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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06486-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06486-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06486-00 Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06486-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06486-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL PROCESO DENTRO DEL CUAL SE
PROFIRIÓ LA PROVIDENCIA DE LA QUE SE ALEGA LA SUPUESTA
AFECTACIÓN A LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA ACTORA
AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1 y la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,

actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

1
En adelante TRIBUNAL.
2
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

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Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de

justicia y a los principios de proporcionalidad, publicidad, legalidad,

buena fe, confianza legitima y de primacía del derecho sustancial

sobre el formal, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL y

la SECCIÓN CUARTA, al haber proferido, respectivamente, las

providencias de 23 de enero3 y 11 de julio de 2023 y 12 de marzo de

2026, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 2021-00336-

01.

I.2. Hechos

Indicó que el 21 de junio de 2021, como sociedad absorbente de

METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD

ANÓNIMA E.S.P.4, promovió demanda en ejercicio del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES5, con el

fin de que se dejara sin efectos los actos administrativos contentivos

de la liquidación oficial y los que modificaron el impuesto de renta

del año 2017.

3
Se aclara que, si bien la referida providencia data del 23 de enero de 2023, esto obedece a un error
involuntario del Tribunal. Al respecto, la plataforma SAMAI constata que la fecha real de la actuación
corresponde al 4 de marzo de 2024.
4
En adelante METROTEL S.A.
5
En adelante DIAN.

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Refirió que, una vez radicada la demanda, hubo doble reparto al

interior del TRIBUNAL, bajo los números únicos de radicación

08001-23-33-000-2021-00344-00 y 08001-23-33-000-2021-

00336-00.

Manifestó que en el proceso con radicación 08001-23-33-000-2021-

00344-00 se profirió auto de 16 de septiembre de 2021 por medio

del cual se admitió la demanda, decisión contra la cual interpuso

recurso de reposición al poner en conocimiento la doble radicación,

por lo que, en auto de 26 de mayo de 2022, se repuso el auto

admisorio y, en consecuencia, se dejaron sin efecto todas las

actuaciones surtidas al interior de ese proceso, incluida la

correspondiente acta de reparto.

Adujo que dentro del expediente con radicación 08001-23-33-000-

2021-00336-00, mediante auto de 4 de febrero de 2022 se admitió

la demanda, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición

poniendo de presente la existencia de doble reparto, siendo resuelto

en proveído de 5 de agosto de 2022 en el sentido de no reponer la

decisión al estimar que, si bien existió un error involuntario, en el

otro proceso ya se dejaron sin efecto todas las actuaciones surtidas.

Resaltó que por lo anterior el TRIBUNAL ordenó seguir adelante con

el proceso, siendo notificado el auto admisorio a la DIAN el 29 de

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agosto de 2022, sin que dicha actuación fuera registrada en la

plataforma SAMAI ni en ninguna de las demás habilitadas para la

consulta de procesos.

Destacó que, pese a que el 12 de octubre de 2022 la DIAN allegó

contestación de la demanda, solo hasta el 13 de diciembre de 2022

se registró en la plataforma SAMAI la constancia de notificación

personal del auto admisorio, fecha para la cual ya había vencido el

término con el que contaba para presentar reforma de la demanda.

Sostuvo que mediante auto de 31 de enero de 2023 se profirió auto

que fijó fecha para audiencia inicial y en memorial de 15 de febrero

de 2023 presentó solicitud de control de legalidad y saneamiento del

proceso, por existencia de nulidad, para lo cual pidió que se declarara

la nulidad de lo actuado dentro del proceso a partir de la notificación

del estado del auto que decidió no reponer el auto admisorio de la

demanda, y como medida de saneamiento, que se ordenara

nuevamente la notificación personal del auto admisorio al

demandado y se registrara la actuación en la plata forma SAMAI, con

el fin de poder ejercer su derecho a la reforma de la demanda.

Destacó que el 3 de marzo de 2023 presentó escrito de reforma de

la demanda y en providencia de 11 de julio de 2023 el TRIBUNAL

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negó la solicitud de nulidad formulada y rechazó por extemporánea

la reforma de la demanda.

Advirtió que contra la anterior decisión interpuso recurso de

reposición y en subsidio de apelación, siendo resuelto el primero de

estos en providencia que, si bien fue notificada el 5 de marzo de

2024, data del 23 de enero de 2023 – es decir, fecha anterior incluso

al auto recurrido-, en el sentido de no reponer la decisión de negar

la nulidad formulada y mantener el rechazo de la reforma de la

demanda por extemporánea.

