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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06662-00

Fecha
8 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06662-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión de ocultamiento de los datos identificadores de la señora Yulieth Matilde Acuña Narváez en los campos de consulta del proceso no. 11001-33-36-037-2015- 00788-01, por las razones expuestas en la parte motiva. 2°) Ampáranse los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora Yulieth Matilde Acuña Narváez respecto de la solicitud judicial relacionada con la certificación de paz y salvo y las comunicaciones a los administradores de los sistemas de consulta y filtrado de información. 13 Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00 Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez Acción de tutela 3°) Ordénase a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, resuelva de fondo los puntos indicados en el ordinal anterior mediante una decisión clara y congruente y la comunique efectivamente a la parte interesada. 4°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06662-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

8 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: YULIETH MATILDE ACUÑA NARVÁEZ
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA Y HABEAS DATA. SOLICITUD JUDICIAL.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO PARCIAL. AMPARA
SOBRE LAS PRETENSIONES RESTANTES.

Síntesis del caso: la actora alegó que la autoridad demandada no atendió una solicitud judicial
relacionada con el ocultamiento de sus datos, la expedición de una certificación de paz y salvo
y el envío de comunicaciones a los administradores de sistemas de consulta. La Sala declarará
la carencia actual de objeto respecto de la anonimización acreditada y amparará los derechos
del debido proceso y de acceso a la administración de justicia frente a los demás
requerimientos, porque no se probó que hubieran sido resueltos integralmente y comunicados
a la interesada.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Yulieth Matilde Acuña
Narváez contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido
proceso, trabajo, buen nombre, habeas data y acceso a la administración de justicia,
previstos en los artículos 15, 23, 25, 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión del trámite de la solicitud relacionada con el proceso de
reparación directa no. 11001-33-36-037-2015-00788-011.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda y fundamentos de la vulneración

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1
Índice 00002 SAMAI.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

1) El 28 de julio de 2026 remitió al correo electrónico del CENDOJ una solicitud dirigida
a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para que esa autoridad judicial ocultara sus datos y las anotaciones asociadas con el
proceso de reparación directa no. 11001-33-36-037-2015-00788-01, en el cual actuó
como demandante.

2) Adicionalmente, requirió la expedición de una certificación de paz y salvo y, en caso
de estimarse procedente, la actualización de los sistemas de información judicial y el
envío de comunicaciones a los administradores de las plataformas de consulta y filtrado
de información.

3) La parte demandante afirmó que esa información aparecía en los sistemas de
consulta judicial y que le impedía acceder a oportunidades laborales en Colombia y en
el exterior, por cuanto, según afirmó, los departamentos de recursos humanos y los
sistemas de filtrado la descalificaban tras advertir tales anotaciones.

4) Para la fecha de presentación de la acción de tutela, habían transcurrido más de
quince días hábiles sin obtener una respuesta de fondo, circunstancia que consideró
contraria a sus derechos fundamentales.

2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“V. PRETENSIONES

En mérito de lo expuesto, solicito respetuosamente al Juzgado de Tutela:

PRINCIPAL

1. Admitir la presente acción de tutela.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo Sección Tercera Oral Bogotá que, en un
término no mayor a 48 horas, resuelva de fondo la solicitud de paz y salvos y
ocultamiento de anotaciones judiciales presentada por la accionante el 28 de
julio de 2026, relacionada con el proceso 11001333603720150078801.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo que, en caso de estimar procedente la
solicitud, emita de inmediato las órdenes necesarias para:

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

a) La actualización de los sistemas de información judicial (Rama Judicial,
SIA, entre otros) para el ocultamiento de las anotaciones judiciales
relacionadas con el proceso 11001333603720150078801.

b) La remisión de comunicaciones oficiales a las entidades encargadas de los
sistemas de filtrado de información y consulta, para que procedan a la
eliminación o bloqueo de dichas anotaciones judiciales.

c) La expedición de certificación de paz y salvos respecto del mencionado
proceso.” (mayúsculas del original –índice 00002 SAMAI).

3. Actuación procesal

Mediante auto del 24 de agosto de 20262, el despacho admitió la demanda, ordenó
notificar al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó al secretario de esa
Sección y al coordinador del Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura (en adelante CENDOJ), o a quienes hicieran sus veces.

