Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06577-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06577-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06577-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06577-00
Accionante: DIANA MARCELA GÓMEZ RUIZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN “C”
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues la controversia planteada
pretende reabrir una discusión ya resuelta por el juez natural.
Sentencia de Primera Instancia1
I. Síntesis de la Decisión
1. Se declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. La accionante pretende reabrir la controversia ordinaria
sobre la legalidad de la negativa de convalidación de su título2 obtenido en Brasil,
asunto ya examinado y decidido dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y utiliza este mecanismo como una tercera instancia
para modificar la decisión que le fue desfavorable.
II. Antecedentes
La demanda
2. El 19 de agosto de 2026, Diana Marcela Gómez Ruiz, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio,
a la igualdad, a la seguridad jurídica y al acceso efectivo a la administración de
justicia o tutela judicial efectiva, que considera vulnerados por la sentencia de
segunda instancia Nro. 147 del 16 de julio de 2026, proferida dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 11001-33-34-001-2023-
1 Para la elaboración de esta providencia, únicamente para la redacción de los hechos y la síntesis de las
intervenciones de las partes, se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Copilot, la cual es proporcionada
dentro del entorno de Microsoft 365 por la Rama Judicial, con carácter asistencial y bajo supervisión humana,
conforme a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-323 de 2024 y al Acuerdo
PCSJA24-12243 de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, «Por el cual se adoptan lineamientos para el
uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial».
Se deja expresa constancia de que la valoración del material probatorio, el análisis jurídico del asunto, la
construcción de la motivación, las conclusiones alcanzadas y la decisión adoptada corresponden exclusivamente
a esta corporación, como resultado del juicio crítico y la deliberación humana.
2 De Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Funcional en Biomecánica obtenido en la UNICID
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06577-00
Accionante: Diana Marcela Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera -
Subsección C
Vinculados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Acción de Tutela
00119-02 por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Hechos relevantes3
3. La señora Diana Marcela Gómez Ruiz obtuvo el 8 de febrero de 2019 el título de
Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Funcional en Biomecánica en la
Universidade Cidade de São Paulo, Brasil. Según el escrito, el programa tenía una
duración de tres años, 5.280 horas totales y 2.400 horas de práctica clínica e
individual.
4. El 27 de febrero de 2023, Diana Marcela Gómez Ruiz promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 011893 del 7 de
julio de 2020, 016282 del 1.º de septiembre de 2021 y 014539 del 28 de julio de
2022, mediante las cuales el Ministerio de Educación Nacional negó la convalidación
de su título de especialista en Ortodoncia y Ortopedia Funcional en Biomecánica y
resolvió desfavorablemente los recursos de reposición y apelación.
5. Solicitó, como restablecimiento del derecho, que se ordenara la convalidación del
título y se reconociera su validez para el ejercicio profesional en Colombia, así como
el pago de los perjuicios derivados de la negativa, junto con los intereses y las costas
procesales.
6. El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, mediante sentencia anticipada del
19 de diciembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda. La parte actora
apeló esa decisión y la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la Sentencia No. 147 del 16 de julio de
2026, la confirmó.
Pretensiones
7. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, dejar sin
efectos la Sentencia 147 del 16 de julio de 2026 y ordenar al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, proferir una nueva decisión que
excluya los conceptos técnicos de la CONACES4, invalide la intervención del
COLMAC5, atribuya al Ministerio de Educación Nacional la carga de elaborar el
estudio comparativo y, con fundamento en el marco normativo invocado, declare la
nulidad de los actos administrativos y se ordene la convalidación de su título.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. Luego de referir que la acción de tutela cumple todos los requisitos generales de
procedibilidad para efectos de cuestionar una providencia judicial, la accionante
3 SAMAI, índice 02 del expediente.
4 Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: es un órgano de
asesoría y coordinación del Gobierno de Colombia encargado de evaluar la calidad de la educación superior.
5 Colegio Máximo de las Academias de Colombia: es una entidad que reúne a una serie de instituciones que
representan sociedades del conocimiento cuyo uno de sus propósitos, entre otros, es servir como cuerpo
consultivo del Gobierno Nacional.
