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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06527-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06527-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR el amparo solicitado por el señor Héctor Mario Mosquera Obando, conforme a las consideraciones expuestas. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 9 Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 6 52 7- 0 0 Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06527-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06527-00
Accionante: Héctor Mario Mosquera Obando
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, y otros. Nulidad y restablecimiento del derecho- proceso
sancionatorio y cobro coactivo. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Héctor Mario Mosquera
Obando, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
igualdad, que considera vulnerados con la sentencia del 17 de julio de 2026,
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-33-33-008–2023–00341-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 15 de agosto de 2013, la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC) inició proceso sancionatorio en su contra, formuló un único cargo y
mediante la Resolución 0740 – 000506 le impuso medida preventiva. Dichos actos

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fueron notificados a la Carrera 18ª # 27-28 de San Pedro. El 10 de diciembre de
2014, la autoridad ambiental profirió auto de práctica de pruebas y el 26 de
diciembre de 2016, cerró la investigación.

Que en la Resolución núm. 0740-001149 del 16 de septiembre de 2019, la entidad
levantó la medida y le impuso sanción. Que no interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra de ese acto, ya que la notificación se remitió a la
dirección Calle 25C # 10 – 22 de Tuluá, la cual desconoce.

Que la CVC mediante la Resolución 0110 núm. 0114-0123 del 19 de noviembre de
2019 profirió mandamiento de pago en su contra, a fin de hacer efectivo el pago de
la multa impuesta dentro del proceso sancionatorio con radicado núm. 0741 039
004 245 2013. Que tuvo conocimiento de la sanción en el mes de diciembre del
2022, como consecuencia de la retención que le hicieron de los dineros que poseía
en la cuenta de ahorros del Banco BBVA.

Que el 29 de marzo del «presente año», presentó escrito de excepciones en contra
de la mencionada resolución, las cuales fueron resueltas por la entidad en la
Resolución 0110 núm. 0114-0177 del 18 de abril de 2023; que interpuso recurso de
reposición en contra del acto citado y la entidad lo resolvió a través de la Resolución
0110 núm. 0114-0417 del 26 de junio de 2023.

Que el 22 de septiembre de 2023, le solicitó a la entidad información de por qué i)
no notificó todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso sancionatorio a la
dirección carrera 18ª # 27-28 de San Pedro y ii) algunas notificaciones fueron
remitidas a la Calle 25C # 10 – 22 de Tuluá; en vista de que la entidad no contestó
interpuso acción de tutela1 y el Juzgado Tercero Civil Municipal de Tuluá amparó su
derecho fundamental de petición.

Que el 2 de octubre de 2023 radicó solicitud de conciliación ante la Procuraduría
General de la Nación y el 27 de noviembre de esa anualidad se llevó a cabo.

Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
CVC, para que se declarara la nulidad de las resoluciones 0110 núm. 0114-177 del
18 de abril del 2023 y 0114-417 del 26 de junio del 2023; el 28 de marzo de 2025,
el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali accedió a las
pretensiones y el 17 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
revocó la decisión y, en su lugar, negó las súplicas.

Considera que el Tribunal incurrió en los defectos:

• procedimental por exceso ritual manifiesto, porque «sacrificó el derecho al
debido proceso al exigir que la falta de notificación se alegara como una excepción

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técnica en un momento exacto, ignorando que el título ejecutivo nunca nació
legalmente».

• fáctico, por considerar que el «conocimiento de la deuda en 2022 "curaba" la falta
de notificación de 2019»; no valorar que la entidad realizó la notificación en una
dirección desconocida sin autorización previa; y, no percatarse de que «la firma del
acuerdo no fue un acto libre, sino una medida de necesidad para proteger el derecho
al trabajo ante la amenaza de ser reportado en el boletín de morosos, lo cual habría
afectado la vinculación laboral con la UCEVA».

• desconocimiento del precedente, ignoró la jurisprudencia de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, la cual permite presentar «” nuevos o mejores argumentos"
de nulidad en la etapa judicial, siempre que no se alteren los hechos básicos. Al
cerrar esta puerta, el Tribunal negó el acceso efectivo a la administración de
justicia».

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 17 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
76001-33-33-008–2023–00341-00/01; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad
judicial accionada emitir una nueva decisión donde examine de fondo los cargos
relacionados con la inexistencia de un título ejecutivo oponible, la procedencia de
las excepciones previstas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, la configuración
de la caducidad de la facultad sancionatoria y las irregularidades en la notificación
del acto administrativo sancionatorio.

