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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06531-00

Fecha
8 de octubre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06531-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de la solicitud de amparo presentada por el señor José Arnoldo Henao Castrillón. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón Demandado: Consejo de Estado, Secretaría General y Secretaría de la Sección Tercera Radicado: 11001-03-15-000-2026-06531-00 CUARTO: Si no fuese impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06531-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho [8] de octubre de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06531-00
Demandante: JOSÉ ARNOLDO HENAO CASTRILLÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECRETARÍA GENERAL Y
SECRETARÍA DE LA SECCIÓN TERCERA

Temas: Tutela de fondo – Acceso a la administración de justicia –
Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor José Arnoldo Henao Castrillón, en nombre propio, presentó acción de
tutela el 18 de agosto de 2026, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva, «a la protección constitucional» y a la igualdad.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales porque, pese a que el
15 de enero de 2024 presentó ante el Consejo de Estado una demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa, para la fecha de
presentación de la acción de tutela el proceso no había sido efectivamente
repartido a una autoridad judicial para que continuara con el trámite
correspondiente.

Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Consejo de Estado, Secretaría General y
Secretaría de la Sección Tercera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06531-00

1.2. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

PRIMERA. Declarar que la Secretaría General del Consejo de Estado y la
Secretaría de la Sección Tercera de dicha Corporación vulneraron de forma
grave, flagrante y continuada de los derechos fundamentales al Debido proceso
(Art. 29 C.P.), la garantía del Juez Natural (Art. 116 C.P.) y el Acceso Efectivo
a la Administración de Justicia en conexidad con la Tutela Judicial Efectiva
(Art. 229 C.P.) y Art. 8 y 25 de la CADH) de JOSÉ ARNOLDO HENAO
CASTRILLÓN, debido a la omisión antijurídica de radicar, procesar y someter al
reparto judicial regular la demanda de reparación directa presentada por medios
electrónicos el 15 de enero de 2024.

SEGUNDA. Ordenar a la Secretaría General del Consejo de Estado y a la
Secretaría de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
que, en el término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia, procedan a efectuar la
radicación forma, indexación digital y asignación por reparto regular de la
demanda de reparación directa presentada el 15 de enero de 2024, asignado el
correspondiente Magistrado Sustanciador dentro de la Sección Tercera de la
Corporación.

TERCERA. Ordenar al Magistrado Sustanciador del Consejo de Estado a quien
le corresponda el asunto por reparto que, una vez asumido el conocimiento del
expediente digital, proceda a emitir un pronunciamiento jurisdiccional
motivado mediante el cual resuelva sobre la admisibilidad de la demanda y
defina formalmente la competencia de la Corporación, aplicando de forma
estricta las reglas de competencia funcional en única instancia consagradas en
el artículo 149, numeral 7 del CPACA (modificado por la Ley 2080 de 2021) y
en concordancia con el artículo 157 del mismo código, valorando para tal efecto
la tasación universal e individual de las pretensiones extrapatrimoniales
consolidadas (1.200) .1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El 15 de enero de 2024, el señor José Arnoldo Henao Castrillón presentó ante
el Consejo de Estado una demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia.

1 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Consejo de Estado, Secretaría General y
Secretaría de la Sección Tercera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06531-00

Expuso que la Secretaría General remitió las diligencias a la Secretaría de la
Sección Tercera de esta Corporación y que, posteriormente, esta última las
envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.

Mediante auto del 7 de marzo de 2024, el referido Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B declaró su falta de competencia
y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de la Sección
Primera de Bogotá D.C.

El asunto fue repartido al Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá. Sin embargo, las diligencias fueron devueltas al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca debido a que le correspondía el estudio del
medio de control a un despacho de la Sección Tercera.

Posteriormente, por auto del 6 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, corrigió la anterior providencia
de 7 de marzo de 2024, en el sentido de ordenar la remisión del expediente a
los Juzgado Administrativos de la Sección Tercera del Circuito Judicial de
Bogotá.

Resaltó que, para el momento en el que solicitó el amparo habían transcurrido
más de dos años desde la presentación de la demanda, sin que el proceso
hubiera sido efectivamente repartido y asumido por una autoridad judicial.

1.4. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 19 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al señor José Arnoldo Henao Castrillón y al
Consejo de Estado – Secretaría General y Secretaría de la Sección Tercera.

De igual manera, dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de los Juzgados
Administrativos de las Secciones Primera y Tercera de Bogotá D.C., de la
Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia, así como de las demás partes e intervinientes del proceso
de reparación directa.

Seguidamente, a través de auto del 18 de septiembre de 2026, se ordenó la
vinculación de la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
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Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Consejo de Estado, Secretaría General y
Secretaría de la Sección Tercera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06531-00

de Cundinamarca y de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de
Bogotá D.C., con el fin de establecer la trazabilidad y ubicación del proceso de
reparación directa.