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Referencia: Acción de Tutela
señaló que la sentencia de segunda instancia Nro. 147 del 16 de julio de 2026 6,
adolece de los siguientes defectos:
9. Fáctico. La accionante sostiene que el Tribunal le impuso una carga probatoria
que correspondía al Ministerio de Educación Nacional, al exigirle desvirtuar los
conceptos técnicos mediante un dictamen privado de equivalencia académica. A su
juicio, la entidad administrativa era la única obligada a elaborar el estudio
comparativo entre el programa cursado en Brasil y los programas ofrecidos en
Colombia. Por ello, considera que la sentencia trasladó indebidamente al ciudadano
una función técnica que corresponde al Estado y confirmó la decisión administrativa
con fundamento en una distribución errónea de la carga de la prueba.
10. Orgánico y procedimental. Considera que la providencia validó actuaciones
adelantadas por órganos que, en su criterio, carecían de las condiciones legales
necesarias para intervenir en el trámite de convalidación. Cuestiona que el Tribunal
otorgó validez a conceptos técnicos de la CONACES que no identificaban a sus
evaluadores y admitió la participación del COLMAC pese a que, según expone, ese
organismo no se encuentra expresamente regulado en la normativa aplicable. A su
juicio, la sentencia avaló actuaciones viciadas desde su origen y desconoció el
principio de legalidad.
11. Sustantivo. Afirma que el Tribunal dejó de aplicar las disposiciones nacionales
e internacionales que, a su juicio, gobernaban el proceso de convalidación. Sostiene
que la sentencia se limitó a descartar la existencia de una convalidación automática,
sin examinar el alcance que tendrían la Ley 1164 de 20077, la Ley 64 de 19738 y los
instrumentos internacionales incorporados mediante las Leyes 23639 y 2372 de
202410. A su juicio, la decisión desconoció el marco normativo que favorecía el
reconocimiento del título extranjero.
12. Falsa motivación y contradicción fáctica, porque existe una contradicción
entre las premisas reconocidas por la sentencia y la conclusión a la que arribó el
Tribunal. Afirma que la providencia admitió la duración del programa, su intensidad
horaria y la existencia de componentes prácticos significativos, pero aú n así
concluyó que la formación era insuficiente para efectos de convalidación. También
cuestiona que se consideraron relevantes determinadas técnicas ortodónticas o
procedimientos específicos que, según sostiene, no estaban previstos como
requisitos legales para el reconocimiento del título.
6 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-34-001-2023-
00119-02.
7 Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud.
8 Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Intercambio Cultural entre Colombia y Brasil”, firmado en
Bogotá, el día 20 de abril de 1963.
9 Por medio de la cual se aprueba el «Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de
Educación Superior en América Latina y el Caribe» hecho en Buenos Aires, República Argentina, el 13 de julio
de 2019
10 "Por medio de la cual se aprueba la «Convención Mundial Sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones
Relativas a la Educación Superior», adoptada en el marco de la 40 reunión de la conferencia general de la
organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO, en París, el 25 de
noviembre de 2019".
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Referencia: Acción de Tutela
13. Desconocimiento del precedente por apartarse injustificadamente de la
decisión previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado 11001-33-34-
002-2023-00031-01, pues, en su criterio, resolvió de forma más favorable la
convalidación de títulos otorgados por la misma institución educativa en
circunstancias similares, sin que la sentencia cuestionada ofreciera razones
suficientes para apartarse de esa postura.
14. Falta de congruencia. Sostiene que el Tribunal no resolvió los cuestionamientos
de la apelación. Arguye que la sentencia centró parte de su razonamiento en
descartar una supuesta pretensión de convalidación automática, cuando la
controversia planteada se dirigía a cuestionar la legalidad del procedimiento
administrativo, la validez de los conceptos técnicos, la valoración de las pruebas y la
aplicación de la normativa pertinente. Por ello, considera que la providencia se apartó
de los límites fijados por el recurso y omitió pronunciarse de fondo sobre aspectos
esenciales del debate.
