Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06611-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06611-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Vinculados: Silvia Milena Pérez Méndez
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo.
Entidades excluidas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente. CONCEDE AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide sobre la acción de tutela interpuesta por el Instituto Financiero de
Casanare (en adelante IFC) en contra de la sentencia del 30 de octubre de 2025,
proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal mediante la
cual se decidió no seguir adelante con la ejecución dentro del proceso ejecutivo
adelantado bajo el radicado n.º 85001-33-33-004-2025-00022-00/02 y, contra la
sentencia del 18 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de
Casanare, que confirmó dicha decisión al resolver el recurso de apelación
interpuesto.
ANTECEDENTES
El IFC interpuso acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera
lesionados por las autoridades accionadas, quienes profirieron las providencias
mediante las cuales se resolvió no seguir adelante con la ejecución en el proceso
ejecutivo.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que presentó demanda ejecutiva singular de mínima cuantía el 28 de marzo de
2023 ante la jurisdicción ordinaria, contra la señora Silvia Milena Pérez Méndez,
para el pago de la obligación contenida en el pagaré No. 4122134.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06611-00
Que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, libró mandamiento de pago por
el capital adeudado, es decir, la suma de la suma de $1.155.330 y decretó medidas
cautelares. No obstante, el 12 de noviembre de 2024 declaró la falta de jurisdicción
y ordenó la remisión del proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Que el proceso fue repartido al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal,
el cual, mediante sentencia anticipada del 3 de abril de 2025, avocó conocimiento y
de «ipso facto» decidió no seguir adelante la ejecución; contra dicha decisión
interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Casanare en decisión
del 8 de agosto e 2025 declaró la nulidad de la sentencia y ordenó al a quo adelantar
el trámite previsto en el artículo 182A del CPACA.
Que el Juzgado adelantó los trámites ordenados por el Tribunal y, mediante
sentencia anticipada del 30 de octubre de 2025 determinó no seguir adelante con la
ejecución solicitada al considerar que no se constituyó en debida forma el título
ejecutivo, por cuanto no se aportó el contrato de mutuo escrito que permitiera
integrar un título ejecutivo complejo, también compulsó copias a la Contraloría
General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que
realizaran investigación respecto a la entrega de dineros a terceros sin cumplir los
requisitos de la contratación estatal.
Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. El
primero fue rechazado mediante auto del 11 de diciembre de 2025. El Tribunal
Administrativo de Casanare mediante sentencia del 18 de febrero de 2026, confirmó
la decisión, al concluir que del pagaré y de su carta de instrucciones no era posible
establecer con certeza la existencia del contrato de mutuo que respaldaba la
obligación. En consecuencia, consideró necesario aportar el contrato estatal
suscrito entre el IFC y las obligadas, pues, tratándose de un proceso ejecutivo
contractual, su existencia debía acreditarse en los términos de la Ley 80 de 1993.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados y se dejen sin efectos, la sentencia
del 30 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal y la sentencia del 18 de febrero de 2026, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Casanare resolvió el recurso de apelación dentro del
proceso con radicado n.º 85001-33-33-004-2025-00022-00/02.
En consecuencia, pidió ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y al
Tribunal Administrativo de Casanare que siga adelante con la ejecución y las
medidas cautelares a favor del IFC y se abstenga de exigir requisitos innecesarios
en este tipo de procesos.
Finalmente, solicitó que el fallo tenga efectos inter comunis o, en su defecto, se
extienda a los procesos ejecutivos que cursen en los juzgados administrativos de
Yopal en los que sea demandante el IFC y se desconozca el pagare como título
ejecutivo autónomo, siempre que concurran supuestos fácticos y jurídicos similares.
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FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO
El accionante considera que al contrato de mutuo que celebra el IFC en desarrollo
de su actividad comercial de crédito, que es propia de su objeto social, no le es
aplicable la normativa de la Ley 80 de 1993 y, en ese sentido, no se encuentra
sometido a la formalidad de constar por escrito en los términos del artículo 39 de la
referida ley.
Que, en ese orden, el mutuo corresponde a un contrato regido por el derecho
privado y, a la luz del artículo 2222 del Código Civil, se perfecciona con la entrega
de la cosa, que en el giro ordinario de la actividad del IFC corresponde al
desembolso del crédito.
Agregó que la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos (por ejemplo, los
Autos 2014 de 2024 y 1455 de 2025) determinó que la competencia en este tipo de
asuntos está en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues el
proceso ejecutivo se origina en un título valor (pagaré), suscrito en el marco de un
contrato estatal regido por el derecho privado (de mutuo); asuntos en los que no es
necesario que medie un contrato escrito, porque el título contiene una obligación
clara, expresa y exigible.
Relató que, desde el 30 de enero de 2025, fecha en que se profirió la primera
decisión de negar el mandamiento de pago por el Tribunal Administrativo de
Casanare, al 15 de julio de 2025 (fecha de corte en la solicitud de tutela), dicha
Corporación se ha pronunciado en el mismo sentido en 257 providencias, lo que ha
implicado que se reste la exigibilidad a los pagarés y, en consecuencia, se ha
transformado un título ejecutivo simple en uno complejo.
