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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06435-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06435-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por las ciudadanas Ana Carolina Castillo Álvarez, Laura Alejandra Rodríguez Hernández y Viviana Vanesa Hernández Núñez, en nombre propio, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06435-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: ANA CAROLINA CASTILLO ÁLVAREZ Y OTRAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCION A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, a la igualdad, a la dignidad
humana, al mínimo vital, al acceso efectivo a la administración de justicia, al acceso y al
desempeño de cargos públicos, “a la carrera judicial” y al trabajo / Principios
constitucionales de buena fe, confianza legítima, mérito y seguridad jurídica / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD SIMPLE – Reglas del proceso de selección para proveer los
empleos de la planta de personal perteneciente al Sistema Específico de Carrera
Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública Nacional – Proceso
de Selección núm. 2502 de 2023 / REQUISITOS DE SUBSIDIARIEDAD – Están pendientes
de resolver solicitudes presentadas en el proceso ordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por las ciudadanas Ana Carolina Castillo Álvarez, Laura Alejandra Rodríguez
Hernández y Viviana Vanesa Hernández Núñez, en nombre propio, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29
y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 13 de agosto de 2026 la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción, a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, al acceso efectivo
a la administración de justicia, al acceso y al desempeño de cargos públicos, “a la
carrera judicial” y al trabajo, y de los principios constitucionales de buena fe,
confianza legítima, mérito y seguridad jurídica.

Hechos relevantes

2. Los ciudadanos “Carlos Alberto Rendón Vélez, Carlos Alexander Marulanda
Delgado, Carlos Enrique Álvarez Castañeda, Catalina Abad Arango, César Augusto

1
Que ingresó para fallo el 31 de agosto de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Tafur Peña, César Augusto Velásquez Hernández, César Bermúdez Álvarez,
Claudia Elena Ocampo Álvarez, David Gómez Arango, Diana Carolina Betancur
Girón, Diana María Laverde López, Diana Milena Giraldo Agudelo, Diego Alejandro
Torres Llanos, Dufay María Guerra Díez, Edilberto de Jesús Agudelo Restrepo,
Elizabeth Restrepo Cardona, Érika Catalina Montoya Camacho, Francisco Antonio
Gómez García, Gabriel Eduardo Villegas Arango, Gerardo Hernán Cuartas Ruíz,
Gloria Ester Bustillo Rodríguez, Gustavo Saldarriaga Saldarriaga, Homero Efraín
Jativa Herrera, Irene María Robledo Jiménez, Jesús Fernando Marulanda Osorio,
John Alexander Gómez Castaño, Jorge Iván Díaz Díaz, Juan de Dios Londoño
Castro, Juan José Restrepo Espinosa, Juan Mauricio Villa Ortiz, Karen Monsalve
Henao, Laura Catalina Zapata, Leocadio Santamaría, Liliana María Úsuga Moná,
Lina Isabel Doria Castillo, Lina María Monroy Martínez, María de Jesús Peñata
Arteaga, María Jennifer Barrientos Grisales, Marizabel Cartagena Cano, Marta
Cecilia Yepes Jaramillo, Martha Elena Londoño Giraldo, Mónica Liliana Querubín,
Natalia Andrea Rodríguez Cifuentes, Natalia Giraldo Giraldo, Óscar D. Velásquez
H., Paula Andrea Avendaño Múnera, Pilar Alejandra Flórez Mejía, Rubí del Socorro
Carla Bunzl Sánchez, Rubiela del Valle Puerta, Sandra Patricia Arcila Jiménez,
Sandra Patricia Cerón Salas, Tamara Carolina Castrillón Gaviria, Tatiana Margarita
Ladrón de Guevara Medina, Yeison Camilo Ruiz Arango y Sorayda Hincapié
Cañas”2 promovieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple
contra la Superintendencia de Notariado y Registro y la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

3. Como fundamento de su acción, los mencionados demandantes solicitaron que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

“Acuerdo 60 del 13 de julio de 2023 «Por el cual se convoca y se establecen
las reglas del proceso de selección, en las modalidades de Ascenso y
Abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de
personal perteneciente al Sistema Específico de Carrera Administrativa de
las Superintendencias de la Administración Pública Nacional – Proceso de
Selección No. 2502 de 2023 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO».

Acuerdo 67 del 11 de agosto del mismo año, que modificó el artículo 8 del
anterior acto.

Resolución 10888 del 4 de septiembre de 2023 «Por la cual se declara
desierto el concurso en la modalidad de ascenso para CIENTO OCHENTA
Y SIETE (187) vacantes de SETENTA Y CINCO (75) empleos de la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, ofertados a través
del Proceso de Selección No. 2502 de 2023”3.

4. Los entonces accionantes consideraron que la convocatoria y las reglas del
Proceso de Selección núm. 2502 de 2023, adelantado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, vulneró los artículos 1, 3, 6, 13, 25, 29 y 125 de la Constitución
Política; 2, 11 literal c), 31 numeral (numeral 2) y 33 de la Ley 909 de 2004; 2.2.5.3.2

2
Los nombres de las personas que integran el extremo demandante fueron identificados en el escrito
de subsanación, visible en el índice 10 de SAMAI del expediente correspondiente al medio de control
radicado núm. 11001-03-25-000-2024-00007-00 (0044-2024). Asimismo, dichos nombres fueron
relacionados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en los folios 1 y 2
de la sentencia del 24 de julio de 2026.
3
Folio 2. Archivo “085_85Sentencia_Definitivo00442024Nu”.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

(parágrafo 2) del Decreto 1083 de 2015; y el Decreto 1227 de 2005. Ello, por cuanto
la Resolución núm. 10888 de 2023 determinó que el número de vacantes
declaradas desiertas en la modalidad de ascenso era de 187, mientras que las
realmente ofertadas en la plataforma SIMO fueron 106, circunstancia que vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de los participantes.

5. El conocimiento del medio de control correspondió a la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que, a través de sentencia del 24 de julio
de 2026, resolvió:

“Primero. DECLARAR la nulidad de los Acuerdos 60 del 13 de julio y 67 del
11 de agosto de 2023, y la Resolución 10888 del 4 de septiembre de 2023,
según las consideraciones expuestas.

Segundo. La anterior declaración de nulidad solo puede afectar situaciones
jurídicas no consolidadas.

Tercero. SIN CONDENA en costas”4.

6. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial consideró que la omisión
de informar a los participantes las reglas del certamen constituyó una irregularidad
insubsanable que vició de nulidad integralmente el proceso de selección. Asimismo,
señaló que se configuró una violación al debido proceso y un desconocimiento de
las garantías de participación ciudadana propias de la gestión administrativa al
impedir o dificultar que los aspirantes que cumplieran lo requisitos y condiciones
para ejercer los empleos pudieran postularse a las nuevas vacantes.

7. Ahora bien, las ciudadanas Ana Carolina Castillo Álvarez, Laura Alejandra
Rodríguez Hernández y Viviana Vanesa Hernández Núñez afirman que se
encuentran jurídicamente vinculadas al Proceso de Selección núm. 2502 de 2023 y
con empleos pertenecientes a la planta global de personal de la Superintendencia
de Notariado y Registro en situaciones particulares, diferenciadas y susceptibles de
valoración individual.

