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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06652-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06652-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06652-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06652-00
Accionante: Luz Nubia Parada Riaño
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / Improcedencia
– Subsidiariedad – existencia de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz – no se
probó perjuicio irremediable.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1. El 20 de agosto de 2026, la señora Luz Nubia Parada Riaño presentó acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, libre ejercicio de la profesión, trabajo, igualdad y
principio de confianza legítima. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas
con la Resolución 11.141 de 20 de agosto de 2026, al tomar equivocadamente el
año 2019 como fecha de inicio de sus estudios, lo que llevó a que le exigieran
presentar el examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018 para acceder a la
tarjeta profesional de abogado.

2. La accionante manifestó que formalizó su inscripción oficial al programa de
derecho en la Fundación Universitaria Horizonte el 11 de junio de 2018, según consta
en el formulario de inscripción y la carta de admisión, iniciando sus clases
formalmente en el período 2019-I. Por ende, su calidad de estudiante y vínculo
jurídico con la institución se consolidaron en junio de 2018, fecha anterior a la entrada
en vigor de la Ley 1905 del 28 de junio de 2018.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06652-00
Accionante: Luz Nubia Parada Riaño
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.Adujo que la autoridad accionada expidió la Resolución 11.141 el 20 de agosto de
20262, mediante la cual rechazó el recurso de reposición que presentó contra la
Resolución URNAR26-184 de 2026, argumentando erróneamente que el inicio de su
carrera corresponde al año 2019 y que, por ende, estaba obligada a aprobar el
examen de idoneidad para obtener la tarjeta profesional.

4. Sostuvo que la accionada confundió la fecha de inscripción con el inicio de las
clases, desconociendo el valor probatorio de los documentos públicos originales y
contraviniendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, basando su decisión en
una interpretación parcial y sesgada de la información reportada. Afirmó que,
conforme a la sentencia SU-128 de 2024, el criterio determinante para establecer si
un estudiante está obligado a presentar el examen de Estado de la Ley 1905 de 2018
es la fecha de su inscripción con la universidad, no en la que inició clases o el período
académico formal; por lo que quienes hubieran formalizado su ingreso antes del 28
de junio de 2018, no están sujetos al examen y tienen derecho a la expedición directa
de su tarjeta profesional.

5. En consecuencia, como su inscripción fue el 11 de junio de 2018, antes del corte
legal establecido, la autoridad accionada incurrió, mediante la Resolución 11.141 de
2026, en una vía de hecho al invertir la carga probatoria y desconocer la regla de la
Corte Constitucional.

6. Informó que cumplió y aprobó la totalidad del pensum académico y su licencia
temporal venció, por lo que se encuentra impedida para representar a sus clientes,
siendo su único medio de subsistencia el ejercicio de su profesión, por lo que
considera que la falta de expedición de su tarjeta profesional le genera un perjuicio
irremediable.

7. Con base en lo anterior, solicitó que se declarara en su caso la inaplicabilidad de
la exigencia de aprobar el examen de idoneidad profesional, por tener fecha de
inscripción y vínculo con la universidad del 11 de junio de 2018 y, por ende, ordenar
a la autoridad accionada expedir su tarjeta profesional definitiva sin más requisitos
dilatorios; así como declarar que la Resolución 11.141 del 20 de agosto de 2026
constituye vía de hecho por violación de la Constitución Política y la jurisprudencia.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

8. Mediante auto de 25 de agosto de 20263 se admitió la presente acción, se ordenó
notificar su presentación a la autoridad accionada y se comunicó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo. Se requirió al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia para que allegara copia digital de la Resolución URNAR26-184 de 2026
y del correspondiente expediente administrativo.

2 Por medio del cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. URNAR26-184 del

2026, proferida el 10 de julio de 2026, “Por la cual se publican los resultados del examen de Estado para
abogados de la Ley 1905 de 2018, aplicación 2026-I”.
3 Notificado el 1 de septiembre de 2026.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06652-00
Accionante: Luz Nubia Parada Riaño
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(i) Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia4

9.
Sostuvo que la acción era improcedente por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, toda vez que la actuación cuestionada es susceptible de
controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, la accionante no
acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.

10.
Por otra parte, adujo que de superarse el análisis de procedibilidad, el amparo
debía negarse, pues no se configuraba vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados. Señaló que la accionante desconoce por completo que no
es la Unidad quien determina la fecha de inicio de la carrera de derecho, ya que esa
decisión corresponde exclusivamente a la institución de educación superior que
otorga el título, en ejercicio de su autonomía universitaria. En tal sentido, en el caso
concreto, la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo remitió el reporte de
graduados, en el que informó que la fecha de inicio de la carrera de la accionante en
dicha institución fue el 8 de febrero de 2021 y que allí se realizó la homologación de
los estudios cursados en la Fundación Universitaria Unihorizonte, donde inició la
carrera en el período 2019-I, información que coincide con los certificados aportados
y con el acta de homologación.