Asimismo, se solicitó a la autoridad judicial demandada que remitiera con carácter
urgente copia magnética del trámite otorgado a la petición presentada por la actora,
relacionada con el proceso de reparación directa no. 11001-33-36-037-2015-00788-01.

4. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas

La directora del CENDOJ3 sostuvo que esa dependencia no adelantó el proceso judicial
ni registró las actuaciones y que carece de usuario, permisos y competencia para
modificar la información de la Consulta de Procesos Nacional Unificada.

Explicó que la información de los procesos es incorporada por los despachos judiciales,
distinguió esa función de la administración del portal y del soporte tecnológico y aportó
el resultado de una consulta del proceso no. 11001-33-36-037-2015-00788-01 en la
cual figura la Nación – Fiscalía General de la Nación como parte demandada y no
aparece el nombre de la actora.

La secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
informó que recibió la solicitud de la parte demandante el 30 de julio de 2026 y que el

2
Índice 00004 del expediente digital en SAMAI.
3
Índice 00012 del expediente digital en SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

27 de agosto siguiente, después de gestionar su remisión al área encargada, se efectuó
la anonimización de los datos personales de la demandante 4.

Como soporte de su informe aportó los registros de SAMAI que muestran la opción “NO
VER SUJETO EN WEB” y el resultado “Demandante: Sin información”.

Según la Secretaría, el 1 de septiembre se generó una respuesta directa a la interesada
y se dejó constancia de esa actuación en SAMAI. Para su consulta suministró el enlace
del proceso ordinario.

La secretaria agregó que el expediente físico había sido devuelto al juzgado de origen
el 15 de julio de 2021 mediante el oficio JEMB-323-2021 y solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, por considerar atendido lo pretendido por la
actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto con el siguiente derrotero:
1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador ni para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

4
Índice 00013 del expediente digital en SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

El presente asunto recae sobre la atención de la solicitud que la señora Yulieth Matilde
Acuña Narváez dirigió a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, relacionada con el tratamiento de sus datos
personales, la expedición de una certificación de paz y salvo y el envío de
comunicaciones respecto del proceso de reparación directa no. 11001-33-36-037-
2015-00788-01, en el cual actuó como demandante.

La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del
ocultamiento de los datos identificadores de la actora en los campos de consulta
examinados y amparará sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia en relación con los demás componentes de la solicitud, por
las razones que se exponen a continuación.

2.1 Procedencia de la acción de tutela

Antes de abordar el fondo de la controversia, la Sala debe señalara que encuentra
satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
autoridades públicas.

En efecto, en este caso se invocó la vulneración de derechos fundamentales y la señora
Yulieth Matilde Acuña Narváez está legitimada por activa porque es la titular de los
derechos presuntamente vulnerados y presentó directamente la solicitud judicial cuya
falta de atención integral cuestiona.

A su vez, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca está legitimada por pasiva, en tanto le correspondía tramitar y resolver
los requerimientos relacionados con el proceso de reparación directa en el cual conoció
como juez de segunda instancia.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

También se cumple el requisito de inmediatez, toda vez que la solicitud fue remitida el
28 de julio de 2026 y la acción de tutela se presentó el 21 de agosto siguiente, de modo
que entre ambas actuaciones transcurrió un lapso razonable.

Finalmente, se satisface la subsidiariedad, porque la controversia recae sobre la
posible omisión de una autoridad judicial en resolver una solicitud relacionada con un
proceso y la actora no dispone de un recurso ordinario que le permita obtener ese
pronunciamiento.

2.2 Diferencia entre peticiones administrativas y peticiones judiciales

1) Sea lo primero diferenciar entre el ejercicio del derecho de petición y las peticiones
judiciales, pues el primero se presenta para obtener información, solicitar la
intervención de un funcionario y/o entidad o elevar consultas ante autoridades
administrativas, mientras que las segundas se presentan en el marco de los procesos
judiciales con el fin de poner en marcha el aparato judicial o solicitar que un funcionario
cumpla sus funciones jurisdiccionales.

2) Las primeras se rigen por lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, de manera que las
autoridades ante quienes se presenten peticiones con la finalidad antes expuesta
deben acatar los términos allí previstos según el tipo de petición de que se trate.

3) Sin embargo, las peticiones judiciales no se encuentran sujetas a dichos términos,
sino a los plazos consagrados en los estatutos procesales, de conformidad con el tipo
de proceso, el procedimiento y la etapa procesal en la que se encuentre el asunto.