15. Trámite en primera instancia
16. Mediante auto del 21 de agosto de 202611, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y vinculó, en calidad de terceros con interés, a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional, por ser la entidad demandada dentro del
proceso, y al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, porque
profirió la sentencia de primera instancia.
17. Intervenciones
18. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
Cundinamarca12 allegó copia digitalizada del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 11001333400120230011902.
19. El Ministerio de Educación13 solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y desvincularlo del trámite por falta de legitimación en la causa. Sostuvo que la
accionante pretende utilizar el mecanismo constitucional como una instancia
adicional para controvertir una decisión judicial adoptada por el juez natural, sin
acreditar los presupuestos excepcionales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
20. También invocó los principios de autonomía e independencia judicial y afirmó que
no podía atribuirse a esa entidad la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, porque los cuestionamientos recaían sobre la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
11 SAMAI, índice 7 del expediente.
12 SAMAI, índice 11 del expediente.
13 SAMAI, índice 12 del expediente.
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Referencia: Acción de Tutela
21. La Magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides14, ponente de la providencia
del 16 de julio de 2026, rindió informe en el que expuso que la decisión de segunda
instancia confirmó la negativa de las pretensiones tras concluir, con fundamento en
las evaluaciones técnicas practicadas durante el trámite de convalidación, que el
programa cursado por la demandante no acreditaba una equivalencia razonable con
las especializaciones en ortodoncia ofrecidas en Colombia.
22. Señaló que los documentos aportados no desvirtuaron técnicamente las
conclusiones de CONACES y COLMAC, que no se demostró la existencia de un
precedente aplicable ni la vulneración del derecho a la igualdad y que el Acuerdo de
Intercambio Cultural entre Colombia y Brasil no contempla la convalidación
automática de títulos. Por ello, solicitó declarar improcedente la acción, pues busca
reabrir asuntos jurídicos y probatorios ya resueltos por el juez natural.
23. La Jueza Primera Administrativa Oral del Circuito de Bogotá Luz Myriam Espejo
Rodríguez15, solicitó declarar que su despacho no vulneró los derechos
fundamentales invocados.
24. Señaló que la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la
demanda tras concluir que la solicitud de convalidación debía resolverse bajo el
criterio de evaluación académica previsto en la Resolución 10687 de 2019; que las
convalidaciones concedidas a terceros no constituían precedente vinculante; y que,
según los conceptos técnicos obrantes en el expediente, el programa cursado por la
demandante no acreditó una equivalencia académica suficiente con los programas
de ortodoncia ofrecidos en Colombia, especialmente en lo relativo a la práctica
clínica y al desarrollo de competencias profesionales.
II. Consideraciones
Competencia
25. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado
es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de
tutela de la referencia, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991
y el Acuerdo 080 de 201916.
Problema jurídico y metodología de la decisión
26. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, se determinará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos alegados y si, en ese caso,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la libre elección
de profesión u oficio, a la igualdad, a la seguridad jurídica y al acceso efectivo a la
14 SAMAI, índice 13 del expediente.
15 SAMAI, índice 14 del expediente.
16 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13, «Distribución de los procesos entre las
secciones».
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administración de justicia o tutela judicial efectiva de la señora Diana Marcela Gómez
Ruiz.
Análisis de la Sala
27. Legitimación en la causa. Diana Marcela Gómez Ruiz se encuentra legitimada
para interponer la acción de tutela, al ser la titular de los derechos que considera
vulnerados, en su condición de demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado No. 11001333400120230011902, en el marco del cual
se adoptó la decisión cuestionada.
28. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
fue la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia, a la que la
parte actora atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.
29. No se accederá a la solicitud del Ministerio de Educación Nacional de declarar
su falta de legitimación en la causa y desvincularlo del trámite. La entidad fue
vinculada como tercero con interés, en su condición de demandada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que conserva un interés
directo en el resultado de esta acción constitucional.
30. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda vez
que la providencia cuestionada fue proferida el 16 de julio de 2026, notificada el 22
de julio de 2026, y la solicitud de amparo se presentó el 19 de agosto de esta
anualidad, término razonable.
31. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.
32. Subsidiariedad. Este requisito también se cumple, pues se agotaron todos los
recursos procedentes en el proceso ordinario.
33. Relevancia constitucional17. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de
los jueces naturales18. Este mecanismo solo procede cuando existen razones serias
para cuestionar la arbitrariedad o falta de razonabilidad de una decisión judicial.
17 En la Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte Constitucional sistematizó los siguientes
requisitos generales de procedencia: i) que la cuestión discutida tenga evidente relevancia constitucional; ii) que
se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se pretenda evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; iii) que se cumpla el requisito de inmediatez; iv) que, si se alega una
irregularidad procesal, esta tenga incidencia determinante en la providencia cuestionada; v) que la parte actora
identifique razonablemente los hechos generadores de la vulneración y los haya alegado en el proceso judicial,
siempre que ello hubiera sido posible, y vi) que no se trate de una sentencia de tutela.
18 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación
de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
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34. La Sala considera que la solicitud de amparo no satisface el requisito general de
relevancia constitucional, porque los planteamientos de la accionante reproducen y
reformulan cuestiones técnicas, probatorias y normativas propuestas y resueltas en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
35. La parte actora pretende que el juez constitucional verifique nuevamente: i) la
equivalencia académica del título obtenido en Brasil; ii) la intensidad y suficiencia de
la práctica clínica; iii) el mérito de los conceptos de la CONACES y el COLMAC; iv)
la documentación aportada durante el procedimiento de convalidación; v) el régimen
normativo aplicable, y vi) las decisiones favorables obtenidas por otros egresados de
la misma institución.
Esas materias integraron el debate ordinario y fueron resueltas en ambas instancias.
Valoración del material académico y clínico
36. Está acreditado que Diana Marcela Gómez Ruiz solicitó la convalidación de su
título el 22 de noviembre de 2019. En esa fecha estaba vigente la Resolución 10687
de 2019, por lo cual esa disposición regía el trámite, de conformidad con su artículo
35. A su vez, por tratarse de un título de posgrado del área de la salud, la solicitud
debía tramitarse exclusivamente bajo el criterio de evaluación académica, según el
parágrafo 4 del artículo 24 de la citada resolución.
37. En la actuación administrativa se emitieron dos conceptos de la CONACES y uno
del COLMAC. Las tres valoraciones coincidieron en que el programa cursado no
acreditaba una equivalencia razonable con las especializaciones en Ortodoncia
ofrecidas en Colombia.
38. Mediante la Sentencia No. 128 del 19 de diciembre de 2025, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá examinó los cuestionamientos
relacionados con las certificaciones académicas, el plan de estudios, la intensidad
horaria, los registros clínicos, los diagnósticos y tratamientos, las técnicas
ortodónticas y las aclaraciones presentadas durante los recursos administrativos.
39. El juzgado concluyó que el Ministerio de Educación Nacional no omitió esos
elementos, sino que los valoró y expuso las razones por las cuales resultaban
insuficientes para acreditar una equivalencia sustancial con los programas
nacionales. Agregó que la parte demandante no aportó prueba técnica idónea que
demostrara errores metodológicos, parámetros de comparación inadecuados o
conclusiones arbitrarias en las evaluaciones especializadas.
40. Por su parte, mediante la Sentencia No. 147 del 16 de julio de 2026, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, resolvió los
reparos formulados en el recurso de apelación. Indicó que la evaluación académica
tuvo en cuenta el plan de estudios, las certificaciones institucionales, la carga horaria,
los registros clínicos y las explicaciones sobre las técnicas empleadas.
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41. No obstante, estimó que esos elementos no desvirtuaban las conclusiones
técnicas sobre la insuficiencia del componente clínico ni acreditaban una formación
progresiva, diversificada e integral, la complejidad de los procedimientos, la variedad
de técnicas empleadas y la intervención de la estudiante como operadora principal.