TRÁMITE PROCESAL

El 20 de agosto de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Cali y a la Corporación Autónoma Regional del
Valle (CVC), como terceros con interés; y, se ordenó notificar a las partes y a los
vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali relató las
actuaciones que adelantó en el medio de control objeto de controversia y precisó
que la inconformidad del actor radica en la decisión que adoptó el Tribunal

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Administrativo del Valle del Cauca al revocar la sentencia que inicialmente había
accedido a las pretensiones.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que la
excepción formulada en sede administrativa se sustentó en la presunta caducidad
de la facultad sancionatoria ambiental y, el recurso de reposición en la
improcedencia de las medidas cautelares sobre sus recursos bancarios; no
obstante, en la demanda introdujo un debate completamente diferente, relacionado
con la dirección a la cual fueron remitidas la citación para notificación personal y la
notificación por aviso del acto sancionatorio.

Expuso que la providencia cuestionada se ajusta estrictamente al ordenamiento
jurídico y no vulnera los derechos fundamentales invocados por el actor, ni cualquier
otro, motivo por el cual pidió que se niegue el amparo solicitado.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada5.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela7.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 17 de julio de 2026
cumple con los requisitos de procedencia, ya que: a) tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por incurrir en los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual
manifiesto y desconocimiento del precedente; b) el actor no cuenta con otro medio
de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se instauró el 18 de agosto de 2026, esto es, dentro de
los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el 28 de julio
de 2026, teniendo en cuenta que la notificación fue efectuada por mensaje de datos
enviado el 21 de igual mes y año; y, d) la tutela no se dirige contra un fallo de la
misma naturaleza.

El Tribunal relató las actuaciones que se efectuaron en el proceso sancionatorio que
adelantó la CVC en contra del señor Mosquera:

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.

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• Resolución 0740 núm. 0741-001149 del 16 de septiembre de 2019, por medio de
la cual se le declaró ambientalmente responsable, le impuso una multa por valor de
$33.389.534 y ordenó la demolición de una obra de captación de agua.

• Resolución 0110 núm. 0114-0123 del 19 de noviembre de 2020, la CVC libró
mandamiento de pago contra el demandante.

• El 29 de marzo de 2023, el ejecutado propuso excepción de «falta de título
ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió», la cual sustentó en la
presunta caducidad de la facultad sancionatoria ambiental.

• El argumento del demandante en el recurso de reposición contra la Resolución
0110 núm. 0114-0177 del 18 de abril de 2023, mediante la cual se declararon no
probadas las excepciones, se centró en alegar que los dineros depositados en su
cuenta de ahorros eran inembargables, conforme a la Circular 58 de 2022 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Con base en lo anterior, el juez contencioso concluyó que el argumento relativo a la
indebida notificación de la Resolución 0740 núm. 0741-001149 del 16 de septiembre
de 2019 no correspondía «a un nuevo o mejor argumento» jurídico frente a lo
discutido en sede administrativa, sino a un debate diferente.

Resaltó que las excepciones contra el mandamiento de pago son taxativas, y si bien
el juez puede interpretar razonablemente el alcance de las inconformidades
planteadas por el ejecutante, lo cierto es que ello no lo habilita para «acomodar
forzosamente la excepción propuesta ni para tener por alegado un fundamento
fáctico distinto al que fue sometido oportunamente a consideración de la
administración».

Que en el caso concreto, se invocó la excepción de falta de ejecutoria del título, la
cual sustentó en la presunta caducidad de la facultad sancionatoria ambiental y no
en la indebida notificación del acto administrativo. Además, precisó que el
planteamiento no estaba dirigido a cuestionar la exigibilidad del título por falta de
notificación, sino la legalidad del acto que sirvió de fundamento para el cobro, pues
en su criterio, la administración había excedido el término para decidir de fondo la
actuación.

Señaló que la Sección Cuarta del Consejo de Estado8 ha establecido que, si bien
en sede judicial es posible exponer nuevos o mejores argumentos jurídicos respecto
de los planteados en la actuación administrativa, ello no autoriza introducir hechos
nuevos o distintos, pues dicha posibilidad afectaría el debido proceso de la
administración. Resaltó que dicha regla adquiere especial relevancia en el
procedimiento administrativo de cobro coactivo, en el cual las excepciones contra el

8 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018, rad. 08001-23-31-000-

2012-00516-01(22060), CP. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

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mandamiento de pago son taxativas y deben proponerse dentro de la oportunidad
legal correspondiente.

