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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06609-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06609-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC), los cuales fueron vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y por el Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicación: 11001-03-15-000-2026-06609-00 Accionante: Instituto Financiero de Casanare – IFC Accionado: Tribunal Administrativo De Casanare Y Otro Referencia: Acción De Tutela SEGUNDO. Como consecuencia de esa decisión, (i) DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 18 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, así como la sentencia del 30 de octubre de 2025 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, dentro del proceso ejecutivo con radicación n.° 85001-33-33-004-2025-00021-00/02 promovido contra el señor Rafael Antonio Buitrago Quinchucua, y (ii) ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal que retome el proceso en el estado en el que arribó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con respeto de la plena validez de las actuaciones surtidas ante la jurisdicción ordinaria civil, y adopte las decisiones que en derecho correspondan con base en los lineamientos de esta sentencia. TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06609-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06609-00
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC)
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL
Vinculado: RAFAEL ANTONIO BUITRAGO QUINCHUCUA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto sustantivo por indebida
aplicación normativa / Autonomía y literalidad del pagaré como título valor – El pagaré presta
mérito ejecutivo por sí solo, sin necesidad de integrarlo con el contrato que le dio origen.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC). Estas garantías
resultaron vulneradas por las autoridades judiciales accionadas al declarar la
terminación del proceso ejecutivo promovido contra el señor Rafael Antonio Buitrago
Quinchucua.

2. Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo al exigir la
presentación del contrato de mutuo escrito para conformar un título ejecutivo
complejo, con desconocimiento de la autonomía y la literalidad del pagaré n.°
4117013, documento que presta mérito ejecutivo por sí solo. El mismo defecto se
configuró al desatender las reglas sobre los efectos de la declaratoria de falta de
jurisdicción y abstenerse de continuar con la ejecución, a pesar de que en la
jurisdicción ordinaria civil se libró un mandamiento de pago plenamente válido.

II. ANTECEDENTES

La demanda

3. El Instituto Financiero de Casanare (IFC), por medio de acción de tutela que
formuló el 20 de agosto de 2026, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La entidad consideró
que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo
de Casanare vulneraron estas garantías.

Hechos relevantes

4. El 17 de septiembre de 2015, el señor Rafael Antonio Buitrago Quinchucua
suscribió el pagaré n.° 4117013 por un valor de $14.000.000 a favor del Instituto

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare – IFC
Accionado: Tribunal Administrativo De Casanare Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

Financiero de Casanare (IFC). Este documento respaldó un crédito de fomento con
un plazo de 48 meses y una tasa de interés del 12,68% efectivo anual.

5. La obligación se hizo exigible el 17 de marzo de 2018, después de que el deudor
incumplió el pago de las cuotas pactadas. La entidad declaró el vencimiento
anticipado del plazo con un saldo de capital pendiente por cobrar de $6.356.583.

6. El 21 de septiembre de 2018, el IFC presentó una demanda ejecutiva singular de
mínima cuantía contra el deudor ante los jueces civiles municipales de Yopal. El
proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal bajo
el radicado 85001-40-03-002-2018-01355-00.

7. El 7 de marzo de 2019, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal libró
mandamiento de pago por el capital reclamado y decretó el embargo de las cuentas
bancarias del ejecutado. Luego de surtirse el emplazamiento, el despacho designó un
curador para la representación del demandado en el proceso y, el 2 de septiembre de
2024, ordenó seguir adelante con la ejecución.

8. El 12 de noviembre de 2024, al realizar un control de legalidad oficioso, el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Yopal declaró su falta de jurisdicción. Por este motivo, el
juez declaró la nulidad de lo actuado desde la orden de seguir adelante del 2 de
septiembre de 2024 y remitió el expediente digital a reparto de los jueces
administrativos de Yopal.

9. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal bajo el radicado 85001-3333-004-2025-00021-00. El 3 de abril de
2025, la juez avocó el conocimiento de la causa y, de forma inmediata, dictó sentencia
anticipada por la cual resolvió no seguir adelante con la ejecución y levantar las
medidas cautelares. El despacho sostuvo que el pagaré era insuficiente por sí solo y
exigió un contrato estatal de mutuo escrito para integrar un título complejo, de
conformidad con la Ley 80 de 1993.

10. La apoderada del IFC interpuso recursos de reposición y apelación contra la
providencia del 3 de abril de 2025. Al resolver el recurso de apelación, el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante decisión del 1.º de agosto de 2025, declaró la
nulidad de la sentencia anticipada por omitir la oportunidad para presentar alegatos
de conclusión. El superior ordenó al juzgado de primera instancia subsanar el error y
adelantar el traslado previsto en el artículo 182A del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

11. En cumplimiento de la orden del superior, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal corrió traslado para alegatos el 25 de septiembre de 2025, término
en el cual el IFC presentó sus alegaciones. No obstante, el 30 de octubre de 2025, el
despacho profirió una nueva sentencia anticipada en la cual reiteró la decisión de no
seguir adelante con la ejecución. La juez insistió en que el pagaré es un documento
de garantía que no suple la solemnidad del contrato escrito de mutuo.

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Referencia: Acción De Tutela

12. El 4 de noviembre de 2025, la apoderada del IFC apeló la nueva sentencia
anticipada. La ejecutante defendió la autonomía del pagaré como título valor de
derecho privado y criticó la aplicación retroactiva de exigencias formales
contractuales a un cobro de cartera consolidado en la vía civil.

13. El 18 de febrero de 2026, la sala de decisión mayoritaria del Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó en su integridad el fallo de primera instancia. La
corporación respaldó la exigencia de aportar un contrato estatal de mutuo escrito, bajo
las reglas del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, como presupuesto obligatorio de un
título ejecutivo complejo.

14. El Magistrado Leonardo Galeano Guevara formuló un salvamento de voto frente
a la decisión de la mayoría del Tribunal. Argumentó que el pagaré es un título valor
autónomo, literal e independiente que no requiere de solemnidades contractuales
escritas de derecho público para prestar mérito ejecutivo pleno ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Pretensiones

15. La entidad accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Para ello, la entidad pidió
que se dejaran sin efectos el auto del 30 de octubre de 2025, proferido por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, y la providencia del 18 de febrero de
2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare. Además, pidió que se
ordenara al juzgado de primera instancia seguir adelante con la ejecución y mantener
vigentes las medidas cautelares decretadas en el proceso promovido contra el señor
Rafael Antonio Buitrago Quinchucua.

Fundamentos de la demanda de tutela

16. La entidad accionante sostuvo que existe una violación directa de la Constitución,
porque el juez y el Tribunal Administrativo adoptaron un criterio arbitrario e
inconstitucional para desconocer la naturaleza del derecho de acción y de jurisdicción.
Inaplicaron los Autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional,
que concluyeron que el contrato de mutuo no debía constar por escrito, pues el pagaré
presta mérito ejecutivo por sí solo.

17. Se vulneró la seguridad jurídica y la confianza legítima porque «el IFC durante
más de dos décadas procedió con plena buena fe a otorgar los créditos sin hacer
suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido al derecho privado en sus
operaciones de colocación de cartera, de manera que el sorpresivo viraje judicial al
asignar la jurisdicción a los jueces administrativos es inoponible a situaciones jurídicas
consolidadas (créditos otorgados y pagarés suscritos) antes de producirse el auto de
la Corte».

18. En la jurisdicción ordinaria civil es inadmisible cuestionar el título ejecutivo simple
contenido en el pagaré. Tampoco es viable exigir requisitos ajenos al negocio

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cambiario. Los títulos valores conservan su exigibilidad gracias a sus características
de autonomía, independencia y literalidad. Estas cualidades impiden someter el cobro
a formalidades contractuales de derecho público que la legislación mercantil no prevé.

