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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06467-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06467-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06467-00 Actora: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO RESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG). para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06467-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06467-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG).

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.
SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE IBAGUÉ1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)3,

1
En adelante JUZGADO.
2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante FOMAG.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06467-00
Actora: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
RESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG).

actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

defensa, al acceso a la administración de justicia y a los principios de

contradicción, legalidad y responsabilidad fiscal, los cuales estima

vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido,

respectivamente, las providencias de 22 de noviembre de 2024 y 26

de marzo de 2026, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00407-01.

I.2. Hechos

Indicó que en calidad de docente el señor ÓSCAR JAVIER BELTRÁN

el 31 de mayo de 2023, le solicitó al igual que a la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA4 y a LA

FIDUPREVISORA S.A., el pago de la sanción moratoria por el pago

tardío de las cesantías parciales, petición que le fue resuelta de

manera desfavorable.

Aseguró que ante la negativa el docente promovió medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra y del

DEPARTAMENTO, el cual fue identificado con el número único de

4
En adelante DEPARTAMENTO.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06467-00
Actora: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
RESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG).

radicación 2023-00407-00 y atribuido en primera instancia al

JUZGADO que, mediante sentencia de 22 de noviembre de 2024,

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y la condenó

a pagar la suma de $35.242.497.oo, equivalentes a 214 días de

sanción moratoria.

Advirtió que inconforme con lo anterior, formuló recurso de apelación

ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 26 de marzo de

2026, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las providencias judiciales incurrieron en

defecto sustantivo al argumentar las decisiones en normas

inaplicables, desconociendo con ello la restricción prevista en el

artículo 57 de la Ley 1955 de 25 de mayo de 20195, que prescribe

que sus recursos tienen destinación específica para el pago de

prestaciones sociales, por lo que ordenarle el reconocimiento y pago

de la sanción moratoria reclamada dentro del proceso ordinario

cuestionado afecta indebidamente su presupuesto.

Adujo que también incurrieron en desconocimiento del

precedente jurisprudencial establecido recientemente por el

5
“Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la
equidad.”

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Consejo de Estado, en el que se ha introducido el cambio del régimen

normativo establecido en la Ley 1955 de 2019.

Asimismo, señaló que las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en defecto fáctico por omisión en la valoración

probatoria, toda vez que los elementos de juicio aportados daban

cuenta de que la mora se originó en la expedición tardía del acto

administrativo por parte del DEPARTAMENTO, razón por la que no

era dable endilgarle tal responsabilidad.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] 1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y contradicción, igualdad, principio de legalidad
del gasto público y responsabilidad fiscal de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG, que se consideran vulnerados por las
providencias judiciales demandadas.

2. Que se deje sin efectos las Sentencias proferidas en primera y
segunda instancia, que resolvieron el pago de la sanción moratoria
contra el FOMAG.

3. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la
que se observe y aplique de manera estricta lo dispuesto en el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324
de la Ley 2294 de 2023, reconociendo que la responsabilidad por
el pago de la sanción moratoria corresponde exclusivamente a la
entidad territorial y/o Fiduprevisora, y no al FOMAG.

4. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que,
en futuros casos análogos, armonicen sus decisiones con la
normatividad vigente y la jurisprudencia de unificación del Consejo

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de Estado y la Corte Constitucional, evitando imponer al FOMAG
obligaciones prohibidas por la ley y carentes de apropiación
presupuestal […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó que se declare la improcedencia de la

acción constitucional de la referencia, por cuanto lo que se pretende

es reabrir el debate debidamente surtido dentro del proceso ordinario

cuestionado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez

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de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

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i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efectos las providencias de 22 de noviembre de 2024 y

de 26 de marzo de 2026, proferidas, respectivamente, por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00407-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a

la administración de justicia y a los principios de contradicción,

legalidad y responsabilidad fiscal, habida cuenta que, a juicio de la

actora, incurrieron en defecto sustantivo al argumentar las

decisiones en normas inaplicables, desconociendo con ello la

restricción prevista en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que

prescribe que sus recursos tienen destinación específica para el pago

de prestaciones sociales, por lo que ordenarle el reconocimiento y

pago de la sanción moratoria reclamada dentro del proceso ordinario

cuestionado afecta indebidamente su presupuesto.

Adujo que también incurrieron en desconocimiento del

precedente jurisprudencial establecido recientemente por el

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Consejo de Estado, en el que se ha introducido el cambio del régimen

normativo establecido en la Ley 1955 de 2019.

