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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06669-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06669-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Diana Socorro Perafán Hurtado y otros en contra del Tribunal Administrativo del Cauca. SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Diana Socorro Perafán Hurtado, para actuar en representación de los señores Mario Dagua Liz, María Antonia Dagua Lis y Ana Lucila Dagua Lis, en los términos de los poderes aportados a este expediente. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06669-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06669-00
Accionantes: DIANA SOCORRO PERAFÁN HURTADO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Tema: Mora judicial injustificada – niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Cauca. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 25 de agosto de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Diana Socorro Perafán Hurtado3, interpuso acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo del Cauca, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
y al trabajo, así como el derecho fundamental al mínimo vital de sus poderdantes.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como como accionado al

Tribunal Administrativo del Cauca. A su vez, se vinculó en calidad de terceros con interés a la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.
3 Quien actúa en nombre propio y en «calidad de apoderada judicial de las víctimas de la Masacre

de Caloto (El Nilo)». Al respecto, aportó poderes para actuar en el medio de control de reparación
directa 19001-23-31-000-1993-00400-00/01, otorgados por los señores Orfelina Tombe Vitonas,
Santiago Tombe Ñuscue, Agustina Pete Tumbo, Neftali Pilcue Montano, Gloria Amparo Gug Pete,
Victoriano Caliz Collo, Misael Caliz Collo, Susana Collo De Caliz, Juan Álvaro Mestizo Corpus,
Balvina Ilamo Yatacue, María Ignacia Liz De Dagua, Pedro Luis Dagua Lis, Sebastiana Dagua Lis,
Julio Dagua Lis, y María Luisa Dagua Lis.
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2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas, con ocasión de la
pretendida mora judicial en proferir el auto de reconocimiento de personería
adjetiva, así como la «constancia de exclusión de la cuenta de cobro anterior», y la
«certificación de que no existe trámite incidental vigente de honorarios por
sustracción y caducidad preclusiva», que solicitó dentro del medio de reparación
directa con radicado 19001-23-31-000-1993-00400-00/01.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

1. AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la
Administración de Justicia y al Trabajo, así como el Mínimo Vital de las víctimas
que represento.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a emitir el auto que
reconozca mi personería jurídica para actuar dentro del expediente con radicado
Nro. 19001-23-31-000-1993- 00400-01, conforme al escrito del 23 de julio de
2026.
3. ORDENAR al Tribunal que expida de manera inmediata las certificaciones
solicitadas respecto a la inexistencia de trámites de honorarios vigentes,
declarando la preclusión de la oportunidad incidental de los anteriores
apoderados4.

1.2. Hechos

4. Mediante sentencia del 27 de abril de 20015, el Tribunal Administrativo del
Cauca declaró administrativa y solidariamente responsables a la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, al mayor Jorge Enrique Durán Argüelles y al capitán
Fabio Alejandro Castañeda Mateus, por los hechos ocurridos el 16 de diciembre de
1991 en la hacienda El Nilo, ubicada en el municipio de Caloto6.

5. La entidad demandada, junto con los miembros de la Policía Nacional,
interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. La Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo de 26 de junio de 20147,
dispuso estarse a lo resuelto en el proveído de 22 de enero de 1998 8, y modificó la
decisión del a quo, en lo atinente a la tasación de los perjuicios, así como lo
relacionado con los agentes de la Policía Nacional que fueron llamados en garantía,
respecto de los cuales determinó que debían reintegrar, en partes iguales, el
equivalente al 40% del total de la condena.

6. Posteriormente, mediante auto del 2 de agosto de 20249, la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, dio por terminados los poderes
conferidos por los señores Orfelina Tombe Vitonas, Santiago Tombe Ñusco,

4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 Folios 603 a 691 del Cuaderno Principal 4.
6 Relacionados con la muerte de varios indígenas de la etnia Nasa, que invadían la Hacienda El Nilo,

los cuales fueron ultimados por hombres que portaban prendas de uso privativo de la fuerza pública.
7 Folios 1048 a 1103 del Cuaderno Principal 5.
8 Mediante el cual el tribunal aprobó los acuerdos conciliatorios, en algunos casos totales, en otros

parciales, celebrados entre algunos demandantes y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional.
9 Índice 223 de Samai.

