RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06465-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06465-00

Fecha
14 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06465-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Subtema: mora judicial.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Elver Fernando Villamizar Romero
contra el Tribunal Administrativo de Santander.

1. Síntesis del caso

El señor Elver Fernando Villamizar Romero, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Santander, con ocasión de la presunta mora judicial
en el trámite del recurso de apelación dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 68081-33-33-002-2020-00275-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06465-00, índice 2, certificado 76E9A1634B6CAECC
4330E73996574C1F 138C041F1C35A88F 3A92AA7CE7B96938.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

2. El señor Elver Fernando Villamizar Romero presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo de Barrancabermeja, bajo el radicado núm. 68081-33-33-002-2020-
00275-00.

3. El Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja, mediante sentencia
del 31 de marzo de 2025, declaró responsable a la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional por los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2018 y la condenó
al pago de perjuicios morales. La entidad demandada interpuso recurso de
apelación contra esta decisión.

4. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 22 de julio de 2025,
admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de marzo de
2025. El expediente ingresó al despacho el 26 de agosto de 2025 para resolver la
segunda instancia.

5. Por último, el accionante afirmó que, para la fecha de presentación de la acción
de tutela, no se había resuelto el recurso de apelación.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. El señor Elver Fernando Villamizar Romero solicitó al juez constitucional que
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, que ordene lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor ELVER FERNANDO VILLAMIZAR ROMERO
vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, por lo expuesto en
los hechos de tutela respecto del medio de control – Reparación Directa bajo el
radicado 68081-33-33-002-2020-00275-01.

SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, resolver
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de
marzo de 2025.

SUBSIDIARIA

PRIMERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, fijar una
lista de los procesos al Despacho para dictar sentencia, en los que se incluya el turno
correspondiente para el medio de control bajo el radicado de la referencia, fijando en
lo posible una fecha aproximada para proferir sentencia de segunda instancia

7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que el
Tribunal Administrativo de Santander no había proferido sentencia de segunda
instancia, pese a que, mediante escritos presentados los días 5 de febrero, 4 de
mayo y 10 de agosto de 2026, solicitó que se resolviera el recurso de apelación.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

8. En este sentido, afirmó que, para la fecha de presentación de la tutela, había
transcurrido un año desde la admisión del recurso, sin que se definiera la alzada.

9. Agregó que el expediente ingresó al despacho el 26 de agosto de 2025, por lo
cual el término previsto en el artículo 120 del Código General del Proceso se
encontraba ampliamente superado

10. Invocó el artículo 117 del Código General del Proceso, relativo al cumplimiento
estricto de los términos judiciales. Por lo anterior, afirmó que la falta de decisión de
fondo vulneraba los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

2.3. Trámite procesal

11. El despacho ponente, mediante auto del 19 de agosto de 20262, admitió la
demanda, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander, y vinculó al
Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja y a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, en calidad de tercero con interés.

2.4. Intervenciones

12. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional3 solicitó su desvinculación
por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la tutela
cuestiona la falta de decisión del Tribunal Administrativo de Santander, autoridad
competente para resolver el recurso de apelación.

13. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander4 remitió copia
digital del expediente núm. 68081-33-33-002-2020-00275-01.

14. El Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja5 remitió el enlace de
acceso al expediente del proceso de reparación directa con radicado núm. 68081-
33-33-002-2020-00275-00.

15. El Tribunal Administrativo de Santander6 informó que el despacho número
ocho, al que le correspondió el expediente objeto de tutela, entró en funcionamiento
el 23 de septiembre de 2022 y, desde entonces, ha tramitado los procesos
redistribuidos mediante un plan de descongestión orientado a evacuar los asuntos
más antiguos y complejos.

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06465-00, índice 5, certificado F3FFB2D3335E3F84
1B5FE37707A5CCDD 60CA3F8A32905A74 B3E6BAFED6C49C03.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06465-00, índice 12, certificado 419288AD607BDBB9
51F1D9865B6FA257 B80796CA1904D902 7EAC424F22B9AAFA.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06465-00, índice 13, certificado 09B43293D611BFFE
9A9F4D928BA2B0AA D734168DFEBBC0EA 1BD5C0121196120E.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06465-00, índice 14, certificado 9A1E7B9D6695E50D
90ED84AB5AA283F2 4483313228BE44AF 6495DEBADB9391C8 83E76C373C776CD8 21DFBA69A6256743
F73998257B0EEF72 CE44C30276D23F94.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06465-00, índice 15, certificado 4741CC24EA844D6C
213879B4A9E314E5 D120F13019D539DC AFC5F7A2745FE9BD.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

16. Explicó que dicho plan considera la antigüedad del proceso, la fecha de
ingreso al despacho para fallo, los ejes temáticos, la edad de vida probable o la
situación de vulnerabilidad extrema de los demandantes, además de las
excepciones al sistema de turnos.