8. Al respecto, refieren que la situación jurídica de cada una de ellas “presenta
características distintas: ANA CAROLINA CASTILLO ÁLVAREZ cuenta con una
lista de elegibles y ejerció el derecho de escogencia de plaza; LAURA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ cuenta con lista de elegibles, estudio técnico y
autorización de uso, nombramiento en período de prueba, aceptación y prórroga
para tomar posesión; y VIVIANA VANESA HERNÁNDEZ NÚÑEZ cuenta con un
nombramiento en período de prueba y con actuaciones registradas en el Registro
Público de Carrera Administrativa”5.

9. En ese sentido, dado que la sentencia del 24 de julio de 2026 señaló que la
declaratoria de nulidad solo podía producir efectos sobre situaciones jurídicas no
consolidadas, las accionantes, como terceras con interés en el medio de control,
solicitaron a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que

4
Folio 12 ibid.
5
Folio 3 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

aclarara el alcance de esa regla, incorporada expresamente en la parte resolutiva
de la providencia, respecto de las situaciones jurídicas particulares.

10. A través de constancia secretarial del 12 de agosto de 2026, se acreditó la
incorporación del memorial al expediente del proceso de nulidad simple, así como
su registro para proveer. Sin embargo, a la fecha de la presentación de la acción de
tutela de la referencia, la solicitud de aclaración no había sido resuelta.

Pretensiones

11. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“PRIMERA. AMPARAR los derechos fundamentales de las accionantes al
debido proceso, a la defensa y a la contradicción, a la igualdad, al acceso al
desempeño de cargos públicos, al mérito, a la buena fe, a la confianza
legítima y a la seguridad jurídica, en relación con las situaciones jurídicas
derivadas del concurso de méritos y de las actuaciones administrativas
producidas durante su ejecución.

SEGUNDA. ORDENAR a la CNSC y a la SNR que, antes de adoptar un acto
individual desfavorable e irreversible respecto de cualquiera de las
accionantes, realicen un análisis concreto y debidamente motivado de su
situación, teniendo en cuenta, según corresponda, la posición y firmeza de
la lista, la escogencia de plaza, el nombramiento, la aceptación, la prórroga
para tomar posesión y las actuaciones registrales acreditadas.

TERCERA. ORDENAR a la CNSC y a la SNR que se abstengan de
considerar que la sentencia del 24 de julio de 2026 produce, por sí sola y de
manera automática, la extinción de los nombramientos, de la escogencia de
plaza o de las demás actuaciones administrativas acreditadas por las
accionantes, sin determinar previamente, respecto de cada una, si su
situación se encuentra efectivamente comprendida dentro de los efectos
jurídicos de la decisión judicial y cuál es el alcance concreto de dicha
afectación.

CUARTA. DEJAR SIN EFECTOS únicamente respecto de las accionantes
y cuando haya producido un efecto irreversible, el acto administrativo
individual derivado de la sentencia del 24 de julio de 2026 que haya afectado
automáticamente su situación sin análisis individualizado, objetivo,
proporcional y debidamente motivado, sin dejar sin efectos la sentencia
judicial ni impedir actuaciones administrativas posteriores sujetas al debido
proceso.

QUINTA. ORDENAR a la SNR y a la CNSC que, respecto de cada
accionante, emitan una decisión individual, expresa, congruente y
debidamente motivada sobre la incidencia de la sentencia del 24 de julio de
2026 en su situación concreta, con garantía del debido proceso, de la
defensa y de la contradicción. Respecto de LAURA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, la decisión deberá adoptarse antes del
vencimiento de la prórroga o, si ello no fuere materialmente posible,
preservarse provisionalmente la posibilidad de que la autoridad competente
decida sobre la posesión sin que esta tutela ordene anticipadamente el
nombramiento o la inscripción en carrera.

SEXTA. ORDENAR a la CNSC y a la SNR que, dentro de sus respectivas
competencias y sin extender legalmente la vigencia de las listas, se
abstengan de aplicar automáticamente la sentencia para desconocer las

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

situaciones individuales acreditadas por las accionantes, y que cualquier
decisión desfavorable sea concreta, individual, suficiente y debidamente
motivada.

SÉPTIMA. ORDENAR a la CNSC y a la SNR que remitan al despacho
judicial las actuaciones posteriores al 24 de julio de 2026, relacionadas
directamente con las tres accionantes, así como cualquier acto, instrucción
o criterio aplicados para determinar si la situación individual de alguna de
ellas queda comprendida en los efectos de la sentencia.

OCTAVA. DECLARAR que las órdenes que eventualmente se impartan en
esta acción tendrán alcance exclusivamente individual respecto de ANA
CAROLINA CASTILLO ÁLVAREZ, LAURA ALEJANDRA RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ y VIVIANA VANESA HERNÁNDEZ NÚÑEZ, sin extenderse
automáticamente a terceros no vinculados y oídos.

PARÁGRAFO. ARMONIZACIÓN ENTRE EL MÉRITO Y LA PROTECCIÓN
DE LAS PERSONAS EN PROVISIONALIDAD. Las medidas solicitadas no
pretenden desconocer los derechos fundamentales ni las condiciones de
especial protección constitucional que, individualmente consideradas,
puedan asistir a quienes ocupan cargos en provisionalidad. Tales
circunstancias deberán valorarse de manera concreta, individual y
proporcional. Sin embargo, esa protección debe armonizarse con el principio
constitucional del mérito, de modo que la provisionalidad no pueda
convertirse, por sí sola, en fundamento para desplazar indefinidamente a
quienes superaron el concurso y adquirieron una situación jurídica derivada
de una lista de elegibles en firme”6.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte accionante sostiene que la controversia constitucional no se
circunscribe a cuestionar la declaratoria de nulidad efectuada por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sino a determinar si la sentencia del
24 de julio de 2026, al limitar expresamente sus efectos a las situaciones jurídicas
no consolidadas, estableció parámetros suficientes para identificar cuáles
situaciones particulares quedaban comprendidas en dicha categoría y si su
aplicación administrativa podía realizarse de manera automática.

13. Asimismo, aduce que solicita que se determine la situación jurídica concreta de
cada una de las demandantes, con atención a “sus respectivas circunstancias –
posición en las listas de elegibles, firmeza de estas, ejercicio del derecho de
escogencia de plaza, nombramiento, aceptación, prórroga para tomar posesión y
vinculación en carrera administrativa–, pues tales situaciones podían resultar
afectadas por los efectos de la sentencia sin una valoración jurídica individualizada
que estableciera por qué razón cada una se encontraba comprendida dentro de las
situaciones jurídicas no consolidadas”7.

14. De esa manera, manifiesta que la autoridad judicial accionada, con la expedición
de la providencia del 24 de julio de 2026, incurrió en una violación directa de la
Constitución. Ello, por el desconocimiento de lo establecido en los artículos 29, 40
numeral 7, 83 y 125 de la Carta Política, en la medida en que la regla incorporada
en la decisión enjuiciada, según la cual la nulidad sólo podía afectar situaciones

6
Folio 16 ibid.
7
Folio 4 ibid.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

jurídicas no consolidadas, no podía ejecutarse de forma tal que vulnerara los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y
al mérito de quienes adquirieron situaciones jurídicas concretas durante la ejecución
del concurso.

15. De igual modo, aduce un defecto sustantivo, toda vez que la decisión acusada
no estableció un criterio verificable para diferenciar las etapas jurídicas acreditadas
por las tres accionantes. Al respecto, manifiesta que “la providencia deja sin
protección efectiva la distinción que ella misma anuncia entre situaciones
consolidadas y no consolidadas. Esa insuficiencia incide directamente en el debido
proceso, la igualdad, la confianza legítima y el mérito, porque permite que la
Administración determine, sin parámetros suficientes”8.