19. Es errónea la conclusión a la que llegó el Tribunal Administrativo de Casanare
sobre la aplicación de la Ley 489 de 1998. El artículo 93 de esta norma determina que
las empresas industriales y comerciales del Estado se sujetan al derecho privado en
sus actividades de gestión económica. El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 ratifica
esta regla para las entidades que realizan actividades comerciales en competencia
con el sector privado. Por esta razón, estas empresas no se rigen por el Estatuto
General de Contratación Pública.

20. El contrato de mutuo que dio origen a la deuda se celebró dentro del giro ordinario
de las actividades comerciales de fomento del IFC. Este negocio no se somete a la
Ley 80 de 1993 ni requiere formalidad escrita. La ausencia de un contrato escrito no
obedece a una omisión de la entidad. Por el contrario, es la propia ley la que somete
estas operaciones financieras a las normas de derecho privado, donde el mutuo es
consensual.

21. El Tribunal y el Juzgado de instancia incurrieron en un exceso ritual manifiesto y
en una abierta denegación del acceso a la administración de justicia al supeditar la
prosecución de la ejecución a la aportación de un contrato de mutuo estatal escrito.
Ese documento resulta jurídicamente innecesario e inexistente bajo el régimen de
derecho privado aplicable al IFC.

22. La imposición de un título complejo desconoció que el pagaré n.° 4117013,
acompañado de su carta de instrucciones, constituye un título ejecutivo autónomo y
autosuficiente. Este documento contiene una obligación clara, expresa y actualmente
exigible por la suma de seis millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos
ochenta y tres pesos ($6.356.583) de capital insoluto.

23. El magistrado Leonardo Galeano Guevara, quien salvó el voto frente a la decisión
mayoritaria del Tribunal Administrativo de Casanare, expuso los argumentos que
confirman los yerros de la providencia del 18 de febrero de 2026. En su
pronunciamiento disidente, el magistrado enfatizó que el traslado de jurisdicción no
altera la naturaleza del derecho sustancial ni suprime la autonomía cambiaria del
pagaré.

24. Desde el 30 de enero de 2025, las autoridades de la jurisdicción contencioso
administrativa en Casanare han negado cerca de 257 mandamientos de pago bajo la
tesis infundada de convertir el pagaré en un título complejo e imponer un contrato
escrito. Esta postura desconoce el carácter consensual del mutuo y genera un
impacto patrimonial grave para el IFC, entidad que registra cerca de 2.190 procesos
remitidos desde los juzgados civiles a los juzgados administrativos. Estos procesos
representan un valor de veintinueve mil ochocientos ochenta y cinco millones
cuatrocientos treinta y ocho mil pesos ($29.885.438.000), cartera que enfrenta un alto
riesgo de prescripción.

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25. La autonomía e independencia de los jueces para interpretar y aplicar las normas
jurídicas no es absoluta. Esta facultad encuentra su límite infranqueable en el
ordenamiento legal preestablecido, así como en los valores, principios y derechos
fundamentales que estructuran el Estado Social de Derecho.

26. El defecto fáctico se configuró por la valoración defectuosa del material
probatorio. Las autoridades judiciales accionadas desconocieron que el IFC aportó el
pagaré n.° 4117013 suscrito por el señor Rafael Antonio Buitrago Quinchucua junto
con la carta de instrucciones, y pasaron por alto que las operaciones de recaudo
crediticio de la entidad se rigen por las normas del derecho privado.

27. El contrato de mutuo se perfeccionó con la entrega efectiva de los catorce
millones de pesos ($14.000.000) prestados al deudor. Por esa razón, resulta
equivocado restarle mérito ejecutivo al pagaré n.° 4117013 que respaldó la obligación,
pues con ello se priva de eficacia jurídica a la acreencia que el ejecutado aceptó de
manera explícita al suscribir el documento cambiario.

28. Los operadores judiciales accionados incurrieron en defecto sustantivo. De
conformidad con el numeral 3 del artículo 297 del CPACA, en concordancia con el
numeral 5 del artículo 99 de la misma codificación, el pagaré es un título valor
perfectamente exigible de forma autónoma en la jurisdicción contencioso
administrativa, por tratarse de un documento que proviene de forma directa del deudor
y en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible.