17. Añadió que ha concentrado su labor en reducir la carga histórica de la
corporación, mediante la resolución de procesos de mediana y alta complejidad.
Precisó que algunos asuntos reciben atención prioritaria cuando existe una situación
urgente; mientras los procesos constitucionales y especiales conservan su trámite
preferente.

18. Manifestó que el despacho está a cargo del magistrado y de un profesional
especializado, un profesional universitario grado 16, un auxiliar judicial, y en enero
de 2024 se creó un cargo de oficial mayor y el 10 de julio siguiente se creó un cargo
de oficial mayor en descongestión.

19. Finalmente, respecto del proceso objeto de tutela, indicó que el recurso de
apelación se admitió el 22 de julio de 2025 y el expediente ingresó al despacho para
fallo el 26 de agosto siguiente. Informó que el asunto fue asignado por reparto y
ocupa el turno 271 para proferir sentencia de segunda instancia. Por lo anterior,
solicitó denegar el amparo constitucional.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Elver Fernando Villamizar
Romero contra el Tribunal Administrativo de Santander.

3.2. Legitimación en la causa

21. La legitimación en la causa por activa del señor Elver Fernando Villamizar
Romero está acreditada, porque es parte demandante dentro del proceso de
reparación directa en el cual se alega la mora judicial y, por tanto, titular de los
derechos fundamentales cuya protección pretende.

22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander, en la medida en que es la autoridad judicial a cargo del
proceso de segunda instancia respecto del cual se predica la mora judicial.

23. Por otro lado, se advierte que la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto
tuvo lugar en calidad de tercero con interés, con el fin de garantizar sus derechos
de defensa y contradicción, toda vez que, en el medio de reparación directa fue la
entidad demandada.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

24. En consecuencia, la decisión que resuelva la acción de tutela podría incidir en
sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará la solicitud de desvinculación.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.

26. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo consiste en
que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»9.

27. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
satisfecho, dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la vulneración de los derechos fundamentales derivada de la
falta de decisión del Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de
reparación directa.

28. De igual forma, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la
medida en que la autoridad judicial accionada no ha proferido la sentencia de
segunda instancia en el proceso de reparación directa desde que el expediente pasó
al despacho el 26 de agosto de 2025. Además, la mora judicial alegada, en principio,
permanece en el tiempo10.

29. En consecuencia, la acción de tutela resulta procedente para estudiar la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la mora judicial atribuida al Tribunal
Administrativo de Santander.

3.4. Problema jurídico

30. La Sala debe determinar si ¿La autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la parte accionante, al incurrir en mora judicial injustificada por no haber
proferido sentencia de segunda instancia dentro del expediente con radicado núm.
68081-33-33-002-2020-00275-01?

7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
10 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.

«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de
la tutela no es exigible de manera estricta».
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

31. Para el efecto, se estudiará: (i) la mora judicial; y (ii) caso en concreto.

3.4.1. La acción de tutela en casos de mora judicial

32. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido
proceso es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones
injustificadas y dentro de plazos razonables, esto conforme con lo dispuesto en los
artículos 29 y 228 de la Constitución Política y con el principio de celeridad previsto
en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996. La mora judicial se configura en los siguientes
escenarios:

4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”
la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces
de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide
que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior
consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida
por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad)11.

33. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales.

34. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo incumplimiento de los
términos procesales vulnera derechos fundamentales, por cuanto dicha vulneración
solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido que justifique la mora.

35. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a
la autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes
razones:

[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley”12.

3.5. Caso Concreto

36. En el presente asunto, el señor Elver Fernando Villamizar Romero argumentó
que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en mora judicial violatoria de

11 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
12 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

sus derechos fundamentales, porque no ha resuelto el recurso de apelación
formulado contra la sentencia de primera instancia, pese a que el expediente
ingresó al despacho para fallo el 26 de agosto de 2025.