16. Señala, además, que la sentencia del 24 de julio de 2026 incurrió en una
decisión sin motivación por la ausencia de criterios para constatar que la propia
regla judicial carece de una delimitación constitucionalmente suficiente para ser
aplicada de manera objetiva, previsible y respetuosa del debido proceso.

17. Frente a ello, indica que la providencia en cuestión identificó la categoría de
protección, pero no ofreció parámetros suficientemente demostrables para
determinar su alcance frente a situaciones jurídicas distintas ya producidas durante
la ejecución del concurso, “como la lista firme con escogencia de plaza de Ana, el
nombramiento aceptado y la prórroga vigente de Laura, y el nombramiento en
período de prueba y la actualización registral de Viviana. El reproche no depende
de que la Administración ya haya expedido un acto desfavorable: el defecto se
predica de la propia regla judicial, cuya formulación deja un margen abierto e
imprevisible para decidir posteriormente qué situaciones quedan afectadas. La
ejecución administrativa constituye el riesgo de materialización de ese defecto, no
su fuente”9.

18. Adicionalmente, refiere que se configura un desconocimiento del precedente
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias T-121 de 2016, SU-037 de 2019
y C-197 de 2025, las cuales exigen que se examine la protección de las situaciones
jurídicas producidas durante la vigencia de los actos posteriormente anulados desde
la perspectiva de la seguridad jurídica y no que se asuma que una declaratoria de
nulidad permite desconocerlas de forma automática.

19. Por último, señala que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con la expedición de la decisión de nulidad simple, incurrió en un defecto
procedimental, puesto que “[s]i la ejecución administrativa de la sentencia se
realiza sin identificar previamente la situación jurídica concreta de las personas
afectadas y sin brindar, cuando corresponda, una oportunidad efectiva de defensa
y contradicción, podría configurarse una afectación autónoma del debido proceso.
Por ello, la tutela solicita que ninguna consecuencia individual desfavorable se
produzca de manera automática, sino mediante una actuación jurídicamente

8
Folio 13 ibid.
9
Ibid.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

identificable, motivada y susceptible de contradicción, en los casos en que
constitucionalmente sea exigible”10.

Trámite procesal

20. Mediante auto del 19 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, como accionada, y a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Ministerio Público y
los ciudadanos Carlos Alberto Rendón Vélez, Carlos Alexander Marulanda Delgado,
Carlos Enrique Álvarez Castañeda, Catalina Abad Arango, César Augusto Tafur
Peña, César Augusto Velásquez Hernández, César Bermúdez Álvarez, Claudia
Elena Ocampo Álvarez, David Gómez Arango, Diana Carolina Betancur Girón,
Diana María Laverde López, Diana Milena Giraldo Agudelo, Diego Alejandro Torres
Llanos, Dufay María Guerra Diaz, Edilberto de Jesús Agudelo Restrepo, Elizabeth
Restrepo Cardona, Érika Catalina Montoya Camacho, Franciso18 Antonio Gómez
García, Gabriel Eduardo Villegas Arango, Gerardo Hernán Cuartas Ruíz, Gloria
Ester Bustillo Rodríguez, Gustavo Saldarriaga Saldarriaga, Homero Efraín Jativa
Herrera, Irene María Robledo Jiménez, Jesús Fernando Marulanda Osorio, John
Alexander Gómez Castaño, Jorge Iván Díaz Díaz, Juan de Dios Londoño Castro,
Juan José Restrepo Espinosa, Juan Mauricio Villa Ortiz, Karen Monsalve Henao,
Laura Catalina Zapata, Leocadio Santamaría, Liliana María Úsuga Moná, Lina
Isabel Doria Castillo, Lina María Monroy Martínez, María de Jesús Peñata Arteaga,
María Jennifer Barrientos Grisales, Marizabel Cartagena Cano, Marta Cecilia Yepes
Jaramillo, Martha Elena Londoño Giraldo, Mónica Liliana Querubín, Natalia Andrea
Rodríguez Cifuentes, Natalia Giraldo Giraldo, Óscar D. Velásquez H., Paula Andrea
Avendaño Múnera, Pilar Alejandra Flórez Mejía, Rubí del Socorro Carla Bunzl
Sánchez19, Rubiela del Valle Puerta, Sandra Patricia Arcila Jiménez, Sandra
Patricia Cerón Salas, Tamara Carolina Castrillón Gaviria, Tatiana Margarita Ladrón
de Guevara Medina, Yeison Camilo Ruiz Arango, Sorayda Hincapié Cañas y a los
demás intervinientes dentro del proceso de nulidad simple radicado núm. 11001-03-
25-000-2024-00007-00, como terceros con interés.

21. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

22. Asimismo, por asistirles interés jurídico en el proceso, se ordenó vincular a las
personas participantes en el proceso de selección, en las modalidades de ascenso
y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal
perteneciente al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las
Superintendencias de la Administración Pública Nacional, denominado proceso de
selección núm. 2502 de 2023.

23. Por otro lado, se requirió a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la
Superintendencia de Notariado y Registro para que informaran de manera detallada
sobre la situación jurídica y administrativa actual de las señoras Ana Carolina
Castillo Álvarez, Laura Alejandra Rodríguez Hernández y Viviana Vanesa

10
Folio 14 ibid.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Hernández Núñez y, en particular, indicaran si con posterioridad a la sentencia del
24 de julio de 2026 han adelantado alguna actuación que pueda incidir en las
situaciones jurídicas de las mencionadas ciudadanas.

24. Finalmente, se ordenó a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que remitiera en calidad de préstamo y en medio digital el expediente del
proceso de nulidad simple radicado núm. 11001-03-25-000-2024-00007-00; y se
negó la medida provisional solicitada por la parte accionante.

Intervenciones

25. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) señaló que no tiene
legitimación en la causa por pasiva dentro del asunto de la referencia, puesto que
los trámites administrativos a cargo de la entidad van hasta la conformación y
firmeza de las listas de elegibles. De ese modo, indicó que la autoridad interesada
es quien debe finalizar el proceso con el respectivo nombramiento en período de
prueba, posesión y evaluación de dicho período, así como decidir las actuaciones
propias de la gestión del área de talento humano.

26. Con fundamento en lo anterior, expuso que “se encuentra acreditado que la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC actuó dentro del marco de sus
competencias constitucionales y legales, adelantando el Proceso de Selección No.
2502 de 2023 hasta la conformación y adopción de las respectivas listas de
elegibles y, posteriormente, autorizando el uso de estas cuando la Superintendencia
de Notariado y Registro reportó nuevas vacantes definitivas y se acreditaron los
requisitos técnicos para su procedencia. En particular, respecto de ANA CAROLINA
CASTILLO ÁLVAREZ y LAURA ALEJANDRA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, se
autorizó el uso de las listas en las posiciones correspondientes, mientras que
VIVIANA VANESA HERNÁNDEZ NÚÑEZ ocupa posición meritoria y ya se
encuentra nombrada. Por consiguiente, cualquier actuación posterior relacionada
con la escogencia de plaza, nombramiento, prórroga, posesión, evaluación del
período de prueba, revocatoria, derogatoria, declaratoria de vacancia o demás
situaciones administrativas de las accionantes corresponde a la Superintendencia
de Notariado y Registro, en su condición de entidad nominadora, sin que la CNSC
pueda intervenir, modificar u ordenar actuaciones propias de la administración de
personal”11.

27. En ese orden de ideas, solicitó que se declare su falta de legitimación en la
causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvincule de la presente acción de
tutela.