Que a la anterior situación se debe sumar que aproximadamente 2190 procesos se
encuentran en situación similar y que, por el cambio de jurisdicción, se están
remitiendo por parte de los juzgados civiles a los administrativos; trámites que
representan para el IFC un patrimonio de aproximadamente $29.885.438.000.
Afirmó que hubo exceso ritual manifiesto, pues exigieron, allegar el contrato de
mutuo elevado a escrito, con apego a interpretaciones contrarias al régimen civil.
TRÁMITE DE LA SOLICITUD
El 24 de agosto de 2026 se admitió la acción; se vinculó como terceros interesados
a la señora Silvia Milena Pérez Méndez; así mismo, se vinculó al Juzgado Segundo
Civil Municipal de Yopal y se le requirió para que remitiera el proceso ejecutivo
correspondiente; finalmente se ordenaron las notificaciones.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
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El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que la presente acción de
tutela carece de relevancia constitucional, puesto que no se plantea un asunto que
evidencie una afectación real, directa y desproporcionada de derechos
fundamentales, por el contrario, que el debate gira en torno a un tema legal, en el
que se cuestiona el criterio jurídico aplicado por el juez natural.
Que el amparo se pretende utilizar como un mecanismo para reabrir una discusión
jurídica ya resuelta, desconociendo su carácter subsidiario, excepcional y residual;
por lo tanto, considera que no se satisfacen los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La señora Silvia Milena Pérez Méndez guardó silencio.
El Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa: de la solicitud de asumir el conocimiento de la acción por
parte de la Sala Plena de la Corporación
El IFC solicitó estudiar la posibilidad de que la acción constitucional sea debatida
en Sala Plena del Consejo de Estado, atendiendo a la relevancia constitucional del
asunto.
Al respecto, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 37 de la Ley
270 de 1996, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo “5.
Resolver los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o
trascendencia social si, por estimar fundado el motivo, resuelve asumir
competencia”. De esta forma, es necesario que confluyan dos supuestos: el
primero, que el asunto sea remitido por una sección de la Corporación, en quien
recae el deber de valorar su importancia jurídica y trascendencia social; el
segundo, que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estime fundado el
motivo y decida asumir el conocimiento.
De otra parte, el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, mediante el cual se expide
el reglamento interno del Consejo de Estado, dispone, en relación con el trámite
de las acciones constitucionales -tutela, cumplimiento, populares y de grupo- que
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se deben resolver por la Sección o Subsección de la cual haga parte el Consejero
a quien le corresponda el reparto, en tanto el artículo 26 del mismo Acuerdo señala
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá de los recursos en
contra de las providencias que profieran las Secciones de la Corporación, con “(…)
exclusión de los Consejeros de la Sección o Subsección que profirió la decisión,
sin perjuicio de que estos puedan ser llamados a explicarlas”.
La distribución del trámite así realizado tiene como propósito la garantía de la doble
instancia, pues, en el caso especial de las acciones constitucionales de tutela, si
se asumiera que la Subsección debe someter a consideración de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo un asunto, la partes quedarían desprovistas de la
posibilidad de impugnar la decisión.
En consecuencia, la solicitud del IFC no resulta procedente en esta instancia y, por
ello, será esta Sala de Subsección la que tomará la decisión que en derecho
corresponda.
Resuelto lo anterior, se deberá decidir sobre la solicitud de amparo constitucional,
para lo cual esta providencia comprenderá los siguientes aspectos: 1.
generalidades de la acción de tutela y legitimación en la causa por activa y pasiva;
2. las exigencias generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial y 3. se abordará el estudio del caso concreto a partir del
análisis de los hechos, las pretensiones y los derechos invocados.
Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela para que toda
persona pueda reclamar ante las autoridades judiciales, en todo momento y lugar,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Se trata,
pues, de un mecanismo expedito que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se caracteriza por ser subsidiario, inmediato, sencillo, específico,
eficaz e informal1.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Según la doctrina constitucional vigente, para aceptar la procedencia de la acción
de tutela contra providencias, el juez debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales que se enuncian en la Sentencia C-590 de 20052, cuya
transcripción parcial se realiza a continuación:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
1 Al respecto, Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)».
Sobre los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
• Relevancia constitucional
Para determinar el cumplimiento de este requisito la Corte Constitucional ha
señalado que se debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales3.
El asunto sometido a consideración reviste relevancia constitucional, en la medida
en que la parte accionante alega la posible vulneración de derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de
justicia, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados. En
ese sentido, el debate no se circunscribe a una simple discrepancia frente a la
interpretación del derecho aplicable, sino que se plantea la posible afectación de
garantías fundamentales derivadas de la actuación de las autoridades judiciales
accionadas.
Además, la controversia trasciende el interés particular de la entidad accionante,
pues esta afirma que el criterio adoptado podría incidir en un número considerable
de procesos ejecutivos de similares características promovidos por el IFC,
circunstancia que refuerza la necesidad de verificar, desde una perspectiva
constitucional, si las decisiones cuestionadas respetaron las garantías
fundamentales invocadas.
