Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06501-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06501-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06501-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: CARMEN ALICIA PEÑA SIERRA EN CALIDAD DE
SUCESORA PROCESAL DE ABRAHAM AUGUSTO PEÑA
SIERRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – ampara el derecho
fundamental al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la tutela
judicial efectiva, la seguridad social, la protección especial de las personas adultas
/ orden de estudio de prelación de fallo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de
Abraham Augusto Peña Sierra, a través de apoderada2, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 18 de agosto de 20263, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la tutela
judicial efectiva, la seguridad social, la protección especial de las personas adultas
mayores y el “plazo razonable”4.
Hechos relevantes
2. El señor Abraham Augusto Peña Sierra presentó un proceso laboral contra la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – en adelante UGPP, la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Antioquia y el Departamento de Antioquia, con el fin
de que (i) se modificara parcialmente el dictamen médico laboral emitido el 16 de
1
Que ingresó al despacho para fallo el 10 de septiembre de 2026.
2
La abogada es la señora Claudia Elena Baena Restrepo.
3
Se advierte que la apoderada de la parte accionante remitió el escrito de tutela a la Oficina Judicial
de Antioquia – Medellín. Sin embargo, en esa misma fecha, dicha dependencia remitió la solicitud
de amparo a la Secretaría General del Consejo de Estado.
4
Ver pág. 1 del escrito de tutela.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
junio de 2017 en cuanto a la fecha de estructuración de invalidez fijada al
demandante y se declarara que era a partir del 8 de abril de 1999 de acuerdo con
la justificación del perito; (ii) se le reconociera al demandante el 100% de la
sustitución pensional en calidad de hermano inválido de la señora Bernarda del
Socorro Peña Sierra; (iii) se reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes al
demandante. Lo anterior con ocasión al fallecimiento de la señora Peña Sierra y (iv)
entre otras decisiones5.
3. Inicialmente le correspondió al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín,
quien a través de auto del 26 de mayo de 20226, advirtió que luego de realizar un
análisis integral del proceso, carecía de competencia jurisdiccional funcional para
conocer del proceso y ordenó que se remitiera por reparto a los Juzgados
Administrativos del Circuito Judicial de Medellín.
4. Una vez remitido el asunto, le correspondió al Juzgado Veinticuatro (24)
Administrativo Oral de Medellín que a través de auto del 11 de octubre de 20227
resolvió (i) decretar la sucesión procesal respecto de la parte demandante Abraham
Peña Sierra – como consecuencia de su fallecimiento, en cabeza de la heredera
Carmen Alicia Peña Sierra en su calidad de hermana y demás herederos
indeterminados que acreditaran igual o mejor derecho8; (ii) admitir la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho; (iii) entre otras decisiones.
5. De manera posterior, el mismo Juzgado, por medio de sentencia del 8 de febrero
de 20249, determinó lo siguiente: (i) declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez Antioquia; (ii) declaró la nulidad de las resoluciones No. RDP043127
del 17 de noviembre de 2017, No RDP 003580 del 31 de enero de 2018, No RDP
005350 del 13 de febrero de 2018 proferidas por la UGPP, así como la No.
2019060000328 del 8 de enero de 2019 y No. 2019060005050 del 15 de febrero de
2019 emitidas por el Departamento de Antioquia a través de las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes al señor Abraham Augusto
Peña Sierra; (iii) ordenó a la UGPP y al Departamento de Antioquia expedir un
nuevo acto administrativo en el cual se efectuara el reconocimiento de la sustitución
pensional al señor Peña Sierra con efectos fiscales entre el fallecimiento del
causante y el deceso del demandante; (iv) de igual modo, debían realizar la
5
Obra en certificado 000342621C58BD48 DD0F3BB624C81603 06D036B0C2FB9CBA
706E86F18776378C, índice 20 de samai. En el documento
“1_1_EXPEDIENTEDIGITAL_001RECIBIDO.pdf” pág. 2, hipervínculo 05001310500520200009200,
documento “01. EXPEDIENTE FÍSICO.PDF”.