Afirmó que la SECCIÓN CUARTA en proveído de 12 de marzo de

2026 rechazó por improcedente el recurso de apelación formulado.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, el TRIBUNAL notificó personalmente a la

DIAN del auto admisorio el 29 de agosto de 2022, pero omitió

registrar tal actuación en la plataforma SAMAI sino hasta el 13 de

diciembre de 2022, de tal forma que, al no estar publicada la

constancia, estuvo en absoluta imposibilidad de conocer con certeza

la fecha en la que inició el término legal de 10 días para presentar la

reforma de la demanda.

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Mencionó que resulta inadmisible lo dispuesto por el TRIBUNAL,

quien pretendió que se debía deducir la fecha de notificación a partir

del momento en que la DIAN contestó la demanda, pues la

contestación no sustituye la obligación de legal de registrar los

traslados, máxime cuando la entidad pudo contestar de forma

anticipada.

Alegó que se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual

manifiesto, pues aplicaron de forma automática el vencimiento

formal del término para reformar la demanda, ignorando por

completo que la supuesta extemporaneidad fue causada en su

totalidad por la negligencia y omisión de la propia Secretaría del

TRIBUNAL.

Refirió que la SECCIÓN CUARTA también incurrieron en defecto

sustantivo al interpretar el artículo 173 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera aislada,

pues omitió aplicar los principios constitucionales de prevalencia del

derecho sustancial sobre las formas.

Afirmaron que se incurrió en error inducido, pues el juez de la causa

fue inducido a un error directo por su propia Secretaría, la cual, al

cargar tardíamente las constancias del proceso judicial electrónico,

distorsionó la percepción de la realidad del expediente.

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Finalmente, adujeron que el rechazo de la reforma de la demanda le

impidió aportar el dictamen pericial contable-tributario necesario

para desvirtuar las modificaciones al impuesto sobre la renta del año

2017 impuestas por la DIAN, lo que la deja en un escenario de total

indefensión técnica ante el juez natural de la causa.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] Segunda Principal: Que, como consecuencia del amparo
constitucional, se DEJE SIN EFECTOS la Providencia Judicial
Tutelada, esto es, i) el Auto del 11 de julio de 2023 proferido por
el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó la solicitud de
nulidad propuesta por Metrotel y rechazó por extemporánea la
reforma de la demanda; ii) el Auto con fecha del 23 de enero de
2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
decidió no reponer su decisión de negar el incidente de nulidad y
rechazar la reforma de la demanda por extemporánea; y iii) el Auto
del 12 de marzo de 2026 proferido por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que
rechazó por improcedente el recurso de apelación contra la
negación de la nulidad y confirmó el rechazo de la reforma de la
demanda por extemporánea.

Tercera Principal: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo del
Atlántico, como juez de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que ADMITA la reforma de la
demanda presentada por Metrotel el 3 de marzo de 2023,
entendiendo que dicha reforma fue presentada oportunamente a
partir de la fecha en que la Compañía tuvo conocimiento efectivo
de la notificación personal del auto admisorio al demandado, es
decir, desde el 13 de diciembre de 2022, fecha en que el Tribunal
registró la actuación en la plataforma SAMAI.

d. Cuarta Principal: Disponer las demás órdenes que el Juez
Constitucional estime necesarias para el restablecimiento efectivo
de los derechos fundamentales de Metrotel […]”.

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I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA solicitó que se declare improcedente

la solicitud de amparo por carecer del requisito de relevancia

constitucional o, en su defecto, se denieguen las pretensiones.

Para lo anterior, resaltó que lo pretendido por la actora es obtener

una nueva valoración sobre la oportunidad de la reforma de la

demanda, sin evidenciar una cuestión constitucional que justifique la

intervención excepcional del juez de tutela; sumado a que no incurrió

en defecto alguno y que las providencias cuestionadas observaron

las normas sustanciales y procesales aplicables, sin menoscabo de

los derechos fundamentales alegados.

I.5.2.- El TRIBUNAL refirió que las providencias cuestionadas no

obedecieron a una actuación arbitraria o caprichosa, sino al ejercicio

de la función jurisdiccional con fundamento en las reglas procesales

aplicables al asunto, de tal forma que lo pretendido es crear una

instancia adicional en el asunto y reabrir un debate ya zanjado.

En ese orden de ideas, solicitó que se declare la improcedencia o, en

su defecto, se deniegue el amparo deprecado.

