Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06587-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06587-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ZULMA AIDELIS DAZA ORTEGA
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. EN EL CURSO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA LA
AUTORIDAD ACCIONADA PROFIRIÓ EL AUTO DE 26 DE AGOSTO DE
2026, MEDIANTE EL CUAL SE PRONUNCIÓ FRENTE AL ESCRITO
ALLEGADO POR LA PARTE ACTORA.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA Y PLAZO RAZONABLE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA1 y su
SECRETARÍA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora ZULMA AIDELIS DAZA ORTEGA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
1
En adelante TRIBUNAL.
2
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de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y a la dignidad
humana, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y su
SECRETARÍA, al haber incurrido en una presunta mora judicial, toda
vez que al parecer no ha emitido pronunciamiento alguno frente al
escrito que presentó el 15 de diciembre de 2025, en el que dio
respuesta y/o cumplimiento a los requerimientos efectuados por el
TRIBUNAL el 5 de julio de 2023 y 5 de septiembre de 2025, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2013-00121-00.
I.2. Hechos
Indicó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA2 -
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, el FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)3 y el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL4, la cual correspondió
por reparto al TRIBUNAL bajo el radicado 2013-00121-00.
Señaló que mediante sentencia de 26 de febrero de 2015 el
2
En adelante DEPARTAMENTO.
3
En adelante FOMAG.
4
En adelante MINISTERIO.
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TRIBUNAL ordenó reconocer y liquidar la pensión de sobrevivientes
a su favor y de su hija por la muerte del señor PEDRO EMILIO
AMADO MANJARREZ (q.e.p.d.).
Posteriormente, el CONSEJO DE ESTADO mediante sentencia de 12
de julio de 2017, resolvió el recurso de apelación y revocó y modificó
parcialmente la decisión de primera instancia.
Manifestó que el 24 de septiembre de 2018 solicitó al
DEPARTAMENTO, a la SECRETARÍA y al FOMAG, el cumplimiento
de las decisiones judiciales antes mencionadas.
Mencionó que la SECRETARÍA expidió la Resolución núm. 1084 de
4 de noviembre de 2020, mediante la cual ordenó dar cumplimiento
al fallo judicial proferido por el TRIBUNAL.
Señaló que mediante autos de 5 de julio de 2023 y 5 de septiembre
de 2025, el TRIBUNAL la requirió para que informara sobre el
cumplimiento de las sentencias de primer y segundo grado, para lo
cual, mediante escritos de 14 de septiembre de 2023 y 15 de
diciembre de 2025, atendió dichos requerimientos precisando que la
parte allí demandada dio cumplimiento parcial a la decisión judicial.
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Destacó que el expediente ingresó al despacho sustanciador el 18 de
diciembre de 2025, y a la fecha de presentación de la presente acción
de tutela el TRIBUNAL no había emitido pronunciamiento alguno
relacionado con la solicitud de cumplimiento del fallo.
I.3. Fundamentos de la solicitud
La parte actora señaló que la mora judicial constituye la vulneración
a su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la dilación
excede los tiempos razonables y no encuentra justificación objetiva
en la complejidad del asunto o en circunstancias extraordinarias
atribuibles al TRIBUNAL.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, solicitó:
“[…] 2. Como consecuencia del amparo constitucional, ORDENAR
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA que, dentro del
término que determine el juez constitucional y respetando su
autonomía e independencia judicial, imprima el correspondiente
impulso procesal al proceso identificado con radicado No.
44001234000020130012100 y adopte la actuación procesal que
corresponda […]
3. Disponer que el Tribunal informe al juez constitucional el
cumplimiento de la orden impartida. […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL realizó un recuento de las actuaciones surtidas
al interior del proceso objeto de tutela e indicó que la situación que
dio origen a la acción de tutela desapareció, toda vez que se emitió
la decisión que en derecho correspondía respecto al trámite de
cumplimiento de las providencias judiciales, por lo que considera que
hay lugar a la carencia actual de objeto por hecho superado.