4) Ambas figuras se distinguen por la naturaleza de la respuesta, es decir, si la
contestación a la petición implica decisión judicial sobre algún asunto relacionado con
la litis en el que la respuesta equivale a un acto expedido en función jurisdiccional, el
juez no está obligado a responder bajo las previsiones normativas del derecho de
petición.

5) No obstante, el funcionario deberá distinguir si se exige su pronunciamiento en virtud
del ejercicio jurisdiccional o si lo solicitado por el peticionario se aviene a los
lineamientos y términos propios del derecho de petición.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

6) La jurisprudencia constitucional ha insistido en que las reglas del derecho
fundamental de petición no son aplicables cuando se le solicita a un servidor judicial
que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones
judiciales se encuentran reguladas en procedimientos propios5.

7) Por tanto, los memoriales y los recursos se rigen por los términos y etapas
procesales previstos por el legislador y, en general, por las leyes procedimentales
propias de cada mecanismo judicial, lo cual significa que las peticiones y escritos que
se interponen ante autoridades judiciales sobre aspectos relacionados con el litigio se
regulan por las reglas propias de cada juicio.

8) En esa medida, las disposiciones que rigen el derecho de petición no son aplicables
a las solicitudes que pretendan obtener pronunciamientos relacionados con procesos
judiciales, pues, en estos casos el derecho presuntamente vulnerado es el del debido
proceso, así estos se presenten bajo el rótulo de derecho de petición.

2.3 El fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado

La figura de la carencia actual de objeto se presenta cuando la causa que motivaba la
solicitud de amparo se extingue o “ha cesado” y se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia carezca de efectos o se torne inocua,
pues en tales casos resulta intrascendente que este se pronuncie de fondo frente a la
amenaza de derechos fundamentales cuando esta situación ha desaparecido en el
transcurso de la acción de tutela6.

5
Corte Constitucional. Sentencia 290 de 1993. (MP José Gregorio Hernández Galindo; julio 28 DE 1993):
“el derecho de petición no puede invocarse para solicitar a un juez que haga o deje de hacer algo dentro
de su función judicial, pues ella está gobernada por los principios y normas del proceso que aquél
conduce. Las partes y los intervinientes dentro de él tienen todas las posibilidades de actuación y defensa
según las reglas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.) y, por tanto, los pedimentos que formulen al
juez están sujetos a las oportunidades y formas que la ley señala. En ese contexto, el juez, en el curso
del proceso, está obligado a tramitar lo que ante él se pida pero no atendiendo a las disposiciones propias
del derecho de petición, cuyos trámites y términos han sido previstos en el Código Contencioso
Administrativo para las actuaciones de índole administrativa, sino con arreglo al ordenamiento procesal
de que se trate. A la inversa, las funciones de carácter administrativo a cargo de los jueces, dada su
naturaleza, sí están sometidas a la normativa legal sobre derecho de petición, tal como resulta del
artículo 1º del Código adoptado mediante Decreto 01 de 1984.”

Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos; abril 11 de 2016): “resulta
necesario hacer una distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos
administrativos que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos
son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que, respecto de
los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad
correspondiente a la Litis”.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, Sala Plena, 5 de noviembre de 2019, expediente T-
6.997.802, MP Diana Fajardo Rivera, apartados 39 a 41.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto se presenta cuando la acción de tutela ha perdido su razón de ser para
la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, debido a tres
circunstancias puntuales: i) hecho superado, ii) daño consumado y iii) acaecimiento de
una situación sobreviniente. Al respecto, dicha Corporación indicó 7:

“41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que
podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado y
daño consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara, el hecho
superado responde al sentido obvio de las palabras que componen la
expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en
tutela, como producto del obrar de la entidad accionada. En otras palabras,
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante precisar
que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que: (i)
efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la
acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en
su accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente.

42. El daño consumado, por su parte, tiene lugar cuando se ha perfeccionado
la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el
peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la
situación. (…).

44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia
actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las
categorías originales. Se trata de un concepto más reciente y más amplio, el
cual fue propuesto por primera vez con la Sentencia T-585 de 2010, en un
caso originado por las trabas administrativas impuestas por una EPS para
impedir la interrupción voluntaria del embarazo. En sede de revisión, la Sala
fue avisada que la accionante “no había continuado con el embarazo”. No se
trataba entonces de un hecho superado, pues la pretensión de la actora de
acceder a una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de calidad fue
rechazada, pero tampoco de un daño consumado en vista de que el
nacimiento tampoco se produjo. La Sala Octava de Revisión explicó entonces
que existen “otras circunstancias” en las que la orden del juez resultaría
inocua dado que el accionante perdió “el interés en la satisfacción de la
pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo.”.

