Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06446-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06446-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06446-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: ANDERSON ALFREDO GÓMEZ DÍAZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL: no se satisfacen los requisitos
de relevancia constitucional. Se busca reabrir un debate concluido y no se cumple con la
carga argumentativa suficiente de tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 instaurada por el señor
Anderson Alfredo Gómez Díaz, en nombre propio, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 12 de agosto de 2026, la parte actora presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Nariño por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.
3. El bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 240-2682, ubicado
en el municipio de Pasto, fue adquirido por el señor Néstor Peregrino Noguera por
medio de remate judicial. Este acto se inscribió en la anotación 21 del folio de
matrícula inmobiliaria el 26 de junio de 2009 y el señor Néstor Peregrino Noguera
quedó como titular del derecho de dominio sobre el inmueble. Posteriormente, el 24
de marzo de 2011, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto (ORIP)
corrigió la anotación 21 del folio de matrícula inmobiliaria y registró como titular del
derecho de dominio al señor Oscar Román Meneses Moncayo.
4. Con fundamento en la anterior anotación registral, el 25 de octubre de 2012,
mediante la escritura pública 3941 de la notaría tercera de Pasto, el señor Oscar
Román Meneses Moncayo celebró un contrato de mutuo con el señor Anderson
Alfredo Gómez Díaz, para lo cual constituyó hipoteca abierta de primer grado por la
1
Que ingresó al despacho para fallo el 7 de septiembre de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
suma de $30.000.000 por un término de un año a favor del señor Anderson Alfredo
Gómez Díaz. Este negocio se inscribió en la anotación 22 del folio de matrícula del
inmueble. El 5 de marzo de 2013, mediante la escritura pública 567 de la notaría
tercera de Pasto, el señor Oscar Román Meneses Moncayo amplió la hipoteca en
$10.000.000 a favor de Anderson Alfredo Gómez Díaz. Lo anterior se inscribió en la
anotación 23 del folio de matrícula del inmueble.
5. El 19 de julio de 2014, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto
realizó una nueva corrección a la anotación 21 del folio de matrícula y restableció
como titular del derecho de dominio al señor Néstor Peregrino Noguera.
Posteriormente, mediante la Resolución 119 del 19 de octubre de 2015, la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos dejó sin validez las anotaciones 22 y 23
correspondientes a la hipoteca y su ampliación, pues dichos gravámenes se
constituyeron por una persona que no tenía la titularidad del derecho real de
dominio. Frente a esta resolución, el señor Anderson Alfredo Gómez Díaz interpuso
recursos de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron negados
mediante la Resolución 12766 de 2016.
6. En vista de lo anterior, los señores Anderson Alfredo Gómez Díaz, Sara Díaz de
Gómez, Shirley Gómez Díaz y Diana Lorena Díaz interpusieron el medio de control
de reparación directa contra la Superintendencia de Notariado y Registro.
7. El trámite correspondió al Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto (radicado núm. 52001-33-33-002-2017-00151-00). Mediante
sentencia del 19 de junio de 2025, dicha autoridad judicial accedió parcialmente a
las pretensiones. Como fundamento de su decisión, realizó una valoración de las
pruebas obrantes en el expediente y concluyó que, por solicitud de un tercero, la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos removió al propietario Néstor
Peregrino Noguera del folio de matrícula de manera injustificada. Argumentó que
esta solicitud de corrección era inadmisible de acuerdo con el artículo 37 del Decreto
1250 de 1972, en tanto no era el propietario del inmueble y era necesario guardar
copia del título en el archivo. Señaló que, con fundamento en la seguridad que
brindó el certificado de libertad y tradición, el señor Anderson Alfredo Gómez Díaz
celebró dos contratos de préstamo con el señor Oscar Román Meneses Moncayo,
los cuales fueron garantizados con dos hipotecas de primer grado sobre el
inmueble. Posteriormente, la ORIP intentó corregir el error en la titularidad del señor
Néstor Peregrino Noguera, así como las anotaciones relacionadas con las
hipotecas. Sin embargo, ese intento dejó sin garantía real al señor Anderson Alfredo
Gómez Díaz. Indicó que la obligación debió ser asumida por el deudor, Oscar
Román Meneses Moncayo, pero no obraba documento alguno que acreditara que
aquel hubiera pagado y dicha prueba correspondía a la demandada.
8. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, el cual correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño. Mediante
sentencia del 22 de mayo de 2026, la autoridad judicial revocó la decisión del a quo.
