administrativo positivo, declaró la
nulidad parcial de los actos demandados y ordenó a la entidad realizar una nueva
liquidación, teniendo en cuenta los costos alegados por el demandante para efectos
de disminuir las sanciones impuestas.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Sustantivo: al desconocer el principio de irretroactividad previsto en el
artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, pues pasó por alto que dicha normativa
entró en vigencia el 9 de junio de 2015, fecha de su publicación, por lo que
la regla allí establecida solo resultaba aplicable a los periodos de cotización
correspondientes a julio y meses posteriores. En consecuencia, para los
periodos comprendidos entre enero y junio de 2015, debía aplicarse el
artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003 y
reglamentado por el Decreto 510 de 2003.
De igual forma, sostuvo que, si bien se configuró el silencio administrativo
positivo como consecuencia de la notificación extemporánea del recurso de
reconsideración, los efectos de dicha figura no son absolutos ni pueden
amparar pretensiones ilegales o contrarias al ordenamiento jurídico. Por ello,
estimó que el Tribunal incurrió en error al entender que la configuración de
ese fenómeno jurídico imponía a la entidad el deber de acoger, sin
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verificación alguna, la propuesta económica formulada por el demandante.
• Fáctico por indebida valoración probatoria y validación de cálculos erróneos,
debido a que, en su criterio, el Tribunal se limitó a transcribir las tablas
aportadas por el demandante y a señalar que este reconocía un porcentaje
de inexactitud, sin verificar la metodología ni la corrección de las cifras allí
consignadas.
En particular, adujo que omitió advertir que el aportante tomó el 40 % de la
renta líquida correspondiente a todo el año 2015 y lo dividió entre los 12
meses, aplicando dicha base incluso a los periodos comprendidos entre
enero y junio de 2015, pese a que la regla del 40 % prevista en el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015 solo resultaba aplicable a partir de julio de 2015.
Por lo anterior, afirmó que se generó una diferencia de $5.105.571,
equivalente aproximadamente al 45 % del valor real de la obligación, con lo
cual el Tribunal terminó avalando una liquidación que, desde el punto de vista
probatorio y aritmético, no correspondía a los periodos ni a las reglas
aplicables.
2.3. Pretensiones
9. La parte accionante solicitó:
«PRIMERO: Sírvase H. Magistrado reconocerme personería jurídica para actuar
como apoderada judicial de la UGPP, en esta acción constitucional.
SEGUNDO: Solicito se sirva CONCEDER la presente acción de tutela declarando
la violación a los Derechos Fundamentales al Debido Proceso, defensa y
contradicción y Acceso a la Administración de Justicia que le asiste a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES - UGPP, transgredidos por la SALA DE DECISIÓN No. 002 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR. PENSIONAL
TERCERO: Solicito DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
proferida el 22 de marzo de 2024 por la SALA DE DECISIÓN No. 002 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR mediante la cual se resuelve el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del expediente
con número de radicado No. 13001-33-33-002-2020-00034-01, con fundamento
en las razones expuestas a lo largo de este escrito.
CUARTO: ORDENAR a la SALA DE DECISIÓN No. 002 DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR emitir una nueva providencia de segunda
instancia, en el que se valore la normatividad que regía para el año 2015 en cuanto
a la liquidación de los aportes a pensión y salud». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
10. Por medio del auto del 14 de agosto de 2026, se admitió y ordenó notificar como
accionados al Tribunal Administrativo de Bolívar y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Cartagena y, como tercero interesado al señor
Abelardo Plata Márquez. En consecuencia:
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11. ElTribunal Administrativo de Bolívar afirmó que su decisión no resultó
caprichosa, pues se limitó a aplicar un criterio objetivo, consistente en el
cumplimiento del término legal para notificar, así como la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la naturaleza preclusiva de dicho plazo.
12. En relación con los defectos alegados, sostuvo que no ordenó aplicar el IBL del
40 % de manera uniforme para todo el año gravable 2015. Asimismo, indicó que, al
configurarse el silencio administrativo positivo, el acto ficto debía ser objeto de
ajuste por parte de la UGPP, conforme a los costos alegados por el actor.
Finalmente, solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia.
13. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida EN
que la supuesta vulneración de derechos fundamentales se predica de la decisión
judicial adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
14. El señor Abelardo Plata Márquez, a través de apoderado judicial, sostuvo que
la pretensión de la UGPP encaminada a que se module la decisión o se ordene una
nueva liquidación carece de sustento jurídico, pues, una vez configurado el silencio
administrativo positivo surge un acto presunto a favor del administrado, cuyos
efectos deben ser respetados.