En particular, esa misma Corporación ha considerado que la figura del hecho superado
se configura cuando entre la fecha de interposición de la acción de tutela y la decisión
del juez constitucional, esto es, en el curso del proceso de acción de tutela, la autoridad
demandada pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de las
garantías fundamentales, en los siguientes términos:

“3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el
momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que

7
Ibidem, apartados 41, 42 y 44. Texto cotejado en la compilación oficial de la Secretaría Jurídica Distrital:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=90971, consulta del 7 de
septiembre de 2026.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la
vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha
superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u
abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier
intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (…)”.8

En suma, para constatar que en una determinada hipótesis se está en presencia de un
hecho superado es necesario verificar tres requisitos concurrentes, a saber: i) que haya
una variación en los hechos que dieron lugar a la acción de tutela; ii) que esta suponga
la garantía o protección de los derechos fundamentales invocados como amenazados
o vulnerados, y iii) que haya obedecido a una conducta voluntaria de la accionada9.

2.4 La configuración parcial del hecho superado en el caso concreto

1) En el expediente obran la solicitud fechada el 28 de julio de 2026 y la impresión del
correo electrónico mediante el cual la actora remitió ese día a la dirección electrónica
info@cendoj.ramajudicial.gov.co; el escrito estaba dirigido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

2) Sin embargo, la Secretaría informó que lo recibió el 30 de julio siguiente, aunque no
aportó una constancia independiente de radicación que permitiera fijar una fecha
distinta de la debidamente acreditada por la remitente10; asimismo dicha Secretaría
informó que el 27 de agosto de 2026 realizó la anonimización de los datos personales
de la actora, después de gestionar la remisión de la solicitud al área encargada.

3) Los registros de SAMAI aportados con el informe muestran activada la opción “NO
VER SUJETO EN WEB” y el resultado “Demandante: Sin información” en el proceso
ordinario:

8
Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019 Relatoría oficial:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-038-19.htm.
9
Corte Constitucional, sentencia T-010 de 2023, Sala Quinta de Revisión, 27 de enero de 2023,
expediente T-8.847.701, MP Paola Andrea Meneses Mosquera. Relatoría oficial:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/t-010-23.htm.
10
Índices 00002 y 00013 del expediente digital en SAMAI.

10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

4) De manera concordante, el documento allegado por el CENDOJ tampoco muestra
el nombre de la señora Yulieth Matilde Acuña Narváez en la información visible del
proceso consultado11.

5) La consulta efectuada por la Sala en el enlace de SAMAI suministrado por la
Secretaría corroboró que en el índice 00019 del proceso ordinario aparece una
actuación del 1 de septiembre de 2026, registrada a las 16:51:28, que identifica el
trámite de la solicitud mediante el oficio no. JEMB-0119-2026; además, el visor
accesible no muestra el nombre de la demandante en el campo correspondiente12.

6) La valoración conjunta del informe, sus soportes y la consulta del registro oficial
permite tener por acreditado el ocultamiento de los datos identificadores de la actora
en los campos examinados. No obstante, esta conclusión no comprende la supresión
de los documentos del expediente ni la eliminación de información en cualquier otro
sistema público o privado.

7) La anonimización se produjo después de la interposición de la tutela y antes de esta
providencia; la actuación fue, por tanto, voluntaria y hace innecesaria una nueva orden
sobre ese punto.

8) En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
únicamente respecto de la pretensión de anonimización en los campos de consulta
examinados, sin extender esa declaración a los demás componentes de la solicitud
judicial.

2.5 Sobre los puntos restantes de la petición

1) Una vez resuelto lo anterior, resta examinar los demás requerimientos formulados
por la actora en su solicitud, esto es, la expedición de un certificado de paz y salvo y el
envío de comunicaciones a los administradores de los sistemas de consulta y filtrado
de información, para que actualizaran, eliminaran o bloquearan las anotaciones
relacionadas con el proceso de reparación directa no. 11001-33-36-037-2015-00788-
01.

