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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06605-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06605-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE MOVILIDAD y el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06605-00 Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06605-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06605-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y su SECRETARÍA.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

1
En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06605-00
Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad

social, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y su

SECRETARÍA, por presunta mora judicial, por cuanto al parecer no

se ha proferido sentencia de segunda instancia dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 11001-33-42-048-2021-00365-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho contra el DISTRITO

CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE MOVILIDAD2, con el fin

de obtener el reconocimiento de la relación laboral real que había

sido encubierta mediante sucesivos contratos de prestación de

servicios.

Indicó que el citado proceso fue identificado con el número único de

radicación 2021-00365-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO CUARENTA Y OCHO ADMINISTRATIVO DEL

2
En adelante SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

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3

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Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA

CIRCUITO DE BOGOTÁ3 que, mediante sentencia de 17 de marzo

de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que la entidad allí demandada interpuso recurso de

apelación contra la anterior decisión, el cual le correspondió al

TRIBUNAL y desde el 5 de junio de 2025 el sistema de consulta

registraba que se encontraba en el despacho con la siguiente

anotación: "Al despacho apelación sentencia".

Señaló que el 3 de marzo de 2026 solicitó al TRIBUNAL información

sobre el estado real del expediente, el turno para fallo, la existencia

de actuaciones pendientes y un tiempo estimado razonable para la

decisión y, ante la falta de respuesta, el 16 de abril siguiente

promovió vigilancia judicial administrativa ante el CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ4 por la mora

advertida en el trámite de segunda instancia.

Precisó que, mediante auto de 29 de abril de 2026, el TRIBUNAL

admitió el recurso de apelación y desde el 27 de mayo del presente

año el proceso ingresó al despacho para dictar sentencia.

Puso de presente que dentro de la actuación administrativa núm.

3
En adelante JUZGADO.
4
En adelante CONSEJO SECCIONAL.

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CSJBTAVJ26-3999 - vigilancia judicial núm. 2026-04133, el

CONSEJO SECCIONAL mediante auto de 1o. de julio de 2026, inició

formalmente vigilancia judicial administrativa contra el magistrado

JOSÉ RODRIGO ROMERO ROMERO y le concedió tres (3) días

hábiles para normalizar la situación de deficiencia en la

administración de justicia y dictar sentencia de segunda instancia,

además le solicitó presentar las explicaciones y pruebas que

pretendiera hacer valer.

Afirmó que, pese a la solicitud de información e impulso procesal, la

apertura formal de vigilancia judicial y la orden administrativa

expresa de normalizar la deficiencia dictando sentencia, a la fecha de

presentación de la acción de tutela de la referencia el TRIBUNAL no

ha proferido decisión de segunda instancia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la demora mantiene en indefinición un fallo que

reconoció acreencias laborales, prestaciones sociales y efectos

pensionales, por lo que aseguró que la presente acción de tutela no

busca convertir esa decisión de primera instancia en definitiva por

vía constitucional, sino impedir que el transcurso irrazonable del

tiempo vacíe de eficacia práctica el acceso a la justicia y prolongue

indefinidamente la incertidumbre sobre los derechos de contenido

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laboral y de seguridad social que le fueron reconocidos.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, despacho
del Magistrado JOSÉ RODRIGO ROMERO ROMERO, que, respetando
plenamente su autonomía e independencia y sin que esta tutela
condicione el sentido de la decisión, profiera y comunique la sentencia
que resuelva el recurso de apelación dentro del proceso 11001-33-
42-048-2021-00365-01 en un término máximo de diez (10) días
siguientes a la notificación del fallo de tutela, salvo que para ese
momento ya se haya emitido y comunicado la decisión.

3. SOLICITAR al Tribunal accionado que, con su informe de tutela,
remita el expediente digital o las piezas necesarias para acreditar el
estado real del proceso, el turno para fallo, la fecha exacta de ingreso
para sentencia y las razones objetivas que, de existir, expliquen el
incumplimiento del término legal.

4. VINCULAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
BOGOTÁ para que remita copia íntegra de la Actuación Administrativa
No. CSJBTAVJ26-3999 - Vigilancia Judicial No. 2026-04133 e informe
la fecha de comunicación del auto del 1 de julio de 2026, si el
magistrado vigilado presentó explicaciones y qué actuaciones se han
surtido frente a la orden de normalización.

