Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06605-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06605-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06605-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06605-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y su SECRETARÍA.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
1
En adelante TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06605-00
Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad
social, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y su
SECRETARÍA, por presunta mora judicial, por cuanto al parecer no
se ha proferido sentencia de segunda instancia dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 11001-33-42-048-2021-00365-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE MOVILIDAD2, con el fin
de obtener el reconocimiento de la relación laboral real que había
sido encubierta mediante sucesivos contratos de prestación de
servicios.
Indicó que el citado proceso fue identificado con el número único de
radicación 2021-00365-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO CUARENTA Y OCHO ADMINISTRATIVO DEL
2
En adelante SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06605-00
Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA
CIRCUITO DE BOGOTÁ3 que, mediante sentencia de 17 de marzo
de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que la entidad allí demandada interpuso recurso de
apelación contra la anterior decisión, el cual le correspondió al
TRIBUNAL y desde el 5 de junio de 2025 el sistema de consulta
registraba que se encontraba en el despacho con la siguiente
anotación: "Al despacho apelación sentencia".
Señaló que el 3 de marzo de 2026 solicitó al TRIBUNAL información
sobre el estado real del expediente, el turno para fallo, la existencia
de actuaciones pendientes y un tiempo estimado razonable para la
decisión y, ante la falta de respuesta, el 16 de abril siguiente
promovió vigilancia judicial administrativa ante el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ4 por la mora
advertida en el trámite de segunda instancia.
Precisó que, mediante auto de 29 de abril de 2026, el TRIBUNAL
admitió el recurso de apelación y desde el 27 de mayo del presente
año el proceso ingresó al despacho para dictar sentencia.
Puso de presente que dentro de la actuación administrativa núm.
3
En adelante JUZGADO.
4
En adelante CONSEJO SECCIONAL.
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Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA
CSJBTAVJ26-3999 - vigilancia judicial núm. 2026-04133, el
CONSEJO SECCIONAL mediante auto de 1o. de julio de 2026, inició
formalmente vigilancia judicial administrativa contra el magistrado
JOSÉ RODRIGO ROMERO ROMERO y le concedió tres (3) días
hábiles para normalizar la situación de deficiencia en la
administración de justicia y dictar sentencia de segunda instancia,
además le solicitó presentar las explicaciones y pruebas que
pretendiera hacer valer.
Afirmó que, pese a la solicitud de información e impulso procesal, la
apertura formal de vigilancia judicial y la orden administrativa
expresa de normalizar la deficiencia dictando sentencia, a la fecha de
presentación de la acción de tutela de la referencia el TRIBUNAL no
ha proferido decisión de segunda instancia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la demora mantiene en indefinición un fallo que
reconoció acreencias laborales, prestaciones sociales y efectos
pensionales, por lo que aseguró que la presente acción de tutela no
busca convertir esa decisión de primera instancia en definitiva por
vía constitucional, sino impedir que el transcurso irrazonable del
tiempo vacíe de eficacia práctica el acceso a la justicia y prolongue
indefinidamente la incertidumbre sobre los derechos de contenido
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laboral y de seguridad social que le fueron reconocidos.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, despacho
del Magistrado JOSÉ RODRIGO ROMERO ROMERO, que, respetando
plenamente su autonomía e independencia y sin que esta tutela
condicione el sentido de la decisión, profiera y comunique la sentencia
que resuelva el recurso de apelación dentro del proceso 11001-33-
42-048-2021-00365-01 en un término máximo de diez (10) días
siguientes a la notificación del fallo de tutela, salvo que para ese
momento ya se haya emitido y comunicado la decisión.
3. SOLICITAR al Tribunal accionado que, con su informe de tutela,
remita el expediente digital o las piezas necesarias para acreditar el
estado real del proceso, el turno para fallo, la fecha exacta de ingreso
para sentencia y las razones objetivas que, de existir, expliquen el
incumplimiento del término legal.
4. VINCULAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
BOGOTÁ para que remita copia íntegra de la Actuación Administrativa
No. CSJBTAVJ26-3999 - Vigilancia Judicial No. 2026-04133 e informe
la fecha de comunicación del auto del 1 de julio de 2026, si el
magistrado vigilado presentó explicaciones y qué actuaciones se han
surtido frente a la orden de normalización.
