Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06613-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06613-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06613-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06613-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: MARIO YODIMER FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL: no se satisfacen los requisitos
de relevancia constitucional. Se busca reabrir un debate concluido y no se cumple con la
carga argumentativa suficiente de tutela contra providencia judicial. REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD: no se agotaron todos los medios judiciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 instaurada por los
señores Mario Yodimer Fernández Ortega, Jesús Ramiro Fernández Muñoz y
Esperanza de Jesús Ortega Ordóñez por conducto de apoderado, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29
y 37 del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 19 de agosto de 2026, la parte actora presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Pasto por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
libertad personal, así como a los principios de buena fe y libertad probatoria.
Hechos relevantes
2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.
3. El 24 de abril de 2009, las Fuerzas Militares expidieron la tarjeta de reservista de
segunda clase núm. 1085688088, mediante la cual el señor Mario Yodimer
Fernández Ortega definió su situación militar.
4. El 3 de marzo de 2015, miembros del Ejército Nacional trasladaron al señor Mario
Yodimer Fernández Ortega a las instalaciones del Distrito Militar núm. 23 de Nariño.
De acuerdo con la parte actora, el señor Fernández Ortega advirtió de manera
1 Que ingresó al despacho para fallo el 3 de septiembre de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
verbal que ya tenía 25 años, era bachiller y había resuelto su situación militar, por
lo que solicitó que se verificara esta información.
5. El 4 de marzo de 2015, los señores Jesús Ramiro Fernández Muñoz y Esperanza
de Jesús Ortega Ordóñez, padres del señor Mario Yodimer Fernández Ortega, se
aproximaron a una patrulla de la Policía Ambiental y le explicaron lo sucedido.
Frente a ello, la patrulla trasladó a los señores a las instalaciones del Batallón de
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento núm. 23. Allí, los señores explicaron
que su hijo tenía 25 años y que ya tenía libreta militar, a lo que les respondieron que
debían hablar con superiores.
6. La parte actora manifestó en su escrito de tutela que los padres del señor Mario
Yodimer Fernández Ortega radicaron un derecho de petición en el batallón, en el
que anexaron la copia de la libreta militar, el diploma de bachiller y la fotocopia de
la cédula de su hijo.
7. El 19 de noviembre de 2015, el señor Mario Yodimer Fernández Ortega abandonó
las filas de las Fuerzas Militares. Frente a ello, el Juzgado Noventa y Uno (91) de
Instrucción Penal Militar, mediante providencia del 19 de enero de 2016, abrió
investigación en contra de Mario Yodimer Fernández Ortega por la presunta
comisión del delito de deserción, ordenó su captura y la práctica de pruebas.
Posteriormente, mediante providencia del 28 de abril de 2016, la autoridad judicial
resolvió abstenerse de imponer la medida y dispuso terminar todo procedimiento
penal.
8. En vista de lo anterior, los señores Mario Yodimer Fernández Ortega, Nolber
Lewinson Fernández Ortega, Flavio Ramiro Fernández Ortega, Jesús Ramiro
Fernández Muñoz y Esperanza de Jesús Ortega Ordóñez, por conducto de
apoderado, interpusieron el medio de control de reparación directa contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
9. El trámite correspondió al Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Pasto (radicado núm. 52001-33-33-008-2017-00310-00). Mediante
sentencia del 8 de noviembre de 2023, dicha autoridad judicial declaró
administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la
indebida incorporación al servicio militar obligatorio. Como fundamento de su
decisión, la autoridad administrativa observó que el señor Mario Yodimer Fernández
Ortega ya tenía definida su situación militar desde 2009 y, aun así, fue incorporado
y declarado apto para prestar servicio militar. Por lo anterior, el ingreso del
demandante fue irregular, y las autoridades no verificaron en sus sistemas
informáticos que aquel ya había definido su situación militar. Sin embargo, el
juzgado argumentó que la condena en contra de la demandada debía disminuirse
en un 50%, toda vez que hubo inactividad por parte del señor Mario Yodimer
Fernández Ortega y su familia durante el tiempo en que estuvo reclutado.
