Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06492-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06492-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06492-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06492-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: OLGA ERNESTINA LÓPEZ MORALES
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora OLGA ERNESTINA LÓPEZ MORALES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
1
En adelante TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06492-00
Actora: OLGA ERNESTINA LÓPEZ MORALES
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio de
seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL,
al haber proferido la providencia de 5 de diciembre de 2025 dentro
del medio de control de repetición identificado con el número único
de radicación 2019-00095-01.
I.2. Hechos
Indicó que para el año 2007 se desempeñaba como secretaria de
planeación y control interno del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA2,
momento en el que en desarrollo de sus funciones se presentó una
solicitud de licencia de construcción por la señora MARÍA ARIANE
ROJAS VILLAREAL.
Adujo que la señora ROJAS VILLAREAL promovió demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra el
MUNICIPIO, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la
indemnización de los perjuicios causados por la revocatoria de la
Resolución núm. 087 de 2007, contentiva de la licencia de
construcción que le había sido otorgada.
Refirió que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2
En adelante MUNICIPIO.
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15001-33-31-706-2009-00323-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL
CIRCUITO DE TUNJA que, en sentencia de 29 de junio de 2012,
declaró de oficio la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción y se inhibió de decidir de fondo. Decisión que
fue confirmada por el TRIBUNAL en providencia de 30 de julio de
2015.
Destacó que la señora ROJAS VILLAREAL presentó acción de tutela
contra la anterior decisión, la cual fue conocida por la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO3 que,
en sentencia de 17 de marzo de 2016, amparó los derechos
fundamentales allí invocados y le ordenó al TRIBUNAL proferir un
nuevo fallo.
Manifestó que el TRIBUNAL profirió la sentencia de 7 de julio de
2016, mediante la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
declaró administrativa y extracontractualmente responsable al
MUNICIPIO por los perjuicios causados con ocasión de la
revocatoria de la resolución contentiva de la licencia de construcción,
por lo que lo condenó a pagar 50 s.m.l.m.v., por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de pérdida de oportunidad.
3
Identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-2015-03118-00.
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Resaltó que el MUNICIPIO, dando cumplimiento a lo anterior,
expidió la Resolución núm. 109 de 2017, en la cual ordenó el pago
de la suma de $36.885.850 a la señora MARÍA ARIANE ROJAS
VILLAREAL.
Sostuvo que el MUNICIPIO promovió demanda en ejercicio del
medio de control de repetición en su contra, por los perjuicios que a
este le fueron causados como consecuencia del pago de la sentencia
condenatoria a favor de la señora ROJAS VILLAREAL, a la cual le
fue asignado el número único de radicación 2019-00095-00.
Afirmó que el proceso correspondió en primera instancia al
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
TUNJA4 que, en providencia de 14 de diciembre de 2021, denegó las
pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el MUNICIPIO contra tal decisión interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 5
de diciembre de 2025, por medio de la cual revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, la declaró patrimonialmente responsable por los
valores que el ente territorial reconoció y pagó a la señora ROJAS
VILLAREAL, y la condenó a reintegrar la suma de $36.885.850, para
4
En adelante JUZGADO.
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lo cual fijó el término de 6 meses contados a partir del día siguiente
a la ejecutoria de la decisión.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la providencia judicial cuestionada incurrió
en defecto fáctico al realizar una valoración probatoria incompleta
y contraevidente, pues confundió su competencia formal para firmar
la licencia de construcción con la demostración de una culpa grave;
sumado a ello, adujo que se apreció de forma insuficiente el
testimonio del señor ARCENEDT VELANDIA SAAVEDRA y se omitió
analizar que ningún otro integrante de la junta de planeación detectó
la supuesta infracción alegada.
Alegó que el TRIBUNAL incurrió en un defecto sustantivo al
desconocer lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política,
que exige que la conducta del agente sea dolosa o gravemente
culposa y, además, que se aplicó indebidamente lo establecido en el
artículo 340 ibídem que regula los consejos territoriales de
planeación con la junta de planeación municipal -órgano en el que
participaba-, pues se usó tal norma para justificar las funciones y la
supuesta negligencia, cuando en realidad se trataba de un órgano
local.
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Refirió que también se incurrió en un desconocimiento del
precedente constitucional, pues se apartó de los estándares
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-259 de 6 de
agosto de 20215, T-008 de 20 de enero de 20226 y T-089 de 17 de
marzo de 20257, que exigen esclarecer la conducta subjetiva del
funcionario de forma autónoma y rigurosa sin hacerla depender
exclusivamente del resultado irregular del acto administrativo.