15. Adicionalmente, señaló que dicha pretensión desconoce que el vencimiento del
término legal para resolver el recurso produce una consecuencia jurídica que no
puede ser sometida a la conveniencia posterior de la administración, a saber, la
pérdida de competencia temporal que tenía para pronunciarse sobre el asunto, la
cual no puede ser recuperada a través de la acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
17. Si bien el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar solicitaron su desvinculación del proceso de
referencia, al considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva, lo
cierto es que fueron las autoridades judiciales que profirieron las decisiones
judiciales de primera y segunda instancia dentro del proceso cuestionado, por lo
que resulta evidente que cuentan con interés en su resultado. Por ende, se negará
su petición.
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3.3. Problema jurídico
18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad
para cuestionar una decisión judicial. En caso afirmativo, deberá establecerse si el
Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al
proferir la sentencia del 22 de marzo de 2024, al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-002-2020-00034-
01.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
19. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.
20. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
22. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
24. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
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independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
25. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1.1.1. Relevancia constitucional. El asunto reviste relevancia constitucional, en
la medida en que la controversia se centra en determinar si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al incurrir,
presuntamente, en los defectos sustantivo y fáctico. Además, los reproches
formulados se encuentran suficientemente sustentados y no se limitan a plantear
una simple discrepancia de carácter legal o probatorio.
3.4.1.1.2. Subsidiariedad. También se satisface este requisito, pues la providencia
cuestionada, que resolvió el incidente de desacato, se encuentra ejecutoriada y no
existen recursos ordinarios o extraordinarios idóneos para controvertirla.
3.4.1.1.3. Inmediatez. Se cumple igualmente este requisito, puesto que la acción de
tutela fue presentada dentro de un término razonable y proporcionado. En efecto,
entre la ejecutoria de la providencia cuestionada, ocurrida el 13 de mayo de 2026,
y la presentación de la solicitud de amparo, el 13 de agosto del mismo año no
transcurrieron más de 6 meses.
3.4.1.1.4. Irregularidad procesal con incidencia sustancial. Este presupuesto no
resulta exigible en el presente asunto, toda vez que la parte accionante no sustenta
la vulneración de sus derechos fundamentales en la existencia de una irregularidad
procesal, sino en la presunta configuración de los defectos sustantivo y fáctico.
3.4.1.1.5. Identificación de los hechos que generaron la vulneración. Este requisito
también se encuentra satisfecho, pues la parte accionante identificó de manera clara
la providencia cuestionada, las actuaciones que considera lesivas de sus derechos
fundamentales y las razones por las cuales estima que la autoridad judicial
accionada habría incurrido en los defectos alegados.
3.4.1.1.6. Que no se trate de una sentencia de tutela. La providencia cuestionada
no corresponde a una sentencia de tutela, sino a una decisión proferida dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
26. Por lo anterior, se procede a analizar si se configuraron los defectos alegados.
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3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
27. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite
la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En
suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de
la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»1.
28. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando
la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha
facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada,
emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen
1
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
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al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea,
por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque
su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador»2.
29. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
30. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
31. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»6.
2
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
5
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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32. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.7. Análisis de la presunta configuración de los defectos sustantivo y
fáctico en el caso concreto
33. Teniendo en cuenta que los defectos sustantivo y fáctico alegados se encuentran
estrechamente relacionados, esta Subsección procederá a efectuar su análisis de
manera conjunta.
34. La UGPP indicó que se desconoció el principio de irretroactividad previsto en el
artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, pues la autoridad judicial accionada pasó por
alto que dicha normativa entró en vigencia el 9 de junio de 2015, fecha de su
publicación, por lo que la regla allí establecida solo resultaba aplicable a los periodos
de cotización correspondientes a julio y meses posteriores. En consecuencia, para
los periodos comprendidos entre enero y junio de 2015, debía aplicarse el artículo
19 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003 y reglamentado por el
Decreto 510 de 2003.
35. De igual forma, sostuvo que, si bien se configuró el silencio administrativo positivo
como consecuencia de la notificación extemporánea del recurso de
reconsideración, los efectos de dicha figura no son absolutos ni pueden amparar
pretensiones ilegales o contrarias al ordenamiento jurídico. Por ello, estimó que el
Tribunal incurrió en error al entender que la configuración de ese fenómeno jurídico
imponía a la entidad el deber de acoger, sin verificación alguna, la propuesta
económica formulada por el demandante.