10. Inconformes con la decisión, la demandada y los demandantes interpusieron
recurso de apelación, el cual correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño. En
su escrito, la parte actora señaló que el a quo no hizo una valoración objetiva de la
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
declaración del señor Óscar Emilio Enríquez Díaz, quien fue testigo en el proceso
de primera instancia. Señalaron que el señor Enríquez Díaz dijo que los padres del
señor Mario Yodimer Fernández Ortega le comentaron la situación y le solicitaron
ayuda. Por lo anterior, los padres se dirigieron con el señor Enríquez Díaz a la casa
de la justicia, con el fin de llevar un derecho de petición en el que anexaron fotocopia
de la libreta militar, cédula y recibo de pago de la libreta de Mario Yodimer
Fernández Ortega. De acuerdo con los actores, lo anterior probó las diligencias que
se realizaron. Además, argumentaron que el señor Mario Yodimer Fernández
Ortega abandonó las filas cuando se encontraba enfermo en el dispensario, lo que
prueba su desaprobación con la incorporación ilegal. Por lo anterior, solicitaron
revocar la decisión, para en su lugar conceder la condena en su totalidad.
11. Mediante sentencia del 22 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Nariño
modificó parcialmente la decisión del a quo pero mantuvo la disposición de reducir
la condena por la concurrencia de culpas. Como fundamento, el tribunal valoró el
testimonio del señor Óscar Emilio Enríquez Díaz y concluyó que, el 4 de marzo de
2015, el agente de policía llevó a los familiares al batallón donde informaron a los
miembros del Ejército que el señor Mario Yodimer Fernández Ortega ya había
definido su situación militar. Frente a ello, el personal militar les informó que debían
hablar con sus superiores, por lo que la familia y el agente de policía regresaron a
la ciudad. La autoridad judicial también observó que el testigo informó que habían
radicado una petición, pero el tribunal no encontró pruebas documentales que
respaldaran esta afirmación. No obstante, la autoridad judicial señaló que, en gracia
de discusión, si la familia hubiera radicado una petición, la entidad no respondió o
no atendió favorablemente la solicitud, pues el señor Mario Yodimer Fernández
Ortega permaneció 9 meses aproximadamente. Frente a ello, la parte actora adoptó
una actitud silente y pasiva.
Pretensiones
12. En el presente proceso de tutela, el demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, la libertad personal y la
reparación integral de los ciudadanos MARIO YODIMER
FERNÁNDEZ ORTEGA, JESÚS RAMIRO FERNÁNDEZ MUÑOZ y
ESPERANZA DE JESÚS ORTEGA ORDÓÑEZ.
2. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia de segunda
instancia proferida el 22 de junio de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Nariño (Sala Segunda de Decisión), únicamente en
el acápite que confirmó la existencia de una "concausa o concurrencia
de culpas al 50%" y redujo a la mitad las indemnizaciones pecuniarias
de los accionantes.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño que, en un término
no mayor a diez (10) días, profiera una sentencia de reemplazo en la
cual realice una valoración integral del material probatorio (incluyendo
los expedientes de tutela de 2016 y 2017 que constan en el acta de
pruebas), descarte por completo la figura de concurrencia de culpas
de la víctima, y condene a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nacional al pago del 100% de la indemnización por los perjuicios
morales, daño emergente y lucro cesante causados”2.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte accionante argumentó que la demanda supera los requisitos generales
de tutela contra providencia judicial. Igualmente, sostuvo que las decisiones de las
autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico, pues había varias pruebas en
el proceso que mostraban la diligencia. Entre estas, argumentó que obraba prueba
de dos tutelas interpuestas por la familia en el 2016 y en el 2017 para obtener
documentos para dar cuenta de la indebida incorporación y las fallas del servicio.
Además, también señalaron que la declaración del señor Óscar Emilio Enríquez
Díaz probó la diligencia de la familia. Argumentaron también que las autoridades
judiciales impusieron una carga probatoria desproporcionada para acreditar el
radicado o recibido del memorial que los padres interpusieron en el batallón militar
en marzo de 2015, pues se trata de una familia campesina. Afirmaron también que
la omisión probatoria de las autoridades fue el fundamento para descontar el 50%
de la suma a indemnizar y que, si hubieran valorado esos medios de prueba, el fallo
hubiera variado para definir una condena del 100%.
14. Por otro lado, los demandantes argumentaron que las autoridades judiciales
incurrieron en desconocimiento del precedente por no aplicar la Sentencia C-879
de 2011 de la Corte Constitucional que proscribió las denominadas “batidas ilegales”
o retenciones ciudadanas3. Argumentaron que las autoridades no podían aplicar la
figura de la concurrencia de culpas, pues se trata de una retención ilegal proscrita,
por lo que los ciudadanos no tienen la carga pública de mitigar el daño o rogar por
su libertad.