Asimismo, señaló que las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en defecto fáctico por omisión en la valoración

probatoria, toda vez que los elementos de juicio aportados daban

cuenta de que la mora se originó en la expedición tardía del acto

administrativo por parte del DEPARTAMENTO, razón por la que no

era dable endilgarle tal responsabilidad.

Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita

dejar sin efecto tanto la providencia de 22 de noviembre de 2024

por el JUZGADO, como la dictada el 26 de marzo de 2026 por el

TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta

vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la

decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por

terminado el proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 16 de junio de 202216, precisó que la

exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
16
M.P. Natalia ángel Cabo.

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legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que

esta se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

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Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por la

actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

En efecto, la inconformidad de la actora se sustenta, básicamente,

en que la autoridad judicial accionada aplicó indebidamente las

normas relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción

mora, sin advertir que endilgarle el pago de esa obligación, afecta

indebidamente su presupuesto, el cual tiene una destinación

específica para el pago de prestaciones sociales de los docentes.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

“[…] 3. Caso concreto

El señor OSCAR JAVIER BELTRÁN, actuando como extremo
demandante en el sub-lite, pretende que se declare la nulidad
de los siguientes actos administrativos:

i) Acto administrativo concreto con radicado TOL2023ER015133
del 10 de julio del 2023, producto de la petición presentada el
31 de mayo del 2023, emitido por la Secretaría de Educación
Departamental del Tolima, ii) Acto administrativo ficto o

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presunto del que trata el artículo 83 del C.P.A.C.A. producto de
la petición presentado el 31 de mayo del 2023 con radicación
2023-ER-390997, ante el Ministerio de Educación Nacional, y iii)
Acto administrativo ficto o presunto del que trata el artículo 83
del C.P.A.C.A. producto de la petición presentado el 31 de mayo
del 2023 con radicación 20231143001633281 ante la, por medio
de los cuales se le niega el reconocimiento y pago de la SANCION
MORA, establecida en la Ley 244 de 1995 modificada y
adicionada por la Ley 1071 de 2006.

Para resolver el problema jurídico que se plantea en el sub
judice, como primera medida se hace necesario establecer si es
procedente la sanción mora, y posteriormente establecer la
responsabilidad en el pago de la sanción moratoria a que haya
lugar, ya sea en cabeza del Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio, o en la entidad
territorial, Departamento del Tolima, por lo que, conforme a la
normatividad y jurisprudencia precitada, se tiene que una vez
efectuada la solicitud de la cesantía parcial por parte del
docente, la entidad territorial, Departamento del Tolima cuenta
con quince (15) días hábiles para expedir el correspondiente acto
administrativo, contabilizando (10) días de ejecutoria de este, y
cuarenta y cinco (45) días hábiles para que la FIDUPREVISORA
S.A, efectúe el correspondiente pago, para un total de setenta
(70) días hábiles para efectuar el correspondiente
reconocimiento y pago de las cesantías solicitadas. En el sub
judice se presentó las siguientes circunstancias fácticas: […]

De lo anterior se concluye que se presentó una mora en el pago
de las cesantías de la parte actora de 214 días, las cuales están
a cargo del Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”, como quiera que
fue el responsable del pago tardío de las cesantías, puesto la
entidad territorial no solo emitió el acto administrativo que
reconoció esta prestación, sino que lo envío dentro del término
legal para ello.

Ahora bien, es necesario aclarar que la entidad recurrente alega
que puso a disposición del accionante el pago de sus cesantías
el día 12 de septiembre de 2022, del acervo probatorio obrante
en el expediente se puede observar las siguientes situaciones
fácticas: […]

i) Que la entidad certificó que puso a disposición del demandante
el pago de las cesantías solicitadas los días 12 de septiembre y
16 de diciembre de 2022, 23 de enero, 28 de abril y 07 de junio
de 2023 en la ventanilla del banco BBVA *Sucursal Abierta*, sin
embargo, dichas fechas no fueron puestas en conocimiento del
actor, quien confió en lo enunciado en el acto administrativo que
reconoció las cesantía parciales para la liberación de un
gravamen que cursaba en su crédito hipotecario, Resolución No.