• Inmediatez y subsidiariedad en la acción de tutela
La inmediatez se refiere al estudio de la razonabilidad y oportunidad del término
transcurrido entre la ocurrencia de la lesión o amenaza del derecho fundamental y
la solicitud de amparo, teniendo en cuenta que la finalidad del mecanismo
constitucional reside en la protección inmediata de los derechos fundamentales
3 Véase, entre otras: Corte Constitucional, Sentencias T-859 de 2003; T-222 de 2004 y T-401 de 2004.
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vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Para el
cumplimiento de ese cometido, es indispensable que quien sufra la lesión o
amenaza o los terceros previamente definidos hagan uso de la acción con la misma
prontitud con la que el juez debe atenderla4. En términos de la Corte Constitucional:
«La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la inmediatez es una
exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación
temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es
improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso
del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control
constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela»5.
En el caso concreto, el accionante manifestó que se cumple con este presupuesto
porque «(...) se agotó el recurso de reposición y el de apelación contra la decisión
que determinó: “NO seguir adelante la ejecución a favor del IFC (…)”; sin que existan
más recursos ni medios de defensa judicial, [y] (...) no han transcurrido 6 meses
desde la última decisión».
Con fundamento en lo anterior, la Sala observa que la sentencia mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Casanare resolvió la apelación en contra de la sentencia
que resolvió no seguir adelante con la ejecución se profirió el 18 de febrero de 2026
y fue notificado el 20 del mismo mes y año.
Por su parte, la solicitud de amparo constitucional se radicó el 19 de agosto de 2026.
De manera que la pauta jurisprudencial conforme a la cual se ha considerado el
lapso de 6 meses como término razonable para acudir a la acción de tutela se
satisface en el presente caso.
Por otro lado, cabe destacar que la acción de tutela es fundamentalmente
subsidiaria, lo que quiere decir que su procedencia se encuentra condicionada a
que no existan otros medios de defensa judicial para amparar los derechos
fundamentales invocados, o en su defecto, a que se invoque como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo que impone al
juez el deber de analizar si quien acciona cuenta o no con mecanismos ordinarios
para discutir la situación que motiva la solicitud de tutela y, de acreditar su
existencia, evaluar si aquellos resultan o no idóneos para la protección de los
derechos invocados6.
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-578 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-189 de 2009 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva y T-879 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. Reiteradas en la Sentencia SU-
148 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos (en las providencias se aborda en términos generales el requisito de
inmediatez y, luego, se alude a que su exigencia es más estricta cuando la solicitud de amparo se dirige en
contra de una providencia judicial).
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-148 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.
6 Cfr. Sentencia SU-1070 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta providencia se indicó que el juez de
tutela debe analizar i) si este es idóneo y eficaz; y, de ser así, ii) si se presente una amenaza de perjuicio
irremediable, que amerite la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, sin que la
determinación sea respecto de cuál mecanismo puede resolver con mayor prontitud del asunto, porque de ese
modo, la acción de tutela desplazaría los demás mecanismos de defensa, teniendo en cuenta que los principios
que la rigen hacen que sea siempre la más rápida. Por ello se concluyó que el estudio de la subsidiariedad
impone tomar en cuenta si el juez o la autoridad a quien correspondería el conocimiento del caso, estaría en la
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En el caso concreto, la Sala encuentra satisfecho este requisito, pues no existen
otros mecanismos judiciales ordinarios que garanticen los derechos invocados
tratándose de una decisión judicial con carácter definitivo y la irregularidad fue
alegada por el accionante en el trámite del recurso de apelación en contra de la
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, ocasión en la
cual destacó las decisiones en las que la Corte Constitucional resolvió conflictos de
competencia entre jurisdicciones, en asuntos similares, y asignó la competencia a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
• Alcance de la irregularidad alegada
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, cuando el accionante se
refiere a la configuración de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta resulta decisiva o determinante en la decisión cuestionada y que afecta los
derechos fundamentales del extremo activo.
Ello es así, porque no todo yerro de tipo procesal tiene el alcance de viciar una
providencia judicial, ni genera por su sola configuración una afectación de las
garantías de quien obtiene de la jurisdicción la resolución desfavorable en un
litigio7.
En el asunto que se estudia, la decisión de no seguir adelante con la ejecución en
el proceso objeto de las decisiones judiciales partió de considerar que el IFC no
contaba con un título completo, pues el pagaré aportado debía acompañarse de
un contrato escrito, por tratarse de una entidad estatal; asunto que constituye (i) el
motivo determinante de la decisión adoptada; y (ii) una restricción de su derecho
de acceso a la administración de justicia, pues la jurisdicción de lo contencioso
adopta tal determinación luego de que la jurisdicción ordinaria le remitiera la
actuación porque también se consideró incompetente para su conocimiento.
• Identificación del derecho vulnerado y de las causas de la vulneración
Para la Corte Constitucional, a diferencia de otras hipótesis de procedibilidad de
la acción de tutela, cuando esta se interpone contra una sentencia judicial es
carga del actor identificar con claridad tanto la acción como la omisión judicial
que pudo dar lugar a la vulneración, así como el derecho vulnerado, sin que sea
capacidad de brindar al conflicto una solución clara, definitiva y precisa, “(…) pudiendo ordenar también
remedios adecuados según el tipo y la magnitud de la vulneración” (esta sentencia se reitera en la SU-772 de
2014.