11.
De ese modo, los documentos académicos permitieron establecer que el inicio de
la carrera de derecho de la accionante tuvo lugar con posterioridad a la promulgación
de la Ley 1905 de 2018 -28 de junio de 2018- y, por ende, debía acreditar la
aprobación del examen de idoneidad para abogados si pretendía la expedición de la
tarjeta profesional. Expuso que no existe vulneración de los derechos fundamentales
invocados, pues la actuación administrativa obedece a la aplicación del régimen
jurídico vigente y de los criterios establecidos para la expedición de la tarjeta
profesional.

12.
Adicionalmente, indicó que el ordenamiento jurídico contempla la inscripción en el
Registro Nacional de Abogados como alternativa para desarrollar actividades
jurídicas distintas de la representación de terceros; sin embargo, a la fecha, la
accionante ni siquiera la ha solicitado; por tal razón, no existe vulneración del
derecho al trabajo.

13.
Respecto a la presunta vía de hecho por la expedición de la Resolución 11.141
del 20 de agosto de 2026, precisó que fue emitida con ocasión del recurso que
interpuso la accionante contra la resolución que publicó los resultados del examen
de Estado correspondiente a la aplicación 2026-I. Manifestó que en aquel no se
configuró una vía de hecho, pues este fue resuelto conforme al ordenamiento legal
vigente, específicamente lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo respecto al contenido mínimo de los recursos y
las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

4 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 5 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06652-00
Accionante: Luz Nubia Parada Riaño
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

II.C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

14. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacer el

presupuesto general de procedencia atinente a la subsidiariedad.

15. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela

únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable5. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de amparo, el interesado debió haber agotado todos los mecanismos -
idóneos y eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la
situación que amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene
improcedente.

16. Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que,
por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo6.

17. En esa línea, la jurisprudencia constitucional7 ha señalado que, por regla general,

la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece a: (i) la
existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para
controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad que
las cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

18. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, aun

en el evento en que concurran otros medios de defensa, existen dos excepciones
que justifican la procedibilidad de la acción de tutela: (i) la falta de idoneidad y eficacia
del instrumento de defensa; y (ii) cuando siendo idóneo y eficaz, este no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. En esta última hipótesis el mecanismo de
amparo constitucional procede como mecanismo transitorio.

19. En el presente caso, esta Sala advierte que la demandante plantea como cuestión

5 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la

amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
6 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06652-00
Accionante: Luz Nubia Parada Riaño
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

central el hecho de que, a su juicio, la accionada tomó equivocadamente el año 2019
como fecha de inicio de sus estudios, cuando las pruebas demostraban que se
inscribió en la carrera de derecho antes de la promulgación de la Ley 1905 de 2018,
error que llevó a que le exigieran presentar el examen de Estado para acceder a la
tarjeta profesional de abogado. No obstante, en las pretensiones no solo solicita que
se le entregue su tarjeta profesional sin haber presentado y aprobado el mencionado
examen, al estimar que en su caso no aplica, sino también que se declare que la
Resolución 11.141 del 20 de agosto de 2026 constituye vía de hecho.

20. Para la Sala, el presente asunto carece de subsidiariedad, toda vez que, frente a

la pretensión relacionada con que la accionante no está obligada a presentar y
aprobar el examen de Estado establecido en la Ley 1905 de 2018, por haberse
inscrito en la carrera de derecho en una fecha anterior a su promulgación; se advierte
que no existe un pronunciamiento administrativo de fondo frente al tema, ante la
ausencia de una solicitud expresa de la actora dirigida a obtener dicho
reconocimiento y la consecuente expedición de la tarjeta profesional. Por ende, una
vez la autoridad accionada se pronuncie al respecto, la decisión que adopte podrá
ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho8, mecanismo judicial
idóneo y eficaz para cuestionarla.

21. En ese escenario, el referido medio de control no solo le permite controvertir la

presunción de legalidad del acto administrativo que eventualmente emita la autoridad
accionada y obtener, de ser procedente, el restablecimiento integral de los derechos
que considera vulnerados, sino también solicitar en cualquier estado del proceso la
suspensión provisional del acto enjuiciado o la adopción de cualquier otra medida
cautelar necesaria para garantizar provisionalmente el objeto del proceso 9.

