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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06650-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06650-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06650-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-06650-00
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Instituto Financiero de
Casanare contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. ElInstituto Financiero de Casanare solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración les atribuyó a las providencias de 9 mayo de 2025 y 24 de febrero de
2026, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
con número de radicación 85001-3333-005-2025-00145-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que presentó demanda ejecutiva contra los señores Nury Patricia Rodríguez
Cabulo y Ubaldo Ríos Achagua, con el fin de que cumplieran el pago de una obligación
crediticia contenida en el pagaré núm. 4107394 de fecha 27 de noviembre de 2008
por el valor de catorce millones quinientos sesenta y tres mil setecientos setenta y
ocho pesos ($14.563.778).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06650-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo
Civil Municipal de Yopal, autoridad judicial que, mediante providencia de 15 de octubre
de 2014, libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares a favor de la
entidad demandante. Asimismo, mediante providencia de 24 de mayo de 2018, ordenó
seguir adelante con la ejecución.

2.3. Señaló, que posteriormente, mediante providencia de 18 de noviembre de 2024, el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, declaró la falta de competencia por el
factor de jurisdicción, por tanto, se abstuvo de seguir conociendo del proceso y declaró
la nulidad del proceso desde la orden de seguir adelante con la ejecución, incluyendo
esta decisión. Igualmente, remitió el proceso para reparto de los Juzgados
Administrativos del Circuito de Yopal.

2.4. Indicóque el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, mediante
providencia de 9 de mayo de 2025, avocó conocimiento del asunto y decidió
abstenerse de ordenar seguir adelante con la ejecución solicitada por no haberse
constituido en debida forma el título ejecutivo, indicó que “[…] no se acreditó la
existencia del título ejecutivo complejo, pues no aportó el contrató, sino que
únicamente allegó el pagaré y la carta de instrucciones, los cuales por sí solos no
contienen una obligación clara, expreso y exigible[…]”; Igualmente, declaró por
terminado el proceso.

2.5. Señaló que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El recurso
de reposición fue desestimado mediante auto de 10 de diciembre de 2025, providencia
en la que también se concedió el recurso de apelación.

2.6. Indicó que el Tribunal Administrativo de Casanare, a través sentencia de 24 de
febrero de 2026 confirmó la providencia de primera instancia.

2.7. Consideró que las providencias mencionadas vulneraron sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en violación
directa de la Constitución y en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental.

2.8. Respecto de la violación directa de la Constitución, consideró que existió
desconocimiento de los derechos fundamentales, así como interpretaciones
inconstitucionales. Sostuvo que no se tuvo en cuenta “[…] la efectividad de los
derechos reconocidos en la ley sustancial y la aplicación de estándares
constitucionales ante dudas en la aplicación de la ley, simplemente se niega seguir
adelante con la ejecución del proceso a favor de mi representada, so pretexto de la
necesidad de integrar un supuesto título ejecutivo complejo […]”.

2.9. Afirmó que “[…] Los jueces de las dos instancias toman aisladamente uno de los
pilares de la decisión de la Corte, para aceptar que tienen la jurisdicción, pero
ignoran la premisa y ratio del auto de la Corte que, además, calificó la idoneidad del
título […]”.

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

2.10. Como fundamento del defecto fáctico señaló que las decisiones contienen un
error grave en la interpretación de una norma procesal y una indebida valoración
probatoria, señaló que “[…] Junto con la demanda ejecutiva se aportó el pagare
4107394 y la carta de instrucciones, que además de ser un título valor que contiene
una obligación clara, expresa y exigible, es autónomo y por ende, es un título
ejecutivo simple, no complejo, sin embargo, restando toda posibilidad de mérito
ejecutivo, se negó seguir adelante con la ejecución del proceso, por los operadores
judiciales accionados. […]”. Añadió que se desconoció que existen contratos del
Estado que se rigen por derecho privado y que tiene su regulación conforme a tal
normatividad.

2.11. Respecto de la configuración del defecto sustantivo, el accionante mencionó que
el Tribunal Administrativo de Casanare realizó una interpretación y aplicación indebida
de los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993, al exigir la
existencia de un contrato de mutuo escrito como presupuesto indispensable para la
conformación del título ejecutivo complejo. Sostuvo que dicha interpretación
desconoció el régimen jurídico aplicable al Instituto Financiero de Casanare, en tanto,
por tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado que desarrolla
actividades comerciales en competencia con particulares, sus operaciones de crédito
se encuentran sometidas al derecho privado.