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Agustina Pete Tumbo, Neftali Pilcue Montano, Gloria Amparo Gugu Pete a los
abogados Rafael Barrios Mendivil y Soraya Gutiérrez Argüello, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso10.

7. A su vez, mediante auto del 3 de junio de 202511, el Tribunal Administrativo
del Cauca declaró terminados los poderes otorgados por los señores Victoriano
Caliz Collo, Misael Caliz Collo, Susana Collo De Caliz, Juan Álvaro Mestizo Corpus,
Balvina Ilamo Yatacue, María Ignacia Liz De Dagua, Pedro Luis Dagua Lis,
Sebastiana Dagua Lis, Julio Dagua Lis, María Luisa Dagua Lis, Mario Dagua Liz,
Maria Antonia Dagua Lis y Ana Lucila Dagua Lis a los abogados Rafael Barrios
Mendivil y Soraya Gutiérrez Argüello.

8. El 20 de agosto de 202512, los accionantes y otros13, en nombre propio,
presentaron una petición ante el Tribunal Administrativo del Cauca, en la que
solicitaron información acerca del «trámite que este despacho realizara a virtud de
la revocatoria de Poder a los abogados referidos, toda vez que no interpusieron
incidente de honorarios pese a los términos que estipula el Código General del
Proceso», así como la «Copia de Certificación o constancia de la decisión de la
Señora Juez en relación a esta situación. (Silencio por parte de los abogados para
promover el incidente de honorarios)». Dicha petición fue reiterada el 11 de
septiembre y el 6 de octubre siguientes.

9. Mediante auto de 31 de octubre de 202514, el Tribunal Administrativo del
Cauca decidió no dar trámite a dicha solicitud. Esto por cuanto consideró que,
aunque fue presentada en el marco de un proceso judicial, los solicitantes no
actuaban por conducto de apoderado, en contravía de lo previsto en el artículo 73
del Código General del Proceso. Además, porque el incidente de regulación de
honorarios solo podía ser promovido por los abogados a quienes se les revocó el
poder, conforme al artículo 76 ibidem, y que no procedía expedir una certificación
sobre una decisión inexistente ni emitir un concepto jurídico acerca de unos
honorarios que no habían sido reclamados por quienes estaban legitimados para
ello.

10. Posteriormente, el 20 de marzo de 202615, los demandantes promovieron
incidente de regulación de honorarios, en el que solicitaron: (i) declarar abierto el
incidente, (ii) declarar terminado el mandato celebrado entre los accionantes y los
abogados Rafael Barrios Mendiviel y Soraya Gutiérrez Argüello, (iii) regular los
honorarios correspondientes a la labor efectivamente realizada, con descuento de
los perjuicios que afirmaron les fueron ocasionados por aquella conducta, (iv)
ordenarles la entrega inmediata del expediente, las copias y el contrato suscrito, e

10 En el que indicó que, era procedente la aceptación de dicha solicitud de revocatoria sin el paz y

salvo correspondiente.
11 Archivo 026 del cuaderno principal 8.
12 Archivo 029 del cuaderno principal 8.
13 Maria Helena Guetia Pito, Fabio Nelson Mestizo, Ana Lucila Dagua Lis, Mario Dagua Lis, Maria

Antonia Dagua Lis.
14 Archivo 034 del cuaderno principal 8.
15 Archivo 045 del cuaderno principal 8.

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(v) imponer sanciones disciplinarias y patrimoniales a los profesionales del derecho.