6
Obra en certificado 000342621C58BD48 DD0F3BB624C81603 06D036B0C2FB9CBA
706E86F18776378C, índice 20 de samai. En el documento
“1_1_EXPEDIENTEDIGITAL_001RECIBIDO.pdf” pág. 2, hipervínculo 05001310500520200009200,
documento “36. AUTO DECLARA FALTA DE JURISDICCIÓN -REMITE ADMINISTRATIVO.PDF”.
7
Ver índice 7 de samai del proceso ordinario identificado con el radicado 05001-33-33-024-2022-
00261-00.
8
Se advierte que en el escrito de la demanda se expresó que la señora Carmen Alicia Peña Sierra
actuaba como sucesora procesal del señor Abraham Augusto Peña Sierra ante el fallecimiento del
mismo (falleció el 18 de marzo de 2021). Sin embargo, el 28 de mayo de 2021 se solicitó la
suspensión procesal ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito sin que fuera resuelta.
9
Ver índice 50 de samai del proceso ordinario identificado con el radicado 05001-33-33-024-2022-
00261-00.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
actualización de las sumas adeudadas; (v) negó las demás pretensiones y (vi) entre
otras decisiones.
6. A juicio del a quo, se logró probar que existió una dependencia económica del
señor Abraham Augusto frente a su hermana Bernarda del Socorro, aun cuando la
UGPP recaudó suficiente material probatorio para determinar que se presentó una
pluricitada dependencia económica del solicitante. Por ello, se encontró acreditado
ese requisito para la obtención de la pensión de sobrevivientes.
7. De otra parte, argumentó que, de conformidad con la historia clínica del
demandante, los testimonios recabados y las declaraciones extra proceso, el señor
Abraham Augusto tuvo dos episodios cardiovasculares significativos entre el año
1994 y 1999, consistente en un posible infarto en septiembre de 2016, fecha que es
anterior al deceso de la causante, incluso tenía un riesgo cardiovascular, padecía
de osteoartrosis de rodillas y escoliosis. Contrario a lo resuelto por la Junta, el
demandante si padecía de una enfermedad degenerativa y la fecha de
estructuración carece de sustento, pues no satisface los parámetros médicos,
técnicos, científicos y procedimentales definidos por el Decreto 1507 de 2014, por
tanto, la fecha de estructuración de invalidez del demandante ocurrió con
anterioridad al fallecimiento de la señora Bernarda del Socorro Peña Sierra.
8. La señora Carmen Alicia Peña Sierra como sucesora procesal del demandante,
así como la UGPP y el Departamento de Antioquia presentaron apelación contra la
decisión de primera instancia. El Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo Oral de
Medellín, por medio de auto del 29 de febrero de 202410, concedió el recurso en
efecto suspensivo y ordenó su envío al Tribunal Administrativo de Antioquia.
9. El 11 de marzo de 202411, el expediente fue asignado a la Sala Segunda de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y a través de auto del 23 de julio
de 202412 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y
demandada. Asimismo, aclaró que no era necesario practicar pruebas, sin embargo,
era posible pronunciarse con respecto a los recursos de apelación presentados.
10. Desde el 19 de noviembre de 202413, el asunto se encuentra a despacho para
fallo, sin que a la fecha de la presentación de la acción de tutela de la referencia se
haya proferido decisión de segunda instancia.
Pretensiones
11. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
10
Ver índice 61 de samai del proceso ordinario identificado con el radicado 05001-33-33-024-2022-
00261-00.
11
Ver índice 3 de samai del proceso ordinario identificado con el radicado 05001-33-33-024-2022-
00261-01.
12
Ver índice 5 de samai del proceso ordinario identificado con el radicado 05001-33-33-024-2022-
00261-01.