Trámite procesal
15. Por medio de auto del 24 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Nariño y al Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto.
Igualmente, dispuso la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, al Distrito Militar núm. 23 del Ejército Nacional, a los ciudadanos
Nolbert Lewinson Fernández Ortega, Flavio Ramiro Fernández Ortega, al Ministerio
Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa con
radicado núm. 52001-33-33-008-2017-00310-00/01.
Intervenciones
16. El Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto
remitió copia del expediente ordinario.
17. La Procuraduría General de la Nación solicitó ser desvinculada del proceso.
Manifestó que el agente del Ministerio Público intervino en la audiencia inicial y
2 Ver archivo “001_1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELAMARIOY”, pág. 11.
3 Es importante precisar que, en su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha considerado que el
desconocimiento de una regla establecida en una decisión de constitucionalidad se cataloga como
un defecto sustantivo, en lugar que uno de vulneración del precedente constitucional plasmado en
el marco del control concreto. Sentencia SU-068 de 2018.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
rindió concepto de fondo el 16 de febrero de 2022. Señaló que, en la sentencia de
primera instancia, la autoridad judicial señaló que el Ministerio Público se había
abstenido de presentar concepto, por lo cual el procurador 207 judicial I para la
conciliación administrativa informó al juzgado que sí se había presentado concepto.
Igualmente, indicó que no había intervenido en trámite de segunda instancia.
Solicitó su desvinculación, pues consideró que no existía acción u omisión imputable
al Ministerio Público.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
19. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales. En ese sentido,
la Subsección estudiará el requisito de relevancia constitucional, respecto a si el
cargo de defecto fáctico busca reabrir un debate probatorio agotado en el proceso
ordinario y si supera una carga argumentativa mínima de tutela contra providencia
judicial. Por otra parte, también evaluará si el cargo del defecto sustantivo sobre el
desconocimiento de la Sentencia C-879 de 20114 supera una carga argumentativa
mínima y plantea un reproche que desarrolle el alcance o contenido de un derecho
fundamental.
20. La Sala advierte que, de acuerdo con la parte actora, la decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño incurrió en un desconocimiento del precedente, por ignorar
la Sentencia C-879 de 2011. Este reproche será encausado como un defecto
sustantivo, toda vez que se trata de una sentencia de constitucionalidad.
21. La Subsección se centrará en la sentencia del 22 de junio de 2026 del Tribunal
Administrativo de Nariño, pues fue la decisión de segunda instancia en el proceso
de reparación directa.
22. De superar el análisis de las causales generales de procedencia, la Sala
establecerá si la autoridad accionada, mediante la providencia del 22 de junio de
2026, incurrió en: (i) un defecto fáctico, por la no valoración de dos tutelas
interpuestas por los accionantes y el testimonio de Óscar Emilio Enríquez Díaz, así
como por la imposición de una carga probatoria desproporcionada para acreditar la
interposición de una petición; (ii) defecto sustantivo, el desconocimiento de la
Sentencia C-879 de 2011, que proscribió las denominadas “batidas ilegales” o
retenciones ciudadanas.
4 Ibid.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
23. Para contestar los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular
la relevancia constitucional
24. Conforme con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
20055, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el
actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que
concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
25. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
26. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para
identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia
5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
constitucional en el evento en el que pretende reabrir el debate 12, a saber: (i) la
discusión debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o
económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre en el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o que tenga una
trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la
tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente
legales.
27. En ese sentido, según la jurisprudencia constitucional, un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”13.
Caso concreto
28. Realizada la anterior exposición, la Sala abordará el caso concreto, en el cual
estudiará la legitimación en la causa y el requisito de relevancia constitucional.
Legitimación en la causa
29. Los señores Mario Yodimer Fernández Ortega, Jesús Ramiro Fernández Muñoz
y Esperanza de Jesús Ortega Ordóñez cuentan con legitimación en la causa por
activa, dado que ostentan la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invocan. En tal condición, actúan como las personas directamente
afectadas por las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Nariño y
el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto,
providencias que, según afirman, transgredieron sus garantías constitucionales.