5. DISPONER que el Tribunal accionado informe al juez constitucional
el cumplimiento de la orden que se imparta. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL remitió el link contentivo de las
actuaciones surtidas dentro del trámite de vigilancia judicial
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administrativa núm. 2026-04133 y solicitó ser desvinculado del
presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no tiene injerencia alguna en la decisión que profiera el
TRIBUNAL accionado.
I.5.2.- La SECRETARÍA DE MOVILIDAD afirmó que la presente
acción de tutela resulta improcedente por encontrarse en curso el
mecanismo principal e idóneo diseñado específicamente por el
legislador para requerir la oportunidad y eficacia en la administración
de justicia. Además, solicitó ser desvinculada por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
I.5.3.- El TRIBUNAL remitió el link del proceso objeto de tutela.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA
Cuestión previa
La Sala advierte que el CONSEJO SECCIONAL y la SECRETARÍA
DE MOVILIDAD solicitaron ser desvinculados de la presente acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
5
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto.
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD funge como parte
demandada dentro del proceso del cual se predica la presunta mora
judicial objeto de la presente acción, como tercero le asiste interés
directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia. Al
igual que al CONSEJO SECCIONAL por cuanto el actor en sus
pretensiones le pidió surtir algunas actuaciones, razón por la que la
Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad
social, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y su
SECRETARÍA, con ocasión de una presunta mora judicial
injustificada, por cuanto al parecer no se ha proferido sentencia de
segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2021-00365-01.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales
6
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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invocados por el actor, al incurrir en una presunta mora judicial
injustificada dentro del proceso constitucional aludido.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”7 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional8 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta de que, pese a que es obligación de la autoridad judicial
acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo
es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no
sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
7
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
8
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte9 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,
lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo
o justificación razonable de la demora10. Advirtió, además, que
(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de
todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto
que son estos los criterios que se deben analizar para determinar
si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida,
la mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
9
Ibidem.
10
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
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12
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Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”11.
13.5. En la providencia T-230 de 201312, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una
sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario
a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como
lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala,
además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional13.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional14, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos
de especial protección y/o vulnerabilidad15; y, en otros, (iii)
dispone un amparo transitorio16.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394
de 201617, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de
amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora
11
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
12
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
13
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
14
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
15
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
16
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
17
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones
procesales desarrolladas por el TRIBUNAL dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2021-00365-01, en aras de determinar
si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran
la mora judicial injustificada.
Según la información relacionada en el expediente digital visible en
la sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI, se advierte lo
siguiente:
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• El actor promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento contra la SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, el cual fue identificado con el número único de
radicación 2021-00365-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, mediante sentencia de 17 de marzo de 2025,
accedió a las pretensiones de la demanda.
• Mediante auto de 9 de mayo de 2025, el JUZGADO concedió
en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la
entidad allí demandada.
• El 5 de junio de 2025 el expediente fue repartido al TRIBUNAL
que, en proveído de 29 de abril de 2026, admitió el recurso de
alzada.
• El expediente subió para fallo al despacho sustanciador el 27
de mayo de 2026.
En virtud de lo anterior, la Sala observa que, si bien no se ha dictado
sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, lo cierto es
que se ha surtido el trámite correspondiente en el asunto desde el
momento en que el expediente fue enviado por el JUZGADO,
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además se debe tener en cuenta el volumen de procesos que tiene a
su cargo el TRIBUNAL.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que no todo incumplimiento de
un término judicial constituye una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, pues sólo la tardanza injustificada acarrea su
desconocimiento; situación que no es predicable en el presente
asunto, dado que como quedó acreditado, el proceso se encuentra
en curso y el mismo será estudiado cuando le corresponda el turno
atendiendo el orden cronológico del ingreso al despacho sustanciador
de los expedientes.
Igualmente, se debe tener en cuenta la congestión que enfrenta la
Rama Judicial, de la cual no escapa el despacho judicial demandado,
lo que descarta la mora judicial injustificada alegada y, en
consecuencia, la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
Consecuente con lo anterior, al haberse comprobado que el
TRIBUNAL no incurrió en una mora judicial injustificada, para la Sala
se impone denegar el amparo solicitado y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
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Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE MOVILIDAD y el
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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