7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-022 de 2023. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera: «32. No
cualquier error u omisión en el curso del proceso ordinario constituye un defecto que vulnere el debido proceso
[Corte Constitucional. Sentencia T-586 de 2012]. Las acciones de tutela contra providencia judicial, en las que
se alega que las vulneraciones a los derechos fundamentales del accionante son producto de irregularidades
procesales en el curso del proceso ordinario, deben demostrar que la irregularidad alegada ”tiene un efecto
decisivo o determinante en el fallo que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”
[Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005]. Para que el amparo proceda, las irregularidades deben tener
una magnitud significativa [Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, SU-061 de 2018 y T-470 de 2018,
entre otras], afectar los derechos fundamentales del accionante y haber incidido efectivamente en la providencia
que se cuestiona».
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exigible una argumentación especializada y exhaustiva de lo ocurrido8. También
se ha dicho que siempre que ello hubiere sido posible, los argumentos que
fundamentan la solicitud de tutela deben haber sido planteados previamente
dentro del proceso judicial ordinario.
En la solicitud de amparo se indica que los hechos generadores tienen que ver
con el trámite impartido a la demanda ejecutiva que el IFC interpuso, con
fundamento en el pagaré n°. 4122134, pues las autoridades de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo resolvieron no seguir adelante con la ejecución tras
considerar que el ejecutante no contaba con un título completo, en la medida en
que el pagaré debía acompañarse del contrato estatal de mutuo escrito. Tales
planteamientos permiten tener por satisfecho este requisito de procedencia.
• Constatación de que la solicitud de amparo no versa sobre una
providencia de tutela
El máximo órgano constitucional ha señalado que la providencia cuestionada no
puede dirigirse en contra de (i) una sentencia de tutela; (ii) una decisión proferida
con ocasión del control abstracto de constitucionalidad que adelanta esta
Corporación; (iii) una sentencia que resuelve el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado; ni (iv) las decisiones
judiciales adoptadas por órganos de la JEP, que tengan exclusivamente un
carácter abstracto, general e impersonal9.
La acción de tutela de la referencia se presenta contra providencias judiciales
proferidas en primera y segunda instancia en el trámite de un proceso ejecutivo
en la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Por tanto, se satisface esta
exigencia.
En los anteriores términos, la Sala concluye que la solicitud de amparo satisface
todos los requisitos generales de procedencia de las acciones de tutela contra
providencias judiciales y, en consecuencia, procederá a delimitar el asunto
objeto de decisión a las causales específicas de procedibilidad que serán
estudiados en el caso concreto.
Sobre las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales
En la Sentencia C-590 de 2005, previamente citada, se establecieron los requisitos
específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo cual implica que la sentencia censurada debe presentar al menos uno
de los siguientes vicios o defectos:
8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 2024. M.P. Juan Carlos Cortés González.
9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-012 de 2026. MP. Miguel Polo Rosero.
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«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución»10.
El IFC plantea la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, porque considera que las autoridades
judiciales incurrieron en: (i) un defecto sustantivo por desconocimiento de los
artículos 297 y 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y del artículo 422 del Código General del Proceso (CGP);
(ii) violación directa de la Constitución por desconocimiento de los artículos 29 y 229
y porque ignoraron el criterio fijado por la Corte Constitucional en los autos mediante
los cuales se resolvieron conflictos de competencia entre jurisdicciones por este
asunto; (iii) un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir el contrato
de mutuo escrito cuando se trataba de uno de carácter consensual; y (iv) un defecto
fáctico por una indebida valoración probatoria respecto del pagare n°. 4122134 y la
carta de instrucciones.
A continuación, la Sala abordará el análisis del caso concreto a partir de los
requisitos específicos de procedibilidad invocados por el accionante en el orden
antes señalado, para determinar si alguno de ellos se configuró y, por tanto, resulta
procedente amparar los derechos fundamentales invocados.
Caso concreto
Esta Sala precisa que se abordará el estudio de la alegada vulneración a partir del
análisis del contenido de las disposiciones que definen: (i) qué conoce la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, (ii) qué asuntos están excluidos; (iii) cuál es la
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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naturaleza jurídica del IFC; y (iv) cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos
que celebra el IFC.
De conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo
contencioso administrativo conoce, entre otros, de los siguientes asuntos:
«Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo
dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias
y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
(...)
2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea
parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del
Estado» (subrayados fuera del texto original).
Por su parte, el artículo 105 de la mencionada codificación expresa qué está
excluido de su conocimiento:
«Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
no conocerá de los siguientes asuntos:
1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los
contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de
instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o
intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando
correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo
los procesos ejecutivos» (subrayados fuera del texto original).
Lo anterior significa que existe una regla general de competencia, que asigna a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de aquellos procesos
que se refieran a contratos, independientemente de su régimen, con la condición de
que en ellos sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones
del Estado. En paralelo, se establece como excepción la controversia de tipo
contractual en la cual la entidad pública sea de aquellas instituciones de naturaleza
financiera, que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera, cuando
el litigio verse sobre los asuntos propios de su giro ordinario, inclusive si este es de
tipo ejecutivo.
En esa línea, resulta necesario determinar si el IFC se encuentra comprendido
dentro de la referida excepción, para lo cual deberá determinarse su naturaleza
jurídica y verificar si está sometido a la inspección o vigilancia de la
Superintendencia Financiera.