El tribunal valoró el material probatorio y concluyó que estaba probado que el señor
Anderson Alfredo Gómez Díaz quedó desprovisto de garantías reales cuando la
ORIP canceló la inscripción de las hipotecas sobre el inmueble. Igualmente,
consideró probado que el deudor Oscar Román Meneses Moncayo dejó de pagar
los intereses de la obligación.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
9. Frente a ese marco fáctico, se preguntó si era posible acreditar un daño
antijurídico y si se habían aportado los medios de convicción suficientes. Aceptó
que existieron irregularidades en la prestación del servicio registral, pero por sí solas
estas no permitían dar cuenta de un daño antijurídico. En efecto, la hipoteca es un
derecho real accesorio que se constituye para asegurar que se cumpla con una
obligación principal. Esto permite que el inmueble permanezca en el patrimonio del
deudor y que, en caso de que la obligación no se satisfaga, el acreedor pueda
perseguir el bien con preferencia sobre otros acreedores. No obstante, lo anterior
no opera de manera automática y la garantía no se traduce por sí sola en el pago
de la obligación. Para ello, es indispensable que el acreedor interponga las
correspondientes acciones (proceso ejecutivo hipotecario o proceso ejecutivo
singular).
10. En esa medida, el tribunal consideró que el actor no demostró haber promovido
proceso judicial alguno para obtener el pago de la deuda durante la vigencia de la
hipoteca o posteriormente. Consideró que la cesación de pagos se dio antes de que
la ORIP eliminara las hipotecas del folio de matrícula, por lo que el accionante
dispuso de tiempo para ejecutar con las garantías reales. Por otro lado, señaló que,
para que la cancelación de la hipoteca se tradujera en un daño, era necesario que
se probara que la garantía era jurídica y económicamente apta para satisfacer el
crédito y que su desaparición frustró una posibilidad de cobro. No obstante, el daño
permaneció en el ámbito de lo hipotético, pues no fue posible acreditar si el crédito
era recuperable, si la garantía era eficaz y suficiente, o si la pérdida obedeció en
realidad al incumplimiento del deudor y no a la actuación administrativa.
Pretensiones
11. En el presente proceso de tutela, el demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERO: Amparar y tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso (Art. 29 CP) y al acceso a la administración de justicia (Art.
229 CP), los cuales fueron gravemente vulnerados por el Honorable
Tribunal Administrativo de Nariño al incurrir en los defectos fáctico,
procedimental, indebida motivación y exceso ritual manifiesto.
SEGUNDO: Dejar sin efectos jurídicos la providencia de fecha 22 de
mayo del 2026, proferida en segunda instancia por el Honorable
Tribunal Administrativa o de Nariño dentro del proceso judicial con
radicado número 2017-151 (16488), demandante Anderson Gómez,
demandado La Superintendencia de Notariado y registro.
TERCERO: Ordenar a la corporación accionada que en un tiempo
prudencial, proceda a dictar un nuevo fallo de segunda instancia en el
cual valore de manera íntegra el acervo probatorio y las normas que
regulan los contratos, las obligaciones y el procedimiento ejecutivo e
hipotecario, reconociendo así el daño patrimonial y moral. Además, se
ordene no condenar en costas con fundamento en que la demanda
administrativa se originó de manera exclusiva por los errores
registrales imputables a la Oficina de Instrumentos Públicos de
Pasto”2.
2
Ver archivo “003_3ED_tutelaandervstribuna”, pág. 11. La Sala observa que estos defectos
alegados por el actor se pueden encausar en un defecto sustantivo.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La parte accionante argumentó que la demanda supera los requisitos generales
de tutela contra providencia judicial. Además, sostuvo que se configuró un defecto
fáctico, por indebida valoración de las siguientes pruebas: (i) Folio de matrícula
inmobiliaria núm. 240-2682, que acreditaba la existencia y validez formal inicial de
los gravámenes, la aptitud jurídica de las hipotecas, la certeza del valor de la
obligación y la aptitud económica del inmueble para garantizar la deuda; (ii)
certificado de libertad y tradición expedido el 11 de abril de 2018, que probaba la
declaración expresa de la invalidez registral de las hipotecas por parte de la ORIP
y la imposibilidad de acceder a un proceso ejecutivo, al invalidar las anotaciones 22
y 23 que contenían las hipotecas; (iii) escritura hipotecaria núm. 3941 y 567, que
daba cuenta de la existencia y onerosidad del contrato de mutuo, la cuantía real del
detrimento por $40.000.000 y la ilicitud sustancial del negocio por configurar vicios
del consentimiento; (iv) formulario de calificación registral, que acreditaba la
radicación, control de legalidad y perfeccionamiento de la hipoteca; (v) derecho de
petición del 3 de junio de 2016, que probaba la falta de lealtad procesal de la oficina,
que entregó información fragmentada de los antecedentes del folio de matrícula; (vi)
oficio núm. 513 del Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito Judicial de Pasto, que
daba cuenta de la suficiencia económica de la hipoteca sobre el inmueble para
garantizar la deuda, pues fue adjudicado en pública subasta por valor de
$49.185.000, y (vii) resoluciones núm. 119 de 2015 y 12766 de 2016, las cuales
acreditaban la consumación del daño al declarar formalmente la invalidez del
registro.