28. La ciudadana Jenny Tathiana Silva García, en calidad de participante del
Proceso de Selección núm. 2502 de 2023, pidió que se tenga en cuenta que existe
una situación jurídica y un interés concreto derivado de su participación y posición
en la lista de elegibles que podría verse afectado como consecuencia de una
decisión adoptaba dentro del asunto de la referencia.

11
Folio 8. Archivo “RESPUESTA ANA CAROLINA CASTILLO ÁLVAREZ, LAURA ALEJANDRA”,
ubicado dentro de la carpeta “119_119RECIBEMEMORIAL_RV_RESPUESTA20260643”.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

29. Por ello, consideró necesario precisar que cualquier determinación que
eventualmente incida sobre el proceso de selección y las listas de elegibles debe
ser adoptado con garantía de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al mérito, a la confianza legítima y al acceso a cargos públicos de los
demás participantes que obtuvieron sus resultados mediante el procedimiento de
selección.

30. Los ciudadanos Juan Mauricio Villa Ortiz, Liliana María Usuga Moná,
Homero Efraín Játiva Herrera, Adriana Cecilia Márquez Bustamante, Tamara
Carolina Castrillón Gaviria y Mario Hernando Valderrama Escudero, en calidad
de demandantes dentro del proceso de nulidad con radicación 11001-03-25- 000-
2024-00007-00, solicitaron que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia, por cuanto no se configuran ninguna de las causales específicas
de procedibilidad alegadas.

31. De manera subsidiaria, pidieron que se declare improcedente la petición de
amparo, puesto que la solicitud de aclaración presentada por las accionantes ante
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se encuentra
pendiente de resolución y constituye el mecanismo idóneo para precisar el alcance
del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 24 de julio de 2026.

32. La ciudadana Natalia Giraldo Giraldo, en su condición de interviniente dentro
del proceso de nulidad simple radicado núm. 11001-03-25-000-2024-00007-00,
manifestó que su informe no tiene como finalidad oponerse a la protección
constitucional que eventualmente pueda corresponder a las accionantes, ni
pretende desconocer el principio constitucional del mérito o los derechos de quienes
participaron y superaron el concurso. Contrario a ello, aduce que su finalidad es que
el principio de igualdad sea aplicado de manera integral.

33. De ese modo, sostiene que “[a]sí como las accionantes solicitan que sus
situaciones particulares sean valoradas de manera individual, solicito que mi
situación como servidora provisional y sujeto de especial protección constitucional
tampoco sea desconocida ni pueda resultar afectada de manera automática por una
decisión adoptada dentro de esta tutela. La protección constitucional debe
armonizar el principio del mérito con los derechos fundamentales de las personas
que se encontraban vinculadas en provisionalidad y que acreditaban condiciones
especiales de protección, tal como incluso lo reconoce el escrito de tutela objeto del
presente trámite”12.

34. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado aportó el enlace
de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad simple radicado
núm. 11001-03-25-000-2024-00007-00.

35. La Superintendencia de Notariado y Registro solicitó que declare
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

12
Folio 4. Archivo “098_98_MemorialWeb_Respuesta-1100103150002026”.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

36. En primer lugar, sostuvo que la sentencia del 24 de julio de 2026 no se encuentra
ejecutoriada, por lo que descartó la actualidad e inminencia del peligro alegado por
la parte demandante. En ese sentido, afirmó que mientras la providencia enjuiciada
no cobre firmeza, no existe título que habilite a la administración para desconocer
los actos administrativos particulares expedidos en desarrollo del proceso de
selección, los cuales se encuentran en firme, se presumen legales y son de
obligatorio cumplimiento, conforme lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 89 del
CPACA.

37. En segundo lugar, mencionó la solicitud de aclaración presentada por las
actoras, la cual está pendiente de resolver por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado desde el 12 de agosto de 2026 y cuyo objeto es
exactamente el que la presente acción de tutela plantea, es decir, que se precise el
alcance de la expresión “situaciones jurídicas no consolidadas”, contenida en la
parte resolutiva de la decisión.

38. Por último, instó a que, en caso tal el juez constitucional estime procedente el
estudio de fondo en el asunto de la referencia, se niegue el amparo pretendido frente
a esa entidad, por no serle atribuible acción u omisión constitutiva de vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados, y por no haberse acreditado
perjuicio irremediable que habilite el desplazamiento de los mecanismos ordinarios
de defensa judicial.

39. Pese a haber sido notificadas con observancia de lo ordenado en el auto del 19
de agosto de 2026, proferido por el despacho sustanciador, las demás partes no
rindieron informe. Sin embargo, sí se presentaron múltiples escritos de
coadyuvancia frente a las pretensiones planteadas por las accionantes, los cuales
se resumirán en el acápite a continuación.

Coadyuvancias

40. Los ciudadanos Adriana Leal Mantilla, Adriana Montero Salas, Ángela
Camila Rodríguez Tapia, Angélica María López García, Brayan Javier Restrepo
Gámez, Briyith Alejandra Narváez Criollo, Carmen Yanet Peñaranda Martínez,
Carina Yised Camargo Robles, Darío José Murgas Ospino, Deicy Omaira
Céspedes Gutérrez, Derly Yadira Romero Rodríguez, Diana Alejandra Murcia
Ruiz, Diana Fabiola Landaeta Tuay, Erica Mayerly Betancur Ruiz, Estefanía
Mejía Betancur, Fredy Alexander Gutiérrez Rojas, Gizet Astrid Estupiñán
Rojas, Humberto José Rodríguez Torres, Iván Mauricio Fonseca Farfán,
Johana Andrea Contreras Castellanos, Juan Rafael Ayazo Cárdenas, Karen
Daniela Beltrán Torres, Kelly Katherine Torres Colmenares, Lady Diana
Barbosa Moreno, Lady Milena Gutiérrez Torres, Laura Sofía Orjuela Fierro,
Leydi Xiomara Acevedo Arias, Lisseth Marcela Alvarado Piza, Luis Fernando
Peña Ibáñez, Luz Andrea Duarte Durán, María Angélica Sánchez Cardona,
María Eugenia Núñez Vega, Natali Ordóñez Trujillo, Nehuin Arboleda Murillo,
Paula Andrea Panqueba Cano, Ruth Smith Sánchez Bautista, Ximena Patricia
Sierra González, Yenni Yuliana Beltrán Chinome, Yenny Carolina Cifuentes
Ortiz y Yina Paola Zabalza Vega manifestaron que, con fundamento en el artículo
13 del Decreto 2591 de 1991 y en el auto del 19 de agosto de 2026, proferido por

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

esta Sala de Subsección, tienen interés legítimo para intervenir en el presente
asunto y coadyuvar la acción de tutela de la referencia.

41. En ese sentido, señalan que comparten los argumentos esenciales de la
demanda de amparo y respaldan las pretensiones formuladas en ella, dado que se
dirigen a obtener la protección constitucional frente a los efectos que puede producir
la sentencia del 24 de julio de 2026, dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad simple radicado
núm. 11001-03-25-000-2024-00007-00.

42. Finalmente, insisten en el deber de protección de los principios constitucionales
del mérito y confianza legítima, en atención a que para quienes han avanzado
dentro del proceso de selección, la situación no constituye una expectativa abstracta
o meramente hipotética, sino que, dependiendo la situación individual de cada
concursante, pueden existir resultados obtenidos, posiciones en listas de elegibles,
nombramiento, aceptaciones, posesiones, actuaciones administrativas y demás
circunstancias que hacen necesario que sus intereses sean considerados antes de
adoptar una decisión constitucional con efectos sobre el concurso.