El IFC es una entidad descentralizada del nivel departamental, creada mediante el
Decreto 107 del 27 de julio de 1992 y reorganizada a través del Decreto 0073 de 30
de mayo de 2002, como empresa de gestión económica de carácter departamental
y sometida al régimen jurídico de las EICO, en los términos de la Ley 489 de 1998.
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Luego de verificarse la página web de la Superintendencia Financiera con el fin de
establecer si la tutelante es sujeto de inspección y vigilancia se constata en la tabla
de entidades vigiladas con corte a 1 de junio de 2026, el IFC no hace parte de las
entidades vigilades por esa unidad administrativa.
De manera que el IFC no es de aquellas instituciones financieras cuyas
controversias contractuales, originadas en el giro ordinario de sus negocios, se
excluyen de los asuntos que son de conocimiento de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Llegados a este punto, es pertinente analizar la naturaleza y régimen jurídico
aplicable a los contratos que celebra el IFC, pues la exigencia o no de determinadas
formalidades dependerá, necesariamente, de su sometimiento o no a las reglas
contenidas en el EGCAP.
Previamente se precisó que el IFC está sometido al régimen jurídico de las EICO.
Al respecto, el EGCAP (Ley 80 de 1993) establece en su artículo 32 un criterio
orgánico para definir cuándo se está ante un contrato estatal:
«ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos
los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, (...)» (negrillas y subrayas
fuera del texto original).
«ARTÍCULO 2.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos.
Para los solos efectos de esta Ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital
y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, (...)»
(subrayado y negrilla fuera del texto original).
En ese sentido, se observa que los contratos celebrados por las EICO, dada la
naturaleza de entidad estatal deben considerarse de naturaleza estatal. Sin
embargo, debe ponerse de presente que una es la naturaleza del contrato y otro el
régimen aplicable a este.
Así, la Ley 489 de 1998, que establece el régimen propio de las EICO, respecto de
cuyos contratos prescribe:
«ARTÍCULO 93.- Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su
actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a
las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el
cumplimiento de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General
de Contratación de las entidades estatales» (subrayado fuera del texto original).
De manera que, en principio, podría afirmarse que a estas entidades les resulta
aplicable la Ley 80 de 1993. Sin embargo, en virtud del artículo 14 de la Ley 1150
de 2007, las EICO se someten al régimen de derecho público, salvo cuando
desarrollan actividades en competencia con el sector privado o actúan en mercados
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regulados; supuesto que constituye, precisamente, la finalidad principal de este tipo
de entidades, en especial de aquellas como la que es objeto de análisis en esta
ocasión, que corresponde a una institución financiera.
En consecuencia, puede afirmarse que el régimen de sus contratos es mixto, pues,
aunque pueden aplicar las normas de derecho privado en su actividad contractual,
deben observar los principios de la función administrativa (artículo 209 de la
Constitución Política (CP)), de la gestión fiscal (artículo 267 CP) y el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades (Ley 80 de 1993).
«ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE
ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
13 de la presente ley» (subrayado fuera del texto original).
Precisado lo anterior, corresponde analizar el régimen jurídico aplicable al contrato
de mutuo que sirvió de fundamento a la obligación cuya ejecución se pretendió por
parte de la IFC en el proceso ejecutivo, pues el principal cuestionamiento de las
autoridades judiciales accionadas consistió en exigir el contrato escrito para integrar
el título.
A partir de ello, será posible establecer si, tratándose de una operación celebrada
por el IFC en desarrollo del giro ordinario de sus negocios, el mentado contrato se
regía por las normas del derecho privado y si, conforme a estas, realmente se
requería o no que constara por escrito para ejecutarse la obligación derivada de él,
contenida en el pagaré n°. 4122134.
Al tenor del artículo 1500 del Código Civil el contrato es «real cuando, para su
perfeccionamiento, es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere; es
solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de
manera que sin ella no produce ningún efecto civil: y es consensual cuando se
perfecciona con el solo consentimiento». A su vez el artículo 2222 señala que «[n]o
se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el
dominio». Con ello, es posible establecer que el negocio jurídico se perfecciona
mediante la entrega de la cosa sin que se requiera ningún acto adicional.
En ese sentido, si los contratos que el IFC celebra para desarrollar su objeto social
se encuentran excluidos de la aplicación de la normativa del EGCAP y, por esa vía,
ha de remitirse a la normativa civil y comercial, para la Sala es posible afirmar que
el negocio de mutuo, subyacente al pagaré objeto del trámite ejecutivo, es de
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aquellos que, conforme a lo dicho en el párrafo previo, se perfeccionan con la
tradición de la cosa y, por tanto, es de tipo real.
Esta afirmación, desde la óptica del proceso ejecutivo, tiene una consecuencia
adicional: contrario a las conclusiones vertidas en las providencias del Juzgado
Cuarto Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, para la
exigibilidad del título no era necesario que este se acompañase de un contrato
escrito.
Este punto se ha tratado por parte de la Corte Constitucional en providencias, en
las que ha resuelto conflictos negativos de competencia entre la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respecto de la autoridad
competente para conocer procesos ejecutivos que, como el que es objeto de
análisis, involucran a distintas entidades financieras de Casanare:
• Auto 2014 de 2024 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar). Se dirimió el conflicto de
competencia entre el Juzgado 1 Civil Municipal de Yopal y el Juzgado 4
Administrativo de Yopal para conocer el proceso ejecutivo singular promovido
por el Instituto Financiero Empresarial de Yopal, con base en el título valor
representado en el pagaré nro. 473 y su respectiva carta de instrucciones.
