RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06635-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06635-00

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06635-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela presentada por la parte demandante contra el Tribunal Administrativo de Nariño. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Fiscalía General de la Nación. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06635-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Primero (1. °) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06635-00
Accionante: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
• INPEC
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Nariño. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021
y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.

Mediante auto del 21 de agosto de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia y mediante providencia del 1. ° de octubre siguiente, se declaró infundado
el impedimento manifestado por el doctor Omar Joaquín Barreto Suárez para
conocer del asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, INPEC),

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal

Administrativo de Nariño. Asimismo, se vinculó a los miembros de la parte demandante en el proceso
ordinario de reparación directa, que estuvo integrada por los señores María del Socorro Villota,
Claudia Liliana Díaz Villota, Jhon Edison Díaz Villota, Mayra Carolina Díaz Villota, Lady Marisol Díaz
Villota, Mary Lorena Villota, Martha Ligia Díaz Villota, Carlos Alberto Díaz Villota, Andrés Emmanuel
Maya Díaz, Dilan Samuel Delgado Díaz, Cristhian Camilo Ruiz Díaz, Anderson Arvey Trejos Villota
y Melissa Alejandra Díaz Villota. Asimismo, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC), a Pasto Salud E.S.E., a La Previsora S.A. Compañía de Seguros y al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto. Adicionalmente, se vinculará a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

actuando por intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Nariño. Con la solicitud de amparo, pretende que se
le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.

2. La parte actora le adjudica la transgresión de sus garantías constitucionales
a la sentencia de segunda instancia del 22 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual revocó parcialmente el fallo de primera
instancia del 17 de marzo de 2022 dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto y, en su lugar, declaró administrativamente responsable
al INPEC y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por la
muerte del señor Mauricio Alexander Díaz Villota. Esto, dentro del medio de control
de reparación directa, identificado con el radicado 52001-33-33-004-2019-00110-
00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso al acceso
efectivo a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 22 de junio de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Nariño dentro del medio de control de reparación directa
radicado No. 52-001-33-33-004-2019-00110-01, en cuanto declaró
patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 22 de junio de 2026 por
el Tribunal Administrativo de Nariño y en su lugar, AMPARAR el derecho
fundamental al debido proceso del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC.3

1.2. Hechos

4. El grupo familiar del señor Mauricio Alexander Díaz Villota4, promovió medio
de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (en adelante, USPEC) y Pasto Salud E.S.E., con el fin
de que fueran declarados solidariamente responsables administrativa y
patrimonialmente de la muerte de su familiar mientras permanecía en la Unidad de
Reacción Inmediata (en adelante, URI) de Pasto, y en consecuencia le fueran
indemnizados la totalidad de los perjuicios ocasionados.

5. Lo anterior, por cuanto el señor Mauricio Alexander, el día 5 de julio de 2018

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 María del Socorro Villota, Claudia Liliana Díaz Villota, Jhon Edison Díaz Villota, Mayra Carolina

Díaz Villota, Lady Marisol Díaz Villota, Mary Lorena Villota, Martha Ligia Díaz Villota, Carlos Alberto
Díaz Villota, Andrés Emmanuel Maya Díaz, Dilan Samuel Delgado Díaz, Cristhian Camilo Ruiz Díaz,
Anderson Arvey Trejos Villota y Melissa Alejandra Díaz Villota.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

con ocasión de la orden de captura y posterior medida de aseguramiento proferida
por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas fue recluido en la URI, en donde dos
días después sufrió lesiones y fue transferido al Hospital Civil adscrito a Pasto Salud
E.S.E. para ser atendido, ese mismo día regresó a detención, y horas más tarde
presentó convulsiones, por lo que fue reingresado al hospital, no obstante, por la
complejidad de la situación fue remitido a una institución de mayor nivel5, en el que
falleció 9 días después6.

6. Sobre el particular, la policía judicial realizó la inspección técnica del cadáver,
en la que identificó lesiones, signos de violencia externos, una herida suturada en
la región ciliar derecha y una lesión en el codo derecho. Igualmente, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó informe pericial de
necropsia, en el que señaló como causa de la muerte: «trauma cráneo encefálico,
muerte de manera violenta».

7. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Pasto, que mediante sentencia del 17 de marzo de 2022,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

8. Esto, por cuanto consideró acreditada una falla en el servicio atribuible a la
Policía Nacional, quien tenía a cargo su custodia y vigilancia del señor Díaz Villota
pese a la orden de traslado a un centro carcelario. Advirtió que la atención brindada
mientras permaneció en la URI fue deficiente, pues no realizó un examen físico y
psicológico del custodio previo a su ingreso, ni solicitó ayuda idónea pese al
conocimiento de sus cuadros de ansiedad y de agresividad de este, ni tomaron las
medidas necesarias para evitar que atentara contra su integridad personal.

9. A su vez, concluyó que Pasto Salud E.S.E. incumplió las obligaciones
médico-asistenciales al no practicarle los exámenes diagnósticos ni disponer su
observación o remisión oportuna tras el primer trauma craneoencefálico, lo que
condujo al deterioro fatal de su estado de salud, por lo que la declaró responsable,
no por su muerte, sino por la pérdida de oportunidad de recuperar su salud.

10. En consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y a Pasto Salud E.S.E. al pago de perjuicios morales, en proporción del
50% a cargo de cada una; y negó las pretensiones frente a las demás entidades,
así como el reconocimiento indemnizatorio solicitado por los sobrinos, al no
encontrar acreditada la afectación alegada.

11. Inconformes con la anterior decisión, la parte demandante solicitó extender
la condena al INPEC, a la USPEC y a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto
estas entidades incumplieron sus deberes de protección, guarda y cuidado respecto
del señor Díaz Villota, quien permaneció recluido en la URI por más tiempo del
permitido, a pesar de la orden judicial de traslado a un establecimiento carcelario y

5 Al Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.
6 El 16 de julio de 2018.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

a que presentaba alteraciones en su estado mental.

12. Por su parte, la Policía Nacional pidió revocar la condena en su contra, al
alegar que las lesiones fueron autoinfligidas y que la custodia de la URI, así como
el traslado y la reclusión del condenado en un centro penitenciario, no eran de su
competencia. Igualmente, Pasto Salud E.S.E. y la llamada en garantía, La Previsora
S.A., cuestionaron la responsabilidad declarada, al considerar que la atención
brindada se ajustó a los protocolos aplicables a un trauma craneoencefálico leve y
que no era necesaria una tomografía ni la observación intrahospitalaria, y afirmaron
que no se acreditó una pérdida de oportunidad imputable a la entidad prestadora de
salud.

13. Mediante sentencia del 22 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Nariño revocó parcialmente la decisión de primera instancia. En esa medida, declaró
responsables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y al
INPEC por la muerte del señor Mauricio Alexander Díaz Villota, al estimar que la
primera omitió brindarle atención psicológica y una vigilancia estricta, pese a los
signos de afectación de su salud mental, lo que propició la autolesión; y que el
segundo incumplió la orden judicial de recluirlo en un establecimiento carcelario,
circunstancia que prolongó su permanencia en la URI.

14. Además, exoneró a Pasto Salud E.S.E., al concluir que no se acreditó una
falla en la prestación del servicio médico ni la configuración de una pérdida de
oportunidad de recuperación de la salud imputable a esa entidad. En consecuencia,
las condenó al pago de perjuicios morales por un total de 235 smlmv, distribuidos
en un 60% a cargo del INPEC y un 40% a cargo de la Policía Nacional.

1.3. Sustento de la vulneración

15. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada, vulneró sus
derechos fundamentales con la sentencia del 22 de junio de 2026, al declarar su
responsabilidad con fundamento en la falta de materialización de la boleta de
encarcelamiento y, alegó que incurrió en un defecto sustantivo, violación directa de
la Constitución, fáctico y decisión sin motivación.

16. Adujo un defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, en
tanto desconoció que conforme al artículo 90 Superior, la responsabilidad
patrimonial del Estado está supeditada a la existencia de un daño antijurídico
imputable a la acción u omisión de una autoridad pública. No obstante, el tribunal
habría equiparado el incumplimiento de un deber administrativo con la
responsabilidad patrimonial, sin demostrar que la omisión atribuida al INPEC tuviera
una incidencia causal jurídicamente relevante con el daño. Indicó que el ingreso de
una persona condenada a un establecimiento carcelario exige actuaciones
coordinadas de varias autoridades y que el INPEC no tenía facultades para retirar
unilateralmente al detenido de la URI ni ejercer su custodia antes de su recepción
formal.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

