Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06621-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06621-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06621-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06621-00
Accionante: ÓSCAR JAVIER ARAQUE GARZÓN COMO GERENTE DEL
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia / PROCESO EJECUTIVO – Derivado de
contrato de mutuo celebrado por empresa industrial y comercial del Estado / Pagaré como
título ejecutivo / Régimen de derecho privado de la actividad crediticia / DEFECTO
SUSTANTIVO – Configurado por aplicación de normas no llamadas a regir el caso –
Procede el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Óscar Javier Araque Garzón, como gerente del Instituto Financiero de
Casanare, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política, en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 19 de agosto de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El Instituto Financiero de Casanare presentó demanda ejecutiva singular contra
los ciudadanos Yesid Herrera Murillo y Blanca Nubia Barrero Acosta, con el fin de
obtener el pago por la suma de $4.037.923 representada en el pagaré núm.
4115401 del 26 de marzo de 2014, más los intereses corrientes causados desde el
25 de mayo de 2014 hasta el 26 de septiembre de 2016 y los moratorios causados
desde la presentación de la demanda y hasta que se efectúe el pago total de la
obligación.
1
Que ingresó para fallo el 2 de septiembre de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06621-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. Con la demanda ejecutiva, según lo reseñado2 por el Juzgado Cuarto (4.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal se aportaron, entre otros, los siguientes
documentos:
a. Copia digitalizada del pagaré núm. 4115401 suscrito el 26 de marzo de 2014
por los ejecutados.
b. Carta de instrucciones para diligenciamiento del pagare en blanco.
4. La demanda fue presentada inicialmente ante el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Yopal, que mediante auto del 17 de febrero de 2017 libró mandamiento de pago.
Sin embargo, por medio de providencia del 22 de septiembre de 2024, dicho
despacho manifestó la falta de competencia por jurisdicción, declaró la nulidad de
lo actuado desde la orden de seguir adelante con la ejecución y dispuso remitir el
expediente a los juzgados administrativos de Yopal .
5. El asunto correspondió al Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial
de Yopal que, por medio de auto del 30 de octubre de 2025, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR de oficio la existencia de defectos formales del
título ejecutivo presentado para el cobro, por no cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 297 del CPACA.
SEGUNDO: NO SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION a favor de la EICE
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC) en contra de BLANCA
NUBIA BARRERO ACOSTA Y YESID HERRERA MURILLO, por las
razones expuestas.
TERCERO: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que se
hubiesen podido decretar y practicar. Por secretaría, líbrense los oficios
correspondientes.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas de conformidad con lo
señalado en precedencia.
QUINTO: Notificar a la entidad ejecutante el contenido de la presente
providencia en la forma y términos previstos en el artículo 203 del CPACA,
por remisión expresa del inciso segundo del numeral 1 del artículo 291 del
CGP […]”3.
6. El a quo encontró que, como la obligación que se pretendía ejecutar devenía de
un contrato estatal, se trataba de un título ejecutivo complejo, por lo que, para
establecer la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, debían
necesariamente allegarse todos los documentos que lo conformaban, al ser una
unidad jurídica.
7. De esta manera, dado que la parte ejecutante omitió acreditar la existencia del
título ejecutivo complejo, pues no aportó el contrato de mutuo que alegó haber
suscrito, el Juzgado consideró que los documentos “se advierte que no fue aportado
el título ejecutivo que cumpliera con los requisitos de forma, pues como se ha
2
Folio 52. Archivo “005_DemandaWeb_Anexos_DOCUMENTOSRELEXP2025”. Citado por el
Juzgado en “001Demandapdf”, índice 00003 SAMAI)”.
3
Folio 81. Archivo “005_5_DemandaWeb_Anexos_DOCRELEVANTEEXP20250”.
2
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Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
señalado, de conformidad con la jurisprudencia aplicable al caso y el precedente del
Tribunal Administrativo de Casanare, si el título a ejecutar es un contrato, este por
regla general es complejo; y debe ser aportado, el escrito del negocio jurídico estatal
con el fin de verificar la oponibilidad de excepciones, junto con sus documentos de
garantía, actas y demás actos que acrediten la existencia clara, expresa y exigible
de la obligación; atendiendo en todo caso que, los títulos valores no son ejecutables
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por no ser esta competente de
conocer la acción cambiaria”4.
8. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación
contra el auto que se abstuvo de seguir adelante la ejecución. Expresó que un
pagaré suscrito en el marco de un contrato de mutuo celebrado por una entidad
estatal sí podía servir como título ejecutivo cuando la obligación fuese clara, expresa
y exigible, en virtud de lo consignado en el artículo 297 del CPACA, el cual
estableció que los contratos estatales y los documentos que contengan sus
garantías podían servir de base para su ejecución en sede contenciosa.
9. El Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, a través de
providencia del 11 de diciembre de 2025, confirmó la decisión recurrida, bajo los
mismos argumentos que soportaron el auto primigenio, y concedió el recurso de
apelación.
10. El trámite del recurso fue asignado al Tribunal Administrativo de Casanare que,
mediante auto del 18 de febrero de 2026, confirmó lo resuelto en primera instancia.
11. El ad quem señaló que “ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
únicamente puede solicitarse la ejecución de títulos en los que las obligaciones
contenidas se encuentren claras, expresas y exigibles lo que no es posible
establecer en el caso analizado puesto que, como se dijo anteriormente, en este el
título es de carácter complejo y la parte ejecutante no allegó la totalidad de la
documentación que lo constituye lo que implica que, este cargo tampoco prospera”5.
Pretensiones
12. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“Ssolicitamos (sic) de manera muy respetuosa a los Honorables
Magistrados, obtener a través de su justicia la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
de mi representado Instituto Financiero de Casanare, por defecto sustancial,
indebida valoración probatoria, exceso ritual manifiesto y violación directa
de la Constitución, dentro del proceso ejecutivo de radicado 85001-3333-
004-2025-00152-00, en que incurren el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, así como otros
que sufren la misma suerte por la misma interpretación.
Con las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal, en auto del 30 de octubre de 2025, determinó: “NO
4
Folio 78 ibid.
5
Folio 123. Ibid.
3
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN a favor de la EICE INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE (IFC) y en contra de BLANCA NUBIA
BARRERO ACOSTA Y YESID HERRERA MURILLO (…)”, asi mismo,
indicó: “…no fue aportado contrato de mutuo suscrito entre la entidad pública
demandante y los señores BLANCA NUBIA BARRERO ACOSTA Y YESID
HERRERA MURILLO, sin que sea posible en sede de proceso ejecutivo
judicial, presumir la existencia del mismo de cara a la obligatoriedad de la
solemnidad de los contratos estatales (…)” , y la confirmatoria, emitida por
el Tribunal Administrativo de Casanare en providencia de fecha 18 de
febrero de 2026, se desconoce los derechos fundamentales al debido
proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del Instituto Financiero
de Casanare, en consecuencia solicito comedidamente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 30
de octubre de 2025 y su confirmatorio emitido el 18 de febrero de 2026 por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso
85001-3333-004-2025-00152-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha
30 de octubre de 2025 emitido por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que
desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE el 18 de febrero de 2026, dentro del medio de control 85001-
3333-004-2025-00152-00, por encontrarse tales decisiones afectadas por
indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4115401
y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo
con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de
régimen civil, y tener por no aportado el original del pagare, pese a que a la
luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán
en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así
como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a
la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
• IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del
fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en
su lugar el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL, ordene seguir adelante con la ejecución a favor del INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE en contra de la parte demandada BLANCA
NUBIA BARRERO ACOSTA Y YESID HERRERA MURILLO, dentro del
proceso ejecutivo 85001-3333-004-2025-00152-00, adelante el proceso
hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este
tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis10
o se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los
Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el
pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos
y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06621-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente
acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido”6.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte demandante sostiene que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en una violación directa de la Constitución, toda vez que
desconocieron los derechos reconocidos en la ley sustancial y la observancia de
estándares constitucionales ante dudas en la aplicación de la ley, y simplemente
determinaron no seguir adelante con la ejecución, so pretexto de la necesidad de
integrar un supuesto título ejecutivo complejo, vulnerando así sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
14. Aduce la omisión de la fuerza vinculante de las providencias de la Corte
Constitucional, como lo son los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, cuyos
extremos conceptuales son inseparables, porque ambos hacen parte de la ratio de
la decisión. Además, alega que se vulnera la seguridad jurídica y la confianza
legítima, dado que el Instituto Financiero de Casanare durante más de dos décadas
otorgó los créditos de buena fe sin hacer suscribir contrato escrito de mutuo, por
estar acogido al derecho privado en sus operaciones de colocación de cartera, de
manera que el sorpresivo viraje judicial, al asignar la jurisdicción a los jueces
administrativos, es inoponible a situaciones jurídicas consolidadas, como lo son
créditos otorgados y pagarés suscritos.