13
Ver índice 9 de samai del proceso ordinario identificado con el radicado 05001-33-33-024-2022-
00261-01.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva
y a la protección especial de la persona adulta mayor de la señora CARMEN
ALICIA PEÑA SIERRA.
SEGUNDA: Que se declare que la falta de decisión del recurso de apelación
dentro del proceso radicado No. 05001 33 33 024 2022 00261 01, pese al
tiempo transcurrido desde su admisión y a las solicitudes de celeridad
presentadas, vulnera los derechos fundamentales de la accionante.
TERCERA: Que se ordene a la autoridad judicial accionada que, dentro del
término que establezca el juez constitucional y atendiendo la situación de
especial vulnerabilidad de la señora CARMEN ALICIA PEÑA SIERRA,
adopte la decisión que en derecho corresponda respecto del recurso de
apelación pendiente.
CUARTA: Que se ordene a la autoridad accionada informar al juez
constitucional y a la parte accionante sobre el cumplimiento de la orden
impartida”14.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La parte demandante sostuvo que la demora en el recurso de apelación contiene
una relevancia constitucional elevada debido a las condiciones particulares de la
señora Carmen Alicia Peña Sierra dado que es una persona adulta de 87 años.
Incluso argumentó que la situación de salud y avanzada edad fue puesta en
conocimiento del tribunal accionado. Además, presentó solicitudes de celeridad y
trámite especial el 25 de febrero y 25 de noviembre de 2025 con el fin de que se
impulsara el proceso.
13. De otra parte, manifestó que la acción de tutela busca la protección de sus
derechos fundamentales frente a la mora judicial que se ha prolongado durante un
tiempo considerable y no pretende desconocer la congestión judicial ni obtener una
decisión favorable. Por el contrario, lo que busca es que se adopte una decisión que
lleva un tiempo considerable al despacho, más aún cuando se trata de una
accionante que es adulta mayor con una enfermedad neurodegenerativa y una
dependencia funcional acreditada.
14. También manifestó que la mora judicial no puede ser analizada exclusivamente
desde una perspectiva meramente cronológica, sino que se deben valorar las
circunstancias concretas del proceso, la complejidad del asunto, la actividad
desplegada por las partes, la conducta de la autoridad judicial y las condiciones
particulares de la persona afectada.
15. De igual manera, mencionó los artículos 29 y 86 de la Constitución Política.
Asimismo, dijo que la Corte Constitucional15 ha reiterado el análisis de la tutela en
donde se deben atender las circunstancias concretas del caso y que cuando la
vulneración es actual y continuada, la acción constitucional puede resultar
procedente para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales
comprometidos.
14
Ver págs. 5 y 6 del escrito de tutela.
15
No específico la providencia a la cual se refiere.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
Trámite procesal
16. El asunto le correspondió al magistrado sustanciador y a través de auto del 19
de agosto de 2026, requirió a la abogada Claudia Elena Baena Restrepo con el fin
de que allegara un poder especial que la facultara para ejercer la representación
judicial de la señora Carmen Alicia Peña Sierra en la acción de tutela.
17. El auto precitado fue notificado a las partes el 21 de agosto de 2026 y a través
de memorial del 25 del mismo mes y año la profesional del derecho allegó el poder
solicitado.
18. El proceso ingresó al despacho el 31 de agosto de 2026 y mediante auto del
1°. de septiembre de 2026, admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como accionado y al Juzgado
Veinticuatro (24) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia, a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al
Departamento de Antioquia, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 05001-33-33-024-2022-00261-00/01, en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe. De otra parte, solicitó
el expediente ordinario y requirió al Tribunal accionado para que se pronunciara de
manera concreta y detallada sobre el estado actual del trámite de la segunda
instancia, además de las razones que habían ocasionado la presunta mora judicial.
Intervenciones
19. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), indicó que actúa como parte
demandada en el proceso ordinario, motivo por el cual no tiene injerencia en el
manejo de los turnos para la toma de decisiones del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por lo que solicitó su desvinculación.