17. Respecto del defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial omitió valorar
integralmente las entrevistas rendidas por el funcionario del CTI encargado de la
captura, quien indicó que el traslado al establecimiento carcelario estaba previsto
para el 9 de julio de 2018; por los agentes de la Policía Nacional responsables de la
custodia en la URI, relativas al comportamiento de la víctima y a la vigilancia que
ejercían sobre ella; y por el funcionario que señaló que la recepción formal por el
INPEC ocurrió el 10 de julio de 2018, cuando el señor Díaz Villota ya se encontraba
hospitalizado. Añadió que tampoco se tuvieron en cuenta las minutas de guardia del
INPEC, que registraban dicha recepción, ni las historias clínicas, los dictámenes
periciales y el informe de necropsia que, en su criterio, evidenciaban falencias en la
primera atención médica y su incidencia en el desenlace fatal.

18. Finalmente, alegó el defecto de decisión sin motivación al calificar de
insuficiente la sustentación de la distribución de responsabilidad de 60% a cargo del
INPEC y 40% a cargo de la Policía Nacional, por cuanto consideró que el tribunal
no explicó por qué le atribuyó un porcentaje superior a la entidad que no ejercía la
custodia directa de la víctima, ni examinó comparativamente las competencias,
deberes e incidencia causal de las conductas de cada entidad.

1.4. Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó desestimar las pretensiones
de amparo. Señaló que la decisión cuestionada se ajustó a las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa, y que se encontraba debidamente motivada en
sus aspectos jurídicos y fácticos, con una exposición de las normas, la
jurisprudencia y las pruebas que sustentaron la conclusión adoptada. Agregó que
efectuó una valoración crítica y conjunta del material probatorio, por lo que la
inconformidad del INPEC con el sentido de la decisión no configuraba los defectos
alegados.

20. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto pidió que
se declarara la improcedencia de la acción. Indicó que el INPEC controvierte la
valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo de Nariño al revocar
parcialmente la sentencia de primera instancia e imponerle el 60% de la condena
por no haber dispuesto el ingreso del señor Díaz Villota a un establecimiento
carcelario pese a existir orden judicial. Consideró que tal inconformidad plantea un
debate meramente probatorio, ajeno al ámbito de la tutela, y que no configura
ninguna de las causales específicas de procedencia contra providencias judiciales.

21. La Policía Nacional requirió dejar sin efectos la sentencia cuestionada, en lo
relativo a la declaratoria de responsabilidad en su contra. Sostuvo que no vulneró
los derechos invocados y que la decisión del Tribunal careció de motivación
suficiente, pues impuso a los uniformados encargados de la custodia obligaciones
propias de personal médico o psicológico especializado. Además, señaló que el
señor Díaz Villota ingresó a la URI en buenas condiciones físicas y que los custodios

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

no conocían antecedentes ni alteraciones psicológicas que les permitieran prever
las autolesiones. Por último, afirmó que actuaron de forma diligente al trasladarlo
oportunamente a los centros médicos luego de que se lesionara, en consecuencia,
adujo que el daño obedeció al hecho exclusivo de la víctima, circunstancia que
rompía el nexo causal, y no a una omisión imputable a la institución.

22. La USPEC solicitó su desvinculación y subsidiariamente, pidió negar
cualquier pretensión en su contra y mantener incólume la decisión que la exoneró
de responsabilidad. Explicó que la sentencia cuestionada diferenció las obligaciones
de las entidades demandadas y descartó expresamente su responsabilidad, al no
advertir incumplimiento de sus funciones logísticas o presupuestales, dado que el
señor Díaz Villota no se encontraba recluido en un establecimiento carcelario. Por
ello, sostuvo que no existe una acción u omisión propia atribuible a esa entidad ni
una orden que pudiera adoptar para superar la presunta vulneración alegada por el
INPEC

23. Pasto Salud E.S.E. precisó que la tutela no formuló ningún cargo ni
pretensión contra la exoneración de responsabilidad reconocida a su favor en la
sentencia de segunda instancia, sino que los defectos alegados por el INPEC se
dirigen exclusivamente a cuestionar la atribución de responsabilidad entre este y la
Policía Nacional. En esa medida, reqi que cualquier decisión de amparo
circunscribiera sus efectos a la situación jurídica de esa entidad y preservara
incólume su exoneración, por no integrar el objeto del debate constitucional.