2.12. Indicó,
que, a su juicio, lo anterior condujo a una conclusión jurídicamente
equivocada, consistente en considerar que el pagaré no podía constituir título ejecutivo
dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sin estar acompañado de un
contrato de mutuo escrito.

2.13. Por lo anterior, consideró que “[…] Para el caso, encontramos que, los jueces de
conocimiento, dejaron de aplicar el artículo 2, 29 y 229 constitucional, el artículo 297
numeral 334 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 99 numeral 5 del CPACA, los artículos
85 y 93 de la Ley 498 de 1998, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, los artículos
2221 y 2222 del código Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio y con
ello cercenan el derecho sustancial de mi representada y renuncian a la verdad jurídica
objetiva.[…]”.

2.14. Respecto a la configuración del defecto procedimental por un exceso ritual
manifiesto, refirió que los operadores judiciales “[…] exigen un contrato de mutuo
elevado a escrito, para ahora configurar un título ejecutivo complejo, lo anterior con
apego a interpretaciones que contrarían la ley, la Constitución y la función judicial
de administrar justicia. […]”.

2.15. Añadió que, “[…] Exigir documentos adicionales al pagare, siendo este un título
ejecutivo autónomo, que contiene una obligación, clara, expresa y exigible, es
desconocer la normatividad que rige la creación, circulación y exigibilidad de este
tipo de títulos, constituye un exceso ritual manifiesto y deviene en una evidente
denegación de justicia. […]”.

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 09 de
mayo de 2025 y su confirmatorio, emitido el 24 de febrero de 2026 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-
3333-005-2025-00145-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 09
de mayo de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DECASANARE en fecha 24 de febrero de
2026 como medio de control dentro del proceso 85001-3333-005-2025-00145-
00, por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración
probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4107394 y exceso ritual
manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad
de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil; así como
por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar
el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, ordene
seguir adelante en la ejecución, y mantenga las medidas cautelares a favor del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los demandados
NURY PATRICIA RODRIGUEZ CABULO Y UBALDO RIOS ACHAGUA, dentro
del proceso ejecutivo 85001-3333-005-2025-00145-00, adelante el proceso
hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este
tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido. […]”. [Negrilla del texto y sic para toda
la cita].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 24 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

de terceros con interés directo en el resultado del proceso a los señores Ubaldo
Ríos Achagua y Nury Patricia Rodríguez Cabulo.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Casanare indicó que no ha existido vulneración
de derechos fundamentales, pues la providencia de segunda instancia se sustentó
en el análisis del material probatorio allegado y la normatividad aplicable al caso.
Señaló que por la naturaleza jurídica de la entidad demandante se encuentra
sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado,
contemplado en la Ley 489 de 1998, y, que, “[…] por ende, los contratos que celebre
para el desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto General
de la Contratación de las entidades estatales, tal como lo preceptúa el artículo 93
ibidem; de tal manera que los contratos deben constar por escrito en aplicación a
los dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993. […]”.

5.2. Igualmente, puso de presente las sentencias de tutela del 27 de noviembre de
2025 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06405-00 y del 28 de enero de
2026, Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata, radicado 11001-03-15-000-2025-
05581-01.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 9 mayo de 2025 y 24 de febrero de 2026, proferidas por el

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06650-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare

Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia
de 24 de febrero de 2026, proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Casanare, vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa
juzgada.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en la causal
de violación directa de la Constitución y en los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06650-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. ElInstituto Financiero de Casanare solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración les atribuyó a las providencias de 9 mayo de 2025 y 24 de febrero de
2026, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
con número de radicación 85001-3333-005-2025-00145-00/01.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González
Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06650-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare

18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

19. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06650-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

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23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que el Tribunal Administrativo de Casanare vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
por haber incurrido, presuntamente, en violación directa de la Constitución y en los
defectos fáctico, sustantivo y procedimental.

