Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06631-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06631-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06631-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06631-00
Demandante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La Fundación para el Estado de Derecho, a través de su representante legal1,
mediante escrito del 20 de agosto de 2026, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales «de petición, acceso a la
información pública, debido proceso, acceso a la administración de justicia y
participación en el control del poder político».
Dichas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la presunta
omisión en la resolución de las peticiones de acceso al expediente presentadas el 13
de enero, 21 de abril, 21 de mayo y 6 de junio de 2025, así como de la solicitud radicada
el 17 de junio de 2025 bajo el número Samai 1822963, y de la negativa material a
1Índice 002 de Samai. Certificado de existencia y representación legal del 9 de enero de 2026.
Representante Legal el señor Andrés Caro Borrero con cédula de ciudadanía número 1136883888.
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B
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permitir la consulta integral del expediente dentro del proceso de acción popular con
radicado 25000-23-41-000-2018-00691-00.
1.2. Pretensiones
La fundación accionante solicitó la salvaguarda de los derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
Segundo. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN B que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo, resuelva las peticiones formuladas por FEDe.
Colombia el 17 de junio de 2025, radicadas bajo la solicitud SAMAI 1822963, así como
las cuatro (4) solicitudes de acceso elevadas el 13 de enero, el 21 de abril, el 21 de
mayo y el 6 de junio de 2025.
Tercero. Ordenar al Tribunal accionado que, en el mismo término, permita a FEDe.
Colombia acceso efectivo al expediente completo radicado
25000234100020180069100, bien mediante su habilitación en la plataforma SAMAI,
bien mediante la expedición de copia digital íntegra de sus cuadernos, o disponiendo
la consulta física del expediente en la Secretaría.
Cuarto. Ordenar al Tribunal accionado que disponga la digitalización íntegra del
expediente radicado 25000234100020180069100 y su incorporación a la plataforma
SAMAI, en el término que el juez constitucional estime razonable, de manera que se
garantice el principio de publicidad de las actuaciones judiciales previsto en el artículo
228 de la Constitución.
Quinto. Como medida de garantía del derecho, disponer que el término previsto en el
artículo 24 de la Ley 472 de 1998 para presentar la coadyuvancia no podrá oponerse
a FEDe. Colombia mientras no se le haya permitido el acceso completo al expediente,
dejando constancia de que la demora no le es imputable.2
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
cursa la acción para la protección de los derechos e intereses colectivos identificada
con radicado 25000-23-41-000-2018-00691-00, y promovida por Álvaro Efraín
Diazgranados de Pablo contra la Nación - Ministerio de Minas y Energía y otras
autoridades. La controversia se relaciona con la exploración y explotación de
yacimientos no convencionales mediante la técnica de fracturamiento hidráulico.
El 3 de diciembre de 2024, la Fundación para el Estado de Derecho promovió otra
acción de la misma naturaleza, bajo el radicado 25000-23-41-000-2024-02053-00, con
2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B
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el propósito de que se adoptaran medidas para reanudar los proyectos piloto de
investigación Kalé y Platero sobre el uso de esa técnica.
Mediante auto del 12 de diciembre de 2024, el Tribunal declaró el agotamiento de
jurisdicción respecto de la demanda presentada por la Fundación. Consideró que
existía coincidencia entre los sujetos pasivos y la causa de las dos acciones populares,
y le informó que podía intervenir como coadyuvante en el proceso iniciado en 2018.
Con el fin de evaluar esa posibilidad, al interior del expediente 25000-23-41-000-2018-
00691-00, la Fundación formuló solicitudes de acceso al expediente a través de Samai
los días 13 de enero, 21 de abril, 21 de mayo y 6 de junio de 2025, radicados bajo los
números 1277192, 1605692, 1709663 y 1770156, respectivamente.
El 6 de junio de 2025, la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal informó a la
Fundación que el proceso no había sido digitalizado integralmente, que se encontraba
en soporte físico y que podía consultarse en las instalaciones del Tribunal cuando
estuviera a disposición de la Secretaría. También precisó los horarios de atención,
señaló que en Samai podían examinarse las actuaciones allí registradas e indicó que,
para ese momento, el expediente se encontraba en el despacho.
Según el memorial posteriormente presentado por la accionante, con fecha del 17 de
junio de 2025, un apoderado de la Fundación acudió a la sede del Tribunal para
consultar el expediente físico. Se manifestó que la consulta no pudo realizarse porque
el cuaderno principal se encontraba en el despacho desde el 9 de agosto de 2024.