20. De otra parte, sostuvo que debe comprobarse el vínculo real de la entidad
accionada frente al hecho generador de la violación del derecho como lo ha
manifestado la Corte Constitucional en la sentencia T-462 del 20 de septiembre de
1996.
21. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia explicó que
estas Juntas se rigen por el mandato del previsto en el Decreto 1352 del 2013
compilado por el Decreto 1072 de 2015, lo cual requiere cumplir con todos los
requisitos para iniciar un proceso de calificación. De otra parte, revisó y no encontró
solicitudes de proceso de calificación o devolución de documentación, procesos
radicados o solicitudes presentadas por alguna entidad de seguridad social a
nombre de la señora Carmen Alicia Peña Sierra.
22. De otra parte, expresó que las peticiones formuladas no están llamadas a
prosperar frente a la Junta Regional, por lo cual se encuentra una falta de
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
legitimación en la causa por pasiva. Para esto citó algunos apartes de las sentencias
T-416 de 1997 y T-519 de 2001 y solicitó su desvinculación.
23. El Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo de Medellín mencionó las
actuaciones realizadas por el mismo. Asimismo, adujo que las actuaciones
adelantadas en esa instancia han sido desarrolladas con estricta observancia de las
disposiciones legales y procesales aplicables debidamente fundamentadas en
derecho.
24. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el expediente
del proceso ordinario.
25. El Tribunal Administrativo de Antioquia de manera extemporánea contestó
la acción de tutela. Allí precisó que ese despacho cuenta con 533 procesos vigentes
que están a cargo de 4 empleados judiciales permanentes, lo cual deja en evidencia
la congestión judicial. Además, que esta problemática estructural del sistema judicial
colombiano, busca solventar las posibilidades fácticas, jurídicas y humanas con las
que se cuenta.
26. De igual manera, manifestó que, de los 533 procesos vigentes, hay 287
procesos al despacho para fallo, es decir que hay 286 procesos que se encuentran
en el mismo estado de la solicitante, y exactamente 31 procesos anteriores al de
objeto de cuestionamiento. Por tanto, se atienden en atención al derecho al turno,
tal como lo precisa el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. Por lo que el turno no debe
ser alterado salvo en los eventos de sentencia anticipada, prelación legal,
naturaleza de los asuntos, importancia jurídica y trascendencia social. Pero en el
presente caso no se advierte una razón excepcional para la alteración del turno.
Más aún cuando no ha sido solicitado por alguna de las partes o el ministerio
público.
27. También, dijo que las limitaciones actuales de personal, los medios y la
demanda de justicia impiden lograr este fin que no deja de ser un propósito y un
compromiso de quienes con esfuerzo desempeñan esa labor. Si bien el transcurso
del tiempo genera indisposición de la solicitante, no es menos cierto que el proceso
sobre el cual se solicita vigilancia judicial se ha surtido en correspondencia con los
deberes que le asisten al magistrado sustanciador y a la corporación. Por lo que
dichos fundamentos son suficientes para negar el amparo constitucional. Además,
manifestó que es consciente de la especial condición de vulnerabilidad de la
accionante, por lo que, dentro de sus posibilidades institucionales, procurará
imprimir la mayor celeridad posible a la decisión del asunto. Por último, remitió copia
del expediente y un archivo Excel donde relaciona los procesos al despacho para
sentencia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
28. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
29. De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a determinar ¿si el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en mora judicial injustificada al no proferir sentencia de segunda
instancia, pese a que el proceso ingresó al despacho para fallo el 19 de noviembre
de 2024? Sin embargo, de manera previa, corresponde a la Sala establecer si se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
30. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de la jurisprudencia sobre mora judicial; (ii)
análisis de los requisitos formales de procedencia; y (iii) examen de fondo del caso.
Mora judicial e impacto en los derechos fundamentales
31. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, las cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución16.
32. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción o
ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
funcionario judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable17.
33. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en
concreto, si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a
una actitud caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas
estructurales que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la
congestión judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los
despachos. Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas
directamente a los servidores judiciales.
34. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
16
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
17
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierta la existencia de un perjuicio irremediable18.
35. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional19, para establecer
si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se
cumple entre otros los siguientes requisitos:
“(i)no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado
el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a conductas
dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas procesales”.
36. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, esta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la ley
para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa razonable que
justifique dicha dilación, como lo sería la congestión judicial o la carga
excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión de la
autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes funcionales”.
37. A juicio de la Sala, cuando la acción de tutela se interpone con el propósito de
obtener la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
mora judicial, el análisis no debe limitarse a verificar si la autoridad judicial respetó
los plazos legales para adoptar una decisión. Lo verdaderamente relevante consiste
en establecer si la tardanza alegada carece de una justificación objetiva y
razonable20.
Análisis del caso en concreto
38. La parte accionante promovió la presente acción de amparo constitucional por
la presunta mora judicial injustificada atribuible al Tribunal Administrativo de
Antioquia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado
con número 05001-33-33-024-2022-00261-00/01. Lo anterior debido a que, desde
el 19 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho para fallo, sin que
se haya proferido sentencia de segunda instancia.
18
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
19
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
20
En Palabras de la Corte en la Sentencia T-186 de 2017: “el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración para
que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse a
tiempo.”
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
39. En ese orden de ideas, la Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la
causa y, en segundo lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se
configura una mora judicial.
De la legitimación en la causa por activa
40. En primer lugar, la señora Carmen Alicia Peña Sierra cuenta con legitimación
en la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos
fundamentales cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona
directamente afectada por la presunta vulneración de derechos fundamentales en
que incurrieron las autoridades judiciales accionadas.
41. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial a la cual se le atribuye la transgresión
de los derechos fundamentales reclamados por la demandante.
42. Asimismo, se mantendrá la vinculación como terceros con interés de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia por haber sido demandados dentro del trámite de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-024-
2022-00261-00/01.
Estudio formal de la mora judicial
43. En el caso bajo examen, la Sala constata que se cumplen los requisitos de
procedencia formal de la acción de tutela promovida por mora judicial.
44. Respecto del requisito de diligencia de la parte actora, se observa que la parte
accionante ha mantenido una actuación activa, constante y comprometida con la
defensa de sus derechos, lo que ha permitido que el proceso avance hasta su fase
final.
45. En cuanto al requisito de subsidiariedad, aunque el proceso judicial aún se
encuentra en trámite, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en los
casos de mora judicial, el ciudadano no está obligado a agotar otros mecanismos
procesales —como recursos o incidentes—, dado que su utilización solo prolongaría
la tardanza y profundizaría la vulneración de los derechos fundamentales. En ese
contexto, la accionante se hallaba en una situación de indefensión, al carecer de un
medio judicial idóneo y eficaz que le garantizara una decisión oportuna.
46. Por último, en relación con el requisito de inmediatez, la acción de tutela se
interpuso dentro de un término razonable, toda vez que el proceso judicial continúa
abierto y la presunta afectación a los derechos fundamentales permanece vigente y
actual.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
Estudio sustantivo de la mora judicial
47. Una vez superado este análisis formal, la Sala entrará a analizar de fondo el
presente asunto. Así, para determinar la existencia de mora judicial injustificada, es
necesario realizar una valoración integral de las circunstancias que rodean la
demora, al considerar que cuenta con factores como la complejidad del asunto, la
existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la conducta de los
interesados y la diligencia del funcionario judicial. En ese sentido, el mero
incumplimiento de los plazos procesales no configura, por sí solo, una vulneración
constitucional, pues es indispensable analizar el contexto en el que se produjo el
retardo.