15. Adicional a ello, la parte actora manifiesta una vulneración de su derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, por cuanto “el Juzgado dejo
de tener en cuenta que ya habían actuaciones procesales surtidas conforme a
derecho y en firme, es decir que ya se había librado mandamiento de pago en la
jurisdicción ordinaria, no obstante con desconocimiento del artículo 16 de la ley 1564
de 2012, aplicable a lo Contencioso Administrativo por disposición del Artículo 306
de la ley 1437 de 2011, que regulan en la Prorrogabilidad e Improrrogabilidad de la
Jurisdicción y la Competencia, y se dejó de observar que lo actuado conservar la
validez”7.
16. Por otro lado, señala que se incurrió en un defecto fáctico por la indebida
valoración del pagaré núm. 4115401 y la carta de instrucciones, que además de ser
un título valor que contiene una obligación clara, expresa y exigible, es autónomo y
por ende, es un título ejecutivo simple, no complejo. Sin embargo, precisa que las
decisiones enjuiciadas restaron toda posibilidad de mérito ejecutivo y se negaron a
continuar con la ejecución.
17. El accionante también manifiesta la ocurrencia de un defecto sustantivo,
puesto que con la demanda ejecutiva se allegó un título valor diligenciado conforme
a una carta de instrucciones. Dicho documento, a su juicio, constituye por sí mismo
6
Folios 19 y 20 del escrito de tutela.
7
Folio 29 ibid.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06621-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
un título ejecutivo, es decir, tiene mérito ejecutivo autónomo, del cual surge una
obligación clara, expresa y exigible. No obstante, aduce que a partir de una lectura
no sólo excesivamente formalista sino también distante de la finalidad de la
administración de justicia y de los derechos constitucionales, las autoridades
accionadas impusieron exigencias improcedentes que desbordan su margen de
interpretación razonable.
18. Así, considera que los jueces de conocimiento omitieron la aplicación de los
artículos 2, 29 y 229 de la Constitución; del numeral 3.° del artículo 297 de la Ley
1437 de 2011; del numeral 5.° del artículo 99 del CPACA; de los artículos 85 y 93
de la Ley 489 de 1998; del artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; de los artículos 2221
y 2222 del Código Civil; y de los artículos 621 y 709 del Código de Comercio. Y con
ello, refiere, afectaron su derecho sustancial y se apartaron de la búsqueda de la
verdad jurídica objetiva.
19. Finalmente, la parte demandante plantea un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en atención que el contrato de mutuo acuerdo, por
escrito, no se requiere para integrar el título ejecutivo, ya que “se está ejerciendo la
ejecución de un título ejecutivo simple, contenido en un título valor autónomo, que
contiene una obligación clara, expresa y exigible; pero adicionalmente la falta del
contrato escrito, no se originó en alguna omisión de la parte demandante, sino en la
ley, actuación que se desarrolló conforme a la naturaleza de empresa industrial y
comercial del Estado, y que permite que los actos y contratos correspondientes al
giro ordinario de sus negocios se adelanten conforme a las normas de derecho
privado, máxime que el contrato de mutuo conforme al art. 2221 y 2222 del C.C.,
siendo un contrato consensual se perfecciona con la entrega de la cosa, sin que sea
necesaria la ritualidad de elevarlo a escrito”8.
Trámite procesal
20. Por medio de auto del 24 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare como accionados y a la
Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público, a los ciudadanos Yesid Herrera
Murillo, Blanca Nubia Barrero Acosta y a los demás intervinientes dentro del proceso
ejecutivo radicado núm. 85001-33-33-004-2025-00152-00/01/02, como terceros con
interés en las resultas del proceso, para que ejerciera su derecho de defensa. De
igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Entre otras decisiones.
Intervenciones
21. El Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal solicitó
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por cuanto
considera que la parte actora pretende “que el Honorable Consejo de Estado, en
sede constitucional, actúe como si se tratara de una instancia adicional – una tercera
instancia - porque no está de acuerdo en la valoración de los aspectos legales
8
Folio 40 ibid.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06621-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
correspondientes a la naturaleza del título ejecutivo -pensando que se trata de una
acción cambiaria procedente solo con el título valor en la jurisdicción civil-, sin que
tenga una intención seria en fundamentar la afectación de derechos fundamentales
sino en reabrir un debate interpretativo que solo le atañe el juez natural de la
causa”9.