13. Igualmente, el actor argumentó que se configuró un “[d]efecto procedimental y
falsa motivación”3, pues el tribunal reprochó al demandante por no agotar un
proceso ejecutivo, lo cual vulneró, en su opinión, los siguientes artículos del Código
Civil: (i) artículo 1519, pues el objeto del contrato de mutuo era ilícito; (ii) artículo
1742, ya que la nulidad absoluta es de orden público y debe ser declarada por el
juez aun sin petición de parte; (iii) artículos 2439 y 2452, debido a que el tribunal
exigió una acción ejecutiva sobre una garantía que era inexistente por recaer sobre
un bien ajeno; (iv) artículos 768, 1524, 1603 y 1622, pues el contrato es una unidad
indivisible, se destruyó la causa real y lícita de aquel y se vulneró la buena fe, por lo
que es imposible estructurar una obligación personal quirografaria. Así mismo,
argumentó que la decisión del tribunal desconoció los siguientes artículos del
Código General del Proceso debido a que el título crediticio era inejecutable, pues
adolece de falsedad ideológica, no es claro, ni exigible: (i) artículo 422, el cual exige
que las obligaciones demandadas sean claras, expresas y exigibles, lo cual, a su
juicio, no se cumple en el presente caso; (ii) artículo 430, pues el juez civil debe
revisar de oficio el título y negar el mandamiento ejecutivo cuando no esté
configurada la obligación, y (iii) artículo 11, ya que el juez debe considerar que el
objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la
ley sustancial. El actor también consideró que el tribunal desconoció el Código Penal
y la sentencia C-283 de 2021, pues existía una posible conducta penal, al alterar
ideológicamente un documento.
3
Ibid. pág. 10.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
14. Finalmente, el demandante consideró que la autoridad judicial violó la
Constitución. En efecto, el artículo 6° establece que los servidores públicos son
responsables por infringir la Constitución Política, las leyes y por la omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En el presente caso, la ORIP
desbordó sus atribuciones y omitió los procedimientos legales imperativos para la
modificación del certificado de tradición; además, modificó de manera simple las
anotaciones en el folio de matrícula sin mediar una actuación formal y sin notificar
al legítimo titular. También argumentó que se configuró un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, pues la autoridad judicial exigió acudir a un trámite
impracticable por la supresión del gravamen hipotecario y el vicio del contrato.
Trámite procesal
15. Por medio de auto del 18 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Nariño. Igualmente, dispuso la vinculación del Juzgado Segundo (2°) Administrativo
del Circuito Judicial de Pasto, a la Nación – Superintendencia de Notariado y
Registro, al Ministerio Público, a los ciudadanos Sara Díaz de Gómez, Shirley
Gómez Díaz, Diana Lorena Díaz y a los demás intervinientes dentro del proceso de
reparación directa con radicado núm. 52001-33-33-002-2017-00151-
00/01/02/03/04/05/06. Entre otras decisiones.
Intervenciones
16. El despacho de la magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón del
Tribunal Administrativo de Nariño solicitó no acceder a las pretensiones.
Respecto de lo formal, argumentó que el actor no probó un perjuicio irremediable y
que buscó convertir la tutela en otra instancia porque no le fue favorable. Respecto
de los aspectos de fondo, afirmó que en el proceso se respetaron todas las
garantías procesales del actor, se decretaron, practicaron y valoraron las pruebas.
Por ello, no hubo vulneración de los derechos que invoca el demandante.
Argumentó que la decisión no se basa en normas abiertamente inaplicables, ni
presenta defectos en la evaluación de los hechos.