En esa providencia se requirió a dichas dependencias para que informaran las
actuaciones adelantadas para dar cumplimiento al auto del 6 de agosto de
20252 y precisaran si el expediente había sido recibido y repartido a un
despacho judicial.

1.5. Fundamentos del mecanismo constitucional

El accionante consideró que las autoridades demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales, pues habían transcurrido más de dos años desde la
presentación de la demanda de reparación directa sin que el proceso fuera
efectivamente repartido a una autoridad judicial.

Cuestionó que la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado remitieran demanda sin que un magistrado de la citada
Sección se pronunciara sobre la competencia para conocer del asunto.

Por todo lo anterior, pidió que se adoptaran las medidas necesarias para que
la demanda fuera radicada y repartida a un despacho judicial y continuara el
trámite correspondiente.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín

La entidad pidió su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que
no tuvo participación en los hechos que dieron lugar a la acción de tutela.

Explicó que las actuaciones cuestionadas se relacionan con la radicación,
remisión y reparto de la demanda de reparación directa presentada por el actor,
trámites que no se encuentran a su cargo.

2 Providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, en

donde se corrigió de oficio el auto de 7 de marzo de 2024, para ordenar la remisión del
expediente a los Juzgado Administrativos de la Sección Tercera del Circuito Judicial de Bogotá.
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De manera que reiteró que no existe una actuación u omisión que permita
atribuirle la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.6.2. Secretaría General del Consejo de Estado

La Secretaría General del Consejo de Estado solicitó negar las pretensiones
formuladas en su contra.

Expuso que recibió la demanda de reparación directa presentada por el actor y
la remitió a la Secretaría de la Sección Tercera de la Corporación para que se
adelantara el trámite correspondiente.

Sostuvo que actuó dentro del marco de sus funciones y que no le correspondía
adoptar una decisión judicial sobre la admisión de la demanda o la competencia
para conocer del asunto.

1.6.3. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá – Sección Primera

La autoridad judicial informó que el proceso de reparación directa le fue
repartido el 26 de junio de 2024, bajo el radicado 11001-33-41-045-2024-
00365-00.

Explicó que el 17 de julio de 2024 la Secretaría devolvió el expediente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que previamente hubiera
ingresado al despacho para adoptar la decisión correspondiente.

Precisó que, posteriormente, se advirtió que la remisión se había efectuado a
una dirección electrónica incorrecta, por lo que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó nuevamente el envío del expediente.

Bajo esta razón, manifestó que las diligencias fueron remitidas nuevamente a
esa Corporación en octubre de 2024.

1.6.4. Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca informó que, en cumplimiento del auto del 6 de agosto de 2025,

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el 15 del mismo mes y año remitió el expediente a la Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos de Bogotá D.C., a través de SAMAI.

Explicó que, con ocasión del requerimiento efectuado dentro de esta acción de
tutela, consultó a la Oficina de Apoyo sobre el estado del proceso y advirtió que
este no había sido sometido a reparto.

Por lo anterior, adelantó las gestiones necesarias con esa dependencia para
establecer lo ocurrido con la remisión del expediente.

1.6.5. Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá D.C.

La Oficina de Apoyo informó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
remitió el expediente el 15 de agosto de 2025. Sin embargo, explicó que SAMAI
no generó la alerta correspondiente, razón por la cual el proceso no fue
sometido a reparto en ese momento.

Expuso que, una vez tuvo conocimiento de la situación, adelantó las
actuaciones necesarias y «el proceso ya se encuentra en conocimiento del
juzgado 31 Administrativo de la ciudad de Bogotá desde el 23 de septiembre el
año en curso y le correspondió el número 11001-33-36-031-2026-00401-00».

Por lo tanto, y en virtud de lo expuesto, solicitó que se niegue el amparo
constitucional, por carencia actual del objeto, «dado que el trámite de remisión
por competencia se realizó y se encuentra debidamente documentado».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por el señor José Arnoldo Henao Castrillón contra el Consejo
de Estado – Secretaría General y Secretaría de la Sección Tercera, de
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

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2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín solicitó
su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no tuvo
participación en los hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo.

La Sala negará dicha petición, pues la entidad fue vinculada en calidad de
tercero con interés, al integrar la parte demandada dentro del proceso de
reparación directa que dio origen a la presente acción de tutela.

De manera que, se mantendrá su vinculación al presente trámite constitucional.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde determinar si el Consejo de Estado –
Secretaría General y Secretaría de la Sección Tercera vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
señor José Arnoldo Henao Castrillón, con ocasión del trámite impartido a la
demanda de reparación directa presentada el 15 de enero de 2024 y la falta de
reparto efectivo del proceso a una autoridad judicial competente.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia; y (iii) el caso
concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es

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decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 2294 y 295 de la Constitución, y de los principios de la
Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso
a la administración de justicia6.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en
la ley […]»7.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a
la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria
que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los
hechos materia de su decisión […]»8.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de
la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho y a la tutela judicial efectiva implica de una parte,

3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en

qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
5 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
6 Sentencia T-006 de 1992.
7 Sentencia T-476 de 1998.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.