29. En conclusión, las autoridades de instancia inaplicaron los artículos 2, 29 y 229
de la Constitución Política; el numeral 3 del artículo 297 y el numeral 5 del artículo 99
del CPACA; los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998; el artículo 14 de la Ley 1150
de 2007; los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, y los artículos 621 y 709 del
Código de Comercio. Con esta omisión normativa, las decisiones censuradas
disminuyeron el derecho sustancial y sacrificaron la justicia material.

Trámite impartido

30. El 24 de agosto de 2026, la consejera ponente admitió la acción de tutela
presentada por el Instituto Financiero de Casanare (IFC) contra el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, y
vinculó al señor Rafael Antonio Buitrago Quinchucua, en calidad de tercero con
interés legítimo.

Intervenciones

31. El Tribunal Administrativo de Casanare guardó silencio dentro del término del
traslado. La corporación judicial accionada no presentó el informe sobre los hechos y
fundamentos de la demanda de tutela.

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32. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal1 remitió el expediente
del proceso ejecutivo. Solicitó negar el amparo constitucional. Manifestó que la acción
de tutela resulta improcedente porque no supera el requisito de relevancia
constitucional. Indicó que la parte actora pretende habilitar una tercera instancia
judicial para discutir la valoración de las pruebas y la interpretación de las normas
legales que aplicaron los jueces naturales de la causa.

III. CONSIDERACIONES
Competencia

33. Esta Subsección es competente para resolver en primera instancia la acción de
tutela de la referencia, conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto
2591 de 1991, concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el que se expidió el
Reglamento Interno de esta corporación.

Legitimación en la causa

34. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

35. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela «podrá
ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales».

36. En el caso concreto, el IFC cuenta con legitimación en la causa por activa. La
entidad es la ejecutante en el proceso que terminó con las decisiones judiciales
cuestionadas.

37. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple. El Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare
son autoridades públicas. Además, estas autoridades profirieron las decisiones de
primera y de segunda instancia a las que se les atribuye la vulneración de las
garantías constitucionales de la entidad pública actora.

Problema jurídico y metodología de la decisión

38. La Sala determinará si procede amparar los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del IFC, presuntamente vulnerados
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y por el Tribunal
Administrativo de Casanare en las providencias que declararon la terminación del
proceso ejecutivo de origen.

39. Para ello, verificará si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad.
Si se cumplen, se establecerá si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

1
SAMAI, índice 12.

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los defectos alegados. Específicamente, examinará si existió una vulneración de
garantías fundamentales al exigir la conformación de un título ejecutivo complejo
contractual para adelantar la ejecución del pagaré.

Análisis de la Sala

Inmediatez

40. La Corte Constitucional estableció que uno de los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela es que esta se haya presentado en un plazo
razonable, esto es, justo y moderado, para garantizar los principios de seguridad
jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como una instancia adicional2.

41. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, esa corporación resaltó que la
acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente establecido3, pero debe
presentarse en un plazo oportuno. El Consejo de Estado consideró que cuando la
tutela se dirige contra una providencia judicial, un plazo de seis meses resulta
razonable4.

42. En el caso objeto de estudio, el Tribunal Administrativo de Casanare notificó el 20
de febrero de 2026 la providencia de segunda instancia del 18 de febrero de 2026.
Este fallo confirmó la decisión de terminar la ejecución promovida por el IFC contra el
señor Rafael Antonio Buitrago Quinchucua. La demanda de tutela se presentó el 20
de agosto de 2026. Entre la notificación de la decisión judicial y la interposición del
amparo transcurrió un lapso de seis meses. Por esta razón, la Sala concluye que la
solicitud de protección cumple plenamente con el requisito de inmediatez.