11. El Tribunal Administrativo del Cauca, en auto del 17 de junio de 202616,
decidió no darle trámite. Sobre el particular, reiteró que los interesados actuaron en
nombre propio, sin apoderado y que no eran los legitimados para promover el
trámite incidental. Adicionalmente, ordenó remitir el expediente al Consejo de
Estado para que se pronunciara sobre las solicitudes de corrección de la sentencia
presentadas por los señores Elefonica Canas Guetia y Domingo Caliz Collo

12. El asunto fue remitido a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado el 26 de junio de 2026, mediante oficio TCA-ORAL-DMO-201-2617. Dicha
actuación le fue comunicada a la señora Diana Socorro Perafán Hurtado mediante
correo electrónico18.

13. Posterior a ello, el día 23 de julio de 202619, la accionante solicitó el
reconocimiento de personería para actuar como apoderada de los aquí
demandantes y allegó los respectivos poderes. Al respecto, señaló que los
mandatos de representación otorgados anteriormente habían sido revocados y
había operado la «caducidad preclusiva del artículo 76 del CGP». También aseguró
que, «mediante auto del 17 de junio de 2026», tanto el tribunal como el Consejo de
Estado «se negó a iniciar el incidente de honorarios, quedando dicha decisión en
firme y ejecutoriada».

14. Ese mismo día, radicó memorial20 «actuando en calidad de apoderada
judicial», en el que solicitó: (i) la constancia de ejecutoria que certifique que el intento
de motivar el incidente de honorarios fue rechazado mediante auto en firme, (ii) el
reconocimiento y «vigencia» del poder en el presente asunto, (iii) el certificado que
a la fecha no existe ningún incidente de regulación de honorarios activo ni
tramitándose, (iv) la certificación o constancia de la fecha en que le fueron
revocados los poderes a los abogados.

15. Al día siguiente, el Tribunal Administrativo del Cauca, en atención a que el
expediente se encontraba en trámite ante el superior funcional, remitió los anteriores
memoriales21.

1.3. Sustento de la vulneración

16. La parte actora señaló que, a la fecha de presentación de la acción de
22
tutela , habían transcurrido 19 días hábiles sin que se haya resuelto el sobre el

16 Archivo 057 del cuaderno principal 8.
17 Archivo 064 del cuaderno principal 8.
18 dianahurtado2@hotmail.com. Lo anterior, por cuanto si bien los accionantes presentaron los
memoriales en nombre propio, el envío de los mismos se hacía desde el correo de la abogada, aun
cuando ella no había solicitado el reconocimiento de su personería para actuar dentro del proceso.
19 Archivo 067 del cuaderno principal 8.
20 Archivo 068 del cuaderno principal 8.
21 Archivo 069 del cuaderno principal 8.
22 21 de agosto de 2026.

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reconocimiento de personería adjetiva, ni las constancias y certificaciones
solicitadas el 23 de julio de 2026 con el fin de asumir la representación legal y
destrabar el expediente.

1.4. Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo del Cauca indicó que el proceso de reparación
directa se encuentra terminado y que, con posterioridad a la sentencia, se han
presentado diversas solicitudes de algunos sujetos procesales y de terceros. Señaló
que la señora Diana Socorro Perafán Hurtado actúa en nombre propio y no aportó
un poder específico para promover la acción de tutela en representación de las
personas cuyos derechos invoca.

18. Frente a la presunta omisión, explicó que los memoriales presentados el 23
de julio de 2026, relacionados con el reconocimiento de personería y la expedición
de certificaciones, fueron radicados después de que el expediente se remitiera al
Consejo de Estado el 26 de junio de 2026. Por tal razón, la Secretaría los trasladó
a dicha Corporación, que tenía el expediente a su disposición, y comunicó esa
actuación a la interesada. Agregó que no era procedente que el tribunal resolviera
solicitudes que pudieran interferir con las actuaciones sometidas al conocimiento de
su superior funcional.