36. Enla decisión judicial cuestionada, el Tribunal Administrativo del Bolívar
argumentó lo siguiente:
«Ahora bien, el efecto del silencio administrativo si bien implica pérdida de
competencia, el resultado también debe ir correlacionado con lo solicitado por el
actor en el recurso de reconsideración. De modo que, vemos que el recurrente
solicita no solo que se revoque y deje sin efectos el contenido de la Resolución
No. RDO-2018-02091 del 25 de junio de 2018; sino que también se proceda a
“determinar las respectivas sanciones sobre el IBC del 40% de la renta líquida
calculada para el periodo gravable 2015 la cual quedará así: sanción por Omisión
CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CHOCIENTOS OCHENTA Y
PESOS MCTE ($5.514.881) y sanción por Inexactitud por valor de SETECIENTOS
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($707.922.OO)”. (Sic)
Da por hecho la Sala, que el demandante reconoce un porcentaje de inexactitud
en su liquidación, por lo cual deberá ajustarse la misma. Lo anterior, teniendo en
cuenta que, de acuerdo con lo descrito en ese recurso, el demandante realiza los
siguientes cálculos:
4. Se deben incluir, aunque se haya obviado en su momento en el cálculo de
la renta líquida; lo referente a costos y gastos por concepto de depreciaciones
de vehículos y muebles-enseres por valor mensual de DOS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS ($2.345.678.00) lo que representa en el año la suma de
TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS SIETE PESOS MCTE ($34,828.707.00), lo que generaría un
menor valor en el IBC y por consiguiente un beneficio para el aportante
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Accionante: UGPP
ABELARDO PLATA MARQUEZ, situación que como se vislumbra, no se tuvo
en cuenta al momento de hacer los cálculos de la respectivas sanciones; tanto
por Omisión como por inexactitud.
5. Teniendo en cuenta estas consideraciones e inconformidades y en apego
a la normatividad que rige la materia, optamos en concluir lo siguiente:
a. Es imperioso afirmar que el IBC que se debió tener en cuenta es el 40%
de la renta líquida del año 2015, o sea $43.085.000.00 x 40% y no los 25
SMLV que la UGPP tomó para el cálculo, ya que no tuvieron en cuenta los
costos y gastos anteriormente descritos y sustentados.
b. Así que la sanción por Omisión es $5.514.881.00 y la Sanción por
Inexactitud es $707.922.00. (Ver cuadro que se adjunta).
En ese orden, la Sala revocará el fallo apelado, y ordenará, la declaratoria de
nulidad parcial de los actos acusados; y a título de restablecimiento del derecho
se dispondrá a cargo de la administración una nueva liquidación, y que en esta
ajuste la sanción conforme a los nuevos cálculos; esta vez tomando los costos
que aduce el actor para la deducción respectiva conforme lo descrito supra; lo cual
disminuiría la sanción por omisión e inexactitud en los términos planteados en el
recurso de reconsideración por la parte actora». (Sic en toda la cita)
37. De conformidad con lo expuesto, se observa que la autoridad judicial accionada
se limitó a ordenar a la UGPP efectuar una nueva liquidación, con observancia de
los costos aducidos por el actor para la deducción respectiva. Por ende, la
controversia planteada gira en torno a determinar si dicha decisión se entiende
como la imposición del Tribunal a la entidad de aplicar el IBL del 40 % de manera
uniforme para todo el año gravable 2015, de conformidad con el artículo 135 de la
Ley 1753 de 2015.
38. A juicio de esta Subsección, la autoridad judicial accionada no realizó un análisis
de la normatividad que le resultaba aplicable al señor Plata Márquez respecto del
IBL como independiente. Por el contrario, reconoció que dicha labor correspondía a
la UGPP, motivo por el cual le ordenó efectuar una nueva liquidación.
39. Ahora, si bien la autoridad judicial accionada ordenó tener en cuenta los costos
aducidos por el actor para la deducción respectiva, dicha orden no puede
entenderse como «acatar a ciegas la propuesta económica» del entonces
demandante.
40. Por el contrario, constituyó un parámetro que debía ser considerado por la
entidad al efectuar la nueva liquidación, sin que ello implicara que estuviera obligada
a adoptar de manera automática o literal los cálculos y valores propuestos por aquel,
pues correspondería a la UGPP, en ejercicio de sus competencias y con sujeción a
la normatividad aplicable, determinar la procedencia y el alcance de tales
deducciones.
41. Así las cosas, se concluye que el Tribunal accionado no desconoció el principio
de irretroactividad previsto en el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, pues no le
ordenó a la UGPP aplicar el IBL del 40 % de manera uniforme para todo el año
gravable 2015. Tampoco, incurrió en una indebida valoración probatoria, toda vez
que no se dispuso la aplicación irrestricta de los cálculos efectuados por el señor
Plata Márquez, sino simplemente su observancia.
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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06430-00
Accionante: UGPP
42. En consecuencia, esta Subsección negará las pretensiones de la acción de tutela
presentada por la UGPP, al no encontrar configurados los defectos sustantivo ni
fáctico.
43. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de
Bolívar.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión y Contribuciones-Parafiscales de la
Protección Social, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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