Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06570-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06570-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06570-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06570-00
Accionante: ÁNGEL ARLES MARTÍNEZ NOGUERA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra sentencia de acción de cumplimiento proferida por Tribunal
Administrativo. Improcedencia por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. Ángel Arles Martínez Noguera presentó acción de tutela contra la sentencia de 5
de agosto de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del
proceso de acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos dentro del radicado 41001-33-33-009-2026-00183-00/01. Indicó que
la providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
participación política, a la igualdad y a la participación étnica de las comunidades
negras. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer lugar, se
mencionan los del proceso ordinario y luego los fundamentos del escrito de amparo.
Antecedentes el proceso ordinario dentro del radicado 41001-33-33-009-2026-
00183-00/01
2. Del escrito de amparo se deduce que, el Consejo Comunitario Pacífico por la Paz,
fue constituido y reconocido mediante la Resolución No. 102 de 2021 expedida por
el municipio de Neiva, en cumplimiento de la Ley 70 de 1993 y del Decreto 1640 de
2020, lo que le otorga la calidad de máxima autoridad de administración interna de
una comunidad negra asentada en dicho municipio. Los artículos 2.5.1.1.5 y
2.5.1.1.8 del Decreto 1640 de 2020 disponen que los consejos comunitarios, tienen
derecho a participar en las asambleas departamentales y en la elección de los
representantes que integran las comisiones consultivas departamentales de
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
3. El 25 de agosto de 2022 se realizó la asamblea departamental para la elección
de los representantes ante la Comisión Consultiva Departamental y permitió la
participación de diversas organizaciones de base, varias de las cuales resultaron
elegidas. Según el actor, esa actuación desconoció lo previsto en el Decreto 1640
de 2020, por cuanto dichas organizaciones no estarían habilitadas legalmente para
integrar la mencionada comisión.
4. El tutelante, en nombre propio y en calidad de representante del consejo
comunitario pacifico por la paz, promovió acción de cumplimiento contra el
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06570-00
Accionante: Ángel Arles Martínez Noguera
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
departamento del Huila-secretaria de Gobierno, seguridad y asuntos comunitarios
en procura de que se acate los artículos 2.5.1.1.5 y 2.5.1.1.8 del Decreto 1640 de
2020.
5. Solicitó que se ordene revocar el acta de elección del 25 de agosto de 2022 y
disolver la comisión consultiva departamental e incluir al consejo comunitario
pacifico por la paz como miembro activo de la aludida comisión. Además que, dentro
de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la sentencia, convocar a
nuevas elecciones, aplicando el Decreto 1640 de 2020 y excluyendo a las
organizaciones de base; iv) imponer a la Secretaria de Gobierno multa de cincuenta
(50) SMLMV, por incumplir las normas invocadas; v) poner en conocimiento de la
Procuraduría las faltas disciplinarias en que pudieron haber incurrido los
funcionarios que excluyeron arbitrariamente al Consejo Comunitario Pacífico por la
Paz; y vi) declarar que, con la elección ilegal, se causó un detrimento patrimonial y,
en consecuencia, remitir copia del fallo a la Contraloría General de la República y a
la Contraloría Departamental del Huila, para lo de su competencia.
6. El 21 de mayo de 2026 presentó ante la accionada el requerimiento previo
previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, solicitando el cumplimiento del
Decreto 1640 de 2020 y la corrección de la conformación de la Comisión Consultiva
Departamental.
7. En primera instancia, la decisión fue repartida al Juzgado Noveno Administrativo
de Neiva. En sentencia de 8 de julio de 2026 declaró improcedente la acción de
cumplimiento, pues en su criterio existía otro medio de defensa judicial,
concretamente, la nulidad electoral. Precisó que, la pretensión del actor no está
orientada a obtener el cumplimiento de un mandato legal imperativo, claro y exigible
contenido en las disposiciones invocadas, sino a cuestionar la legalidad del proceso
de elección de los representantes que integran la Comisión Consultiva
Departamental del Huila, siendo el medio de control idóneo para ello la nulidad
electoral. Advirtió que operó la caducidad del aludido medio de control, circunstancia
que no podía ser subsanada mediante el ejercicio de la acción de cumplimiento.