24. La Fiscalía General de la Nación pidió declarar su falta de legitimación en
la causa por pasiva y la improcedencia de la acción de tutela. Señaló que la presunta
vulneración proviene de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, de modo que no existe relación causal entre sus actuaciones y los derechos
invocados por el INPEC, ni puede adoptar medidas dirigidas a superar la afectación
alegada. Adicionalmente, sostuvo que la controversia carece de relevancia
constitucional, pues los cuestionamientos planteados se relacionan con la decisión
judicial de responsabilidad patrimonial y no evidencian una afectación
desproporcionada de derechos fundamentales.

25. La Previsora S.A. solicitó que se declare improcedente o, en su defecto se
niegue, el amparo, al considerar que no se acreditaron los requisitos de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales. Señaló que la decisión cuestionada le fue
favorable, pues exoneró a Pasto Salud E.S.E. y, por conexidad, la excluyó de
cualquier condena como llamada en garantía. Destacó que la tutela del INPEC no
formuló reparo alguno contra esa exoneración, la cual obedeció a un análisis
médico-probatorio autónomo y distinto al realizado respecto de la responsabilidad
del INPEC y la Policía Nacional. Por ello, pidió que, de concederse el amparo, sus
efectos se limiten estrictamente a la responsabilidad de estas últimas entidades y
se preserve incólume el punto resolutivo favorable a Pasto Salud E.S.E. y a la
aseguradora.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

26. El Instituto Departamental de Salud de Nariño puso de presente que la
señora Ana Belén Arteaga Torres, actual directora de esa entidad, fue notificada en
su correo personal de la presente acción de tutela. Precisó que, aunque Pasto Salud
E.S.E. fue vinculada como tercero con interés, la mencionada funcionaria ya no
ejercía la representación legal de dicha entidad desde el 9 de enero de 2024, razón
por la cual no está facultada para intervenir ni atender requerimientos en nombre de
dicha empresa social dentro del presente trámite.

II. CONSIDERACIONES

27. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por
la parte accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de relevancia
constitucional.

2.1. Cuestión previa

28. En atención a lo informado por el Instituto Departamental de Salud de Nariño,
la Sala precisa que la señora Ana Belén Arteaga Torres no fue vinculada en nombre
propio, y que su notificación obedeció a que en el pasado ejerció la representación
legal de Pasto Salud E.S.E., y su dirección electrónica figuraba entre los correos
dispuestos para las notificaciones de dicha entidad. En todo caso, la entidad fue
debidamente notificada e intervino en el presente trámite.

2.2. Caso concreto

2.2.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela contra
providencias judiciales

29. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún defecto especial10 en
el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el
asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-

388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia

constitucional; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
10 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto

material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

se superan los presupuestos generales de procedencia.

30. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

31. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

32. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

33. La Sala advierte que el INPEC está legitimado en la causa por activa, porque
fue uno de los demandados al interior del medio de control en el que se dictó la
providencia que se cuestiona mediante esta vía. A su vez, el Tribunal Administrativo
de Nariño también está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión objeto de reproche en el presente trámite constitucional.

34. Ahora bien, como fue expuesto, la USPEC y la Fiscalía General de la Nación,
solicitaron su desvinculación del presente trámite, tras afirmar la primera que no
existía una orden que pueda cumplir respecto de las pretensiones de la tutela, y la
segunda, que la controversia se dirigía únicamente contra la providencia judicial
cuestionada, sin que tenga relación con sus competencias.

35. La Sala negará dichas peticiones en atención a que su vinculación al trámite
se ordenó en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso, dado que
hicieron parte de los accionados en el medio de control de reparación directa en el
que se profirió la providencia judicial objeto de reproche y, por tanto, tienen interés
en las resultas de la presente acción.

36. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional11, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor
cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate
propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para
resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se
trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna
entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se

11 Sentencia SU-215 de 2022.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa,
como si de una instancia adicional se tratase.

37. Como se expuso previamente, la entidad accionante cuestiona la sentencia
del 22 de junio de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño revocó
parcialmente el fallo de primera instancia y declaró responsable al INPEC, junto con
la Policía Nacional, por la muerte del señor Mauricio Alexander Díaz Villota.