42. La censura constitucional recae sobre el alcance probatorio atribuido a los
documentos académicos y clínicos y sobre las conclusiones técnicas acogidas en
las providencias ordinarias. La accionante no identifica una prueba determinante que
los jueces omitieron por completo, sino que propone una valoración diferente de los
mismos elementos examinados por la Administración y por los jueces de ambas
instancias.
43. Resolver esa inconformidad exigiría reexaminar el mérito del material probatorio
y sustituir las conclusiones adoptadas por los jueces competentes, labor que no
corresponde al juez constitucional.
Discordancia en la presentación de la intensidad práctica
44. La forma en que la accionante presenta la intensidad práctica del programa
también revela el carácter técnico y probatorio de la controversia.
45. En el proceso ordinario se diferenciaron las 5.280 horas totales del programa, el
componente práctico de 2.400 horas alegado por la demandante y las 1.240 horas
reconocidas específicamente como práctica clínica directa. En la solicitud de tutela
se alude de forma general a 2.400 horas de «práctica clínica e individual», sin
conservar con claridad la distinción entre la atención clínica directa y las demás
actividades de laboratorio, seminario, estudio y discusión de casos comprendidas en
el componente práctico.
46. Esa discordancia no demuestra que las autoridades judiciales desconocieron la
intensidad total del programa ni alteraron el contenido de las certificaciones. La
sentencia de segunda instancia reconoció expresamente las 5.280 horas totales y
precisó que 1.240 correspondían a práctica clínica directa.
47. Además, el Tribunal explicó que la conclusión desfavorable no obedeció
únicamente a una comparación cuantitativa, sino a la valoración integral de la
intensidad, diversidad, complejidad y progresividad de la experiencia clínica, así
como de las competencias profesionales acreditadas.
48. El reparo expresa una discrepancia sobre la clasificación y el mérito probatorio
de las actividades académicas acreditadas. Este asunto pertenece al debate técnico
resuelto en el proceso ordinario y no constituye una cuestión constitucional
autónoma.
Normativa invocada por la accionante
49. La referencia a las Leyes 2363 y 2372 de 2024 tampoco permite superar el
requisito examinado. La sentencia de primera instancia se refirió expresamente a
esas disposiciones y concluyó que los instrumentos de cooperación educativa
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aprobados mediante ellas no eliminaban la evaluación académica exigida para los
títulos del área de la salud ni imponían su convalidación automática.
50. La segunda instancia determinó que el procedimiento estaba sujeto a la
Resolución 10687 de 2019, vigente en la fecha de presentación de la solicitud.
Además, sostuvo que el Acuerdo de Intercambio Cultural entre Colombia y Brasil,
aprobado mediante la Ley 64 de 1973, no imponía la convalidación automática, sino
que supeditaba el reconocimiento a la acreditación de la equivalencia con los
programas nacionales.
51. El reparo no se sustenta en la falta de pronunciamiento sobre las normas
invocadas, sino en el desacuerdo de la accionante con la interpretación y el alcance
que los jueces ordinarios les atribuyeron. La formulación de una lectura jurídica
diferente no convierte esa controversia, por sí sola, en un asunto de relevancia
constitucional.
Regularidad de los conceptos técnicos e intervención del COLMAC
52. Los cuestionamientos relacionados con la falta de firma e identificación de los
evaluadores, las posibles inhabilidades de integrantes de la CONACES, la integridad
del expediente administrativo y la intervención del COLMAC fueron formulados en el
recurso de apelación.
53. El Tribunal señaló que las irregularidades formales atribuidas a los conceptos no
se alegaron en sede administrativa y que no se acreditó su incidencia en la legalidad
de los actos. También indicó que el Ministerio de Educación Nacional aportó los
elementos esenciales que sustentaron sus decisiones y que el artículo 17 de la
Resolución 10687 de 2019 permitía que la evaluación fuera realizada por la
CONACES o por el órgano evaluador que designara esa entidad.