17. El Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
señaló que las pretensiones del actor son contrarias a la autonomía e independencia
judicial y la tutela no supera los requisitos de procedibilidad.
18. Pese a haber sido notificadas en debida forma4, las demás partes guardaron
silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
4
Véase índices 7, 8, 20 y 30 de Samai.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
20. De conformidad con lo expuesto, la Sala entiende que el problema jurídico se
circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad contra providencias judiciales, en particular, el de relevancia
constitucional. Al respecto, la Subsección estudiará si el cargo de defecto fáctico
busca reabrir un debate probatorio que fue agotado en el proceso ordinario; si los
reproches sobre el defecto sustantivo y el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto plantean una cuestión estrictamente legal sobre la relación entre la
eliminación de una garantía real hipotecaria y la posibilidad de ejecutar un crédito,
y si el cargo por violación directa de la constitución cumplió con una carga
argumentativa mínima.
21. La Sala advierte que, de acuerdo con la parte actora, la decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño incurrió en un defecto procedimental y en falsa motivación,
por exigirle agotar un proceso ejecutivo, lo cual desconoció normas del Código Civil,
Código General del Proceso y Código Penal. Este reproche será encauzado como
un defecto sustantivo, toda vez que se trata de un desconocimiento de normas de
carácter legal.
22. De superar el análisis de las causales generales de procedencia, la Sala
establecerá si la autoridad accionada, mediante la providencia del 22 de mayo de
2026, incurrió en: (i) un defecto fáctico, por indebida valoración del folio de matrícula
inmobiliaria núm. 240-2682, el certificado de tradición y libertad del 11 de abril de
2018, las escrituras hipotecarias núm. 3941 y 567, el derecho de petición del 3 de
junio de 2016, el oficio 513, el formulario de calificación registral, las resoluciones
núm. 119 de 2015 y 12766 de 2016; (ii) defecto sustantivo, por el desconocimiento
del Código Civil (artículos 768, 1519, 1524, 1603, 1622, 1742, 2439 y 2452), Código
General del Proceso (artículos 11, 422 y 430) y Código Penal; (iii) violación directa
de la Constitución, por desconocimiento del artículo 6°, y (iv) defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, por exigir un trámite inviable e impracticable.
23. Para contestar los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Conforme con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
20055, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el
actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que
concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
5
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
25. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Caso concreto
26. Realizada la anterior exposición, la Sala abordará el caso concreto, en el cual
estudiará el requisito de relevancia constitucional.
Relevancia constitucional
27. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para
identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia
constitucional en el evento en el que pretende reabrir el debate12, a saber: (i) la
discusión debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o
económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre en el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o que tenga una
trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la
6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente
legales.
28. En ese sentido, según la jurisprudencia constitucional, un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”13.
29. A continuación, la Sala estudiará el requisito de relevancia constitucional
respecto de los diferentes defectos que alegó el actor.
30. Defecto fáctico: en su escrito, la parte actora alegó que la autoridad judicial
incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración del folio de matrícula
inmobiliaria núm. 240-2682, el certificado de tradición y libertad del 11 de abril de
2018, las escrituras hipotecarias núm. 3941 y 567, el formulario de calificación
registral, el derecho de petición del 3 de junio de 2016, el Oficio núm. 513 del
Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Pasto y las Resoluciones núm. 119 de
2015 y 12766 de 2016. A juicio del demandante, esos elementos acreditaban la
existencia y validez inicial de las hipotecas, la suficiencia económica del inmueble
para garantizar el crédito, las irregularidades en la actuación registral y la posterior
eliminación de los gravámenes. Sin embargo, tales planteamientos no evidencian,
por sí mismos, una cuestión de relevancia constitucional, pues están dirigidos a
controvertir el alcance probatorio que el Tribunal atribuyó a los hechos y
circunstancias acreditados en el proceso para establecer la existencia del daño
antijurídico, asunto que corresponde al juez natural y que no puede reabrirse
mediante la acción de tutela como una instancia adicional.