26. Respecto de la violación directa de la Constitución, consideró que existió
desconocimiento de los derechos fundamentales, así como interpretaciones
inconstitucionales. Sostuvo que no se tuvo en cuenta “[…] la efectividad de los
derechos reconocidos en la ley sustancial y la aplicación de estándares
constitucionales ante dudas en la aplicación de la ley, simplemente se niega seguir
adelante con la ejecución del proceso a favor de mi representada, so pretexto de la
necesidad de integrar un supuesto título ejecutivo complejo […]”.

27. Afirmó que “[…] Los jueces de las dos instancias toman aisladamente uno de los
pilares de la decisión de la Corte, para aceptar que tienen la jurisdicción, pero
ignoran la premisa y ratio del auto de la Corte que, además, calificó la idoneidad del
título […]”.

28. Como fundamento del defecto fáctico señaló que las decisiones contienen un
error grave en la interpretación de una norma procesal y una indebida valoración
probatoria, señaló que “[…] Junto con la demanda ejecutiva se aportó el pagare
4107394 y la carta de instrucciones, que además de ser un título valor que contiene
una obligación clara, expresa y exigible, es autónomo y por ende, es un título
ejecutivo simple, no complejo, sin embargo, restando toda posibilidad de mérito
ejecutivo, se negó seguir adelante con la ejecución del proceso, por los operadores
judiciales accionados. […]”. Añadió que se desconoció que existen contratos del
Estado que se rigen por derecho privado y que tiene su regulación conforme a tal
normatividad.

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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29. Respecto de la configuración del defecto sustantivo, el accionante mencionó que el
Tribunal Administrativo de Casanare realizó una interpretación y aplicación indebida
de los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993, al exigir la
existencia de un contrato de mutuo escrito como presupuesto indispensable para la
conformación del título ejecutivo complejo. Sostuvo que dicha interpretación
desconoció el régimen jurídico aplicable al Instituto Financiero de Casanare, en tanto,
por tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado que desarrolla
actividades comerciales en competencia con particulares, sus operaciones de crédito
se encuentran sometidas al derecho privado.

30. Indicó,que, a su juicio, lo anterior condujo a una conclusión jurídicamente
equivocada, consistente en considerar que el pagaré no podía constituir título ejecutivo
dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sin estar acompañado de un
contrato de mutuo escrito.

31. Por lo anterior, consideró que “[…] Para el caso, encontramos que, los jueces de
conocimiento, dejaron de aplicar el artículo 2, 29 y 229 constitucional, el artículo 297
numeral 334 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 99 numeral 5 del CPACA, los artículos
85 y 93 de la Ley 498 de 1998, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, los artículos
2221 y 2222 del código Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio y con
ello cercenan el derecho sustancial de mi representada y renuncian a la verdad jurídica
objetiva.[…]”.

32. Respecto a la configuración del defecto procedimental por un exceso ritual
manifiesto, refirió que los operadores judiciales “[…] exigen un contrato de mutuo
elevado a escrito, para ahora configurar un título ejecutivo complejo, lo anterior con
apego a interpretaciones que contrarían la ley, la Constitución y la función judicial
de administrar justicia. […]”.

33. Añadió que, “[…] Exigir documentos adicionales al pagare, siendo este un título
ejecutivo autónomo, que contiene una obligación, clara, expresa y exigible, es
desconocer la normatividad que rige la creación, circulación y exigibilidad de este
tipo de títulos, constituye un exceso ritual manifiesto y deviene en una evidente
denegación de justicia. […]”.

34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional, ii)
la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia,
con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural y iii) la
pretensión guarda relación con un asunto de contenido económico.

35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

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36. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial.

37. Seobserva que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Casanare en la providencia cuestionada:

“[…] Para resolver la apelación incoada, la Sala mayoritaria trae a colación el
numeral 6° del artículo 104 del CPACA, en cuanto establece que la jurisdicción de
lo contencioso administrativa está instituida para conocer de los procesos
ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas
por esta jurisdicción, de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad
pública y los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

De conformidad con lo señalado en el numeral 3° del artículo 297 del CPACA
prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus
garantías y si de ellos se desprende una obligación clara, expresa y exigible,
conforme lo dispone el artículo 422 del CGP, que permita librar mandamiento de
pago con fundamento en los mismos. Así las cosas, en el proceso ejecutivo
originado en un contrato celebrado por entidad estatal, se debe verificar si los
documentos aportados configuran título ejecutivo y en caso afirmativo, si este
resulta simple o complejo.