8. Apelada la providencia, el Tribunal Administrativo del Huila, en fallo de 5 de
agosto de 2026 confirmó la sentencia de primera instancia. Insistió en que la
demanda de cumplimiento controvierte la elección de los miembros de la Comisión
Consultiva departamental realizada el 25 de agosto de 2022, considerando que
deben excluirse las organizaciones de base e incluir el consejo comunitario pacifico
por la paz. La providencia recordó que el actor contaba con el medio de control de
nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, junto con la petición de las
medidas cautelares, incluso de urgencia. No obstante, no se hizo uso de ese medio
judicial. También verificó si se presentaba un perjuicio irremediable grave e
inminente que justifique la intervención del juez constitucional.
Fundamentos del escrito de tutela
9. Indicó que el escrito de tutela satisface los requisitos de procedencia general.
Sostuvo que la decisión vulnera el derecho a la participación política, igualdad,
debido proceso, participación étnica. Adujo que la providencia cuestionada incurrió
en el defecto sustantivo por errónea interpretación del artículo 9° de la Ley 393 de
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06570-00
Accionante: Ángel Arles Martínez Noguera
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
1997, pues el tribunal accionado determinó que el instrumento idóneo para el
cuestionamiento judicial que promovió era la nulidad electoral. Señaló que, la acción
de cumplimiento tiene un objeto a la nulidad electoral, pues lo que se buscaba era
el cumplimiento continuado, mientras la nulidad electoral es un medio de control
judicial de legalidad de un acto electoral.
10. Sostuvo que el artículo 9° de la Ley 393 contiene una excepción relacionada con
la procedencia del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley,
incluso si procedía otro medio judicial, y es el evento en que, se siga un perjuicio
irremediable para el accionante. Afirmó que la exclusión del consejo comunitario de
la comisión consultiva por más de 4 año representa un perjuicio grave e inminente,
pues impide el ejercicio de la participación política, impide otorgar avala para ejercer
derechos étnicos, y viola el derecho a la igualdad al permitir la participación de
organización de base no habilitadas por la ley.
11. Agregó un segundo defecto sustantivo relacionado con la interpretación errónea
del alcance de la competencia de la gobernación para modificar la composición de
la comisión consultiva. Estimó que la conclusión del tribunal fue equivocada porque
“el decreto 1640 de 2020 establece el un deber: la comisión consultiva
departamental debe integrarse exclusivamente con delegados de consejos
comunitarios”. Afirmó que la nulidad electoral no es un medio eficaz, pues lo que se
buscaba era el cumplimiento permanente de una norma, no anular una elección.
12. Por lo anterior, solicitó tutelar los derechos invocados, dejar sin efecto la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila y ordenar que se profiera
de reemplazo que no incurra en los defectos enunciados.
13. Invocó además un defecto fáctico relacionado con la omisión de tribunal
administrativo de valorar la respuesta que remitió el ministerio del interior al interior
del proceso judicial, pues en su criterio, ese concepto probaba que las
organizaciones de base no están habilitadas por el decreto 1640 de 2020 para
integrar las asambleas departamentales, y que la comisión consultiva
departamental del huila se encuentra integrada con organizaciones de base en
contravía de la ley. En el caso adujo que la prueba estaba contenida en el
expediente, y era determinante para establecer la ilegalidad de la composición de
la comisión.
Trámite de la acción constitucional
14. En auto de 20 de agosto de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción
de tutela y negó la medida provisional solicitada. Se vinculó al Tribunal
Administrativo del Huila como accionado y al Juzgado Noveno (9.°) Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva, al departamento del Huila – Secretaría de Gobierno,
Seguridad y Asuntos Comunitarios, al gobernador del departamento del Huila, al
Consejo Comunitario Pacífico por la Paz, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del proceso de acción de cumplimiento radicado núm. 41001-
33-33-009-2026-00183-00/01. Entre otras decisiones.