La Corte analizó la naturaleza y régimen jurídico del Instituto Financiero y
Empresarial de Yopal y el régimen de sus contratos. Definió que la entidad está
organizada bajo el régimen de las EICO y desarrolla actividades de tipo financiero,
pero sin ser vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese
sentido, conforme a los artículos 85 de la Ley 489 de 1998, 32, parágrafo 1 de la
Ley 80 de 1993 y 14 de la Ley 1150 de 2007, aplica el derecho privado en el
desarrollo de las actividades propias de su objeto y, por ende, los contratos que
celebra se rigen por las disposiciones del derecho privado aplicables a sus
actividades económicas y comerciales.
En esta decisión se citó como antecedente el Auto 403 de 2021 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger), de acuerdo con el cual, independientemente del régimen
jurídico aplicable, aquellos contratos en los que sea parte una entidad pública son,
por definición, contratos estatales, lo que se acompasa con la jurisprudencia del
Consejo de Estado en la materia11.
También se refirió a las decisiones adoptadas en los Autos 1622 de 2024 (M.P.
Paola Andrea Meneses Mosquera) y 1705 de 2024 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger), en los cuales se definió que la competencia para conocer procesos
ejecutivos promovidos por entidades públicas ante la falta de certeza respecto de
la existencia o no de un contrato estatal es de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, según la regla fijada en el Auto 1209 de 2024 (M.P. Diana Fajardo
Rivera), la cual se cita a continuación:
11 Cfr. Sección Tercera. Sentencia 26.765 del 13 de agosto de 2014 (cita en el auto de la Corte).
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«§25. De conformidad con los hechos descritos en la presente providencia, los
cuales exponen la causa que dio origen a la controversia de la referencia, y
teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas previamente, la Sala
Plena dirime el presente conflicto de jurisdicciones en el sentido de determinar
que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare, es la
autoridad competente para tramitar el proceso ejecutivo promovido por el IFC.
§26. Lo anterior, en la medida en la que no se cuentan con elementos
suficientes para verificar la existencia o inexistencia de un contrato estatal entre
las partes. De esta forma, la controversia presentada puede involucrar actos o
contratos suscritos por una entidad pública, los cuales se encontrarían sujetos
al derecho administrativo y, por consiguiente, a la competencia de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
Hecho este recorrido, en el Auto 2014 de 2024 se determinó que el negocio
subyacente al título ejecutivo que se pretendía ejecutar era un contrato estatal, por
lo que los procesos ejecutivos y controversias que surgieran con ocasión de este
eran competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo:
«En efecto, la obligación insoluta cuyo cumplimiento se persigue en el marco
del proceso ejecutivo está contenida en el pagaré No. 473 el cual al parecer se
emitió como consecuencia de un contrato de mutuo celebrado entre el IFEY y
las personas naturales demandadas, el cual, como indicó la parte actora, no
consta por escrito. Esto último guarda lógica si en cuenta se tiene que las
empresas industriales y comerciales del Estado conforme a los artículos 85 y
93 de la Ley 498 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por
el derecho privado en el desarrollo de sus funciones actividades y/o comerciales
y, por ende, en su contratación. De manera que, al momento de autorizar un
crédito, como ocurrió en el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito
pues conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo
comercial conforme a la remisión del artículo 473 del Código de Comercio) basta
con la entrega de la cosa dada en préstamos para el perfeccionamiento del
negocio jurídico.
En atención a las consideraciones de esta providencia, aunque el contrato de
mutuo celebrado entre el IFEY y los demandados se rigen por el derecho
privado, no deja de ser un contrato estatal y, en consecuencia, las controversias
derivadas del mismo son competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, conforme al artículo 104.2 del CPACA. De esta manera, la
competencia para conocer de los procesos ejecutivos resultado de dicho
contrato de mutuo también son competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa conforme al artículo 104.6 del CPACA.
El pagaré No. 473 presta mérito ejecutivo conforme al artículo 297 del CPACA.
El título ejecutivo base de la ejecución fue firmado por los demandados como
consecuencia de un contrato de mutuo celebrado con el IFEY, de manera que
el pagaré No. 473 es un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible
en contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA».
• Auto 821 de 2025 (M.P. Jorger Enrique Ibáñez Najar). Resolvió el conflicto
de competencia entre el Juzgado 4 Administrativo de Yopal y el Juzgado 1
Civil Municipal de Yopal para conocer sobre el proceso ejecutivo singular
promovido por el Instituto Financiero de Casanare, con base en el pagaré n°.
4119835.
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La Corte determinó que la competencia recaía en el juez administrativo, con
fundamento en las decisiones en las que se ha definido la naturaleza jurídica y
el régimen de los contratos del IFC. Indicó que el contrato subyacente al título
ejecutivo era un contrato estatal y agregó:
«22. La Corte advierte que el juez contencioso administrativo concluyó que no
podía tenerse por acreditada la existencia de un contrato estatal entre las
partes, debido a la ausencia de un documento escrito que lo formalizara. Según
su criterio, al tratarse de un contrato estatal, este estaba sujeto a solemnidades
propias del derecho público, cuya observancia es de carácter imperativo, por lo
que la falta de constancia escrita conllevaba la inexistencia jurídica del negocio.
