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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06616-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06616-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación planteadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Electricaribe S.A E.S.P en liquidación. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06616-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / improcedente – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
– tercera instancia.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1. El 20 de agosto de 2026, la señora Orfelina Ortiz Carrascal presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión A para
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, primacía del derecho sustancial, mínimo vital, vida digna,
salud, igualdad y a la protección reforzada por interseccionalidad. Considera que
tales prerrogativas fueron lesionadas con la sentencia de 4 de junio de 2026,
proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió en
contra de Electricaribe S.A E.S.P en liquidación y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, cuyo fin era obtener la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos3 mediante los cuales se resolvió desfavorablemente una reclamación
relativa al cobro por energía consumida dejada de facturar, se rechazaron los
recursos de reposición y en subsidio apelación, y se desestimó el recurso de queja.

2.
El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla resolvió negar las
pretensiones de la demanda en sentencia de 21 de marzo de 2025, al estimar que la
señora Ortiz Carrascal no acreditó el cumplimiento del requisito previsto en el artículo
155 de la Ley 142 de 1994 para recurrir la decisión que confirmó el cobro por energía

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Proceso con número de radicación: 08001-33-33-012-2020-00102-02.
3 Números 201930448180 de 15 de agosto de 2019, 201930502879 de 2 de septiembre de 2019 y SSPD-

20198200442405 de 11 de noviembre de 2019.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

dejada de facturar, razón por la cual Electricaribe S.A E.S.P en liquidación se
encontraba facultado para rechazar los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra el acto de 15 de agosto de 2019. Además, estimó ajustada a
derecho la Resolución del 11 de noviembre de 2019, mediante la cual se rechazó el
recurso de queja, pues la demandante no cuestionó las razones que motivaron el
rechazo de los recursos y tampoco demostró el cumplimiento de los requisitos
legales que habilitaban su trámite.

3.
El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A, mediante fallo de 4
de junio de 2026, confirmó la decisión de primera instancia, por considerar que la
demandante no cumplió con los supuestos establecidos en el artículo 155 de la Ley
142 de 1994, relacionados con el pago de los rubros o períodos que no eran
controvertidos, para la procedencia de los recursos interpuestos, por lo que las
demandadas estaban legalmente facultadas para rechazar tales recursos.

4.
Adicionó que la demandante insistía en que las pruebas técnicas y periciales
allegadas al expediente demostrarían la inexistencia de la irregularidad atribuida a
las instalaciones eléctricas del inmueble y, por consiguiente, la improcedencia del
cobro efectuado por concepto de energía consumida dejada de facturar. No obstante,
consideró que tales argumentos no tenían vocación de prosperidad dentro del
proceso porque la legalidad de los actos demandados debía examinarse a partir de
las razones que condujeron al rechazo de los recursos administrativos y no desde el
mérito de la reclamación que la administración no llegó a estudiar por el
incumplimiento del requisito del artículo 155 de la Ley 142 de 1994.

5. La parte accionante expresó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

6. Defecto sustantivo, por realizar una interpretación errónea del artículo 155 de la
Ley 142 de 1994, al exigir el pago de $11.947.140 como presupuesto de
procedibilidad, ignorando que la facturación del prestador no permitía un desglose
claro e independiente para el usuario, convirtiendo la regla procesal en una barrera
de acceso a la administración de justicia.

7.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al restarle eficacia al
procedimiento y priorizar un formalismo financiero, concretamente, la falta de pago
previo establecido en el artículo 155, sobre la búsqueda de la verdad sustancial y la
validez técnica del cobro de $10.063.810.

8.
Defecto fáctico, en su dimensión positiva y negativa, toda vez que la accionada
le dio pleno valor probatorio al estado de cuenta presentado por la empresa de
servicios públicos, cuyo valor era de $11.947.140, presentándolo como un valor no
reclamado, sin verificar si dicho registro contable estaba contaminado por cobros
globales no desagregados por la prestadora, para con ello dar por acreditado un
incumplimiento procesal a partir de una prueba unilateral e indeterminada. Por otra
parte, omitió estudiar los dictámenes periciales técnicos enfocados en desvirtuar la
existencia de la anomalía.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

9.
Violación directa de la Constitución Política, por vulnerar el bloque de
constitucionalidad al inaplicar el enfoque de accesibilidad a personas con
discapacidad y adultos mayores. Adujo que el Tribunal inaplicó el marco protector de
los artículos 46 y 47 constitucional, la Ley 2052 de 2020 4 , artículos 4 y 31
(Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores) y la Ley 1346 de 2009, artículo 13 (Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad), al imponer el pago previo de
$11.947.140 a una mujer adulta mayor y con discapacidad, denegando el acceso a
la justicia.