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Accionante: Ángel Arles Martínez Noguera
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo del Huila1 remitió al expediente de tutela, el enlace
digital del proceso de acción de cumplimiento. La magistrada ponente de la decisión
cuestionada solicitó declarar improcedente la petición de amparo constitucional por
cuanto no se acreditan los requisitos de procedencia excepcional2. El juzgado
Noveno Administrativo de Neiva3 intervino con el fin de indicar que dentro de la
acción de cumplimiento se garantizó el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia a las partes y que el despacho no vulneró los derechos
fundamentales del accionante.
16. El departamento del Huila4 solicitó que se declarara improcedente el amparo,
en relación con esa entidad, pues carecía de legitimación en la causa por pasiva, al
no haber proferido la decisión cuestionada. En todo caso indicó que la decisión
atacada fue proferida en respeto al debido proceso, y se utiliza la acción de tutela
como instancia adicional para reabrir una discusión resuelta en sede de dos
instancias.
17. El tutelante5 allegó un memorial adicional en el que, solicitó la revocatoria de la
sentencia proferida por el tribunal administrativo del Huila. Solicitó la vinculación de
la procuraduría general de la Nación y de la Defensoría del Pueblo por sus
competencias constitucionales en la defensa de los derechos humanos. La
asociación afro pacifico por la paz solicitó acceso al expediente en el aplicativo
Samai.
CONSIDERACIONES
Competencia
18. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Cuestión previa
19. El departamento del Huila solicitó su desvinculación del proceso de tutela.
Argumentó que carece de legitimación en la causa por pasiva pues no profirió la
decisión cuestionada. El artículo 13 del decreto 2591 de 1991 prescribe que la
acción de tutela se dirige contra las autoridades que amenazaron o vulneraron el
derecho fundamental. En el caso sub lite, el departamento de Huila fue parte dentro
del proceso de acción de cumplimiento, motivo por el cual, tiene interés en el
resultado del proceso de tutela, toda vez que un eventual fallo podría afectar los
derechos de la entidad, en esa medida, se negará la petición de desvinculación.
1 Índice Samai 13
2 Índice samai 15
3 Índice samai 14
4 Índice samai 16
5 Índice samai 18, 19, 20.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06570-00
Accionante: Ángel Arles Martínez Noguera
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
20. Por otro lado, después de admitida la acción de tutela, en memorial posterior, el
actor solicitó que se vinculara a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General
de la Nación. Se negará la petición de vinculación, puesto que esas instituciones no
fueron parte dentro del proceso de acción de cumplimiento, y en esa medida la
sentencia de amparo no tiene el alcance de afectar sus derechos o competencias
normativas.
Determinación del problema jurídico
21. La Sala debe resolver si la acción de tutela cumple los presupuestos de
procedencia formal del escrito de amparo, teniendo en cuenta que se trata de una
acción de tutela dirigida contra la sentencia de 5 de agosto de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila que puso fin, en segunda instancia, al proceso
de acción de cumplimiento ejercido por el tutelante, contra la elección de los
representantes ante la comisión consultiva departamental y permitió la participación
de diversas organizaciones de base, varias de las cuales resultaron elegidas.
22. En caso de verificar que la petición de amparo satisface las causales generales
de procedencia se propondrá un problema jurídico de fondo. Con el fin de resolver
lo anterior problema jurídico, se reiterará el precedente sobre la procedencia de la
acción de tutela para cuestionar providencias judiciales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
23. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20056, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
24. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional9 o el Consejo de Estado10, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP11; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
6 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
7 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
8 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
10 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06570-00
Accionante: Ángel Arles Martínez Noguera
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada.
25. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales13.
La relevancia constitucional
26. Respecto al requisito de relevancia constitucional, como lo indicó el juez de
tutela de primera instancia, la jurisprudencia constitucional unificada 14 ha indicado
que, es improcedente una tutela contra providencia judicial cuando se utiliza la
acción para obtener una instancia adicional, para reabrir discusiones que se
surtieron en dos instancias, y para insistir en argumentos que fueron resueltos en
las etapas oportunas del proceso. En esa medida se ha indicado que, la acción de
tutela no es un medio judicial para plantear discrepancias de criterio o de corrección
con decisiones judiciales que fueron adversas a las pretensiones de una parte.