22. Asimismo, por conducto de su secretario, aportó el enlace de acceso al
expediente contentivo del proceso radicado núm. 85001-33-33-004-2025-00152-
00/01/02, promovido por el Instituto Financiero de Casanare contra los ciudadanos
Yesid Herrera Murillo y Blanca Nubia Barrero Acosta.
23. El Tribunal Administrativo de Casanare sostuvo que el asunto sub judice
carece de relevancia constitucional, en la medida en que la parte accionante no
plantea un asunto constitucional que evidencie la existencia de una afectación real,
directa y desproporcionada de derechos fundamentales, sino que, por el contrario,
formula un debate de naturaleza estrictamente legal en el que cuestiona el criterio
jurídico aplicado por el Tribunal Administrativo de Casanare, juez natural de la
contienda.
24. En esa medida, señaló que la acción de tutela se pretende utilizar como un
mecanismo para reabrir una discusión jurídica previamente resuelta por esta
Corporación, lo cual desconoce su carácter subsidiario, excepcional y residual. En
consecuencia, al no satisfacerse el requisito de relevancia constitucional ni
acreditarse la subsidiariedad de la solicitud de amparo, solicito, respetuosamente,
declarar la improcedencia de la presente acción constitucional.
25. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Defensa Jurídica
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
26. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes guardaron
silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
28. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte accionante sostiene que “[e]n virtud a
la relevancia económica y social del asunto objeto de estudio, solicitamos que en
aplicación del art 271 del CPACA, se estudie la presente acción de tutela en
Sala Plena del Consejo de Estado”10.
9
Folio 6. Archivo “022_22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-012InformeTutelaCE”.
10
Folio 5 del escrito de tutela.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06621-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
29. Sin embargo, al tratarse de una acción de tutela, su trámite se rige por las
disposiciones del Decreto 2591 de 1991 y, en lo no regulado por este, por las
normas del Código General del Proceso. A su vez, la competencia para conocer de
esta clase de asuntos se determina conforme a las reglas de distribución previstas
en el Reglamento Interno del Consejo de Estado. Ninguno de estos ordenamientos
contempla la posibilidad de que las partes soliciten que una acción de tutela sea
conocida por la Sala Plena con fundamento en su trascendencia social o económica.
En la práctica, el conocimiento por dicha instancia ha tenido lugar por iniciativa de
la propia Sala Plena o a solicitud de alguna de las secciones de la Corporación.
30. En suma, el conocimiento de acciones de tutela por parte de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo constituye una medida excepcional, que no procede a
petición de las partes, sino por determinación de la propia Sala o a solicitud de
alguna de las secciones de la Corporación, siempre que existan razones que
justifiquen su intervención, particularmente cuando resulte necesario unificar
criterios jurisprudenciales o el asunto revista especial importancia jurídica.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
31. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad?
32. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Juzgado Cuarto
(4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, con la expedición de las providencias del 30 de octubre de 2025 y del 18
de febrero de 2026, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental y
en una violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la parte accionante? La Sala advierte que en caso de proceder uno de
los defectos no continuará el análisis de los demás.
33. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
Análisis formal de la acción de tutela
a) Requisitos de procedibilidad y de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
34. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
11
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06621-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
35. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
36. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
12
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06621-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas
contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.
37. En este contexto, la Sala estudiará en el caso concreto los elementos formales.
En caso de superarlos se iniciará el estudio de mérito.
B) estudio de los requisitos formales en el caso concreto
38. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 18 de febrero de 2026 puso fin a la discusión relativa a no
seguir adelante con la ejecución; (ii) la acción se presentó dentro del plazo
razonable porque la providencia atacada se notificó el 20 de febrero de 2026, quedó
ejecutoriada el 27 de febrero del año en curso y la solicitud de amparo se presentó
el 19 de agosto siguiente; (iii) en cuanto se invoca un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, la irregularidad alegada tendría carácter determinante,
pues la exigencia cuestionada –aportar un contrato de mutuo escrito– constituyó
precisamente la razón por la cual las autoridades determinaron no continuar con la
ejecución; (iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte accionante; y (v) no se trata de una sentencia
de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado18 ni
de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz19.
39. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
18
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
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Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante.
Los reproches no se limitan a cuestionar cuál interpretación legal resulta más
acertada respecto del título ejecutivo, sino que plantean si la imposición judicial de
una solemnidad no prevista para el negocio jurídico subyacente impidió
injustificadamente que una entidad pública accediera al proceso ejecutivo, pese a
la existencia de precedentes que habían examinado situaciones comparables. Por
tanto, el debate compromete prima facie las garantías del debido proceso y de
acceso efectivo a la administración de justicia.
40. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección20, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con el derecho fundamental al debido
proceso.
41. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso ejecutivo o en un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental”21 y se justifica en la medida de
una posible “afectación desproporcionada a derechos fundamentales22”.
42. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección estudiará el mérito de la
demanda.
b) Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
43. En términos generales, el defecto sustantivo23 se configura cuando una
providencia judicial se fundamenta en una norma inexistente, derogada,
inconstitucional o que no resulta aplicable al caso concreto, así como cuando la
autoridad judicial efectúa una interpretación que desconoce abiertamente el
contenido normativo aplicable o produce una afectación injustificada de derechos
fundamentales24. Dado el carácter excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, no basta con que exista una interpretación jurídica discutible, sino que el
yerro debe ser ostensible y determinante para la decisión adoptada25.
44. De ahí que el juez de tutela no esté llamado a sustituir al juez natural en la
selección o interpretación ordinaria de las normas aplicables. Su intervención se
justifica únicamente cuando la decisión cuestionada desborda el margen razonable
20
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
21
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
22
Ibid.
23
Sentencia SU-397 de 2019.
24
Sentencia SU-296 de 2020.
25
Sentencias SU-228 de 2021 y SU-474 de 2020.
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de interpretación judicial, porque se sustenta en disposiciones que no gobiernan el
supuesto analizado o prescinde de normas determinantes para establecer el
régimen jurídico aplicable, con incidencia directa en los derechos fundamentales de
las partes.
45. En el presente asunto, corresponde determinar si las autoridades accionadas
incurrieron en ese defecto sustantivo por las siguientes razones: i) al desconocer
que la autoridad de la jurisdicción civil había dictado mandamiento de pago en el
proceso; y ii) al haber privado de mérito ejecutivo al pagaré mediante la aplicación
de reglas propias del contrato estatal solemne y del título ejecutivo complejo, sin
examinar previamente si ese documento, por sí mismo, satisfacía las condiciones
de título ejecutivo.
46. La parte accionante enjuicia las providencias del 30 de octubre de 2025 y del 18
de febrero de 2026, proferidas por el Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo Oral del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, en el
curso del proceso ejecutivo radicado núm. 85001-33-33-004-2025-00152-00/01/02.
Ello, por cuanto negaron seguir adelante con la ejecución al restarle mérito ejecutivo
al pagaré aportado con la demanda y exigir un contrato de mutuo, por escrito, aun
cuando eso no era requisito en la jurisdicción ordinaria, donde se interpuso la
demanda.
47. En primer lugar, la Sala advierte que el análisis sobre la aptitud del título
ejecutivo no podía efectuarse de manera aislada respecto de las actuaciones
previamente surtidas en el proceso. En efecto, antes de la remisión del expediente
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal, mediante auto del 17 de febrero de 2017, había librado
mandamiento de pago con fundamento en el pagaré aportado por el Instituto
Financiero de Casanare. Posteriormente, al declarar la falta de jurisdicción, ese
despacho anuló lo actuado desde la orden de seguir adelante con la ejecución y
dispuso la remisión del expediente, de modo que el mandamiento de pago
previamente proferido constituía una actuación procesal que debía ser considerada
al momento de definir los efectos de la remisión y la suficiencia del título presentado.
48. En efecto, las autoridades accionadas dejaron de aplicar, o al menos
interpretaron de manera restrictiva, el artículo 16 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, conforme al cual, cuando se
declara la falta de jurisdicción, las actuaciones previamente surtidas conservan su
validez, salvo la sentencia. En el presente asunto, antes de la remisión a la
jurisdicción contencioso-administrativa, el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Yopal había librado mandamiento de pago con fundamento en el pagaré presentado
por el Instituto Financiero de Casanare. En consecuencia, la autoridad judicial que
recibió el expediente debía establecer el alcance jurídico de esa actuación
conservada y explicar por qué, pese a la previa decisión que reconoció mérito
ejecutivo al título, resultaba procedente privarlo posteriormente de esa aptitud por
la ausencia de un contrato de mutuo escrito. La omisión de ese análisis comporta
un defecto sustantivo en la aplicación de la norma que regula los efectos de la
declaratoria de falta de jurisdicción.