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TOLIM2022000010, dado que, en su artículo segundo, indicó
que estas serían consignadas a favor del Banco Davivienda en la
cuenta de su crédito número 5716167700101356, tal y como se
muestra a continuación.

ii) Que después de que el actor indagara en el Banco Davivienda
S.A, quien certificó que al 08 de mayo de 202, no se presentaba
el ingreso de sus cesantías a la cuenta de su crédito hipotecario,
incoara una serie de derechos de petición e interpusiera acción
de tutela ante el Juzgado Tercero de Familia y adelantará un
incidente de desacato en la misma acción constitucional, la
FIDUPREVISORA S.A, puso a disposición del señor Oscar Javier
Beltrán, los dineros de sus cesantías para su cobro a partir del
18 de julio de 2023, fecha en que efectivamente el actor las pudo
reclamar.

Así las cosas, la moratoria en el pago de las cesantías se rige por
el procedimiento contemplado en la Ley 244 de 1995, subrogada
por la Ley 1071 de 2006, previendo que luego de presentada la
solicitud, la entidad cuenta con el término máximo de 15 días
para expedir la resolución de liquidación de las cesantías
definitivas y/o parciales, 5 o 10 días, según el caso, que
corresponden a la ejecutoria del acto administrativo, y 45 días
hábiles para el pago, luego de los cuales empezará a correr la
sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada
día de retardo.

En el caso bajo examine, la entidad incurrió en mora del 16 de
diciembre de 2022 al 17 de julio de 2023, es decir 214 días, por
lo que, la Sala Confirmará la decisión tomada por el Juzgado
Octavo Administrativo en la sentencia de Primera Instancia […]”.
(Negrilla pertenece al texto)

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se advierte

que el TRIBUNAL elaboró un recuento de las pruebas aportadas al

proceso ordinario cuestionado y, a partir de dicho análisis, concluyó

que el señor ÓSCAR JAVIER BELTRÁN pretendía la nulidad de los

actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de la

sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales.

Asimismo, el TRIBUNAL precisó que la actora contaba con un

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término perentorio de setenta (70) días hábiles para efectuar el

reconocimiento y pago reconocido, advirtiendo que, si bien el

DEPARTAMENTO expidió el acto dentro del término legal, se

configuró una mora de 214 días en el desembolso.

De igual forma, constató que no se informó debidamente al señor

OSCAR JAVIER BELTRÁN sobre la puesta a disposición del dinero

en la ventanilla bancaria, contrariando lo dispuesto en la resolución

de reconocimiento que ordenaba el giro directo a su crédito

hipotecario, situación que lo obligó a acudir a múltiples gestiones

administrativas y judiciales para obtener el pago efectivo, por lo que,

a su juicio, había lugar a confirmar la sentencia de primera instancia

que declaró la responsabilidad de la actora y la condenó al pago de

la sanción moratoria reclamada.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o haber desbordado los

límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto

carece del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

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de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

Asimismo, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del requisito

de la relevancia constitucional en los asuntos en que se discuten

providencias judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia

de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las

cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 27 de

noviembre de 201917, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa

17
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial
[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la

procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental

alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,

que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la

intervención del juez de tutela.

De igual forma, es pertinente precisar que en asuntos similares esta

Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de las mismas

pretensiones aquí expuestas por la actora, en las que ha sostenido

sobre la imposibilidad de efectuar el pago de la sanción moratoria

que le ha sido impuesta, bajo el entendido de que sus recursos se

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encuentran estrictamente destinados a la satisfacción de las

prestaciones sociales de los docentes. En efecto, en dichas

oportunidades se dijo18:

“[…] 31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte
accionante aduce que le fueron desconocidos sus derechos
fundamentales, no está poniendo de presente que en la providencia
censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que
el motivo de su inconformidad gira en torno a que la autoridad
judicial accionada no podía condenarla al pago de la sanción
moratoria reclamada […]
33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate
planteado en esta sede constitucional fue analizado por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y no se observa que
la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte actora en el
trámite del proceso contencioso administrativo […]”.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto

del precedente jurisprudencial tampoco cumple con la carga

argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte

actora se limitó a enunciarlo sin indicar y/o identificar las sentencias

presuntamente desconocidas y dentro de que expedientes fueron

proferidas, y tampoco precisó la relación fáctica y jurídica que

pudiese existir entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso

ordinario cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

18
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sección en sentencias de 16 de abril y 28 de mayo de
2026, expedientes números 2026-01975-00 y 2026-01821-01, respectivamente, M.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.

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del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección19 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al

proceso, en el cual el juez constitucional no puede inmiscuirse, so

pena de otorgar a la solicitud de amparo el carácter de un recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir

la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

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para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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