22. Ahora bien, se aclara que, pese a que la señora Luz Nubia Parada presentó
recurso de reposición contra la Resolución URNAR26-184 de 2026, en el cual
discutió, entre otras cosas, su condición de destinataria de la Ley 1905 de 2018;
mediante Resolución 11.141 del 20 de agosto de 2026, la autoridad accionada
concluyó que el recurso no estaba debidamente sustentado frente al acto
administrativo objeto de impugnación, por cuanto el primero estaba relacionado con
la publicación de los resultados del examen de Estado correspondiente a la
aplicación 2026-I. En consecuencia, al considerar incumplidos los requisitos
necesarios para el trámite del recurso, la autoridad accionada procedió a rechazarlo.

23. Además de ello, expuso que, con el fin de brindarle claridad a la accionante
respecto de los argumentos expuestos en su recurso, aquella debía presentar y

8 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”.
9 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se adelanten

ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06652-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

aprobar el examen de Estado como requisito previo para la expedición de la tarjeta
profesional, según la información dada por la institución de educación superior,
porque inició su proceso de formación profesional después de la entrada en vigor de
la Ley 1905 de 2018.

24.
En ese contexto, si bien la accionante planteó ante la autoridad administrativa
argumentos relacionados con la exigencia del examen de idoneidad profesional, lo
cierto es que estos fueron formulados dentro de un recurso cuyo objeto no
correspondía a la definición de su situación particular frente a dicho requisito. Por
tanto, la consideración efectuada por la autoridad accionada en la Resolución 11.141
de 2026 no constituye un pronunciamiento de fondo adoptado en el marco de una
actuación administrativa dirigida específicamente a determinar, a partir de las
pruebas aportadas por la actora, si se encontraba exceptuada de la exigencia
prevista en la Ley 1905 de 2018. De ahí que, antes de acudir al juez constitucional,
correspondiera a la accionante promover ante la autoridad competente la actuación
administrativa pertinente y, de ser desfavorable la decisión, acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

25.
Por otra parte, frente a la pretensión encaminada a que se declare que la
Resolución 11.141 incurrió en una vía de hecho, tampoco se advierte la superación
del requisito general de subsidiariedad, pues dicho acto es susceptible de ser
controvertido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
en los mismos términos expuestos en párrafos precedentes.

26. De esta manera, para la Sala, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho constituye un mecanismo judicial idóneo y eficaz para obtener la
protección de los derechos que la accionante considera vulnerados. Ello, respecto
del pronunciamiento administrativo que eventualmente se emita frente a su solicitud
de expedición de la tarjeta profesional, así como para cuestionar la Resolución
11.141 del 20 de agosto de 2026. Sin embargo, la parte actora no ha acudido a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ni ha expuesto las razones que
justifiquen su abstención.

27. A lo anterior, se suma que la accionante expuso que se configura un perjuicio

irremediable debido a que su licencia temporal se venció, por lo que, según afirmó,
se encuentra en estado de indefensión profesional y económica; sin embargo, esta
Sala no avizora un verdadero menoscabo de derechos que permita la intervención
del juez de tutela como mecanismo transitorio, pues debe tenerse en cuenta que la
ausencia de la tarjeta profesional no restringe ámbitos, como la docencia, la asesoría
jurídica o algunos cargos en el sector público. Asimismo, mientras se define su
situación, puede adoptar las medidas profesionales permitidas por el ordenamiento
jurídico respecto de los asuntos que actualmente tenga a su cargo.

28. A lo anterior se suma que la situación en la que se encuentra denota una falta de

diligencia en la defensa de sus derechos y una actuación incongruente, pues si
consideraba que no estaba obligada a presentar el examen de Estado, debió solicitar
la expedición de su tarjeta profesional -si cumplía con los demás requisitos-. Lo que
6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06652-00
Accionante: Luz Nubia Parada Riaño
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

se advierte es que no lo ha hecho. Por el contrario, tácitamente aceptó que debía
cumplir con ello, pues se inscribió y reprobó el examen. Ante el resultado adverso,
en lugar de recurrir adecuadamente su calificación, guardando coherencia con su
actuar, lo que hizo fue sustentar su defensa -en sede administrativa- en que no
estaba obligada a presentar el examen al que ella misma se inscribió. Ahora pretende
que el a través de la tutela se declare que está exenta del examen y se dejen sin
efectos las decisiones de la administración, relacionadas con la calificación de dicha
prueba.

29.
En los términos precedentes, la Sala concluye que la presente acción de tutela
no satisface el presupuesto de subsidiariedad. En consecuencia, se declarará
improcedente el amparo solicitado.

30. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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