27. En efecto, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, consiste en un
examen a las razones que expone el tutelante en la petición de protección. Se ha
indicado que, si bien la acción de tutela no precisa de una técnica argumentativa
especializada o erudita, si exige un esfuerzo por parte del actor para presentar
justificaciones desde una perspectiva en la que se invoque y demuestre la
vulneración de una norma supra legal. Además, se ha señalado que por esa vía
están descartadas razones que reiteran argumentos resueltos dentro del proceso
ordinario, de carácter estrictamente económico, de mera legalidad, o en la que se
pretende utilizar el amparo como una instancia adicional.
28. En las SU-033 de 201815, SU-128 de 202116 y la SU-215 de 202217, la Corte
Constitucional ha indicado que la acción de tutela es improcedente cuando es
12 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
13 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
14 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
15 M.P. Alberto Rojas Ríos.
16 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
17 M.P. Natalia Ángel Cabo
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06570-00
Accionante: Ángel Arles Martínez Noguera
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
utilizada para cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole
legal que ya fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es
utilizada como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya
precluidos18. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”.
29. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Análisis del caso concreto
30. En el caso concreto, se declarará improcedente el amparo contra la providencia
de 5 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. Para esta
sala resulta protuberante que el escrito de amparo se utiliza para obtener una
instancia adicional al proceso de acción de cumplimiento, el cual, fue resuelto dentro
del marco constitucional y legal previsto para ese proceso. A juicio del tutelante el
acto de elección de los miembros de la comisión consultiva departamental no
respetó mandatos normativos de orden nacional. En esa medida, busca, en su
criterio, el cumplimiento de dos artículos del decreto 1640 de 2020. El juzgado
noveno administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo de Huila concluyeron
que, la demanda de cumplimiento, en realidad era una demanda de nulidad electoral
motivo por el cual, no resultaba improcedente la demanda de acción de
cumplimiento conforme el artículo 9 de la Ley 393 de 1997. Las dos autoridades
judiciales examinaron la procedencia excepcional a la luz del concepto de perjuicio
irremediable.
31. El escrito de amparo reitera las mismas razones que fueron estudiadas por las
dos autoridades judiciales, e insiste en que, no buscaba el examen de la legalidad
del acto de elección de los miembros del comité consultivo sino el cumplimiento de
las normas mencionadas del decreto 1640 de 2020, y señala que, el acto de 25 de
agosto de 2022 desconoce el mencionado decreto nacional. A juicio de este juez
constitucional, el debate que propuso el actor en la demanda de cumplimiento es un
examen de la legalidad de un acto administrativo territorial desde la perspectiva de
una norma de superior jerarquía. En esa medida, no se trataba de una acción de
cumplimiento, incluso, si el actor estima que la misma es procedente pues se
buscaba el cumplimiento permanente del decreto 1640 de 2020.
32. A pesar de las afirmaciones del actor referidas a que, en su criterio, la demanda
de cumplimiento si era procedente pues se buscaba evitar un perjuicio irremediable,
a criterio de esta autoridad judicial, en sede de juez constitucional, se trataba de un
18 SU-128 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06570-00
Accionante: Ángel Arles Martínez Noguera
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
ataque a la legalidad de un acto de contenido electoral. El escrito de amparo insiste
en las mismas razones que fueron examinadas y descartadas dentro del proceso
judicial en dos instancias, motivo por el cual, se utiliza la acción de tutela para
obtener una instancia adicional y plantear motivos de descenso entre el fallo del
juez de cumplimiento y las pretensiones del actor. El escrito de amparo planeta
diferencias interpretativas respecto de la aplicación, en el caso concreto, de la
procedencia de la acción de cumplimiento y si se verificaba un perjuicio
irremediable. En las decisiones cuestionadas las autoridades judiciales examinaron
si se presentaba un perjuicio irremediable, no obstante, concluyeron que no.
Además, determinaron que, la demanda de cumplimiento en realidad buscaba la
nulidad electoral del acto de elección, la cual, en todo caso fue ejercida de manera
extemporánea.
33. En consecuencia, se declarará improcedente el amparo por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la petición de desvinculación del Departamento del Huila y la
petición de vinculación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la
Nación que realizó el actor.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado en atención a que
carece de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06570-00
Accionante: Ángel Arles Martínez Noguera
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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