48. En el caso concreto, la señora Carmen Alicia Peña Sierra solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de
justicia, la tutela judicial efectiva, la seguridad social y la protección especial de las
personas adultas mayores, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia debido a que dicha Corporación no ha proferido
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-024-2022-00261-00/01.
49. Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que en dicho asunto la autoridad judicial accionada ha adelantado las
siguientes actuaciones:
̶ El 11 de marzo de 2024, ingresó al Tribunal Administrativo de Antioquia el
recurso de apelación presentado por la parte demandante y demandada
contra la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por el Juzgado
Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín.
̶ Por medio de auto del 24 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, admitió el recurso de apelación.
̶ La decisión precitada fue comunicada a las partes el 25 de julio de 2024.
̶ Luego de ejecutoriado el auto admisorio y sin solicitud de prueba o
manifestación frente a los recursos de apelación, el 19 de noviembre de
2024, el expediente ingresó a despacho para dictar sentencia.
̶ El 5 de febrero y 26 de noviembre 2025, la apoderada de la parte
demandante remitió unos memoriales21.
50. Ahora bien, en el informe de tutela, el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia señaló que el asunto en cuestión se tramita dentro del
turno ordinario para decisión, el cual, se ve impactado por la carga estructural del
servicio. Asimismo, adujo que el despacho a su cargo tiene acumulado en su
21
Se advierte que la parte accionante manifiesta en su escrito de tutela que estos memoriales
corresponden a unas solicitudes de celeridad y trámite especial por la edad avanzada y el delicado
estado de salud de la sucesora procesal. No obstante, al revisar el proceso ordinario, estos
memoriales se encuentran restringidos.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
inventario 533 procesos vigentes en segunda instancia, cifra que desborda la
capacidad profesional de él y de su equipo de trabajo. Asimismo, explicó que de ese
inventario existen 287 procesos al despacho para fallo y exactamente 31 procesos
anteriores al de la accionante.
51. No obstante, la Sala advierte que dicha respuesta no contiene una justificación
concreta, suficiente y verificable sobre la prolongada mora que se le atribuye. La
autoridad judicial no explicó las razones específicas que impidieron resolver
oportunamente el asunto, ni acreditó circunstancias excepcionales que permitan
considerar la demora como razonable, pues remitió un Excel con varios de los
procesos que tiene a su cargo sin ninguna fundamentación específica más allá de
datos generales de estos. Esta omisión impide descartar la posible vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, conforme a los estándares fijados por la jurisprudencia constitucional en
materia de mora judicial.
52. La Sala precisa que la carga de justificar un retardo procesal recae en la
autoridad judicial accionada, cuando el plazo para expedir sentencia se excedió con
creces. En el presente caso, el Tribunal no acreditó la existencia de una congestión
judicial extraordinaria debidamente soportada, ni demostró la concurrencia de
dificultades administrativas insuperables, ni expuso razones objetivas que expliquen
por qué no resolvió el recurso de apelación dentro de un plazo razonable. Ante la
ausencia de elementos que permitan atribuir la dilación a causas legítimas, la Sala
concluye, prima facie, que el retardo no encuentra sustento constitucional.
53. El registro efectuado en el aplicativo de SAMAI, que da cuenta del ingreso del
expediente al despacho el 19 de noviembre de 2024 para proferir decisión, no
desvirtúa la mora acreditada. El ingreso para fallo constituye una actuación interna
de trámite que antecede a la decisión, pero no satisface el deber funcional de
administrar justicia de manera pronta y efectiva. El cumplimiento de ese deber exige
la adopción y notificación de la providencia correspondiente dentro de un término
razonable.