43. Con fundamento en lo expuesto, plantean las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. Tenerme por presentada dentro de la presente acción de tutela
como tercero con interés legítimo.

SEGUNDO. Tener por presentada y admitir mi coadyuvancia a la acción de
tutela promovida por Ana Carolina Castillo Álvarez, Laura Alejandra
Rodríguez Hernández y Viviana Vanesa Hernández Núñez, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Tener en cuenta los argumentos expuestos en este escrito como
respaldo a las pretensiones y fundamentos de la acción de tutela,
particularmente aquellos relacionados con la protección del mérito, la
igualdad, la confianza legítima, el debido proceso, el acceso y desempeño
de cargos públicos y los demás derechos y principios constitucionales
invocados por las accionantes.

CUARTO. Al momento de adoptar la decisión de fondo, valorar el impacto
que la sentencia cuestionada y sus eventuales efectos puedan producir
sobre los participantes del Proceso de Selección No. 2502 de 2023, incluidos
quienes nos encontramos en diferentes situaciones jurídicas derivadas de
nuestra participación en el concurso.

QUINTO. En consecuencia, CONCEDER el amparo constitucional solicitado
por las accionantes, en los términos de las pretensiones formuladas en la
acción de tutela, como mecanismo para garantizar la protección efectiva de
los derechos fundamentales invocados y preservar el principio constitucional
del mérito frente a los efectos de la providencia judicial cuestionada”13.

44. El ciudadano Álvaro Hernando Forero Yepes respaldó íntegramente las
pretensiones de las accionantes. Expuso que, pese a que goza de una situación
jurídica consolidada dentro del concurso, considera que la sentencia del 24 de julio
de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de

13
Folio 4 de todos los archivos denominados “MODELO DE ESCRITO DE COADYUVANCIA A LA
ACCIÓN DE TUTELA”.

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Estado, amenaza la estructura misma de la carrera administrativa y del principio
constitucional al mérito, al desconocer las listas de elegibles de quienes superaron
el concurso de buena fe.

45. El ciudadano Armando Adolfo Alvarado Otálora coadyuvó la petición inicial e
indicó que el mérito debe ser defendido por quienes han construido sus expectativas
profesionales a través de un concurso público que no puede ser reducido a una
controversia particular.

46. Refiere que pretende “busca sumar mi voz a la de las accionantes para solicitar
que la protección constitucional pretendida sea analizada teniendo en cuenta
también a quienes participamos en el Proceso de Selección No. 2502 de 2023 y
podamos resultar afectados por la decisión que se adopte. El mérito debe ser
protegido para todos, inclusive por quienes participaron aceptando las reglas de
concurso y hoy deben ser desvinculados de la entidad, es una cuestión de saber
reconocer una pérdida con hidalguía”14.

47. La ciudadana Jesica María Mercado Vega intervino como tercera con interés
legítimo y coadyuvó la acción de tutela de la referencia. Respecto de su situación
actual en el proceso de selección en mención, precisó lo siguiente:

• Situación actual: Autorización Movilidad LE de fecha 5 de Agosto de
2026. Asimismo, con fecha 5 de agosto de 2026, la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC) informó mediante correo electrónico a la
Superintendencia de Notariado y Registro – Dependencia de Talento
Humano—, en ejercicio de las competencias previstas en la Ley 909 de 2004
y el Acuerdo CNSC No. 019 de 2024, la autorización del uso de la lista de
elegibles correspondiente a la OPEC No. 207314 (entre otras) para la
provisión de los empleos respectivos. En dicha comunicación se ratifica que
la participación en este proceso implicó el cumplimiento riguroso de las
diferentes etapas y reglas establecidas por las autoridades competentes, así
como la realización de esfuerzos personales, profesionales y económicos
encaminados a obtener un resultado basado exclusivamente en el mérito,
encontrándome debidamente integrada dentro de dicho listado. En
consecuencia, se deben adelantar de manera inmediata las acciones
necesarias para las comunicaciones pertinentes e iniciar el respectivo
proceso de vinculación y contratación con la entidad.

Por otro lado, la existencia de la acción de tutela con número de radicado
13001310900520260012000 (de fecha 11 de agosto de 2026), mediante la

14
Folio 5. Archivo “050_50_MemorialWeb_Otro-CoadyuvanciaTutela_2”.

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

cual una de las participantes del mismo proceso de selección de la OPEC
207314 solicita la revisión y anulación de su nombramiento por presunta
mala praxis, dicha solicitud no puede, bajo ningún motivo, menoscabar,
vulnerar o suspender mi derecho fundamental al mérito ni la posterior
asignación de plaza a la que tengo derecho.

Lo anterior, por cuanto todos quienes participamos y aprobamos el concurso
de méritos de la OPEC 207314 somos plenamente conscientes de las reglas
de asignación de plazas y de que las dieciséis (16) plazas ofertadas a nivel
nacional —distribuidas en Bogotá (3), Calarcá (1), Neiva (1), Corozal (1),
Dosquebradas (1), Tunja (3), Cartagena de Indias (1), Rionegro (1), Espinal
(1), Bucaramanga (2) y Sogamoso (1)— no corresponden necesariamente
al lugar donde cada elegible tiene consolidado su proyecto de vida. En
consecuencia, al integrarse la respectiva lista de elegibles, la
Superintendencia de Notariado y Registro se encuentra facultada
legalmente para ejercer la asignación de la plaza o, en su defecto, convocar
a audiencia pública de escogencia en estricto rigor del mérito.

Adicionalmente, como madre de dos hijos menores de dieciocho (18) años,
uno de ellos adolescente de once (11) años diagnosticado con Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y con condición de discapacidad permanente,
reconozco que un eventual traslado a otra ciudad o municipio impactaría
significativamente mi rol de madre cuidadora y presente en su red de apoyo
diario (terapias integrales, acompañamiento académico y actividades
extracurriculares de deporte y recreación indispensables para su proceso de
desarrollo interdisciplinario). No obstante lo anterior, manifiesto mi absoluto
compromiso con el principio constitucional del mérito, cumpliendo a
cabalidad con mi deber y aceptando la plaza que legalmente me sea
asignada, ya sea por disponibilidad o mediante el ejercicio de la opción de
escogencia en estricto orden de mérito, para posteriormente solicitar dentro
de los tiempos establecidos por la entidad la posibilidad de un traslado”15.

48. El ciudadano Guillermo Enrique Arellano Castillo presentó escrito de
coadyuvancia de la acción bajo estudio y recordó que la convocatoria es de estricta
observancia y genera un vínculo de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con el
artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Así, expuso que el aspirante habiéndose sujetado
al procedimiento, y habiendo adquirido el estatus de elegible, no podría verse
perjudicado por una eventual falla en la planeación, ni estar en el deber jurídico de
soportar las consecuencias de un fallo judicial, producto de un proceso judicial en el
que no tuvo participación.

49. En ese sentido, precisó que el Consejo de Estado debía entrar a definir si, desde
el interés general y los principios del Estado Social de Derecho, las falencias de
ritualidad encontradas tenían el alcance suficiente para invalidar el proceso de
selección y el derecho humano de acceso a la función pública de los elegibles.