I.5.2.- La SECRETARÍA remitió el link del expediente digital.
I.6. Intervinientes
I.6.1. El MINISTERIO solicitó ser desvinculado de la presente
acción constitucional, por cuanto, a su juicio, no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva.
I.6.2. La FIDUPREVISORA S.A. solicitó ser desvinculada de la
presente acción constitucional y que se declare su improcedencia por
cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y
asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el MINISTERIO y la FIDUPREVISORA S.A.
solicitaron ser desvinculadas de la acción constitucional de la
referencia, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
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o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el MINISTERIO funge como parte demandada
dentro del medio de control objeto de cuestionamiento, y LA
FIDUPREVISORA S.A., es la encargada de administrar los recursos
del FOMAG, les asiste interés directo en las resultas del proceso
constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará sus
solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva,
a la igualdad y a la dignidad humana, los cuales estima vulnerados
por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por la presunta mora judicial,
toda vez que al parecer no ha emitido pronunciamiento alguno frente
al escrito que presentó el 15 de diciembre de 2025, en el que dio
respuesta y/o cumplimiento a los requerimientos efectuados por el
TRIBUNAL el 5 de julio de 2023 y 5 de septiembre de 2025, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2013-00121-00.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la parte
5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la
actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuestionado, al no emitir pronunciamiento alguno frente al escrito
que allegó el 15 de diciembre de 2025, mediante el cual dio respuesta
y/o cumplimiento a los requerimientos efectuados por el TRIBUNAL.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”6 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional7 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
6
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
7
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte8 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora9. Advirtió, además, que (iv) el
funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
8
Ibidem.
9
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
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aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”10.
13.5. En la providencia T-230 de 201311, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que, ante casos de
mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se
acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo
que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era
excepcional12.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional13, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad14; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio15.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201616, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
10
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
11
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
12
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
13
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
14
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
15
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
16
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que según la
información relacionada en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI17, el TRIBUNAL profirió auto el 26 de agosto de 2026,
mediante el cual se pronunció sobre el escrito allegado por la actora,
como se observa a continuación.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000201300
17
121004400123
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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que las circunstancias
fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron y se
entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues estando en trámite la presente solicitud de amparo,
la autoridad judicial accionada profirió el auto de 26 de agosto de
2026, mediante el cual se pronunció sobre el escrito que allegó la
actora, en los siguientes términos:
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Así las cosas, comoquiera que la finalidad de la presente solicitud de
amparo era que la parte demandada se pronunciara frente al escrito
de 15 de diciembre de 2025, allegado por la actora en el que
informaba sobre el cumplimiento de la sentencia de 26 de febrero de
2015, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de tutela, y dado que dicha
actuación fue surtida durante el trámite de la presente acción
constitucional, la Sala advierte que desaparecieron las circunstancias
fácticas que dieron lugar a la presunta vulneración, por lo que se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado.
Además, como quedó visto en el citado auto de 26 de agosto de
2026, el Tribunal dio por culminado el trámite de cumplimiento
previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), objeto
de tutela, por cuanto encontró cumplidas las órdenes dadas en las
sentencias de 26 de febrero de 2015 y 12 de junio de 2017, no
obstante, también requirió a la actora en caso de pretender adelantar
el proceso ejecutivo respectivo, el cual corresponde a un presunto
escenario que no está siendo cuestionado en el caso sub examine.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
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material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»18. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
18
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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juez de tutela […]”19. (Se resalta).
En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,
ha indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”20.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
19
Ibidem.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia de 14 abril de 2016, expediente identificado con el número único de
radicación 2016-00061-01.
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18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06587-00
Actora: ZULMA AIDELIS DAZA ORTEGA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL y LA FIDUPREVISORA S.A., por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.
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19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06587-00
Actora: ZULMA AIDELIS DAZA ORTEGA
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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