38. A su juicio, la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, violación
directa de la Constitución, defecto fáctico y decisión sin motivación, al atribuirle
responsabilidad patrimonial por la muerte del interno con fundamento en el
incumplimiento de la orden de traslado a un establecimiento penitenciario y al
condenarlo al pago del 60% de los perjuicios reconocidos.

39. En concreto, sostiene que el tribunal equiparó indebidamente el
incumplimiento de una obligación administrativa con la configuración de una
responsabilidad patrimonial del Estado, sin demostrar la existencia de un nexo
causal jurídicamente relevante entre la conducta atribuida al INPEC y el daño
antijurídico cuya reparación se reclamaba.

40. Igualmente, afirma que la autoridad judicial omitió valorar distintos medios de
prueba relacionados con las circunstancias de custodia del señor Díaz Villota, la
fecha de recepción por parte del INPEC, las actuaciones adelantadas por la Policía
Nacional y la atención médica brindada por Pasto Salud E.S.E., elementos que, en
su criterio, conducían a excluir o atenuar su responsabilidad.

41. De otra parte, cuestiona la distribución porcentual de la condena entre el
INPEC y la Policía Nacional, al considerar que el tribunal no explicó suficientemente
las razones por las cuales le atribuyó una participación superior en la producción
del daño.

42. Para la Sala, tales planteamientos no satisfacen el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que, los mismos se encuentran dirigidos a controvertir la
forma en que el juez natural valoró el material probatorio, determinó las
circunstancias fácticas relevantes del caso y estableció la imputación jurídica de la
responsabilidad estatal derivada de los hechos que ocasionaron la muerte del señor
Mauricio Alexander Díaz Villota.

43. En efecto, los cuestionamientos relacionados con la incidencia de la falta de
traslado a un establecimiento carcelario, la atribución de deberes de custodia y
protección, la existencia de una relación causal entre las omisiones advertidas y el
resultado dañoso, así como la distribución porcentual de la condena, corresponden
a aspectos propios del análisis de responsabilidad extracontractual del Estado
efectuado por el juez de la reparación directa en ejercicio de sus competencias
legales.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

44. De igual manera, los argumentos dirigidos a cuestionar la valoración de las
entrevistas, historias clínicas, dictámenes periciales, informes de necropsia y demás
elementos probatorios incorporados al expediente revelan una inconformidad con
las conclusiones alcanzadas por el tribunal a partir del acervo probatorio obrante en
el proceso, mas no la existencia de una controversia de naturaleza constitucional.

45. Se advierte, además, que las razones que ahora se presentan como
fundamento de la solicitud de amparo corresponden, en esencia, a los mismos
planteamientos que la entidad accionante expuso dentro del trámite ordinario para
oponerse a la declaratoria de responsabilidad y sostener que la custodia del señor
Díaz Villota no se encontraba a su cargo al momento de los hechos.

46. Tales aspectos fueron objeto de valoración por parte del Tribunal
Administrativo de Nariño, autoridad que examinó las circunstancias de la reclusión
del interno en la URI, las obligaciones que recaían sobre las distintas entidades
involucradas, el material probatorio recaudado y las razones por las cuales estimó
que la conducta atribuible al INPEC contribuyó a la producción del daño, razones
que lo condujeron a declarar su responsabilidad patrimonial.

47. En ese orden, la inconformidad de la accionante no está orientada a plantear
un problema constitucional autónomo relacionado con la protección de derechos
fundamentales, sino a obtener una nueva valoración de los hechos, de las pruebas
y de los criterios jurídicos empleados por el juez natural para determinar la
responsabilidad de las entidades demandadas.

48. En consecuencia, lo que se pretende es que el juez de tutela sustituya el
criterio razonadamente adoptado por la autoridad judicial competente por uno más
favorable a los intereses de la actora, finalidad incompatible con el carácter
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y con los principios
de autonomía e independencia judicial.

49. Por tanto, la Sala concluye que la solicitud de amparo busca reabrir un debate
probatorio y de responsabilidad patrimonial que ya fue resuelto por el juez natural
de la causa, con el propósito de obtener una nueva apreciación acerca de la
imputación del daño, la valoración de las pruebas y la distribución de la condena,
circunstancia que desnaturaliza la acción de tutela al convertirla en una instancia
adicional del proceso ordinario.

50. En tales términos, se declarará improcedente la solicitud de amparo sub
examine, por no superar el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06635-00

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela
presentada por la parte demandante contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Fiscalía General de la Nación.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.