50. El ciudadano Héctor Javier Huelgos Hernández radicó escrito de
coadyuvancia y dejó constancia expresa que su intervención no pretendía
desconocer la competencia del Consejo de Estado ni solicitar que una autoridad
administrativa ignore una sentencia judicial, sino que los efectos de la decisión del
24 de julio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, sean interpretados y aplicados conforme a lo que decidió la

15
Folios 2 y 3. Archivo “039_39_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-COADYUVANCIA_TUT
ELA_”.

13

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

providencia, especialmente lo relacionado con la precisión según la cual la nulidad
sólo puede afectar situaciones jurídicas no consolidadas.

51. De igual modo, frente a su situación particular solicitó:

“De manera respetuosa, y sin pretender convertir esta coadyuvancia en una
acción autónoma, solicito que al resolver la presente tutela se tenga
especialmente en cuenta que:

(1) mi lista se encontraba en firme desde el 12 de mayo de 2025;

(2) ocupaba la posición No. 12 con 90,49 puntos;

(3) la CNSC había determinado la existencia de cuatro vacantes de MISMO
EMPLEO;

(4) la CNSC había autorizado el uso de la lista para dichas vacantes el 17 de
junio de 2026;

(5) dicha actuación fue confirmada por la CNSC mediante oficio del 22 de julio
de 2026; y

(6) todos estos hechos antecedieron a la sentencia del 24 de julio de 2026.

En consecuencia, solicito que no se tenga mi situación como una mera
expectativa abstracta, sino que se valore como una situación concreta
derivada de actuaciones administrativas oficiales cuya incidencia frente a la
sentencia debe ser determinada”16.

52. La ciudadana Jenny Dahiana Romero Novoa intervino como tercera con
interés legítimo y coadyuvó la acción de tutela de la referencia. Respecto de su
situación actual en el proceso de selección en mención, precisó lo siguiente:

“• Situación actual: Me encuentro a la espera que la Superintendencia de
Notariado y Registro tome las medidas necesarias para surtir el trámite de
autorización ante la comisión nacional del servicio civil para movilidad de
lista en cuanto mi posición, toda vez que me encuentro en la posición Nº30
y a fecha de 05 de agosto 2026, surgió movilidad LE para la posición que
me precede, es decir para la posición 29, estando a la espera no solo que
sea expedido el acto administrativo de nombramiento para esa posición, sino
la movilidad de mi posición 30, teniendo en cuenta que logre establecer
comunicación de manera telefónica con el doctor JOSE ANGEL BONILLA
CONEO (posición 21) quien me manifestó que el día 05 de agosto de 2026
oficio a la entidad su decisión de NO POSESIONARSE al cargo, en igual
sentido establecí comunicación con la doctora MARCELA TORRES
HERNANDEZ (posición 23) quien me indico que el dia 20 de Agosto informo
a la entidad que TAMPOCO TOMARA POSESION del cargo. Motivo por el
cual solicite que estas novedades sean reportadas en pro de ser movida la
lista de elegibles y a consecuencia se efectué mi nombramiento de manera
expedita, como garantía a mi derecho fundamental al TRABAJO, AL
MINIMO VITAL y al ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

16
Folio 9. Archivo “020_20_MemorialWeb_Otro-COADYUVANCIA_TUTELA_”.

14

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Su señoría cabe la pena resaltar que la participación en este proceso implicó
el cumplimiento de las diferentes etapas y reglas establecidas por las
autoridades competentes, así como la realización de esfuerzos personales
como el que soporte por un periodo de mas (sic) de tres meses, donde me
vi obligada a llegar todos los dias (sic) después de una larga jornada laboral
como abogada en la ORIP de San Martin de los Llanos y mas (sic) de dos
horas de camino intermunicipal entre San martin Meta y Acacias mi lugar de
residencia, periodo en el que me dedique a estudiar hasta pasada la media
noche con el objetivo de poder pasar no solo la prueba escrita dentro del
concurso de méritos (sic), sino en obtener un resultado favorable que me
permitiera quedar inmersa en el acto administrativo con el que se constituyo
(sic)la lista de elegibles, y es asi (sic) su señoria (sic) que desde el año 2023
llevo abonando no solo mis esfuerzos personales sino profesionales y
económicos unicamente (sic) en busqueda (sic) de obtener un resultado
basado exclusivamente en el mérito”17.

53. El ciudadano Juan Sebastián Martínez Murcia coadyuvó la demanda de la
referencia y señaló que participó de buena de fe, confió en el Estado, cumplió
rigurosamente las condiciones establecidas y obtuvo su resultada a través del
mérito. Asimismo, indicó que “algunos tuvimos que renunciar a otras oportunidades
laborales; otros asumieron gastos y compromisos económicos; muchos se
desplazaron de sus lugares de origen y reorganizaron sus vidas con la expectativa
legítima de ingresar al servicio público. En mi caso, la decisión de aceptar el
nombramiento implicó desplazarme desde otro departamento y comenzar una
nueva etapa de vida en Bogotá. Por ello, lo que está en discusión no representa
simplemente la conservación de un puesto de trabajo: representa la estabilidad de
un proyecto de vida construido a partir de un concurso público en el que confié
legítimamente”18.

54. Debido a lo anterior, solicitó que cualquiera solución a la controversia tenga
como punto de partida la protección del mérito y la buena fe de quienes participaron
y que no se permita que un eventual error administrativo previo termine afectando
indiscriminadamente a todo el concurso y, con ello, a quienes ninguna
responsabilidad tuvieron en su origen.

17
Folio 3. Archivo “029_29_MemorialWeb_Otro-ESCRITOJENNYROMERO”.
18
Folio 8. Archivo “048_48_MemorialWeb_Otro-COADYUVANCIA_TUTELA_”.

15

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

55. La ciudadana Lisseth Yesenia Gómez Salazar intervino como tercera con
interés legítimo y coadyuvó la acción de tutela de la referencia. Respecto de su
situación actual en el proceso de selección en mención, precisó lo siguiente:

“Situación actual: Con derecho a que se efectúe el nombramiento, se
autorizó mi posición para que se nombrara con la anotación en el Banco de
Lista de Elegibles de MOVILIDAD ME/EE, por tanto, estoy a la espera de
que se emita el acto administrativo de nombramiento en periodo de
prueba y la posesión, según como se muestra en la siguiente imagen:

La participación en este proceso implicó el cumplimiento de las diferentes
etapas y reglas establecidas por las autoridades competentes, así como la
realización de esfuerzos personales, profesionales y económicos
encaminados a obtener un resultado basado exclusivamente en el mérito”19.

56. El ciudadano Mario Andrés Badillo coadyuvó la acción de tutela y reiteró los
argumentos relaciones con la protección del principio constitucional al mérito. De
igual modo, frente a su situación personal, indicó que “asumir el cargo en Medellín
implica trasladarme desde Neiva y separarme temporalmente de mi esposa y de mi
hija menor, quienes permanecerán allí mientras se dan las condiciones para nuestra
reunificación familiar. Es un sacrificio que estoy dispuesto a asumir porque este
nombramiento es el resultado de mi esfuerzo dentro de un proceso de selección
que cumplí de principio a fin, y porque ese traslado también me permitiría
reencontrarme con mi hija mayor, que vive en Medellín. Por eso mi posesión no es
solamente un logro profesional: es también un proyecto de vida familiar que llevo
más de un año construyendo”20.

57. La señora Rosa Marlen Paz Mateus señaló que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional consolidada y las directrices de la CNSC, la superación
del período de prueba con calificación satisfactoria otorga al funcionario el derecho
sustancial e irrevocable a la inscripción definitiva en el Registro Público de Carrera
Administrativa. En consecuencia, según afirmó, cualquier modulación o afectación
posterior de los efectos de la Convocatoria núm. 2502 de 2023 vulneraría de forma
flagrante sus derechos subjetivos adquiridos, el principio de seguridad jurídica y la
doctrina de los actos propios de la administración pública.