Subsidiariedad

43. Este requisito se encuentra satisfecho porque el IFC no cuenta con otro
mecanismo ordinario o extraordinario de defensa judicial para cuestionar la decisión
que decretó la terminación del proceso ejecutivo contra el señor Rafael Antonio
Buitrago Quinchucua. La providencia del 18 de febrero de 2026 resolvió el recurso de
apelación y definió el asunto por parte del superior funcional. Contra esta
determinación no proceden recursos ordinarios. Tampoco son procedentes los
mecanismos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia, debido a
que el debate sobre la suficiencia del pagaré no encaja en las causales taxativas que
rigen esas vías excepcionales.

2
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y SU-
499 de 2016, entre otras.
3
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
4
En sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-03905-01, esta Subsección estimó
que cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, el plazo razonable de seis meses debe
contabilizarse desde la notificación de la decisión o, desde la ejecutoria, cuando se hubieren realizado
trámites adicionales que incidieron en su firmeza.

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Relevancia constitucional

44. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales 5.
Este mecanismo sólo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

45. La solicitud de amparo que se analiza tiene relevancia constitucional porque
pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la inaplicación de
normas legales de obligatorio cumplimiento, así como por el desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional.

46. De entrada, se advierte la posible materialización de esos yerros con la
consecuente obstrucción al acceso a la administración de justicia, lo que, según la
Corte Constitucional6, permite considerar que un asunto es constitucionalmente
relevante y habilita el estudio de fondo en sede de tutela.

47. El amparo constitucional pretende restablecer el debido proceso ante la
imposición de requisitos adicionales a los que contempla la ley. Las decisiones
judiciales bajo estudio exigieron un contrato estatal escrito para ejecutar una
obligación de mutuo de derecho privado. Esta exigencia resulta abiertamente
contraria a las directrices de la Corte Constitucional sobre el carácter consensual de
estos negocios jurídicos y la autonomía del pagaré.

48. El IFC no utiliza este mecanismo como una instancia procesal adicional para
prolongar el litigio ordinario. La causa de tutela no radica en una simple diferencia de
criterios interpretativos frente a los despachos de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Por el contrario, la entidad pública atribuye a los fallos atacados yerros
que vulneran sus derechos fundamentales, cuya gravedad justifica la intervención del
juez constitucional.

49. El recurso de apelación que el IFC interpuso contra la sentencia del 30 de octubre
de 2025 comparte argumentos similares a los de esta tutela. Esta coincidencia no
significa, de manera automática, que el amparo carezca de relevancia constitucional.

5
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades
judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela
a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
6
En la sentencia SU-103 de 2022, la Corte explicó que un asunto es constitucionalmente relevante,
entre otros escenarios, cuando, en principio, se identifica una lesión del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, cuya garantía incluye, precisamente, la posibilidad de acceder
al sistema judicial. Esto último, de acuerdo con la sentencia T-244 de 2007, también de la Corte
Constitucional.

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Referencia: Acción De Tutela

Las censuras demuestran que el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en
defectos sustantivos propios al resolver el recurso y convalidó las anomalías que
comprometieron las garantías fundamentales de la entidad ejecutante.

50. Resulta lógico que la demanda de tutela reitere los cuestionamientos sobre la
validez de los fallos que terminaron la ejecución. El propósito de la entidad no consiste
en reabrir un debate meramente legal sobre la procedencia del mandamiento de pago.
La controversia tampoco gira en torno a una simple discrepancia de criterios jurídicos
ni se reduce a un aspecto de contenido exclusivamente económico.

51. Las críticas presentadas cuentan, además, con una carga argumentativa
suficiente para entender en qué se hace consistir la vulneración de derechos
fundamentales.

Defecto sustantivo en el caso concreto

52. Esta Sala considera que en el caso analizado se incurrió en defecto sustantivo,
por las razones que se exponen a continuación.

53. El debate constitucional se centra en determinar si el pagaré n.° 4117013 presta
mérito ejecutivo por sí solo o si, como lo concluyeron las autoridades demandadas,
debía integrarse con un contrato escrito de mutuo para conformar un título ejecutivo
complejo.