23. Sobre este punto, la Corte Constitucional recuerda que, en su calidad de
juez de conflictos de jurisdicción, no le corresponde pronunciarse de fondo
sobre los aspectos sustanciales del litigio, ya que ello implicaría prejuzgar sobre
materias que deben ser resueltas dentro del proceso correspondiente. No
obstante, esta Sala advierte que, en el presente caso, existe un grado de
certeza suficiente respecto a que el título ejecutivo tiene origen en un contrato
estatal sometido al régimen de derecho privado, tal como lo afirmó la parte
demandante y como se desprende de los documentos obrantes en el
expediente.
24. En ese sentido, las consideraciones del juez administrativo en torno a las
formalidades que debía cumplir el contrato de mutuo y las posibles
consecuencias de su incumplimiento, pertenecen al estudio de fondo del
asunto, el cual deberá abordarse dentro del trámite del proceso ejecutivo
respectivo y no en sede de definición de competencia».
• Auto 1455 de 2025 (M.P. Vladimir Fernández Andrade). Resolvió el conflicto
de competencia entre el Juzgado 1 Administrativo de Yopal y el Juzgado 2
Civil Municipal de Yopal para conocer sobre el proceso ejecutivo singular
promovido por el IFC, con base en el pagaré n°. 4106782.
La Corte determinó que la competencia recaía en el juez administrativo. En este
caso, la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984, respecto de
lo cual se advirtió que el artículo 82 de dicho estatuto atribuía a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo el conocimiento de las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades estatales. A juicio de la Corte, ello
bastaba para determinar la competencia, sin que resultara relevante el régimen
jurídico aplicable.
Como antecedentes de esta decisión, la providencia se refirió a los Autos 1079
de 2025 (M.P. Lina Marcela Escobar Martínez) y 1235 de 2025 (M.P. Paola
Andrea Meneses Mosquera). En ambas decisiones se indicó que en vigencia del
CCA la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
determinaba por el criterio orgánico, esto es, por la participación de una entidad
pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas.
Con esas referencias, en el Auto 1455 de 2025 se concluyó que el pagaré objeto
de la controversia fue emitido como consecuencia del contrato de mutuo
celebrado entre el IFC y el demandado. Pese a que el contrato no constaba por
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escrito, resultaba razonable afirmar su existencia, porque de acuerdo con los
artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007,
las EICO (como es el caso del IFC) se rigen por el derecho privado en el
desarrollo de sus actividades comerciales y de su contratación:
«Así, al momento de autorizar el crédito, como habría ocurrido en el presente
caso, no era necesaria la existencia de un contrato escrito, ya que conforme a
los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, aplicables al mutuo comercial por
remisión del artículo 822 del Código de Comercio, el contrato se perfecciona
con la sola entrega del dinero prestado, lo cual efectivamente ocurrió en este
caso».
Bajo ese entendido, corresponde determinar si la interpretación acogida por las
autoridades judiciales, consistente en exigir el contrato escrito con fundamento en
los artículos 39 y 75 de la Ley 80 de 1993, constituyen un defecto sustantivo en los
términos de la jurisprudencia constitucional.
La Corte Constitucional ha admitido que este defecto se presenta cuando, por
ejemplo:
«(a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se encuentra dentro del
margen de razonabilidad o proporcionalidad; (b) es adaptada una disposición
de forma contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial para
los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen;
(d) es manifiestamente errada y desatiende los parámetros de juridicidad y
aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución; o (f) cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales
pertinentes. “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es pertinente;
(b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es inexistente; (d) se
considera contraria a la Carta Política; y (e) a pesar de estar vigente y [ser]
constitucional, resulta inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de
revisión”; “(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la circunstancia
fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es manifiestamente
irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; (v) la interpretación desconoce Sentencias con
efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa
juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso
concreto; o (viii) a pesar de la autonomía judicial, interpreta o aplica la norma
de manera errónea
(...)
El error judicial debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento
de lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior debido a que
el juez constitucional no debe ni puede definir la forma en que el juez ordinario
tiene que decidir, “pues pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un
caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y
derechos fundamentales de los sujetos procesales”»12 (Subrayado fuera del
texto original).
Así, a juicio de esta Sala, las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto
sustantivo, pues efectuaron una lectura aislada de las normas aplicables. En lugar
de integrar el régimen jurídico que gobierna la contratación del IFC, las autoridades
12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU 573 de 2017. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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judiciales limitaron su análisis a las previsiones de la Ley 80 de 1993 y omitieron
considerar las normas especiales que regulan la naturaleza de la entidad, su
régimen contractual y la posibilidad de acudir a las formas negociales propias del
derecho privado.
Esta interpretación incompleta condujo a exigir un requisito — un contrato escrito—
que no era legalmente necesario para integrar el título ejecutivo.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la decisión cuestionada también
desconoció la jurisprudencia constitucional, específicamente las pautas de
orientación a los tribunales y jueces para el tratamiento de casos similares,
contenidos en los autos que resolvieron los conflictos negativos de competencia
entre jurisdicciones.