54. Asimismo, la duración de la controversia debe apreciarse de manera integral y
no únicamente desde la fecha en que el expediente ingresó al despacho del
magistrado ponente. El proceso ante la jurisdicción administrativa se tramita desde
2022, cuando fue remitido a los juzgados administrativos y admitido por el Juzgado
Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín. Desde entonces transcurrieron
aproximadamente cuatro años sin que exista una decisión judicial definitiva y,
durante ese lapso, incluso fue necesario reconocer la sucesión procesal del
demandante inicial, Abraham Augusto Peña Sierra, como consecuencia de su
fallecimiento. Esta circunstancia evidencia que el paso del tiempo no es neutro
frente a la efectividad de la tutela judicial y refuerza la necesidad de que la
controversia obtenga una definición definitiva dentro de un plazo razonable.
55. A la fecha de esta decisión, el Tribunal no ha proferido la decisión respectiva.
Esta circunstancia mantiene la incertidumbre jurídica de la accionante y prolonga la
definición del litigio. La inactividad procesal posterior a esa actuación supera
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
ampliamente los parámetros de razonabilidad que deben regir el ejercicio de la
función jurisdiccional.
56. Tampoco se advierte que la complejidad del asunto explique objetivamente la
prolongación del trámite. La segunda instancia no se encuentra pendiente de
decreto o práctica de pruebas ni de alguna actuación de las partes: las apelaciones
fueron admitidas desde julio de 2024, el Tribunal consideró innecesaria la práctica
probatoria y el expediente permanece al despacho exclusivamente para dictar
sentencia desde el 19 de noviembre de ese año. Por tanto, la dilación examinada
no corresponde a la necesidad de surtir etapas procesales adicionales o resolver
una actividad probatoria particularmente compleja, sino al tiempo empleado para
adoptar la decisión definitiva de una controversia que se encuentra materialmente
concluida para fallo.
57. En consecuencia, la Sala concluye que el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-024-2022-00261-01 ha
permanecido sin decisión de fondo durante un lapso que excede los límites
constitucionales de celeridad y eficacia. La autoridad judicial accionada no ofreció
una explicación suficiente que justifique la demora. Esta situación configura una
vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la
señora Carmen Alicia Peña Sierra, en cuanto impide la obtención de una decisión
judicial oportuna y efectiva.
58. Ahora bien, la protección del derecho a obtener una decisión dentro de un plazo
razonable debe armonizarse con el derecho a la igualdad de los demás usuarios de
la administración de justicia cuyos asuntos se encuentran igualmente pendientes de
decisión. Como regla general, los procesos deben ser resueltos conforme al orden
cronológico de ingreso al despacho. Este sistema de turnos constituye un
mecanismo de racionalización de la actividad judicial y evita que la prioridad de un
asunto se traduzca, sin justificación suficiente, en una mayor espera para quienes
acudieron previamente a la jurisdicción. En esa dirección, la regulación estatutaria
examinada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-134 de 2023 preserva el
orden cronológico como regla general y admite supuestos excepcionales de
tratamiento preferente.
59. A su vez, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el respeto por el
sistema de turnos no impide adoptar medidas diferenciadas cuando las
circunstancias particulares del interesado así lo exijan. En la Sentencia T-183 de
2024, la Corte precisó que uno de los remedios frente a la vulneración de la garantía
del plazo razonable consiste en ordenar la priorización del proceso, siempre que se
constate que (i) la persona accionante es sujeto de especial protección
constitucional; (ii) la mora supera de manera evidente los plazos razonables y
tolerables de solución; y (iii) la tardanza puede producir una afectación definitiva de
un derecho fundamental. Esa posibilidad debe aplicarse restrictivamente,
precisamente porque la modificación del turno repercute sobre los demás usuarios
que también esperan una decisión judicial.