54. El pagaré es un título valor de contenido crediticio regulado por los principios de
incorporación, literalidad y autonomía. El artículo 619 del Código de Comercio lo
concibe como el documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y
autónomo en él consignado, de modo que la obligación cambiaria se ejerce con el
título y en los términos exactos que expresa su texto.

55. En virtud de la autonomía cambiaria, la obligación incorporada en el pagaré es
independiente del negocio jurídico subyacente. Por esta razón, el acreedor no está
obligado a acreditar la relación causal ni a aportar el contrato de mutuo para
demandar su pago por la vía ejecutiva, sin perjuicio de las excepciones que el deudor
pueda formular en el proceso.

56. Los requisitos de validez del pagaré están previstos de forma taxativa en los
artículos 621 y 709 del Código de Comercio. Estas disposiciones exigen la firma de
quien lo crea, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero,
el nombre del beneficiario, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador y la
fecha de vencimiento. Ninguna de estas normas condiciona la fuerza ejecutiva del
título a la presentación del contrato que le dio origen.

57. En el expediente consta que el IFC aportó el pagaré n.° 4117013, suscrito el 17
de septiembre de 2015 por el señor Rafael Antonio Buitrago Quinchucua por la suma
de catorce millones de pesos ($14.000.000). El título valor se acompañó de su

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respectiva carta de instrucciones y de la cláusula en la cual el ejecutado aceptó de
forma expresa haber recibido esa cantidad a título de mutuo con intereses.

58. El IFC es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden departamental
que se rige por las normas del derecho privado en sus actividades de colocación de
crédito. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, las
entidades que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector
privado no se someten al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.

59. Al estar adscritas las operaciones financieras del IFC al régimen de derecho
privado, el contrato de mutuo se perfeccionó con la sola entrega del dinero. Según
lo contemplan los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, el préstamo de consumo
es un contrato consensual que no exige la solemnidad del escrito prevista en el
artículo 39 de la Ley 80 de 1993.

60. El artículo 297 del CPACA establece que prestan mérito ejecutivo los contratos,
las garantías y «cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en
los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles». Esta norma contempla el
concepto genérico de acto jurídico y no excluye a los títulos valores simples, en tanto
provengan directamente del deudor y acrediten una acreencia líquida y actualmente
exigible por valor de seis millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta
y tres pesos ($6.356.583) de capital insoluto.

61. Al condicionar la orden de seguir adelante con la ejecución a la presentación de
un contrato de mutuo escrito inexistente, las autoridades accionadas impusieron un
requisito ajeno al ordenamiento legal. Con este actuar, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare
despojaron al pagaré n.° 4117013 de la autonomía y de la literalidad que le otorga la
ley mercantil.

62. Las autoridades demandadas desatendieron además los efectos procesales del
traslado de jurisdicción. En la jurisdicción ordinaria civil, el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal libró un mandamiento de pago plenamente válido el 7 de marzo
de 2019, actuación que conservaba su validez en los términos del artículo 138 del
Código General del Proceso y del artículo 16 de la Ley 1564 de 2012.

63. Los yerros de los operadores judiciales configuraron un defecto sustantivo por la
falta de aplicación de las disposiciones legales que reglamentan el pagaré como
título valor y por la indebida aplicación de las que exigen la solemnidad escrita de los
contratos estatales7. Estas falencias menoscabaron de forma injustificada los

7
La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la decisión
judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución y la ley les reconocen a las autoridades judiciales, la interpretación
o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos generales
que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta

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derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
de la entidad accionante.

64. Por último, es relevante poner de presente que en una sentencia reciente 8 se
discutió un asunto de contornos fácticos y jurídicos similares a los que aquí se
analizan y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado amparó
los derechos del IFC con argumentos semejantes a los que se acogen en esta
sentencia.