31. En particular, la autoridad judicial demandada tuvo por acreditado el supuesto
fáctico central al que se refiere el oficio número 513 del Juzgado Primero Civil del
Circuito Judicial de Pasto, esto es, que el inmueble había sido objeto de un proceso
ejecutivo hipotecario y que su dominio fue adquirido por Néstor Peregrino Noguera
como cesionario de los derechos derivados del remate. En esas condiciones, el
planteamiento del accionante se dirige a atribuir a esa circunstancia un alcance
adicional, pues sostiene que el valor por el cual fue adjudicado el inmueble permitía
demostrar la suficiencia económica de la garantía para satisfacer el crédito. Así, su
reproche expresa una discrepancia acerca de la inferencia probatoria que debía
extraerse de los elementos obrantes en el expediente para establecer si la garantía
era económica y jurídicamente apta y, en consecuencia, si su cancelación produjo
un daño antijurídico cierto. Esa controversia corresponde al juicio probatorio
efectuado por el juez natural y no adquiere relevancia constitucional por la sola
circunstancia de que el accionante proponga una conclusión diferente.
32. Asimismo, al igual que lo que manifiesta el tutelante, el Tribunal Administrativo
de Nariño encontró probado que se celebró un contrato de mutuo entre los señores
13
Ibidem.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Anderson Alfredo Gómez Díaz y Oscar Román Meneses Moncayo, el cual se
garantizó con hipotecas que recayeron sobre el inmueble con folio de matrícula
núm. 240-2682. Además, la autoridad judicial señaló que hubo irregularidades por
parte de la ORIP, la cual, en primer lugar, cambió el titular real registrado en el folio
de matrícula y, en segundo lugar, en un intento de subsanar esa irregularidad, volvió
a registrar al verdadero propietario y eliminó los gravámenes que recaían sobre el
inmueble. Ello dejó el contrato de mutuo sin una garantía real.
33. Ahora bien, pese a que los hechos que el tribunal encontró probados son
similares a los que el demandante alegó, sus conclusiones fueron diferentes
respecto al alcance de estos para configurar el daño. En efecto, la autoridad judicial
consideró que el mero hecho de que se hubiera retirado el gravamen sobre el
inmueble no daba cuenta de la existencia del daño. El tribunal sostuvo que la
hipoteca es un derecho real accesorio al contrato de mutuo y, en el presente caso,
el demandante no acreditó haber iniciado un proceso ejecutivo antes o después de
que el gravamen fuera retirado por la autoridad registral. Además, señaló que la
cesación de pagos del deudor se dio antes de que la ORIP eliminara las hipotecas
del folio de matrícula, por lo que el actor tuvo tiempo para ejecutar las garantías
reales vigentes. Por otro lado, para que la eliminación de las hipotecas configurara
un daño, era necesario acreditar que efectivamente el crédito no era recuperable y
que la garantía era eficaz y suficiente. A juicio del tribunal, ello no fue probado, toda
vez que el actor no acudió al aparato judicial.
34. Frente a lo anterior, es evidente que la discrepancia del actor radica en una
inconformidad respecto del alcance de los hechos probados y si configuran o no un
daño antijurídico. Esta no es una cuestión que corresponda al juez de tutela, sino al
juez contencioso administrativo. Considerar lo contrario desbordaría la competencia
del juez constitucional. Además, la tutela no es el escenario para reabrir un debate
probatorio que se surtió de manera amplia en el proceso ordinario. Por ello, la
pregunta relativa a si, en el presente caso, la mera eliminación de las garantías
reales constituyó o no un daño antijurídico que el actor no está obligado a soportar
es un debate que carece de relevancia constitucional. En conclusión, la Sala
declarará improcedente este defecto.
35. Defecto sustantivo y defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: La Sala
advierte que el defecto sustantivo y el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto expuestos por el actor comparten un núcleo argumentativo. En efecto,
ambos se centran en la imposibilidad de iniciar un proceso ejecutivo después de
que se eliminaron las garantías reales del contrato de mutuo. Por ello, ambos
defectos serán estudiados de manera conjunta.