60. En el asunto objeto de estudio concurren elementos que justifican activar ese
tratamiento reforzado. La señora Carmen Alicia Peña Sierra tiene 87 años y se
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
acreditó que presenta un trastorno neurocognitivo mayor secundario a enfermedad
de Alzheimer, en estadio moderado, así como dependencia funcional. Además, la
controversia pendiente está relacionada con una prestación pensional y el
expediente permanece al despacho para sentencia desde el 19 de noviembre de
2024. Estas condiciones permiten advertir, además, que la prolongación indefinida
de la segunda instancia puede tornar tardía o materialmente ineficaz la tutela judicial
pretendida, atendida la avanzada edad, el deterioro neurocognitivo y la dependencia
funcional de la accionante , como se constata en la siguiente historia clínica:
61. Sin embargo, el Tribunal informó que existen 31 procesos que ingresaron para
fallo con anterioridad, y el expediente de tutela no contiene información suficiente
acerca de las condiciones personales o jurídicas de quienes intervienen en esos
asuntos. En consecuencia, esta Sala no cuenta con elementos para afirmar que
ninguno de ellos se encuentra amparado por una prelación legal o en una situación
de vulnerabilidad igual o incluso superior a la de la accionante.
62. Por esta razón, una orden que dispusiera directamente que el proceso de la
accionante sea decidido antes que todos los asuntos que lo anteceden podría
afectar el derecho a la igualdad de terceros cuya situación no fue objeto de
conocimiento en este trámite constitucional. La protección adecuada consiste,
entonces, en ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que realice
inmediatamente un examen de prelación del proceso de la señora Carmen Alicia
Peña Sierra, al considerar su edad, estado de salud, dependencia funcional, la
naturaleza pensional del litigio y el tiempo transcurrido, así como el contraste de
esas circunstancias con las eventuales prelaciones legales o situaciones de
especial urgencia constitucional acreditadas en los asuntos que actualmente lo
anteceden. Realizado ese examen, deberá asignar al proceso de la accionante una
prioridad en el sistema de turnos para fallo, de manera que únicamente sea
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
precedido por aquellos expedientes que cuenten con prelación legal o respecto de
los cuales se verifiquen circunstancias de igual o mayor urgencia constitucional.
63. Para asegurar la efectividad del amparo, el referido estudio deberá efectuarse
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia.
Determinada la posición preferente que corresponda al proceso, el Tribunal deberá
proceder a su decisión con la mayor celeridad posible y comunicar a la accionante,
dentro del mismo término, la prelación asignada y las razones objetivas que la
sustentan. Esta orden no autoriza a relegar el asunto al turno ordinario ni a diferir
indefinidamente su resolución, pues la condición acreditada de la accionante exige
que, una vez salvaguardadas las prelaciones legales y las situaciones
comparativamente más urgentes, su proceso sea decidido con preferencia respecto
de los restantes asuntos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: NEGAR LA DESVINCULACIÓN del presente trámite constitucional de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso, el acceso a la administración
de justicia, la tutela judicial efectiva, la seguridad social y la protección especial de
las personas adultas mayores de la señora Carmen Alicia Peña Sierra.
TERCERO: ORDENAR al magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de
Antioquia que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia, realice un estudio de prelación para fallo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-024-2022-
00261-01. Para tal efecto, deberá valorar de manera especial la avanzada edad de
la señora Carmen Alicia Peña Sierra, su estado de salud, su dependencia funcional,
la naturaleza pensional del asunto y el tiempo durante el cual el expediente ha
permanecido pendiente de decisión, y contrastar dichas circunstancias con las
prelaciones legales y las situaciones de especial urgencia constitucional acreditadas
respecto de los procesos que actualmente lo anteceden en turno.
Como resultado de dicho examen, el Tribunal deberá ASIGNAR al proceso de la
accionante una prioridad en el sistema de turnos para fallo, de modo que
únicamente sea precedido por aquellos asuntos que cuenten con prelación legal o
respecto de los cuales se verifiquen circunstancias de igual o mayor urgencia
constitucional. Efectuada la determinación, deberá informar inmediatamente a la
accionante la posición preferente asignada y las razones que la sustentan, y adoptar
la decisión de fondo con la mayor celeridad posible.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06501-00
Accionante: Carmen Alicia Peña Sierra en calidad de sucesora procesal de Abraham Augusto Peña Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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