Como se expuso, las providencias de la Corte Constitucional sí constituyen
jurisprudencia vinculante para la resolución del asunto, pues precisó que los
procesos ejecutivos promovidos por el IFC (y otras entidades financieras del mismo
departamento) con fundamento en pagarés derivados de contratos de mutuo
corresponden al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
no resulta exigible la aportación de un contrato escrito de mutuo para integrar el
título ejecutivo cuando la obligación se encuentra incorporada en un pagaré.
Esa interpretación constituía un referente jurisprudencial relevante para resolver el
caso, el cual no fue considerado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal ni
por el Tribunal Administrativo de Casanare, ni se ofrecieron razones para apartarse
de él13. Esta situación configura el desconocimiento del precedente, en la medida
en que, si el órgano competente para dirimir el conflicto de competencias dio a las
autoridades jurisdiccionales los parámetros a partir de los cuales se definía su
conocimiento del asunto, estas no podían sustraerse, de manera injustificada, de su
aplicación, en detrimento de los derechos fundamentales del extremo activo de la
litis o de hacerlo, debían cumplir con una carga mínima de argumentación que
justificara por qué se apartaban, lo que se echa de menos en las providencias que
dieron lugar a la solicitud de amparo.
El defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente jurisprudencial
implicaron, en consecuencia, la lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. En efecto, la decisión de negar
el mandamiento de pago con fundamento en la sola lectura de la Ley 80 de 1993,
13 Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha señalado que «(…) Con todo, los jueces de la República pueden
apartarse de los precedentes y jurisprudencia vinculante, siempre que cumplan una carga argumentativa estricta
tendiente a demostrar, adecuada y suficientemente, las razones por las cuales toman tal determinación.
Particularmente, tienen que demostrar que la interpretación alternativa que ofrecen desarrolla y amplía, de mejor
manera, el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección. De no hacerlo,
sus decisiones podrían estar incursas en el defecto por desconocimiento del precedente judicial. Así, resultan
contrarias al debido proceso, entre otras prácticas: (i) el incumplimiento de la carga mínima de argumentación
que, a partir del principio de razón suficiente, justifique por qué el juez se aparta del precedente constitucional;
y (ii) la simple omisión o negativa del juez en la aplicación del precedente, a partir de un erróneo entendimiento
de la autonomía judicial o en un ejercicio abusivo de ella». Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-044 de 2022.
MP. Paola Andrea Meneses Mosquera; decisión en la cual se cita: Corte Constitucional. Sentencia SU-023 de
2018. MP. Carlos Bernal Pulido.
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sin considerar las aristas de la discusión que ya habían sido objeto de
pronunciamiento por la autoridad a quien le correspondió dirimir los conflictos de
competencia entre las jurisdicciones, representó una limitación injustificada de las
garantías del IFC, representadas en la posibilidad de obtener del juez una decisión
de fondo e, inclusive, una restricción del ejercicio del derecho de acción, en la
medida en que, como se planteó al estudiar el requisito de subsidiariedad, de
descartarse el amparo constitucional, la entidad accionante no contaría con
mecanismos ordinarios ni extraordinarios para discutir sus intereses.
Por lo anterior, la Sala dejará sin efectos las sentencias del 30 de octubre de 2025,
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, y del 18 de
febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del
proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-004-2025-00022-00/02.
Como consecuencia de lo anterior, se ordenará al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Yopal que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, profiera una nueva decisión, con estricta observancia de las
consideraciones expuestas en esta sentencia, particularmente en lo concerniente al
régimen jurídico aplicable a la contratación del IFC, a la naturaleza del contrato de
mutuo que sirve de negocio jurídico subyacente al pagaré y la jurisprudencia
constitucional aplicable a la materia.
En cuanto a la solicitud encaminada a que el fallo produzca efectos inter communis
o, subsidiariamente, que sus efectos se extiendan a los procesos ejecutivos que
cursan en los juzgados administrativos de Yopal en los que el IFC sea demandante,
la Sala la negará.
Los efectos inter communis de las sentencias de tutela constituyen una excepción
al principio general de relatividad de las decisiones judiciales y solo proceden
cuando resulte indispensable extender la protección a personas que, sin haber
intervenido en el proceso, se encuentren en la misma situación fáctica y jurídica del
accionante y ello sea necesario para garantizar de manera efectiva sus derechos
fundamentales o evitar decisiones contradictorias que los afecten14.
En el presente caso no se acreditan los presupuestos que justifican una decisión de
esa naturaleza. Cada uno de los procesos ejecutivos promovidos por el IFC
presenta particularidades propias en cuanto al título ejecutivo, los documentos
aportados y las decisiones adoptadas por el juez natural, aspectos que deben ser
examinados de manera individual.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-349 de 2019. MP. Diana Fajardo Rivera.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06611-00
Primero. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del IFC, por las razones antes expuestas.
Segundo. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias del 30 de octubre de 2025,
proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, y del 18 de
febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del
proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-004-2025-00022-00/02.
Tercero. ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera
una nueva decisión, atendiendo las consideraciones expuestas en esta sentencia.
Cuarto. NEGAR la solicitud de otorgar a la decisión de amparo efectos inter
comunis.
Quinto. NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Sexto. Si esta providencia no fuere impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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