Explicó que, aunque la falta de ejecutoria del título ejecutivo puede comprender, en
abstracto, el análisis sobre la debida notificación del acto administrativo que sirve
de fundamento al cobro, lo cierto es que tal supuesto debía ser propuesto
oportunamente como excepción contra el mandamiento de pago, o al menos como
motivo de inconformidad en el recurso de reposición formulado contra el acto que
declaró no probadas las excepciones; sin embargo, eso no ocurrió en el asunto.

Dijo que no desconoce que obran actuaciones anteriores y posteriores a la
resolución de las excepciones dentro del cobro coactivo en las que el señor
Mosquera manifestó inconformidades relacionadas con la sanción ambiental, el
proceso sancionatorio y la forma como se enteró de la decisión; no obstante, tales
actuaciones no sustituyen la carga procesal de formular oportunamente la
excepción correspondiente dentro del proceso de cobro coactivo, ni permiten
trasladar al juez de la legalidad de la ejecución coactiva un debate que no fue
planteado como fundamento de las excepciones decididas mediante los actos aquí
demandados.

Por otro lado, adujo que sin que se emita un pronunciamiento de fondo sobre la
presunta falta de notificación, evidencia que el demandante, antes de notificarse
personalmente del mandamiento de pago y de proponer excepciones en marzo de
2023, conocía sobre la existencia del acto sancionatorio y contaba con elementos
suficientes para ejercer oportunamente los mecanismos de defensa
correspondientes, esto es, interponer los recursos procedentes en sede
administrativa y acudir al medio de control judicial pertinente.

Por lo anterior, el Tribunal decidió revocar la sentencia del 28 de marzo de 2025 y,
en su lugar, negar las pretensiones.

El actor considera que el Tribunal incurrió en el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, por «exigir que la falta de notificación se alegara como una
excepción técnica en un momento exacto, ignorando que el título ejecutivo nunca
nació legalmente».

La Sala observa que la exigencia del Tribunal, de que el demandante debió
proponer la excepción de indebida notificación en contra de la Resolución 0740
núm. 0741-001149 del 16 de septiembre de 2019, no obedece a un apego o
rigorismo legal que obstaculiza la materialización de los derechos sustanciales, sino
que garantiza el derecho al debido proceso, defensa y contradicción que le asiste a
la administración de que en el proceso judicial no se expongan hechos nuevos que
no fueron formulados en el proceso sancionatorio o de cobro coactivo, razón por la
cual no se materializa el error estudiado.

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A juicio del señor Mosquera se configura el defecto fáctico, porque el Tribunal i) no
valoró el hecho de que la CVC notificó los actos a una dirección desconocida sin
autorización previa y consideró que el conocimiento que tuvo el actor de la deuda
saneaba dicha irregularidad; y, ii) no analizó que la firma del acuerdo de pago no
fue de manera libre.

Al respecto, valga precisar que la decisión del Tribunal de negar las súplicas de la
demanda no se fundamentó en el examen de ese supuesto fáctico, sino en el hecho
de que se adujeron en el proceso judicial hechos diferentes de los que fueron
sometidos a consideración de la administración al resolver las excepciones contra
el mandamiento de pago y al decidir el recurso de reposición.

Por último, el actor manifestó que la sentencia controvertida ignoró la jurisprudencia
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que permite presentar «nuevos o
mejores argumentos de nulidad en la etapa judicial, siempre que no se alteren los
hechos básicos».

El Tribunal citó la sentencia mencionada, del 8 de febrero de 2018, en la cual se
precisó que ante la jurisdicción no pueden plantearse hechos nuevos -diferentes a
los invocados en sede administrativa-, aunque sí mejores o nuevos argumentos y
fundamentos de derecho respecto de los planteados en los recursos interpuestos
en la actuación administrativa.

Conforme a lo expuesto, no se observa que la autoridad judicial hubiera inadvertido
la decisión de la Sección Cuarta de la corporación; por el contrario, se evidencia
que la tuvo en cuenta y, con base en ella, consideró que la supuesta indebida
notificación del acto administrativo no es un nuevo o mejor argumento, sino que se
trata de un nuevo hecho que no fue expuesto ante la administración; motivo por el
cual no se configura el defecto estudiado.

En consecuencia, se negará el amparo invocado, dado que no se configuraron los
errores endilgados ni cualquier otro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado por el señor Héctor Mario Mosquera Obando,
conforme a las consideraciones expuestas.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 6 52 7- 0 0

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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