10.
Del mismo modo por no emplear el enfoque de género e interseccionalidad, por
desconocer la Ley 51 de 1981 (Convención CEDAW) y la Ley 248 de 1995
(Convención de Belém do Pará) y utilizar la norma procesal de forma neutral e
insensible ante la confluencia de variables, tales como que en el asunto se trataba
de una mujer, adulta mayor con discapacidad.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

11. Mediante auto de 25 de agosto de 20265, se admitió la presente acción, se ordenó

notificar de su presentación a la autoridad accionada, se negó la medida provisional
solicitada y se vinculó a la Electricaribe S.A E.S.P. en liquidación, a AIR-E S.A.S.
E.S.P. y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en calidad de
terceros con interés.

12. Se comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si
lo consideraba pertinente dentro del marco de las competencias a ella lo de su cargo.
También se requirió al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 08001-33-33-
012-2020-00102-00/02.

(i) Tribunal Administrativo del Atlántico6.

13.
Manifestó que los reparos formulados frente a la sentencia corresponden a
aspectos que fueron objeto de análisis y decisión dentro del proceso ordinario, por lo
que la acción de tutela no puede emplearse para reabrir el debate, como si se tratara
de una tercera instancia. Adicionó que hacer un estudio de fondo respecto de las
pretensiones formuladas en sede constitucional, implicaría invadir la órbita del juez
natural del proceso.

(ii) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios7.

14.
Indicó que las autoridades judiciales aplicaron la norma y la jurisprudencia con
una rigurosa técnica hermenéutica, evidenciando así que la accionante pretendió

4 En realidad, es la Ley 2055 de 2020, Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
5 Notificado el 1 de septiembre de 2026.
6 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 2 folios.
7 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 6 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

trasladar de forma indebida a la jurisdicción contencioso-administrativa un debate
técnico de fondo (energía consumida dejada de facturar por $10.063.810) que
precluyó en la vía administrativa por su propia desidia procesal, al haber omitido
cumplir con su deber legal e imperativo de pagar las deudas ordinarias de energía
pendientes de pago y no reclamadas por valor de $11.947.140.

15.
Por otra parte, solicitó su desvinculación del asunto, al carecer de legitimación en
la causa por pasiva, en la medida en que no es la autoridad judicial que profirió los
fallos cuestionados y, tampoco es una empresa de servicios públicos.

16.
Adujo que no existía defecto sustantivo, toda vez que el Juzgado y el Tribunal
actuaron con total apego al precedente constitucional, concretamente, la sentencia
C-558 de 2001. Indicó que tampoco había exceso ritual manifiesto, pues la exigencia
de procedibilidad del pago previo no era un formalismo caprichoso, sino un requisito
de orden público procesal e indispensable para habilitar la competencia
administrativa y judicial. Aseveró que no se configuró un defecto fáctico, por cuanto
la falta de pago previo de lo no disputado impedía que la administración y el Juez
estudiaran el fondo de la reclamación, sumado a que los estados financieros y
contables emitidos por los prestadores de servicios públicos gozan de presunción de
veracidad, y no fueron desvirtuados. Sostuvo que tampoco hubo violación de la
Constitución Política, en la medida en que ser una persona mayor y con discapacidad
no revelaba a la actora de cumplir con los requisitos mínimos de procedibilidad de la
ley, ni justificaban la gratuidad o mora de los consumos reales y efectivos recibidos.

17.
Por último, aludió que la accionante pretende convertir esta acción constitucional
en una tercera instancia del proceso ordinario.

(iii) Electricaribe S.A E.S.P en Liquidación8.

18.
Solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, por
cuento la tutela estaba dirigida a cuestionar las actuaciones y decisiones del Tribunal
Administrativo del Atlántico, lo cual escapa de sus competencias y no tiene relación
con alguna de sus actuaciones.