58. La ciudadana Sandra Patricia Osorio Guerrero coadyuvó la acción de tutela y
reiteró los argumentos relaciones con la protección de los principios constitucionales
al mérito y a la confianza legítima. De igual modo, frente a su situación personal,
indicó que “[c]omo consecuencia de mi nombramiento, debí trasladar mi residencia

19
Folio 2 y 3. Archivo “018_18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
LYGSCOADYUVANCIA_TU”.
20
Folio 5. Archivo “067_67_MemorialWeb_Alegatos-COADYUVANCIA_TUTELA_”.

16

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

desde la ciudad de Cartagena hacia Bucaramanga, dejando en aquella ciudad a mi
esposo, mis dos hijos menores de edad y toda mi red de apoyo familiar. Este cambio
implicó asumir costos económicos, personales y familiares derivados de una
mudanza intermunicipal, así como los gastos permanentes asociados al
sostenimiento de mi residencia en Bucaramanga y a los desplazamientos
necesarios para mantener el contacto y acompañamiento de mi núcleo familiar”21.

59. La ciudadana Tatiana del Socorro Castro Carrillo coadyuvó la acción de tutela
y reiteró los argumentos relaciones con la protección de los principios
constitucionales al mérito y a la confianza legítima.

60. De igual modo, frente a su situación personal, afirmó que es “una mujer de 50
años, que desde hace 7 años no cuento con un empleo fijo, ya que, por mi edad,
las empresas privadas NO me contratan, a pesar de mis muchos años experiencia,
razón por la cual empecé a participar en diversos concursos que se ofrecen en el
sector público, lo que implica preparación, estudio, actualización de normas,
procedimientos y compromiso. Para participar en este concurso de la
Superintendencia de Notariado y Registro, me esforcé mucho y logre ganarlo de
manera honesta y transparente, cumpliendo cada etapa del concurso que exigía el
MÉRITO, y aunque no demerito a los empleados provisionales que se encuentran
en estos momentos laborando en la entidad, considero que tampoco se debe quitar
el valor al mérito que nosotros, que nos encontramos fuera de la entidad y
participamos del concurso de manera transparente, nos merecemos, porque en el
derecho de la igualdad, ellos también tuvieron la oportunidad de participar en el
concurso, estudiar y superar las diferentes etapas, si lo hicieron y lo pasaron bien,
y si no lo superaron, deben aceptar el derecho al merito que tenemos, los que si lo
hicimos. Todos tenemos derecho al trabajo, constitucionalmente hablando, el
gobierno exige que los empleados públicos cumplan con ciertos requisitos, para
provisionales y para los nombramientos en propiedad, prevaleciendo siempre el
mérito que se exige en los cargos públicos”22.

61. La ciudadana Yolanda Libertad Rodríguez Cantillo coadyuvó la solicitud de
amparo y expuso que su participación en el proceso de selección implicó el
cumplimiento de las diferentes etapas y reglas establecidas por las autoridades
competentes, así como la realización de esfuerzos personales, profesionales y
económicos, encaminados a obtener un resultado basado exclusivamente en el
mérito.

62. Adujo que, con el propósito de acceder a un empleo de carrera administrativa
en la Superintendencia de Notariado y Registro adoptó una serie de decisiones de
carácter laboral, familiar, económico y personal que implicaron una transformación
significativa de las condiciones de vida que para ese momento tenía establecidas,
como renunciar al empleo que desempeñaba en la Institución Universitaria de Santa
Marta y trasladarse con su núcleo familiar para vivir en Bucaramanga.

21
Folio 4. Archivo “086_86_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-
COADYUVANCIA_TUTELA_”.
22
Folio 4. Archivo “043_43_MemorialWeb_Alegatos-CoadyuvanciaAccion”.

17

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

63. La ciudadana Yuliza Andrea Córdoba Valencia presentó escrito de
coadyuvancia, en el cual solicitó lo siguiente:
“1. PRIMERA: Se me reconozca formalmente a mi persona, YULIZA
ANDREA CORDOBA VALENCIA, la condición de TERCERA
INTERVENIENTE COADYUVANTE dentro de la presente acción de tutela
bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-06435-00.

2. SEGUNDA: Solicito respetuosamente que al momento de proferir el fallo
judicial de tutela, se dicten órdenes que protejan expresamente el principio
del mérito y garanticen que el proceso de selección y los futuros
nombramientos derivados de la lista de elegibles no se vean afectados ni
suspendidospor las pretensiones de nulidad o reclamaciones de la parte
accionante.

3. TERCERA: Se inste o conmine a la entidad nominadora competente a
efectos de que proceda con la notificación inmediata y efectiva de mi
resolución de nombramiento, evitando dilaciones injustificadas que sigan
vulnerando mi derecho fundamental al trabajo.

4. CUARTA: Se me corra traslado y se remita a mi dirección de correo
electrónico toda actuación, auto o providencia que se profiera en el marco
de este trámite”23.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

64. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

De las solicitudes de coadyuvancia

65. El inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que quien
tenga un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él para
respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad contra la cual se
dirige la acción de tutela. En concordancia con esta disposición, la jurisprudencia
constitucional ha entendido la coadyuvancia como la intervención de un tercero que,
por tener un interés personal en la suerte del proceso, comparte las reclamaciones
y argumentos formulados por una de las partes y se limita a manifestar su apoyo a
estos.

66. No obstante, dicha facultad de intervención no permite al coadyuvante formular
planteamientos autónomos que desborden el objeto de la acción. En efecto, en la
Sentencia SU-067 de 2022, la Corte Constitucional precisó que quien interviene en
calidad de coadyuvante tiene vedado realizar planteamientos distintos de aquellos
formulados por el demandante. De este modo, la coadyuvancia no constituye una
oportunidad para introducir hechos nuevos, pretensiones diferentes o argumentos
que modifiquen el objeto de la controversia sometida a conocimiento del juez de
tutela.

23
Folio 3. Archivo “068_68_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-PresentacionMemoria”.

18

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06435-00
Accionante: Ana Carolina Castillo Álvarez y otras
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

67. En el presente caso, las manifestaciones formuladas por quienes solicitan la
coadyuvancia no se circunscriben a respaldar las pretensiones y argumentos
planteados en la acción de tutela, sino que incorporan hechos y planteamientos
propios, que difieren de los expuestos por la parte actora. Por consiguiente, al
exceder el ámbito propio de la coadyuvancia y pretender ampliar los términos de la
controversia, no resulta procedente reconocer dicha intervención y la Sala centrará
su atención en los argumentos planteados por las tres accionantes que aquí se
revisan.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

68. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
disponer la parte accionante de otros medios de defensa dentro del ordenamiento
jurídico obtener las garantías de sus derechos dentro del proceso analizado?

69. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el trámite del medio de control
de nulidad simple radicado núm. 11001-03-25-000-2024-00007-00, incurrió en una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción, a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, al acceso efectivo
a la administración de justicia, al acceso y al desempeño de cargos públicos, “a la
carrera judicial” y al trabajo, y de los principios constitucionales de buena fe,
confianza legítima, mérito y seguridad jurídica de la parte accionante?

70. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

71. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200524, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

72. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar25: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela26, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de

24
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
25
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
26
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.

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Referencia: Acción de tutela

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional27 o el Consejo de Estado28,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP29; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable30 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela

73. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.

74. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.

75. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite la
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:

“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio

27
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
28
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
29
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
30
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Referencia: Acción de tutela

responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.

47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.31

Caso concreto

76. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto se incumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.

77. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política,
así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 199132 precisan el carácter subsidiario
de la acción de tutela, puesto que ésta sólo es procedente cuando no se dispone de
otro medio de defensa judicial.

78. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, a la
igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, al acceso efectivo a la
administración de justicia, al acceso y al desempeño de cargos públicos, “a la
carrera judicial” y al trabajo, y de los principios constitucionales de buena fe,
confianza legítima, mérito y seguridad jurídica, presuntamente vulnerados por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del trámite del
medio de control de nulidad radicado núm. 11001-03-25-000-2024-00007-00. En
ese sentido, la parte actora solicita la protección de las situaciones jurídicas
derivadas del concurso de méritos y de las actuaciones administrativas producidas
durante su ejecución.

79. No obstante, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que el 12 de agosto de 2026, las accionantes presentaron solicitud de
aclaración dentro del medio de control de nulidad simple, en el cual se plantearon
los mismos términos que en el presente asunto. Ello, relacionado con el numeral
segundo de la sentencia del 24 de julio de 2026 y la expresión “[l]a anterior
declaración de nulidad solo puede afectar situaciones jurídicas no consolidadas”.

80. Asimismo, de acuerdo con la información consignada en el aplicativo de gestión
SAMAI, se tiene que la solicitud en mención se encuentra actualmente en trámite

31
Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.
32
“ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).

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ante la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso radicado núm. 11001-03-25-000-2024-00007-00, donde ingresó a
despacho el 12 de agosto de 202633.

81. En este punto, la Sala precisa que la coincidencia entre la solicitud de aclaración
y la acción de tutela no supone que exista identidad literal entre todas las
pretensiones formuladas en uno y otro trámite. Lo relevante para el análisis de
subsidiariedad es que el núcleo del reproche que sustenta la petición de amparo
ya fue sometido al conocimiento del juez natural: determinar el alcance de la
expresión “la anterior declaración de nulidad solo puede afectar situaciones jurídicas
no consolidadas”, incorporada en el numeral segundo de la sentencia del 24 de julio
de 2026, precisamente frente a las situaciones particulares que las accionantes
afirman haber adquirido durante el desarrollo del concurso. En efecto, la demanda
de tutela cuestiona que la sentencia no haya fijado parámetros suficientes para
determinar cuáles situaciones se encuentran consolidadas y cuáles no, mientras
que la solicitud pendiente persigue que la propia Subsección A de la Sección
Segunda precise el alcance de esa misma regla decisoria.

82. Además, esa solicitud constituye un instrumento procesal específicamente
previsto para obtener un pronunciamiento sobre la cuestión que origina la
inconformidad. De conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso,
aplicable a los procesos contencioso-administrativos por remisión del artículo 306
del CPACA, la aclaración procede cuando la sentencia contiene conceptos o frases
que ofrecen verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en su parte
resolutiva o influyan en ella. En este caso, la expresión cuya indeterminación
cuestionan las accionantes —situaciones jurídicas no consolidadas— forma parte
expresa del numeral segundo de la sentencia, de modo que corresponde, en primer
término, al juez que profirió esa providencia establecer si la fórmula empleada
requiere aclaración y, de ser así, precisar su alcance dentro de los límites propios
de ese mecanismo.

83. La Sala no desconoce que la aclaración no permite revocar, reformar o ampliar
la decisión adoptada, ni constituye una nueva oportunidad para reabrir el debate
jurídico resuelto en la sentencia. Precisamente por ello, el juez constitucional no
puede anticipar que ese mecanismo será insuficiente antes de que la Subsección
competente determine si la expresión cuestionada ofrece verdadero motivo de duda
y defina, dentro del ámbito de sus atribuciones, el alcance de la regla que ella misma
incorporó en la parte resolutiva. El Consejo de Estado ha señalado que la aclaración
está destinada a esclarecer conceptos o frases que admitan diversos
entendimientos, sin modificar lo decidido; por consiguiente, mientras esa solicitud
se encuentre pendiente, corresponde permitir que sea el juez natural quien
determine primero el sentido y alcance de su propia decisión.

84. Tampoco altera esta conclusión que algunas de las pretensiones de tutela estén
dirigidas a obtener órdenes específicas frente a la Comisión Nacional del Servicio
Civil y la Superintendencia de Notariado y Registro. Tales solicitudes parten de la
premisa de que la expresión utilizada en la sentencia podría conducir a que esas

33
Índice 76, 77 y 78 de Samai. Expediente digital del proceso ordinario.

22

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autoridades desconozcan automáticamente las situaciones particulares de las
accionantes; sin embargo, según lo acreditado en el expediente, la sentencia aún
no se encuentra ejecutoriada, la solicitud de aclaración continúa pendiente y no se
identifica una actuación administrativa definitiva mediante la cual se hubiese
concretado esa consecuencia. En esas condiciones, la tutela no puede emplearse
para anticipar simultáneamente el sentido de la decisión que adopte el juez natural
sobre la aclaración y las eventuales actuaciones administrativas que posteriormente
puedan expedirse en cumplimiento de la sentencia, máxime cuando estas últimas,
si llegaren a materializar una afectación concreta de derechos fundamentales,
deberán ser controvertidas mediante los mecanismos jurídicos que resulten
procedentes en atención a su contenido y efectos.

85. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita
un pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado, en la medida en que la parte
accionante dispone de medios de defensa idóneos y eficaces previstos en el
ordenamiento jurídico vigente y la sentencia del 24 de julio de 2026 aún no se
encuentra siquiera en firme. En efecto, las pretensiones que se formulan en sede
de tutela también fueron planteados ante el juez de lo contencioso administrativo,
autoridad competente para conocer y resolver este tipo de controversias, y este no
ha emitido aún un pronunciamiento de fondo, lo cual impide que la acción
constitucional sea utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo de las
acciones ordinarias existentes.

86. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

87. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable34
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues la parte
accionante cuenta con otros medios judiciales idóneos y eficaces para la protección
del derecho que considera vulnerado. En consecuencia, mientras dichos
mecanismos se encuentran disponibles, la acción de tutela no puede sustituirlos ni
anticipar su resultado, sin que ello implique una afectación actual o definitiva de los
derechos fundamentales invocados.

88. Así, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente, puesto que la parte actora no señala la
existencia de una amenaza inmediata a sus garantías fundamentales. Tampoco se
acredita un daño grave, en la medida en que la controversia tiene un contenido legal,

34
Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.

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dado que se cuestionan unas decisiones que actualmente son objeto de estudio por
parte del juez de lo contencioso administrativo.

89. De igual forma, no se evidencia una situación de urgencia, pues lo pretendido
en sede constitucional puede ser solicitado y resuelto dentro de los trámites
judiciales correspondientes, ni se configura una condición impostergable, ya que la
parte accionante no demostró que la espera derivada del agotamiento de dichos
medios le ocasione un perjuicio definitivo o irreversible que haga necesaria la
intervención inmediata del juez constitucional.

90. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta Sala
declarará improcedente la acción de tutela presentada por las ciudadanas Ana
Carolina Castillo Álvarez, Laura Alejandra Rodríguez Hernández y Viviana Vanesa
Hernández Núñez, en nombre propio, contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por las
ciudadanas Ana Carolina Castillo Álvarez, Laura Alejandra Rodríguez Hernández y
Viviana Vanesa Hernández Núñez, en nombre propio, contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

24

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