El 19 de junio de 2025, la Fundación presentó un nuevo memorial al que se le asignó
el número de radicación 1822963, en el que pidió que se dejara constancia de la
imposibilidad de acceder al expediente y que se le informara oportunamente cuándo
regresaría a la Secretaría.
En proveído del 3 de agosto de 2026, el magistrado ponente dispuso que el expediente
permaneciera en la Secretaría durante 15 días hábiles con el fin de facilitar su consulta.
Además, ordenó que, vencido ese término, el expediente reingresara al despacho;
reconoció a la fundación accionante como coadyuvante, con efectos hacia la actuación
futura, y dispuso que la Secretaría le comunicara la decisión y le informara las fechas
de consulta.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora sostuvo que el Tribunal vulneró su derecho de petición porque no
resolvió las solicitudes de acceso formuladas mediante Samai ni las dos peticiones
contenidas en el memorial radicado el 19 de junio de 2025. Afirmó que la comunicación
del 6 de junio de 2025 se limitó a indicar que el expediente no estaba digitalizado, sin
hacer posible su consulta integral.
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También alegó la transgresión del derecho de acceso a la información pública. Explicó
que las piezas procesales iniciales no estaban disponibles en Samai y que tampoco
pudo examinar el expediente físico porque permanecía en el despacho. En su criterio,
una circunstancia administrativa como la falta de digitalización no podía restringir el
acceso a un proceso judicial de naturaleza pública.
Finalmente, adujo que esa situación comprometía sus derechos al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a participar en el control del poder político.
Señaló que no podía definir si coadyuvaba a alguna de las partes sin conocer el
expediente y que la oportunidad para intervenir, prevista en el artículo 24 de la Ley 472
de 1998, termina con el fallo de primera instancia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 28 de agosto de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, como autoridad judicial accionada3, requirió a la Secretaría General de
esta Corporación para que publicara la demanda, sus anexos y la providencia
admisoria, y tuvo como pruebas los documentos allegados con la solicitud de amparo.
1.6. Contestación
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
la constancia que obra en el expediente digital4, se recibió contestación del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
La autoridad accionada solicitó negar el amparo. Explicó que la permanencia temporal
del expediente físico en el despacho correspondía al desarrollo ordinario de la
actividad jurisdiccional y no obedecía a una decisión de reserva ni a una negativa
definitiva de acceso.
Indicó que las cuatro solicitudes presentadas en Samai tenían el mismo propósito y
fueron atendidas mediante la comunicación del 6 de junio de 2025. En esa respuesta
informó la conformación física del expediente, su ubicación, los mecanismos
disponibles para la consulta y la posibilidad de acceder mediante Samai a las
actuaciones cargadas electrónicamente. Respecto del memorial radicado el 19 de
junio de 2025, señaló que fue incorporado al proceso y puesto de inmediato en
conocimiento del despacho.
3 La notificación se surtió al correo electrónico
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co.mailto:presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.
co
4 Constancia de notificación No. 160301 del 2 de septiembre de
2026.mailto:deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
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Sostuvo que la publicidad de las actuaciones no implica la obligación de digitalizar
íntegramente un expediente conformado originalmente en soporte físico. Afirmó que el
ordenamiento jurídico reconoce la coexistencia de expedientes físicos, electrónicos e
híbridos, y que el ordenamiento diferencia entre la consulta y la reproducción o
digitalización de documentos.
Por último, manifestó que el proceso continúa en período probatorio y sin sentencia de
primera instancia. Agregó que, mediante el auto del 3 de agosto de 2026, se dispuso
una oportunidad concreta de consulta física y se reconoció a la Fundación como
coadyuvante, por lo que no existe una amenaza cierta para su participación ni
fundamento para inaplicar anticipadamente el artículo 24 de la Ley 472 de 1998.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional de la referencia por cuanto esta se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991. Esto, en
consonancia con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, y el artículo 25
del Acuerdo 080 de 2019 «Reglamento Interno del Consejo de Estado».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
vulneró los derechos fundamentales de petición, acceso a la información
pública, debido proceso, acceso a la administración de justicia y participación
en el control del poder político de la Fundación para el Estado de Derecho, al
no responder las solicitudes formuladas para conocer el expediente de la acción
popular 25000-23-41-000-2018-00691-00 y al impedir su consulta integral?
Para resolver la interrogante planteada, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición en actuaciones
judiciales; (iii) la publicidad y el acceso a los expedientes judiciales; y (iv) el caso
concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
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fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable5.