11
Índice 00012 del expediente digital en SAMAI, informe del CENDOJ, página 4.
12
Consulta de oficio en SAMAI, proceso no. 11001-33-36-037-2015-00788-01:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001333603720150078
8012500023, realizada el 7 de septiembre de 2026. Se distingue esta verificación del contenido de los
documentos aportados por las partes.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

2) Como se explicó con antelación, tales requerimientos conservan su naturaleza como
petición judicial, en tanto su atención no se limitaba al suministro de información
netamente de contenido administrativo, por cuanto, la expedición del paz y salvo
requerido y la decisión de oficiar a otras autoridades exigía poner en marcha el aparato
jurisdiccional, consultar el expediente del proceso ordinario y determinar si era
jurídicamente procedente certificar la situación planteada por la actora.

3) A su vez, el envío de las comunicaciones solicitadas por la señora Acuña Narváez
requería establecer su procedencia, alcance y destinatarios, a partir de las actuaciones
surtidas dentro del referido proceso y para cumplir con ese cometido se requería la
adopción de una decisión judicial que tuviera como destinatarios a terceros.

4) De acuerdo con lo anterior, el trámite otorgado a la petición de la demandante no
estaba sujeto al término de quince días previsto en la Ley 1755 de 2015, aunque sí
debía cumplirse dentro de un plazo razonable, de conformidad con las garantías de los
derechos fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

5) Descendiendo al caso, se tiene que, en su informe de respuesta, la Secretaría de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que el 1 de
septiembre de 2026 generó una respuesta dirigida a la aquí demandante y para
acreditar dicha actuación suministró el enlace del proceso para consultar el proceso en
el aplicativo SAMAI.

6) Esta Sala hizo la respectiva verificación de tal actuación y evidenció que en el índice
00019 aparece el registro del oficio no. JEMB-0119-2026; sin embargo, los documentos
asociados están registrados como clasificados, por no tratarse de una actuación
pública y tampoco fueron aportados por las partes durante el presente trámite
constitucional.

7) A partir de lo anterior, fue posible acreditar que se incorporó una actuación en el
proceso de reparación directa no. 11001-33-36-037-2015-00788-01, sin que fuera
posible conocer su contenido, de ahí que no resulte posible establecer si el oficio
resolvió la solicitud de paz y salvo y lo relacionado con las comunicaciones a los
administradores de los demás sistemas de información, sin que sea posible considerar
que la sola denominación de la actuación permita inferir el sentido o alcance de la
decisión adoptada.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

8) Si bien es cierto que la actora interviene como parte en el proceso de reparación
directa y, por esa condición, puede consultar las actuaciones incorporadas en el
expediente a través de los canales dispuestos para ello, tal circunstancia no permite
tener por acreditada la atención integral de la solicitud, por cuanto corresponde al juez
de tutela conocer el contenido de la respuesta para confrontarlo con los requerimientos
formulados y asimismo establecer si el interesado la conoció.

9) El expediente carece de una prueba que permita establecer si la autoridad judicial
demandada se pronunció sobre todos los puntos de que trató la petición presentada
por la actora el 28 de julio de 2026, aunado a que para la fecha en que se profiere esta
providencia, han transcurrido más de cinco semanas desde que la solicitud llegó al
tribunal sin que se acreditara una decisión integral o se expusiera una circunstancia
objetiva que justificara la demora.

10) En esas condiciones, la Sala amparará los derechos fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia de la parte actora y ordenará a la
autoridad judicial demandada que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, resuelva de manera clara,
motivada y congruente sobre la solicitud de paz y salvo y la procedencia de las
comunicaciones reclamadas, y que notifique esa decisión a la señora Yulieth Matilde
Acuña Narváez.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
pretensión de ocultamiento de los datos identificadores de la señora Yulieth Matilde
Acuña Narváez en los campos de consulta del proceso no. 11001-33-36-037-2015-
00788-01, por las razones expuestas en la parte motiva.

2°) Ampáranse los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la señora Yulieth Matilde Acuña Narváez respecto de la
solicitud judicial relacionada con la certificación de paz y salvo y las comunicaciones a
los administradores de los sistemas de consulta y filtrado de información.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06662-00
Demandante: Yulieth Matilde Acuña Narváez
Acción de tutela

3°) Ordénase a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, si aún no lo ha hecho, resuelva de fondo los puntos indicados en
el ordinal anterior mediante una decisión clara y congruente y la comunique
efectivamente a la parte interesada.

4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Una vez retorne, archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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