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que cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de
protección de sus derechos y garantías9, y de otro lado, la obligación correlativa
de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que
sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público
sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales
que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por
la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias
la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la
protección de los derechos de las personas […]»10.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia11 y con sustento en los principios
de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial,
el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso
con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para
finalizarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos
fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en
el Estado social de derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor
vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el
pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la
verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material
[…]»12.

2.6. Caso concreto

2.6.1. El señor José Arnoldo Henao Castrillón presentó acción de tutela con el
fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, al considerar que la demanda de

9 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10 Ibídem.
11 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple

el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones,
garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener
la concordia nacional.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.

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reparación directa que presentó el 15 de enero de 2024 no había sido
efectivamente repartida a una autoridad judicial.

Expuso que la Secretaría General del Consejo de Estado remitió la demanda a
la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación y que esta última, a su
vez, la envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que un
magistrado se pronunciara sobre la competencia para conocer del asunto.

Sobre este punto, la Sala precisa que lo anterior corresponde al
cuestionamiento formulado por el actor en su escrito de tutela. No obstante,
dentro del trámite de la demanda de reparación directa, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B sí emitió un
pronunciamiento judicial sobre la competencia, para conocer del asunto.

En efecto, el proceso fue radicado en la mencionada Corporación bajo el
número 25000-23-36-000-2024-00061-00. Por auto del 7 de marzo de 2024, la
autoridad judicial declaró su falta de competencia y ordenó remitir las
diligencias a los Juzgados Administrativos de la Sección Primera del Circuito
Judicial de Bogotá D.C.

El asunto fue repartido al Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá – Sección Primera. Sin embargo, las diligencias fueron
devueltas al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, posteriormente, por
auto del 6 de agosto de 2025, esa Corporación corrigió la providencia anterior
y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de la Sección
Tercera de Bogotá D.C.

Ahora bien, durante el trámite de la presente acción de tutela se logró
establecer que la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca remitió el expediente a la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Administrativos de Bogotá D.C. el 15 de agosto de 2025.

No obstante, la Oficina de Apoyo explicó que el sistema SAMAI no generó la
alerta correspondiente a dicha remisión, circunstancia que impidió que el
proceso fuera advertido y sometido a reparto.

Con ocasión de las actuaciones adelantadas durante este trámite
constitucional, la situación fue advertida y el 23 de septiembre de 2026 se
efectuó el reparto de la demanda de reparación directa al Juzgado Treinta y
Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera, bajo el
radicado 11001-33-36-031-2026-00401-00.
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Lo anterior, se corroboró al consultar el proceso en la plataforma SAMAI, en la
que se registra su reparto a la referida autoridad judicial, como se observa a
continuación:

Así las cosas, la Sala advierte que durante el trámite de la presente acción de
tutela desapareció la circunstancia que sustentaba la solicitud de amparo, pues
la demanda de reparación directa fue finalmente repartida a una autoridad
judicial para que continuara con el trámite correspondiente.

Esta Sección ha explicado que la acción de tutela fue instituida como un
mecanismo preferente y sumario dirigido a la protección de los derechos
fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados de manera
actual.

Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso
de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del
derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de
suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención
del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración
de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
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supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y (iii)
por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
Sala cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar
las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.

De igual manera, sobre este aspecto en sentencia T-494 de 1993, se destacó
que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea
verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine-
que se hubiese presentado un peligro ya subsanado.

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional
ha sostenido que:

[…] (i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Consejo de Estado, Secretaría General y
Secretaría de la Sección Tercera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06531-00

autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales […].

En el presente asunto, la pretensión del actor estaba dirigida, principalmente, a
que la demanda de reparación directa fuera radicada y repartida para que una
autoridad judicial asumiera su conocimiento. Para la fecha de presentación de
la tutela, dicha circunstancia no se había materializado.

Sin embargo, el 23 de septiembre de 2026, la Oficina de apoyo de los Juzgados
Administrativos de Bogotá D.C. efectuó el reparto del proceso al Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera,
autoridad a la que corresponde continuar con el trámite de la demanda.

Por lo tanto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que desapareció la situación que podía dar lugar a una eventual
afectación de los derechos fundamentales invocados. En esas condiciones,
cualquier orden encaminada a que se efectúe el reparto del proceso resultaría
inane, pues dicha actuación ya fue realizada durante el trámite de la presente
acción constitucional.

3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO respecto de la solicitud de amparo presentada por el señor José
Arnoldo Henao Castrillón.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Consejo de Estado, Secretaría General y
Secretaría de la Sección Tercera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06531-00

CUARTO: Si no fuese impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co;8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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