I.5.3.- La DIAN resaltó que no se advierte vulneración alguna de los

derechos fundamentales invocados y que la acción de tutela carece

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del requisito general de la relevancia constitucional pues lo

pretendido es cuestionar una decisión adversa a los intereses de la

actora.

Por último, solicitó ser desvinculada del presente trámite por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la DIAN solicitó ser desvinculada de la presente

acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

6
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que la DIAN

actúa en calidad de parte demandada dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

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único de radicación 2021-00336-01, objeto de debate, le asiste

interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual se

denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en

la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

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de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que

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adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora presentó acción de tutela contra el

TRIBUNAL y la SECCIÓN CUARTA al haber proferido,

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respectivamente, las providencias de 23 de enero7 y 11 de julio de

2023; y 12 de marzo de 2026, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00336-01.

La actora estima que las autoridades judiciales accionadas

vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que se ocultó la

realidad procesal en el asunto, pues si bien la notificación del auto

admisorio se efectuó a la DIAN el 29 de agosto de 2022, se registró

dicha actuación en la plataforma SAMAI casi cuatro meses después,

lo que impidió conocer con certeza el inicio del término legal para

reformar la demanda, imponiéndole la carga desproporcionada e

irracional de conocer las fechas procesales con base en la

contestación de la contraparte.

Alego que se incurrió en un defecto procedimental por exceso

ritual manifiesto y en un defecto sustantivo, al validar de forma

automática una extemporaneidad provocada exclusivamente por la

negligencia de la secretaría judicial, interpretación aislada que

vulnera el principio constitucional de prevalencia del derecho

sustancial, induciendo al juez a un error que genera un perjuicio

7
De la plataforma SAMAI se constata que la fecha real de la actuación corresponde al 4 de marzo de
2024.

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irremediable al privarla definitivamente de la oportunidad de aportar

pruebas contables cruciales para su defensa técnica.

Así las cosas, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste

en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos

generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así,

determinar si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales

de la actora.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito general de la subsidiariedad.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el

solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

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Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción de

8
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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tutela es improcedente por carencia del requisito general de

subsidiariedad, en razón a que el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho en el que fueron proferidas las

providencias cuestionadas está en trámite, sin que se advierta que

dicha decisión impida el acceso a la administración de justicia de la

actora o su derecho a la tutela judicial efectiva.

Tan es así que, al revisar las actuaciones disponibles en SAMAI,

consta que mediante auto del 27 de julio de 2026 se fijó el 19 de

agosto de 2026 como fecha para la celebración de la audiencia inicial;

lo anterior ratifica que el proceso se encuentra en su etapa

primigenia.

En efecto, el hecho de que en el proceso origen de la controversia se

haya rechazado por extemporánea la reforma de la demanda, no

implica que no pueda ejercer su derecho de defensa y principio de

contradicción en dicho trámite, ni que tal circunstancia defina su

situación, pues esto último será resuelto en la sentencia que allí se

profiera, la cual incluso será susceptible del recurso de apelación.

Esta Sección9 ha indicado que el requisito de subsidiariedad tampoco

se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso en el que se

profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2017-03006-00.

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“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a
las partes, aún luego de agotados los recursos que contra
ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del
medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta
irregularidad procesal en la decisión que pone fin al
proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]” (Resaltado fuera del texto).

Al respecto, para la Sala es claro que las providencias a las cuales la

actora le atribuyó la afectación de sus garantías fundamentales no

pusieron fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 2021-00336-

00, que aún se encuentra en trámite y, por ende, la intervención del

juez constitucional se encuentra vedada.

Ello, por cuanto, se reitera, es el mismo medio de control el adecuado

para hacer valer los derechos que la accionante estima vulnerados y

mal haría el juez de tutela en suplantar las competencias que le están

dadas al juez de conocimiento.

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Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 10 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, ya que en

todo caso de las circunstancias fácticas probadas no se pudo advertir

tal situación.

Sumado a ello, es del caso destacar que las inconformidades acá

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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expuestas, esto es, la presunta nulidad originada con la omisión de

efectuar oportunamente el registro de la notificación personal del

auto admisorio de la demanda en el aplicativo SAMAI y el término

para reformar la demanda, ya fueron resueltas por el TRIBUNAL en

la providencia que data del 23 de enero de 2023 – suscrita realmente

el 4 de marzo de 2024-, por lo que se advierte que dichos reparos ya

fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural de la causa.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción

de tutela de la referencia por no cumplir el requisito general de la

subsidiariedad y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el DIRECCIÓN

DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

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conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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