Otros yerros que configuran el defecto sustantivo

65. Recientemente, en casos análogos9, esta Subsección advirtió la inobservancia
de los jueces administrativos y del Tribunal Administrativo de Casanare respecto de
las reglas relativas a la declaratoria de falta de jurisdicción, especialmente la prevista
en el artículo 138 del CGP, según la cual «lo actuado conservará su validez y el
proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado
sentencia, esta se invalidará».

66. Bajo esa premisa, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo al dejar de aplicar el artículo 138 del Código General del Proceso y
abstenerse de continuar con la ejecución solicitada por el IFC. Con esta omisión, el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare desconocieron la validez del auto del 7 de marzo de 2019, providencia por
medio de la cual el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal libró mandamiento de
pago por la suma de seis millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta
y tres pesos ($6.356.583) de capital insoluto y decretó medidas cautelares, actuación
que conservaba plena validez jurídica tras la remisión del expediente por falta de
jurisdicción.

67. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal desconoció la
consolidación de la orden ejecutiva al reabrir de oficio el examen sobre el título
ejecutivo. Además, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la inobservancia
de los efectos legales del traslado de jurisdicción mediante la providencia del 18 de
febrero de 2026. Al tomar esa decisión, el Tribunal pasó por alto que la etapa de
contradicción sobre el mandamiento de pago se encontraba totalmente precluida, en
tanto la parte demandada fue notificada a través de curador sin que formulara
excepciones de mérito ni recursos contra la orden de pago de 2019.

otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a
pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica
a la que se aplicó.
Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T-189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.
8
Sentencia de 2 de marzo de 2026, radicado 11001-03-15-000-2026-00426-00, C.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
9
Ver, entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2026, expedientes con radicado 11001-03-15-000-
2026-01919-00 y 11001-03-15-000-2026-01087-00, ambas con ponencia del magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez (e).

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68. Por esa razón, la decisión de desestimar la ejecución constituyó un defecto
sustantivo por omisión en la aplicación de los artículos 16 y 138 del CGP. Las
autoridades judiciales demandadas debieron respetar la validez del mandamiento de
pago del 7 de marzo de 2019 y continuar con el trámite ejecutivo hasta su
culminación.

Conclusión

69. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrieron en yerros que vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del IFC.
Estas transgresiones se concretaron en la sentencia del 30 de octubre de 2025 y en
la providencia del 18 de febrero de 2026, respectivamente, decisiones que
declararon la terminación del proceso ejecutivo.

70. Las falencias advertidas configuraron un defecto sustantivo atribuible a dos
causas específicas: (i) la indebida exigencia de un contrato de mutuo estatal escrito
para estructurar un título ejecutivo complejo, con desconocimiento de la autonomía
e independencia del pagaré n.° 4117013 y de los artículos 621 y 709 del Código de
Comercio, así como del régimen de derecho privado aplicable a las operaciones de
crédito de la entidad; y (ii) la inaplicación de los artículos 16 y 138 del Código General
del Proceso, al haber desconocido la plena validez de la actuación surtida ante la
jurisdicción ordinaria civil, en especial del mandamiento de pago librado el 7 de
marzo de 2019 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal.

71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
Instituto Financiero de Casanare. Así, dejará sin efectos las decisiones judiciales
cuestionadas y ordenará al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal que
reanude el trámite de la causa ejecutiva con respeto de la validez de las actuaciones
cumplidas en la jurisdicción ordinaria civil y de conformidad con los lineamientos
fijados en este fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC), los cuales
fueron vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y por
el Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO. Como consecuencia de esa decisión, (i) DEJAR SIN EFECTOS la
providencia del 18 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, así como la sentencia del 30 de octubre de 2025 dictada por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, dentro del proceso ejecutivo con
radicación n.° 85001-33-33-004-2025-00021-00/02 promovido contra el señor Rafael
Antonio Buitrago Quinchucua, y (ii) ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal que retome el proceso en el estado en el que arribó a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, con respeto de la plena validez de las actuaciones
surtidas ante la jurisdicción ordinaria civil, y adopte las decisiones que en derecho
correspondan con base en los lineamientos de esta sentencia.

TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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