30. De igual manera, la Sala considera que el requisito de legitimación en la causa
por pasiva está satisfecho, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra
el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Pasto, autoridades judiciales que emitieron las providencias
a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados
por los accionantes.
31. Adicionalmente, la Sala negará la solicitud de desvinculación de la Procuraduría
General de la Nación, pues obra como parte interviniente en el ordinario.
Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
32. A continuación, la Sala estudiará el requisito de relevancia constitucional
respecto de los diferentes defectos que alegó el actor.
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
13 Ibidem.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
33. Defecto fáctico: la parte actora argumentó que las autoridades incurrieron en un
defecto fáctico por las siguientes razones: (i) las autoridades omitieron valorar el
testimonio de Óscar Emilio Enríquez Díaz, el cual daba cuenta de la diligencia de la
familia y de que radicaron un derecho de petición en el batallón donde anexaron
los documentos de Mario Yodimer Fernández Ortega; (ii) omitieron valorar dos
tutelas que probaban la diligencia de la familia para recaudar los documentos que
daban cuenta de la falla del servicio de la entidad; (iii) impusieron una carga
desproporcionada para probar el derecho de petición que presentaron en el
Batallón.
34. Con relación al primer punto, en la decisión de segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Nariño valoró la declaración del señor Óscar Emilio Enríquez Díaz
y concluyó que efectivamente el agente de la Policía Ambiental acompañó a la
familia al batallón para informar sobre la retención irregular de Mario Yodimer
Fernández Ortega. También observó que el testigo mencionó una petición que
radicaron ante la entidad, pero concluyó que esto no probaba la diligencia de los
familiares. En efecto, no obraba algún registro documental que diera cuenta de esa
solicitud. Además, en gracia de discusión, incluso si se hubiera radicado, la familia
fue silente frente al silencio o la respuesta negativa de la administración.
35. Así las cosas, lo que se advierte es que el tribunal valoró el testimonio, pero
concluyó de manera opuesta a los intereses de los actores. Por lo anterior, se
evidencia que lo que la parte desea es reabrir un debate probatorio que fue tratado
en el proceso ordinario. Además, la Sala no advierte una arbitrariedad máxima en
la valoración de la autoridad judicial sobre dicho testimonio. Al contrario, incluso, en
gracia de discusión, consideró la posibilidad de que la familia sí hubiese radicado
una petición ante la entidad. Aun en esa situación, afirmó que ello no probaría la
diligencia de la familia. Por tanto, la Sala concluye que la mera discrepancia
valorativa no involucra un asunto que sea relevante constitucionalmente. Al
contrario, el actor busca reabrir un debate probatorio, por lo que el reproche no
supera el requisito de relevancia constitucional.
36. Respecto de lo manifestado sobre la no valoración de dos tutelas que obraban
en el expediente, el argumento no logra cumplir con una carga argumentativa
mínima. Los accionantes señalaron que presentaron dos tutelas en los años 2016 y
2017 para recaudar información que demostrara la falla del servicio de la autoridad
militar. Sin embargo, el señor Mario Yodimer Fernández Ortega se retiró de las filas
en noviembre de 2015 y los actores no argumentaron de manera suficiente por qué
dos tutelas que presentaron después de ese evento justificarían su diligencia para
que cesara la incorporación irregular. Según se aprecia en el escrito de la demanda,
esas tutelas se presentaron cuando ya había terminado el perjuicio y se
interpusieron con el objetivo de recaudar elementos probatorios para demostrar la
irregularidad de la situación. En ese sentido, no se advierte una relación entre este
alegato y lo que se pretende concluir, que es la diligencia de los actores, por lo que
ese reproche no cumple con una carga argumentativa mínima. Por tanto, las tutelas
aportadas no son idóneas para demostrar la diligencia durante el periodo de
reclutamiento.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
37. Finalmente, el último punto manifestado por la parte actora relacionado con una
carga desproporcionada para probar la radicación de la petición de marzo de 2015
tampoco supera un estándar argumentativo mínimo. El tribunal sostuvo, en gracia
de discusión, que incluso si la parte actora hubiera presentado una petición en
marzo de 2015, ello no probaría su actuar diligente. En efecto, es claro que, si se
presentó esa petición, la autoridad guardó silencio o respondió negativamente. Por
lo anterior, incluso en ese evento, la parte habría tenido una actitud silente e
inactiva, pues no manifestó haber realizado alguna acción frente al silencio o
negativa de la entidad durante los nueve meses que el señor Mario Yodimer
Fernández Ortega estuvo en servicio.