19.
Por otra parte, arguyó que la decisión del Tribunal accionado fue proferida de
conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano que regula la materia objeto
del debate.

20.
Adicionó que la accionante no cumplió con la carga de identificar de manera
razonable los hechos que motivaron la vulneración de sus derechos. Pues su
reproche principal se fundamentó en el hecho que no estaba de acuerdo con las
decisiones proferidas, sin ningún análisis objetivo ni argumentativo que sustente la
supuesta existencia de una vía de hecho por parte de la accionada. Por lo que la
tutela no puede concebirse como una instancia adicional para que las partes
busquen un fallo favorable a sus intereses.

8 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 8 folios.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(iv) Air-e S.A E.S.P.9

21.
Solicitó que se declare improcedente el amparo, en la medida que el escrito de
tutela no pone en evidencia irregularidades procesales que, en los términos de la
jurisprudencia constitucional, comporten una violación de derechos fundamentales o
tengan una incidencia directa en el asunto objeto de litis.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

22. Se negarán las solicitudes de desvinculación propuestas por la Superintendencia

de Servicios Públicos Domiciliarios y Electricaribe S.A E.S.P. en liquidación, toda vez
que les asiste un interés legítimo para intervenir en el presente asunto, en la medida
en que son las entidades demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el cual se profirió la providencia cuestionada.

D. Análisis del caso concreto

23. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia

constitucional, en la medida en que a través de los alegatos propuestos, la parte
actora pretende convertir el mecanismo de amparo constitucional en una tercera
instancia del litigio tramitado y concluido por el juez natural.

24. En el caso concreto, aunque la actora atribuyó varios defectos a la sentencia del

4 de junio de 2026, se advierte que todos ellos convergen, en esencia, en una misma
inconformidad relativa a la interpretación dada al artículo 155 de la Ley 142 de 1994
y el análisis probatorio realizado, para con ello imponerle el pago previo de
$11.947.140 y así estudiar los recursos por ella promovidos. Asuntos que la señora
Ortiz Carrascal también formuló en el recurso de apelación que promovió contra la
decisión del Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Barranquilla, los cuales fueron
estudiados de manera suficiente, motivada y razonable por el Tribunal Administrativo
del Atlántico – Sala de Decisión A, a través del fallo acusado.

25.
En dicho proveído, la autoridad judicial accionada, después de hacer el estudio
sobre el requisito de procedibilidad del pago previo de los valores no reclamados
en materia de servicios públicos y los hechos probados a través de los documentos
allegados al proceso, sostuvo que el problema jurídico se centraba en verificar si
las obligaciones que la empresa demandada tuvo en consideración para aplicar el
artículo 155 de la Ley 142 de 1994 constituían realmente sumas no discutidas por
la usuaria; esto, por cuanto la procedencia del rechazo de los recursos dependía
de que existieran valores exigibles y no controvertidos cuyo pago debía acreditarse
para recurrir.

9 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 9 folios más los anexos.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

26.
Manifestó que mediante el acto administrativo 201930502879 de 2 de septiembre
de 2019, Electricaribe S.A E.S.P en liquidación rechazó los recursos de reposición
y apelación formulados por la demandante al considerar que esta mantenía
obligaciones pendientes de pago que no eran objeto de reclamación,
correspondientes a los períodos de junio y diciembre de 2017, y enero y agosto de
2018, por valor total de $11.947.140. Según la entidad, tales valores a ese momento
no habían sido pagados, circunstancia que habilitaba la aplicación del artículo 155
de la Ley 142 de 1994. Pero, la demandante insistía en que nunca reconoció
adeudar dicha suma y que tanto en la reclamación presentada el 24 de julio de 2019
como en el recurso de reposición y en subsidio apelación formulado el 23 de agosto
de 2019, controvirtió el cobro efectuado por la empresa, por lo cual considera que
aquellos valores sí eran objeto de discusión.