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49. Además, ese yerro se proyectó sobre la aplicación de los artículos 297.3 del
CPACA y 422 del Código General del Proceso, pues la autoridad judicial volvió a
examinar la suficiencia del título sin determinar previamente el alcance que
correspondía atribuir al mandamiento de pago que había conservado su validez.
Adicionalmente, condicionó su eficacia a la aportación de un contrato de mutuo
escrito. Así, no solo dejó de atribuir al artículo 16 del CGP el efecto de conservación
que expresamente establece, sino que aplicó las reglas sobre títulos ejecutivos de
manera que hizo depender el mérito del pagaré de un requisito documental adicional
que no correspondía necesariamente al régimen jurídico del instrumento
presentado.
50. En segundo lugar, en criterio de la Sala, el defecto sustantivo se concreta
principalmente en la forma en que las autoridades accionadas determinaron la
aptitud ejecutiva del pagaré núm. 4115401. En efecto, antes de concluir que la
obligación debía acreditarse mediante un título ejecutivo complejo integrado por el
pagaré y un contrato de mutuo escrito, correspondía examinar si aquel documento,
por sí mismo, reunía las condiciones para servir de fundamento a la ejecución. Para
ello resultaban determinantes el numeral 3.° del artículo 297 del CPACA y el artículo
422 del Código General del Proceso, que reconocen mérito ejecutivo a los
documentos en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, así como
las disposiciones del Código de Comercio que regulan los títulos valores, en
particular los artículos 621 y 709. La aplicación de esas normas exigía analizar
directamente el contenido y alcance jurídico del pagaré antes de condicionar su
eficacia a la existencia de un documento adicional.
51. Sin embargo, las autoridades accionadas desplazaron ese examen hacia el
negocio jurídico que dio origen al pagaré y concluyeron que, por provenir la
obligación de un contrato celebrado por una empresa industrial y comercial del
Estado, resultaban aplicables los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley
80 de 1993 y, por consiguiente, que el mutuo debía constar por escrito para integrar
un título ejecutivo complejo. Esa conclusión hizo depender el mérito ejecutivo del
pagaré de la acreditación formal del negocio subyacente, sin establecer
previamente si el título valor incorporaba autónomamente una obligación clara,
expresa y exigible. Por ello, el problema no radica únicamente en la determinación
del régimen contractual aplicable al Instituto Financiero de Casanare, sino,
principalmente, en que se utilizaron las reglas de solemnidad del contrato estatal
para definir la suficiencia de un título valor cuya aptitud ejecutiva debía ser
examinada conforme a las normas específicamente llamadas a regularlo.
52. Ahora bien, el régimen jurídico del Instituto Financiero de Casanare resulta
relevante como elemento complementario de ese análisis, pues permite establecer
si existía fundamento para exigir el contrato escrito que las autoridades
consideraron indispensable. El negocio jurídico se celebró el 26 de marzo de 2014,
cuando se encontraba vigente el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, conforme al cual las empresas industriales y
comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia
con el sector privado o público se someten, en esas operaciones, a las normas
aplicables a quienes desarrollan actividades semejantes. En el caso concreto, el
IFC desarrollaba actividades de financiación y otorgamiento de créditos dentro del
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
giro ordinario de su objeto, por lo que no resultaba suficiente acudir de manera
aislada a los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993 para
exigir que el contrato de mutuo constara necesariamente por escrito.
53. Esa conclusión se refuerza con las disposiciones civiles que regulan el contrato
de mutuo. Los artículos 2221 y 2222 del Código Civil establecen que este negocio
se estructura a partir de la entrega de cosas fungibles con obligación de restituir
otras del mismo género y calidad, y que su perfeccionamiento se produce por la
tradición. En consecuencia, aun si se acudía al negocio causal para determinar la
suficiencia del título, debía examinarse si, conforme al régimen de derecho privado
aplicable a la operación crediticia, existía realmente la solemnidad escrita que las
autoridades accionadas utilizaron como presupuesto para reconocer mérito
ejecutivo. De no ser exigible esa formalidad, la ausencia de un contrato de mutuo
escrito no podía convertirse, por sí sola, en razón suficiente para privar de eficacia
ejecutiva al pagaré.