38. En conclusión, el alegato de la parte actora no cumple una carga argumentativa
mínima para incluso considerar la posibilidad de desestimar lo dicho en la sentencia
del tribunal. En efecto, aunque los actores argumenten que la carga probatoria para
dar cuenta de que interpusieron una petición en marzo de 2015 fue
desproporcionada, ello no es suficiente para acreditar la supuesta actitud diligente,
de acuerdo con lo dicho en la sentencia. Por lo anterior, tampoco este alegato
supera el requisito de relevancia constitucional.
39. Defecto sustantivo14La parte alegó que la decisión del tribunal desconoció la
Sentencia C-879 de 2011, la cual proscribe las denominadas “batidas ilegales” o
retenciones ciudadanas. Señalaron que, por la anterior razón, no resultaba aplicable
la figura de la concurrencia de culpas.
40. Este alegato resulta improcedente. En efecto, el argumento respecto a la
proscripción de las denominadas “batidas ilegales” de la parte actora se relaciona
con el hecho de que la autoridad militar incurrió en una actuación irregular y, por
tanto, en una falla del servicio. Este hecho, no obstante, fue declarado por el a quo
en la sentencia de primera instancia y no fue discutido por el ad quem. En efecto, el
reproche a la sentencia de segunda instancia se centró en que el a quo redujo la
indemnización en un 50% por haber encontrado una concurrencia de culpas. Así,
en el marco de la segunda instancia, la autoridad no cuestionó que la retención de
Mario Yodimer Fernández Ortega fuera irregular y que se hubiera configurado una
falla por parte de la entidad.
41. La parte actora no argumenta de manera suficiente cuál es la relación entre la
proscripción de las denominadas “batidas ilegales” y el reproche con que se hubiera
declarado la concurrencia de culpas. Es decir, se advierte que este argumento no
está tendiente conjurar el hecho de que no se hubiera otorgado una indemnización
del 100%, sino a demostrar un hecho que nunca se discutió en la decisión de
segunda instancia, que es la irregularidad de la retención del ciudadano por parte
de las Fuerzas Militares. No se advierte una relación entre la incorporación ilegal de
Mario Yodimer Fernández Ortega con que ello hubiera relegado a los demandantes
de su deber de diligencia.
14 Se recuerda que en los antecedentes y en el problema jurídico se aclaró que el defecto de
desconocimiento del precedente constitucional alegado por la parte demandante, consistente en
desatender la Sentencia C-879 de 2011, fue identificado y tomado como un defecto sustantivo, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
42. Por otra parte, tampoco se advierte que este alegato permita plantear una
discusión que desarrolle el alcance o contenido de un derecho fundamental en su
dimensión esencial. Los actores no alegaron que se hubiera vulnerado su derecho
de defensa, o que se hubiera pretermitido una etapa procesal, o que se los hubiera
privado de una decisión de fondo que concluyera el debate. Al contrario, se advierte
que las partes tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de acción, obtuvieron
una decisión de primera instancia, la pudieron impugnar y, finalmente, se llegó a
una decisión de segunda instancia.
43. Lo cierto es que, más que presentar una cuestión sobre una vulneración de un
derecho fundamental en su dimensión esencial, las partes buscan acrecentar la
reparación económica que ordenaron los jueces de instancia. Este es un debate
que pertenece a los jueces contencioso-administrativos y no al juez constitucional.
Por ello, se declarará la falta de relevancia constitucional respecto de este defecto.
44. En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, pues no
supera el requisito de relevancia constitucional. Por un lado, el cargo del defecto
fáctico busca reabrir una discusión que se surtió en el proceso ordinario y no supera
una carga argumentativa mínima de tutela contra providencias judiciales. Por otro
lado, el defecto sustantivo tampoco supera un estándar argumentativo mínimo ni
señala la vulneración a un derecho fundamental en su dimensión esencial.
45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
señores Mario Yodimer Fernández Ortega, Jesús Ramiro Fernández Muñoz y
Esperanza de Jesús Ortega Ordóñez, por conducto de apoderado, contra el Tribunal
Administrativo de Nariño y el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Pasto de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06613-00
Accionante: Mario Yodimer Fernández Ortega y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.