5. DISPONER que el Tribunal accionado informe al juez constitucional
el cumplimiento de la orden que se imparta. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL remitió el link contentivo de las

actuaciones surtidas dentro del trámite de vigilancia judicial

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administrativa núm. 2026-04133 y solicitó ser desvinculado del

presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, por

cuanto no tiene injerencia alguna en la decisión que profiera el

TRIBUNAL accionado.

I.5.2.- La SECRETARÍA DE MOVILIDAD afirmó que la presente

acción de tutela resulta improcedente por encontrarse en curso el

mecanismo principal e idóneo diseñado específicamente por el

legislador para requerir la oportunidad y eficacia en la administración

de justicia. Además, solicitó ser desvinculada por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

I.5.3.- El TRIBUNAL remitió el link del proceso objeto de tutela.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

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Cuestión previa

La Sala advierte que el CONSEJO SECCIONAL y la SECRETARÍA

DE MOVILIDAD solicitaron ser desvinculados de la presente acción

de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

5
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD funge como parte

demandada dentro del proceso del cual se predica la presunta mora

judicial objeto de la presente acción, como tercero le asiste interés

directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia. Al

igual que al CONSEJO SECCIONAL por cuanto el actor en sus

pretensiones le pidió surtir algunas actuaciones, razón por la que la

Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,

al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad

social, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y su

SECRETARÍA, con ocasión de una presunta mora judicial

injustificada, por cuanto al parecer no se ha proferido sentencia de

segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00365-01.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la

autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales

6
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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invocados por el actor, al incurrir en una presunta mora judicial

injustificada dentro del proceso constitucional aludido.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”7 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional8 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta de que, pese a que es obligación de la autoridad judicial

acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo

es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no

sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

7
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
8
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

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En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

Al respecto, la Corte9 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,
lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo
o justificación razonable de la demora10. Advirtió, además, que
(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de
todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto
que son estos los criterios que se deben analizar para determinar
si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida,
la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

9
Ibidem.
10
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».

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Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”11.

13.5. En la providencia T-230 de 201312, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una
sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario
a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como
lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala,
además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional13.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional14, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos
de especial protección y/o vulnerabilidad15; y, en otros, (iii)
dispone un amparo transitorio16.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394
de 201617, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de
amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora

11
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
12
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
13
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
14
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
15
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
16
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
17
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

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judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones

procesales desarrolladas por el TRIBUNAL dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2021-00365-01, en aras de determinar

si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran

la mora judicial injustificada.

Según la información relacionada en el expediente digital visible en

la sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI, se advierte lo

siguiente:

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• El actor promovió demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento contra la SECRETARÍA DE

MOVILIDAD, el cual fue identificado con el número único de

radicación 2021-00365-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO que, mediante sentencia de 17 de marzo de 2025,

accedió a las pretensiones de la demanda.

• Mediante auto de 9 de mayo de 2025, el JUZGADO concedió

en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la

entidad allí demandada.

• El 5 de junio de 2025 el expediente fue repartido al TRIBUNAL

que, en proveído de 29 de abril de 2026, admitió el recurso de

alzada.

• El expediente subió para fallo al despacho sustanciador el 27

de mayo de 2026.

En virtud de lo anterior, la Sala observa que, si bien no se ha dictado

sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, lo cierto es

que se ha surtido el trámite correspondiente en el asunto desde el

momento en que el expediente fue enviado por el JUZGADO,

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además se debe tener en cuenta el volumen de procesos que tiene a

su cargo el TRIBUNAL.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que no todo incumplimiento de

un término judicial constituye una vulneración a los derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, pues sólo la tardanza injustificada acarrea su

desconocimiento; situación que no es predicable en el presente

asunto, dado que como quedó acreditado, el proceso se encuentra

en curso y el mismo será estudiado cuando le corresponda el turno

atendiendo el orden cronológico del ingreso al despacho sustanciador

de los expedientes.

Igualmente, se debe tener en cuenta la congestión que enfrenta la

Rama Judicial, de la cual no escapa el despacho judicial demandado,

lo que descarta la mora judicial injustificada alegada y, en

consecuencia, la vulneración de los derechos fundamentales

invocados.

Consecuente con lo anterior, al haberse comprobado que el

TRIBUNAL no incurrió en una mora judicial injustificada, para la Sala

se impone denegar el amparo solicitado y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el DISTRITO

CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE MOVILIDAD y el

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06605-00
Actor: REYNALDO JOSÉ CAMACHO VICTORIA

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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