36. El actor argumentó que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto
sustantivo por el desconocimiento del Código Civil (artículos 768, 1519, 1524, 1603,
1622, 1742, 2439 y 2452), Código General del Proceso (artículos 11, 422 y 430) y
Código Penal. Respecto al Código Civil, señaló que un vicio sobre un contrato de
mutuo como el que ocurrió en el presente caso afecta el negocio con nulidad
absoluta, vicio que es de orden público y debe ser declarado por el juez aun sin
petición de parte. A partir de estas normas, también argumentó que una garantía
que recae sobre un bien ajeno es inexistente. Además, señaló que, en un caso en
el que el título está viciado, como según él ocurre en el presente su situación, es
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
imposible estructurar una obligación personal quirografaria. Frente al Código
General del Proceso, argumentó que el título crediticio (contrato de mutuo) era
inejecutable, pues adolece de falsedad ideológica. Además, los títulos ejecutivos
deben contener una obligación clara, expresa y exigible, y el juez está obligado a
verificar la idoneidad del título. Señaló también que el presente caso puede
involucrar una conducta penal, que es la falsedad ideológica de un documento
público. En conclusión, el actor concluyó que en el asunto bajo examen no era
posible adelantar un proceso ejecutivo para obtener el pago del crédito, toda vez
que la falsedad ideológica vició tanto las garantías reales como el contrato de
mutuo. En esa medida, la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo y en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por exigir acudir a un trámite
impracticable.
37. Respecto a este asunto, el Tribunal Administrativo de Nariño sostuvo que una
hipoteca es un derecho real accesorio, por lo que su eliminación no impide iniciar
un proceso ejecutivo. Sostuvo que, en el presente caso, aunque la ORIP eliminó la
garantía real, todavía subsiste la posibilidad de procurar su cobro por las vías
ordinarias. Por ello, concluyó que la parte no demostró que hubiera intentado iniciar
un proceso ejecutivo antes o después de que se eliminaran las hipotecas. Así pues,
estimó que no quedó demostrada la configuración de un daño antijurídico.
38. Frente a esta discusión, la Sala advierte que se trata de una cuestión de carácter
estrictamente legal, la cual no corresponde al juez constitucional. En efecto,
determinar si la eliminación de un derecho real accesorio vicia el contrato
garantizado y, por tanto, el título ejecutivo, es un asunto que corresponde a los
jueces de la causa. Por ello, el presente asunto no reviste especial relevancia
constitucional, pues más allá de alegar la vulneración sobre el contenido de un
derecho fundamental, presenta una inconformidad normativa sobre la interpretación
de la autoridad judicial sobre el alcance de la eliminación de una garantía real para
efectos de iniciar un proceso ejecutivo. Por ello, la Subsección declarará la falta de
relevancia constitucional sobre este defecto.
39. Violación directa de la Constitución: Respecto a este defecto, el actor manifestó
que el artículo 6° de la Constitución Política establece que los servidores públicos
son responsables por infringir la Constitución, las leyes y por la omisión o la
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, señaló que la ORIP
desbordó sus atribuciones y omitió procedimientos imperativos para la modificación
del certificado de tradición. Además, modificó de manera simple las anotaciones del
folio de matrícula sin mediar una actuación formal y sin notificar al legítimo titular.
40. La Sala encuentra que este alegato tampoco supera el requisito de relevancia
constitucional. En efecto, si bien el actor sostiene que la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos desbordó sus competencias y desconoció el artículo 6° de la
Constitución, no logra mostrar por qué ello sería determinante para el sentido del
fallo del Tribunal Administrativo de Nariño. En efecto, esta autoridad judicial no negó
la existencia de anomalías en la actuación registral. Por el contrario, reconoció
expresamente que se presentaron irregularidades en la prestación del servicio. Sin
embargo, concluyó que esto no era suficiente para probar la existencia de un daño
antijurídico que fuera atribuible a la autoridad administrativa. En esa medida, el
alegato del actor no cumple con una carga argumentativa mínima que permita
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06446-00
Accionante: Anderson Alfredo Gómez Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
establecer un problema de naturaleza constitucional. De nuevo, lo que resulta
evidente es que el tutelante considera que la actuación irregular de la autoridad
pública ocasionó la pérdida de las garantías reales del contrato de mutuo, lo que
identifica directamente con un daño. Sin embargo, como se ha mostrado
ampliamente, esta discrepancia por sí sola no permite establecer un problema con
relevancia constitucional, pues se trata de una discusión estrictamente legal que fue
tratada en el proceso ordinario.
41. En conclusión, la Sala declarará la falta de relevancia constitucional de los
defectos alegados por la parte actora. El defecto fáctico plantea una mera
discrepancia valorativa y pretende reabrir una etapa que se surtió ampliamente en
el marco del proceso ordinario. En ese mismo sentido, el defecto sustantivo y el
defecto procedimental alegan una discusión que no trasciende el terreno de lo legal.
Finalmente, la violación directa de la Constitución no supera una carga
argumentativa mínima y no demuestra su carácter determinante en el sentido del
fallo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Anderson Alfredo Gómez Díaz, en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo de Nariño de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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