27.
De las pruebas arrimadas al proceso, dicha Sala observó que tanto la
reclamación inicial como los recursos administrativos, estuvieron dirigidos
exclusivamente a cuestionar la legalidad del acto administrativo 263816526965547
del 13 de junio de 2019, mediante el cual Electricaribe S.A E.S.P en liquidación
impuso a la usuaria un cobro por concepto de energía dejada de facturar derivado
de una presunta irregularidad detectada en las instalaciones eléctricas del
inmueble, por la suma de $10.063.810, lo cual constituía el verdadero objeto de la
controversia promovida por la demandante. Por lo que no había cuestionamientos
respecto de las obligaciones correspondientes a los períodos de junio y diciembre
de 2017, y enero y agosto de 2018, que la empresa identificó como pendientes de
pago por valor de $11.947.140.

28.
Adujo que si la intención de la demandante era cuestionar la procedencia de los
valores correspondientes a los períodos de junio y diciembre de 2017, y enero y
agosto de 2018, debía promover respecto de ellos las reclamaciones
administrativas correspondientes. Adicionó que tampoco resultaba procedente
pretender incorporar esa discusión dentro de una actuación iniciada para
controvertir el cobro por energía dejada de facturar derivado de la presunta
acometida fraudulenta.

29.
Afirmó que dicha conclusión encontraba respaldo en el propio estado de cuenta
obrante en el expediente, en el cual se registraba como valor reclamado
$10.063.810, correspondiente al cobro impuesto mediante el acto administrativo
cuestionado.

30.
Así las cosas, consideró que las obligaciones tomadas en cuenta por
Electricaribe S.A E.S.P en liquidación para aplicar el artículo 155 de la Ley 142 de
1994 correspondían a sumas pendientes de pago que no eran objeto de
reclamación por parte de la usuaria. Por lo que acreditado lo anterior, y dado que
la demandante no demostró haber satisfecho alguna de las alternativas previstas
en el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994, estimó que la empresa
demandada se encontraba legalmente facultada para rechazar los recursos de
reposición y apelación formulados contra la decisión empresarial; de manera que la
causal invocada en el acto 201930502879 de 2 de septiembre de 2019 se

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

encontraba debidamente configurada, sin que existiera vulneración alguna del
ordenamiento jurídico.

31.
Aseveró que la misma conclusión se imponía respecto de la Resolución SSPD-
20198200442405 de fecha 11 de noviembre de 2019, ya que, en la decisión, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advirtió que los argumentos
expuestos por la recurrente estaban dirigidos a cuestionar el cobro por energía
dejada de facturar y no a desvirtuar la causal que motivó el rechazo de los recursos
administrativos.

32.
Consideró que, pese a que la señora Ortiz insistía en que las pruebas técnicas y
periciales allegadas al expediente demostrarían la inexistencia de la irregularidad
atribuida a las instalaciones eléctricas del inmueble y, por consiguiente, la
improcedencia del cobro efectuado por concepto de energía dejada de facturar;
tales argumentos no tenían vocación de prosperidad dentro del proceso judicial,
pues la legalidad de los actos demandados debía examinarse a partir de las
razones que condujeron al rechazo de los recursos administrativos y no desde el
mérito de la reclamación que la administración no llegó a estudiar por el
incumplimiento del requisito previsto en el artículo 155 de la Ley 142 de 1994.

33.
Por lo que aun cuando la accionante pretendiera demostrar la inexistencia de la
presunta acometida fraudulenta, tales cuestionamientos resultaban insuficientes
para desvirtuar la legalidad de los actos acusados, toda vez que estos no
resolvieron de fondo la procedencia del cobro, sino la imposibilidad de dar trámite
a los recursos administrativos ante el incumplimiento de una carga legal atribuible
a la propia usuaria.

34.
Concluyó que al encontrarse acreditado que la señora Orfelina Ortiz Carrascal
incumplió el requisito previsto en el artículo 155 de la Ley 142 del año 1994 para la
procedencia de los recursos administrativos y que las obligaciones tomadas en
consideración por la empresa correspondían a sumas no reclamadas, los actos
demandados fueron expedidos con observancia de las disposiciones que regulan
la materia.