37. Revisadas las actuaciones procesales en el sistema de gestión judicial Samai
y el informe rendido por el despacho accionado, se constata que el proceso de
reparación directa núm. 68081-33-33-002-2020-00275-01 ingresó al despacho el 26
de agosto de 2025 y ocupa el turno 271 para proferir sentencia de segunda
instancia.

38. Asimismo, está acreditado que el accionante presentó solicitudes de impulso
procesal los días 5 de febrero, 4 de mayo y 10 de agosto de 2026, sin que, para la
fecha de presentación de la tutela, se hubiera proferido la decisión que resuelve el
recurso de apelación.

39. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el término previsto en el
artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo para proferir la sentencia de segunda instancia se encuentra vencido.
No obstante, este vencimiento no comporta, por sí solo, la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, ya que es necesario determinar si la tardanza
resulta atribuible a una actuación negligente o arbitraria de la autoridad judicial o si,
por el contrario, obedece a circunstancias objetivas que la justifican.

40. En este caso, el Tribunal Administrativo de Santander explicó que el despacho
número ocho, desde su entrada en funcionamiento, ha implementado una
metodología de trabajo orientada a evacuar los procesos más antiguos y complejos
de la corporación.

41. Adicionalmente, informó que la organización de los procesos atiende, entre
otros criterios, a la fecha de ingreso al despacho para fallo, los ejes temáticos y a
las condiciones particulares de los demandantes. Precisó, además, que los asuntos
constitucionales y especiales sometidos a trámite preferente reciben atención
prioritaria.

42. También señaló que ha concentrado su labor en reducir la carga histórica de
la corporación mediante la resolución de procesos de mediana y alta complejidad,
y que cuenta con medidas de descongestión orientadas a ese propósito.

43. Para la Sala, las circunstancias expuestas permiten concluir que la no
resolución del recurso de apelación que interesa al accionante no obedece a una
conducta omisiva o negligente de la autoridad judicial, sino a la carga de asuntos
pendientes y al sistema organizacional y de priorización adoptado por el despacho
accionado.

44. A lo anterior se suma que el proceso objeto de tutela ocupa el turno 271 para
proferir sentencia de segunda instancia. Circunstancia que evidencia su
incorporación al orden de turnos de entrada de los expedientes para fallo y permite
explicar la falta de decisión a partir del turno asignado.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

45. En consecuencia, la Sala no advierte una actuación arbitraria, caprichosa o
negligente del Tribunal Administrativo de Santander, pues, aunque el término legal
se encuentra superado, los elementos allegados al trámite constitucional permiten
establecer que la tardanza obedece a razones objetivas relacionadas con la carga
laboral y el sistema de turnos.

46. En relación con el orden de decisión de los procesos, el artículo 18 de la Ley
446 de 1998 establece el deber de los jueces de dictar sentencia en el mismo orden
en que los procesos hayan pasado al despacho para tal efecto, salvo las
excepciones previstas en la ley.

47. Esta regla responde a un criterio objetivo de organización de la actividad
judicial y garantiza la igualdad de quienes se encuentran a la espera de una
decisión. En ese contexto, el turno asignado al proceso del accionante no
constituye, por sí mismo, una irregularidad en el trámite. Así, la mora judicial no
puede calificarse como injustificada.

48. En el mismo sentido, la Sala no accederá a la pretensión subsidiaria, dirigida
a que se ordene al Tribunal fijar una la lista de procesos pendientes para fallo, con
indicación del turno correspondiente al asunto del accionante y, en lo posible, una
fecha aproximada para proferir sentencia.

49. Lo anterior, porque tal como se ha verificado, la autoridad judicial
expresamente informó: i) el turno que ocupa el proceso objeto de tutela, ii) las
circunstancias relacionadas con la carga laboral, y iii) el sistema de priorización
adoptado por el despacho. En esas condiciones, no se advierte una omisión que
haga necesaria la intervención del juez constitucional para imponer una forma
determinada de organización de los procesos pendientes para sentencia.

50. Tampoco, resulta procedente ordenar la fijación de una fecha aproximada para
proferir la decisión de segunda instancia, pues ello supondría intervenir en la
programación judicial sin que se haya acreditado una circunstancia excepcional que
justifique dicha medida.

4. Conclusión

51. En consecuencia, no se configura una mora judicial injustificada que vulnere
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del accionante, ni se advierte fundamento constitucional para impartir la
orden pretendida de manera subsidiaria. Por tanto, la Sala negará el amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06465-00 (10240)
Accionante: Elver Fernando Villamizar Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Elver Fernando
Villamizar Romero contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.