Finalmente, afirmó que también se incurrió en violación directa de
la Constitución, al desconocer lo dispuesto en los artículos 29 y 90,
al trasladar de forma automática a su patrimonio la condena
impuesta al MUNICIPIO, sin acreditarse un comportamiento
manifiesto, grosero, extremo e inexcusable.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 5 de
diciembre de 2025, proferida por la Sala de Decisión No. 3 del
Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de repetición
radicado No. 15001-33-33-004-2019-00095-01.
TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá que
profiera una nueva sentencia en la cual:
a. efectúe una valoración integral y no fragmentaria del material
5
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
6
M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
7
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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probatorio;
b. examine autónomamente el elemento subjetivo de
responsabilidad de la accionante;
c. valore expresamente las circunstancias institucionales dentro de
las cuales fue expedida la licencia;
d. determine la incidencia de la intervención, estudio y concepto de
la Junta de Planeación Municipal;
e. valore las pruebas relacionadas con la distribución material de
funciones y responsabilidades dentro del procedimiento
administrativo;
f. aplique estrictamente el artículo 90 de la Constitución y el
precedente constitucional relativo al carácter subjetivo de la acción
de repetición;
g. diferencie claramente entre la ilegalidad del acto administrativo
y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa;
h. aplique el precedente constitucional contenido, entre otras, en
las sentencias SU-259 de 2021, T-008 de 2022 y T-089 de 2025.
CUARTA. SUBSIDIARIAMENTE, en caso de que el juez
constitucional encuentre suficientemente acreditado que las
pruebas incorporadas al proceso desvirtúan el elemento subjetivo
exigido para la prosperidad de la acción de repetición, adoptar las
demás medidas necesarias para restablecer integralmente el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante […]”
(Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL adujo que la solicitud de amparo no satisface
el requisito general de la inmediatez, sin que se advierta una
situación de indefensión, aislamiento o imposibilidad objetiva que le
impidiera a la actora ejercer oportunamente la presente acción de
tutela, por lo que solicitó que se declare su improcedencia.
I.5.2.- El JUZGADO refirió que el proceso ordinario se desarrolló de
acuerdo con las etapas previstas en el ordenamiento procesal y se
preservaron todas las garantías del debido proceso.
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Añadió que los reproches expuestos en la solicitud de la referencia
giran en torno solamente a la decisión de segunda instancia adoptada
por el TRIBUNAL, por lo que solicitó ser desvinculado del presente
trámite.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el JUZGADO solicitó ser desvinculado de la
presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
8
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que el JUZGADO
conoció en primera instancia del medio de control objeto de debate,
le asiste interés en las resultas del proceso, razón por la que la Sala
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denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva y así se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aun años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 5 de diciembre de 2025,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de repetición
identificado con el número único de radicación 2019-00095-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y al principio de seguridad
jurídica, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, incurrió en
defecto fáctico por una valoración probatoria fragmentaria y
contraevidente.
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Asimismo, alegó la configuración de los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, al transformarse de facto la responsabilidad subjetiva
en una objetiva. Lo anterior, al trasladar automáticamente a su
patrimonio la condena impuesta al MUNICIPIO sin que se acreditara
un comportamiento grosero o inexcusable, apartarse de los
estándares estrictos establecidos en las sentencias SU-259 de 2021,
T-008 de 2022 y T-089 de 2025 e incurrir en una indebida asimilación
normativa al fundamentar su decisión en el artículo 340
constitucional, inaplicable a la junta de planeación municipal.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales
invocados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
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Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”9.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la acción de tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
9
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 10:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo11:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. […]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo. […]
10
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable. […]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de
la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener
en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la acción de tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho nuevo e inesperado, entre otras12;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción de
tutela y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado13;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión14;
12
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
14
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
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(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales15;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta16.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 17, la
providencia de 5 de diciembre de 2025, aquí cuestionada, fue
notificada a las partes personalmente, vía correo electrónico, el 11
de ese mes y año, por lo que en aplicación de los artículos 203 y
205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, se entiende
debidamente notificada el 15 del mismo mes y anualidad.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 14 de agosto de 202619, esto es,
transcurrido más de 6 meses, superando así el término que ha
sido estimado por la jurisprudencia como término razonable para
impugnar por vía de tutela el contenido de la providencia de 5 de
diciembre de 2025, aquí cuestionada.
15
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=150013333004201900
095011500123
18
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
19
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202606
492001100103
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Así las cosas, teniendo en cuenta que en la presente acción de tutela
no se evidenció situación que se enmarque en alguno de los
supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201720, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de
inmediatez y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
20
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO:NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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Actora: OLGA ERNESTINA LÓPEZ MORALES
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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