54. Por esa razón, no son cuestiones que la autoridad judicial de segunda instancia
haya omitido. La accionante vuelve a presentarlas bajo la denominación de defectos
orgánico y procedimental, pero no demuestra de qué manera la respuesta ofrecida
por el Tribunal confiere una dimensión constitucional autónoma a la controversia.
55. El planteamiento se limita al desacuerdo con la interpretación de las normas que
regulaban el procedimiento de convalidación y con el valor reconocido a los
conceptos técnicos que sustentaron los actos administrativos.
Decisiones administrativas invocadas como referentes
56. Respecto de las convalidaciones concedidas a otros profesionales, el juzgado
concluyó que, por tratarse de títulos del área de la salud, cada solicitud debía
someterse al criterio de evaluación académica y resolverse conforme a sus
condiciones técnicas particulares. Las decisiones anteriores, entonces, no imponían
una solución idéntica.
57. El Tribunal agregó que la demandante no acreditó la identidad estructural
requerida para aplicar el criterio de precedente administrativo. No demostró la
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coincidencia verificable en contenidos, carga horaria, intensidad del componente
práctico, créditos y modalidad, ni aportó los conceptos técnicos necesarios para
establecer que las demás convalidaciones se sustentaron en evaluaciones
comparables.
58. Por ello, las decisiones administrativas favorables no demostraban un trato
desigual ni obligaban a resolver la solicitud de la accionante en el mismo sentido,
pues no se acreditó la equivalencia de sus presupuestos académicos, técnicos y
probatorios.
Precedente judicial invocado en la solicitud de tutela
59. Respecto de la providencia identificada con el radicado 11001-33-34-002-2023-
00031-01, invocada como precedente judicial en la solicitud de tutela, la parte actora
no desarrolló suficientemente el juicio de identidad necesario para sustentar el cargo.
60. No estableció una correspondencia concreta entre los actos administrativos
examinados, los programas académicos evaluados, la documentación aportada, los
conceptos técnicos, los problemas jurídicos y las razones decisorias de ambos
asuntos.
61. La sola mención de otro pronunciamiento sobre la convalidación de un título no
demuestra el desconocimiento de una regla jurisprudencial aplicable ni explica de
qué manera su inobservancia comprometió directamente los derechos
fundamentales invocados.
Falta de congruencia
62. El reparo por falta de congruencia tampoco supera el requisito de relevancia
constitucional. La sentencia de segunda instancia no se limitó a descartar una
pretensión de convalidación automática: examinó la legalidad del procedimiento
administrativo, la validez de los conceptos técnicos, la valoración de las pruebas
académicas y clínicas, y el régimen normativo aplicable, como se explicó en los
fundamentos precedentes.
63.La referencia a la convalidación automática respondió, además, a los propios
argumentos de la accionante sobre el alcance de las Leyes 2363 y 2372 de 2024 y
del Acuerdo de Intercambio Cultural entre Colombia y Brasil, que invocó para
sustentar el reconocimiento de su título. En consecuencia, el reparo no evidencia
una omisión de pronunciamiento, sino la inconformidad de la accionante con el
sentido de la respuesta ofrecida por el juez natural.
64. La solicitud no plantea una cuestión constitucional autónoma y busca reabrir
asuntos examinados por los jueces naturales. Por ello, no cumple el requisito de
relevancia constitucional.
65. Los asuntos que sustentan el amparo fueron planteados y examinados en el
proceso ordinario. La solicitud de tutela no identifica una omisión judicial con
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06577-00
Accionante: Diana Marcela Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera -
Subsección C
Vinculados: Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Acción de Tutela
incidencia constitucional directa, sino que procura obtener una nueva decisión sobre
la suficiencia de la formación académica y la procedencia de la convalidación del
título.
66. La Sala concluye que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de
relevancia constitucional y será declarada improcedente. Por tanto, no resulta
necesario examinar las causales específicas de procedibilidad atribuidas a la
providencia cuestionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud del Ministerio de Educación Nacional de declarar su
falta de legitimación en la causa y su desvinculación del trámite, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Diana Marcela Gómez Ruiz, por incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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