2.4. Derecho de petición en actuaciones judiciales
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que
existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de
justicia: (i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley, y (ii) las generales que no
tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas en el Título 2º de la Ley
1437 de 2011. En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de 2018 6, señaló:
La Corte Constitucional7 y esta Corporación8 de manera reiterada han señalado que
las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance
diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse
las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden ser de dos clases:
(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a
los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y
(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales,
deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales del derecho
de petición que rigen la administración, esto es, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho de
petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un
servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales”, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora
judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo
a la justicia; pero no del derecho de petición.
5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de 25 de
enero de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
7 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
8 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13 de
julio de 2017. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. C.P. Alberto
Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00.
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2.5. Caso concreto
La inconformidad de la parte actora comprende dos asuntos relacionados. Por un lado,
la falta de respuesta a sus solicitudes y, por el otro, la imposibilidad material de
consultar el expediente. Aunque ambos se originan en las presuntas omisiones de la
autoridad judicial accionada frente a las gestiones realizadas por la fundación para
estudiar una eventual coadyuvancia, deben examinarse de acuerdo con la naturaleza
de cada actuación.
En primer lugar, las solicitudes presentadas por la accionante los días 13 de enero, 21
de abril, 21 de mayo y 6 de junio de 2025 no pretendían impulsar el trámite de la acción
popular 25000-23-41-000-2018-00691-00 ni obtener una decisión jurisdiccional. En
realidad, su objeto era conocer el expediente y, por tanto, debían atenderse conforme
a las reglas generales del derecho de petición.
Así las cosas, el Tribunal debía atender de fondo lo requerido en los términos previstos
en el artículo 14 de la Ley 1437 de 20119. En ese entendido, resulta claro que el plazo
para absolver las petitorias del 12 de enero y 21 de abril de 2025 venció sin que se
hubiera atendido las solicitudes de la fundación.
No obstante, la Secretaría del Tribunal respondió al objeto común de todas las
peticiones, que era solicitar acceso al expediente de acción popular, a través de
comunicación del 6 de junio de 2025. En esta, informó que el expediente no estaba
digitalizado integralmente, que se conservaba en soporte físico, que las actuaciones
incorporadas a Samai podían consultarse por ese medio y que las restantes piezas
podían examinarse presencialmente cuando el proceso estuviera en la Secretaría.
También indicó los horarios de atención, la ubicación que tenía entonces el expediente
y los medios que debía llevar el interesado para reproducirlo:
9 ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para
todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia
las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
[…]
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable
en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
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Esa comunicación fue clara, concreta y congruente con lo solicitado. Asimismo, se
tiene que el peticionario la recibió comoquiera que la anexó al escrito de tutela. El
hecho de que no se hubiera remitido una respuesta independiente para cada
radicación no configura la vulneración alegada, pues las cuatro petitorias tenían el
mismo objeto y la Fundación recibió la información necesaria sobre las modalidades y
condiciones de consulta. En todo caso, la salvaguarda del derecho fundamental de
petición no impone que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante.
En ese orden, para la fecha de interposición de la solicitud de amparo no se avizora
una transgresión a la garantía constitucional invocada, por lo que se negará la acción
de tutela a este respecto.
Por otro lado, el memorial del 19 de junio de 2025 tuvo un alcance distinto. La
Fundación informó la imposibilidad de examinar el expediente durante la visita
realizada el presencialmente al Tribunal y pidió que esa circunstancia quedara
registrada en el proceso y que se le avisara cuándo regresaría a la Secretaría. El
documento fue incorporado al expediente y puesto en conocimiento del magistrado
ponente, de modo que su trámite quedó sujeto a las reglas propias de la actuación
judicial.
Al respecto la Sala advierte que, antes de la presentación de la tutela, el Tribunal
adoptó una decisión respecto de esa cuestión. En auto del 3 de agosto de 2026
dispuso que el expediente permaneciera a disposición de la Secretaría durante 15 días
hábiles, ordenó informar a la Fundación las fechas de consulta y la reconoció como
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coadyuvante. Por consiguiente, cuando el mecanismo constitucional fue promovido no
existía una omisión actual que hiciera necesaria una orden del juez de tutela.
Esta conclusión no corresponde a una carencia actual de objeto por hecho superado,
pues la providencia que atendió la situación fue expedida antes de que se instaurara
la acción de tutela; por ello, lo que se constata es que la vulneración alegada no se
encontraba vigente al momento de acudir al juez constitucional.