35.
Teniendo en cuenta lo anterior, para esta Sala los cuestionamientos formulados
por la actora en sede de tutela se dirigen contra la interpretación que el Tribunal
accionado hizo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994 y las conclusiones derivadas
de la valoración probatoria realizada en el proceso ordinario, sin que se avizore una
real afectación de derechos fundamentales, pretendiendo extender el mismo
debate por haber obtenido una decisión adversa a sus intereses. Sin embargo, la
mencionada norma es clara al establecer que, para recurrir, el usuario debe
acreditar el pago de las sumas que no sean objeto de recurso, o del promedio del
consumo de los últimos cinco períodos y, en el caso concreto, se encontró
debidamente acreditado que las obligaciones correspondientes a los períodos de
junio y diciembre de 2017, y enero y agosto de 2018, por valor de $11.947.140, no
habían sido objeto de reclamación y tampoco habían sido pagadas por la usuaria,

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

mientras que la suma de $10.063.810 correspondía al cobro por energía dejada de
facturar que sí había sido controvertida.

36.
En esas condiciones, se estima que el Tribunal concluyó razonablemente que no
se encontraba satisfecho el presupuesto previsto en el artículo 155 de la Ley 142
de 1994 para la procedencia de los recursos administrativos, sin que se advierta
con ello un análisis errado de la norma aplicable o de las pruebas analizadas.

37.
Por otra parte, frente al argumento relacionado con la necesidad de valorar los
dictámenes periciales técnicos dirigidos a desvirtuar la existencia de la anomalía
que dio lugar al cobro de $10.063.810; debe precisarse que, para que pudiera
abordarse ese debate, era indispensable que la demandante agotara los recursos
procedentes 10 contra el acto administrativo 201930448180 de 15 de agosto de
2019, mediante el cual Electricaribe S.A E.S.P en liquidación resolvió
desfavorablemente la reclamación presentada contra dicho cobro. Sin embargo,
aquello no se pudo dar al no cumplirse el requisito de procedibilidad previsto en el
artículo 155 de la Ley 142 de 1994, por lo que los recursos no lograron ser
tramitados y, por consiguiente, tampoco se analizó de fondo la legalidad del cobro.

38.
Ahora, aunque la señora Ortiz invoca la protección constitucional reforzada
derivada de su condición de mujer, persona mayor y persona con discapacidad, así
como los enfoques diferenciales de género e interseccional, tales alegaciones no
plantean un debate constitucional autónomo respecto de la providencia
cuestionada. En efecto, la accionante no explica de qué manera la decisión del
Tribunal Administrativo del Atlántico comportó un trato discriminatorio o desconoció
las garantías reforzadas que invoca, y su reproche permanece circunscrito a
cuestionar que se hubiera considerado incumplido el requisito de pago previo
establecido en la Ley 142 de 1994, y que no se hubieran valorado las pruebas
técnicas dirigidas a controvertir el cobro por energía dejada de facturar. Por ello, la
sola invocación de tales categorías de protección no convierte la controversia legal
y probatoria planteada en un asunto de relevancia constitucional.

39.
Por lo anterior, las presuntas deficiencias atribuidas a la decisión adoptada en
sede de nulidad y restablecimiento del derecho corresponden, en realidad, a una
discrepancia con la valoración probatoria y la interpretación jurídica efectuadas por
el juez natural, lo que supone trasladar al juez constitucional un debate ya resuelto
en sede ordinaria. En efecto, cuando se trata de interpretaciones diversas y
razonables del ordenamiento jurídico, corresponde al juez natural, en ejercicio de
su autonomía e independencia, adoptar aquella que estime jurídicamente adecuada
al caso concreto.

10 Artículo 76 de Ley 1437 de 2011 “…El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como
subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción…”.
Artículo 161 Ley 1437 de 2011 “…2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en
relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será
exigible el requisito al que se refiere este numeral…”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06616-00
Accionante: Orfelina Ortiz Carrascal
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

40.Conforme a lo anterior, no procede prolongar el debate en sede constitucional,
pues la acción de tutela no es un mecanismo complementario del medio de control
ordinario ni puede utilizarse para revisar nuevamente las razones de derecho, la
valoración probatoria o la interpretación normativa efectuada por el juez natural,
pues admitirlo supondría desconocer su autonomía e independencia.

41.
Por lo anterior, no se satisface el requisito de relevancia constitucional exigido
para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, razón por la cual la
presente acción debe declararse improcedente.

42. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación planteadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Electricaribe S.A E.S.P en
liquidación.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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