54. Las inferencias descritas también están en consonancia con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. En el Auto 2014 de 2024, al resolver un conflicto de
jurisdicción suscitado en un asunto de características semejantes, precisó que las
operaciones crediticias desarrolladas por una empresa industrial y comercial del
Estado sometida al régimen de derecho privado no exigían la celebración de un
contrato de mutuo por escrito, pues este se perfecciona con la entrega del dinero
conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil. Ese entendimiento fue
posteriormente reiterado en el Auto 1455 de 2025, invocado expresamente por la
parte accionante. De esta manera, la exigencia de acreditar un contrato escrito no
solo se apartó del régimen jurídico aplicable al negocio subyacente, sino también
de criterios constitucionales previos que habían examinado esa misma
problemática.
55. En esas condiciones, correspondía al Tribunal Administrativo de Casanare
examinar el pagaré núm. 4115401 y los demás documentos allegados con la
demanda para determinar si satisfacían los requisitos legales de la ejecución, a la
luz del artículo 297 del CPACA, del artículo 422 del Código General del Proceso y
de las disposiciones mercantiles que gobiernan los títulos valores. Lo que no
resultaba jurídicamente admisible era descartar de antemano el mérito ejecutivo del
pagaré por no encontrarse acompañado de un contrato de mutuo escrito, cuando
esa exigencia no se derivaba necesariamente del régimen aplicable al negocio
subyacente. Al condicionar la eficacia del título a un requisito documental cuya
obligatoriedad no estaba demostrada y omitir el examen autónomo del pagaré
conforme a las normas llamadas a regularlo, las autoridades accionadas incurrieron
en un defecto sustantivo determinante para la decisión de no seguir adelante con la
ejecución.
56. Acreditado el defecto sustantivo y siendo este suficiente para conceder el
amparo, la Sala se abstendrá de examinar de manera autónoma los restantes
defectos fáctico y procedimental, así como la violación directa de la Constitución
alegada por la parte actora, pues su eventual configuración no modificaría la medida
de protección que corresponde adoptar.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
57. Por consiguiente, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare y (i)
se dejará sin efectos el auto del 18 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare y (ii) se ordenará a dicha autoridad judicial que dicte
una nueva decisión en concordancia con las precisiones realizadas en esta
sentencia.
58. Ahora bien, la Sala no accederá a la solicitud de ordenar directamente que se
siga adelante con la ejecución, pues corresponde al Tribunal Administrativo de
Casanare, como juez natural del proceso, efectuar nuevamente el examen de los
documentos aportados y determinar si se satisfacen los demás presupuestos
legales para la ejecución, sin exigir la acreditación escrita del contrato de mutuo con
fundamento en las normas que esta providencia encontró inaplicables. Tampoco se
accederá a la solicitud de extender los efectos de esta decisión a otros procesos
ejecutivos, dado que el presente pronunciamiento recae sobre las providencias y
circunstancias particulares que fueron sometidas al control del juez constitucional.
59. Finalmente, la Sala advertirá al Tribunal Administrativo de Casanare que, en lo
sucesivo, al resolver asuntos en los que se pretenda la ejecución de títulos valores
derivados de operaciones crediticias celebradas por el Instituto Financiero de
Casanare, deberá examinar el régimen jurídico aplicable al negocio subyacente y
abstenerse de exigir, de manera automática, la acreditación de un contrato de mutuo
celebrado por escrito cuando dicha solemnidad no resulte exigible conforme a las
normas que gobiernan la actividad correspondiente. Lo anterior, por cuanto la
imposición de cargas o exigencias carentes de fundamento normativo puede
traducirse en una restricción injustificada del acceso a la administración de justicia
y en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia del señor Óscar Javier Araque Garzón, como gerente
del Instituto Financiero de Casanare, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 18 de febrero de 2026, proferido por
el Tribunal Administrativo de Casanare, que confirmó el auto del 30 de octubre de
2025, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, mediante el cual se
negó a seguir adelante con la ejecución.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare
que, en el término de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente
decisión, profiera auto de reemplazo, en el cual tenga en cuenta las consideraciones
señaladas en la sentencia.
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Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
QUINTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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