En cuanto al acceso material al expediente, se tiene que los artículos 74 y 228 de la
Constitución Política reconocen, respectivamente, el derecho de toda persona a
acceder a los documentos públicos, salvo las excepciones previstas por la ley, y el
carácter público y permanente de las actuaciones judiciales. Estas garantías de orden
constitucional impiden que una autoridad restrinja arbitrariamente la consulta de un
expediente que no esté sometido a reserva.
Pues bien, está probado que la consulta del expediente 25000-23-41-000-2018-00691-
00, no pudo realizarse por la accionante el 16 de junio de 2025 porque el expediente
se encontraba en el despacho. Si bien esa circunstancia produjo una limitación
temporal, no demuestra la existencia de una reserva frente a la actuación o de una
decisión dirigida a impedir definitivamente su conocimiento a la accionante. Se insiste
en que, por medio de la comunicación del 6 de junio de 2025 la autoridad judicial
accionada había explicado esa situación y el auto del 3 de agosto de 2026 fijó una
oportunidad para examinar las piezas físicas antes de que el proceso reingresara al
despacho.
Adicionalmente, dentro del material probatorio aportado con el escrito inicial no obra
elemento que acredite que, después de expedida esa providencia, la Fundación
hubiera solicitado la consulta durante el período dispuesto y que el Tribunal se la
negara. En consecuencia, no es posible inferir una restricción actual del derecho de
acceso a la información como lo alega la tutelante y, en este sentido, tampoco prospera
la solicitud de amparo.
Finalmente, en atención a las pretensiones de la accionante, la Sala considera que
tampoco procede ordenar la digitalización integral de la acción popular 25000-23-41-
000-2018-00691-00, toda vez que el acceso efectivo a este no atribuye al interesado
el derecho a escoger el soporte en el que debe suministrarse la información.
Se advierte que un expediente judicial puede conformarse en físico, en digital o
componerse de forma híbrida por documentos de una u otra naturaleza. El artículo 122
del Código General del Proceso, así lo señala:
Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. De cada proceso en curso
se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los
demás documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que
identifiquen las grabaciones en que se registren las audiencias y diligencias.
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En aquellos juzgados en los que se encuentre implementado el Plan de Justicia Digital,
el expediente estará conformado íntegramente por mensajes de datos.
Los memoriales o demás documentos que sean remitidos como mensaje de datos, por
correo electrónico o medios tecnológicos similares, serán incorporados al expediente
cuando hayan sido enviados a la cuenta del juzgado desde una dirección electrónica
inscrita por el sujeto procesal respectivo.
Cuando el proceso conste en un expediente físico, los mencionados documentos se
incorporarán a este de forma impresa, con la anotación del secretario acerca de la
fecha y hora en la que fue recibido en la cuenta de correo del despacho, y la información
de la cuenta desde la cual fue enviado el mensaje de datos. El despacho deberá
conservar el mensaje recibido en su cuenta de correo, por lo menos, hasta la siguiente
oportunidad en que el juez ejerza el control de legalidad, salvo que, por la naturaleza
de la información enviada, la parte requiera la incorporación del documento en otro
soporte que permita la conservación del mensaje en el mismo formato en que fue
generado. Las expensas generadas por las impresiones harán parte de la liquidación
de costas.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en
todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo
ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.
Esta conclusión también se alcanza con la lectura del artículo 4 de la Ley 2213 de 2022, que
indica:
ARTÍCULO 4°. EXPEDIENTES. Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la
sede judicial, tanto la autoridad judicial como los demás sujetos procesales colaborarán
proporcionando por cualquier medio las piezas procesales que se encuentren en su
poder y se requieran para desarrollar la actuación subsiguiente. La autoridad judicial,
directamente o a través del secretario o el funcionario que haga sus veces, coordinará
el cumplimiento de lo aquí previsto.
Las autoridades judiciales que cuenten con herramientas tecnológicas que dispongan
y desarrollen las funcionalidades de expedientes digitales de forma híbrida podrán
utilizarlas para el cumplimiento de actividades procesales.
En esa línea, la garantía de publicidad que rige la acción popular exige que el
expediente pueda conocerse por cualquier persona, pero no obliga a convertir a
formato electrónico, por solicitud de un interesado, todas las piezas de un expediente
conformado en soporte físico. Así, la consulta presencial de las actuaciones es un
mecanismo válido para salvaguardar esta garantía, siempre que no exista una barrera
arbitraria para tal fin, pues el ordenamiento reconoce la coexistencia de expedientes
físicos, digitales e híbridos. Entonces, la falta de digitalización de la actuación surtida
ante el Tribunal accionado no es óbice para acceder al amparo deprecado.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06631-00
FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por la Fundación para el Estado de
Derecho contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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