En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré
No.4107394 del 27 de noviembre de 2008, suscrito por ejecutado a favor del
Instituto, los cuales considera ser constitutivos del contrato de mutuo celebrado
con Nury Patricia Rodríguez Cabulo y Ubaldo Ríos Achagua.

Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el que
deben quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del mutuario
y que teniendo la contratante la calidad de entidad pública, por disposición del
artículo 75 de la Ley 80 de 1993, para librar el mandamiento de pago, se requiere
el título ejecutivo esté integrado no solo por el pagaré sino por el contrato de mutuo
en el que el Instituto Financiero de Casanare debe expresar su consentimiento en
los términos del contrato.

No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor a favor
del IFC para garantizar todas las obligaciones crediticias contraídas por el
ejecutado, pero dicho documento no corresponde al contrato de muto y del
clausulado de este no se desprende su existencia, ni los términos y condiciones
en las que se obligan cada una de las partes, razón por la cual para la
conformación del título ejecutivo se requiere el contrato de mutuo.

Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que, el
Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de
carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales
y comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende, los
contratos que celebre para el desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones
del Estatuto General de la Contratación de las entidades estatales, tal como lo
preceptúa el artículo 93 ibidem, es decir, que los contratos deben constar por
escrito en aplicación a dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993,
justamente porque el negocio jurídico subyacente al título ejecutivo que
pretende ejecutarse es un contrato estatal se requiere prueba de su
existencia, pues estamos en el escenario de un proceso ejecutivo en sede
de la jurisdicción contencioso administrativa.

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Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez
administrativo examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten mérito
ejecutivo, es decir que el título sea claro, expreso y exigible y aquí, se reitera, la
fuente de la obligación se deriva de un contrato de mutuo que no fue aportado;
claro, las entidades estatales pueden ejecutar las obligaciones contractuales a su
favor, pero el título ejecutivo debe reunir los presupuestos para ello. En el presente
caso si bien el pagaré respalda las obligaciones derivadas de un contrato
celebrado por una entidad con carácter de estatal, se debe verificar la existencia
de este último con el propósito de comprobar que las partes del pagaré sean las
mismas del contrato de mutuo y que las excepciones sean oponibles en el proceso
ejecutivo.

Lo anterior porque, aplicando el criterio orgánico corresponde a la jurisdicción
contenciosa conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos en
los que sea parte una entidad pública y que por definición constituyen contratos
estatales. Por ello, se requiere demostrar la causa subyacente del origen público
de los recursos y tal como se indicó no se allega el contrato fuente de la obligación,
así las cosas, no se configura el título ejecutivo complejo que determine el origen
público de los recursos que pretende ejecutar.

En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción
contenciosa administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no
fue aportado. Tal como lo explica el Consejo de Estado en la citada sentencia 5
de octubre de 2020, para conformación del título ejecutivo complejo se requiere
aportar todos los documentos que lo integran, entre ellos el respectivo contrato
con el que se acredite las condiciones allí pactadas para recibir los pagos.
Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta con el contrato de mutuo
no resulta posible determinar la constitución de aquel […]”. [Negrilla del texto]

38. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

39. Así las cosas, la Sala evidencia que la discusión planteada por la parte actora fue
resuelta por la autoridad judicial accionada, la cual fue enfática en señalar que el
contrato de mutuo en físico era necesario para determinar el alcance de las
obligaciones reclamadas en el proceso ejecutivo. Por consiguiente, la demanda de
tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

40. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20.

41. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.

42. Finalmente, frente a la pretensión del accionante encaminada a que la decisión
que se estime en la presente solicitud de amparo tenga efectos inter comunis
respecto de otros procesos ejecutivos que ha promovido, la Sala advierte que
resulta improcedente comoquiera que, más allá de que la resolución que aquí se
adopte no comporta el amparo de derecho fundamental alguno ni imparte órdenes
de protección susceptibles de extenderse, la facultad de otorgar tal connotación es
excepcional y es ejercida principalmente por la Corte Constitucional22.

43. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

20
Ibidem
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
22
En el mismo sentido se pronunció esta Sección, esto es, en sentencia de 20 de agosto de 2026, expediente núm. 11001-
03-15-000-2026-06339-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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