19. Por último, precisó que, conforme al artículo 115 del Código General del
proceso, una vez el expediente sea devuelto, la secretaría atenderá la solicitud de
certificaciones a que haya lugar, sin que ello implique que sea procedente el tipo de
certificación pretendida. Adicionalmente, advirtió que el artículo 76 ibidem prevé un
término para que el apoderado cuyo poder fue revocado promueva el trámite
incidental; no obstante, ello no excluye la posibilidad de acudir posteriormente ante
el juez laboral. En consecuencia, sostuvo que el mecanismo constitucional no podía
utilizarse para ordenarle al tribunal que declare la inexistencia de definitiva de
derechos económicos de los anteriores apoderados, y que no incurrió en la omisión
alegada.

20. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó
que el expediente de reparación directa contiene los elementos necesarios para que
el juez de tutela adopte la decisión que en derecho corresponda.

II. CONSIDERACIONES

21. La Sala negará la solicitud de amparo, tras considerar que la autoridad
accionada no incurrió en mora judicial injustificada respecto de las solicitudes
presentadas el 23 de julio de 2026, relacionadas con el reconocimiento de
personería adjetiva y la expedición de las constancias y certificaciones relativas al
eventual trámite de regulación de honorarios.

22. Para ello, se analizarán los siguientes puntos: (i) el cumplimiento de los

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requisitos generales de la acción de tutela y, (ii) la presunta mora judicial
injustificada.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

23. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo23.

24. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

25. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

26. La Sala advierte que la señora Diana Socorro Perafán Hurtado está
legitimada en la causa por activa, pues es quien afirma haber presentado las
solicitudes cuyo trámite se echa de menos. En particular, reprocha la presunta mora
en resolver la petición de reconocimiento de personería para actuar dentro del
proceso de reparación directa, circunstancia que, de comprobarse, podría incidir
directamente en sus derechos al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y al trabajo, al impedirle ejercer la representación judicial que dice ostentar.

27. Asimismo, los señores Orfelina Tombe Vitonas y otros están legitimados en
la causa por activa, en tanto otorgaron poder a la mencionada profesional del
derecho. Además, tienen un interés directo en que se defina su representación
judicial, pues, de no reconocerse, se verían imposibilitados para intervenir por
conducto de apoderado en el proceso de reparación directa y de formular las
solicitudes que estiman pertinentes para la defensa de sus intereses.

28. De igual forma, la Sala advierte que los señores Mario Dagua Liz, María
Antonia Dagua Lis y Ana Lucila Dagua Lis se encuentran legitimados en la causa
por activa, toda vez que son titulares de los intereses cuya protección se pretende
mediante el presente mecanismo constitucional. Al respecto, se le reconocerá

23 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021

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personería a la abogada Diana Socorro Perafán Hurtado para actuar en su
representación, en atención a los poderes conferidos que obran en el expediente.

29. Ahora bien, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Cauca está
legitimado en la causa por pasiva, dado que es la autoridad a la que se le atribuye
no haberse pronunciado sobre el reconocimiento de personería solicitado ni haber
expedido las certificaciones pretendidas.

30. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental24.

31. La accionante cumplió debidamente con esta carga, pues alega que se sigue
presentando la afectación de sus derechos fundamentales a la fecha de
interposición de la solicitud de amparo.

32. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela
solo procede en dos casos excepcionales25: i) como mecanismo de protección
definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo 26 y
eficaz27 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.

33. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, pues frente
a una eventual tardanza en resolver solicitudes presentadas dentro de un trámite
judicial no existe un mecanismo ordinario idóneo y eficaz que permita obtener un
pronunciamiento inmediato respecto de la actuación presuntamente omitida.

2.1.2. El Tribunal Administrativo del Cauca, no ha incurrido en mora judicial
injustificada

34. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»28.

24 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
25 Sentencia T-183 de 2024.
26 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir

el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
27 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
28 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179

de 2021.
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35. Como viene de verse, la señora Diana Socorro Perafán Hurtado alega la
mora judicial del Tribunal Administrativo del Cauca, en resolver las solicitudes que
presentó el 23 de julio de 2026, relacionadas con el reconocimiento de personería
para actuar en el proceso de reparación directa, así como con la expedición de unas
constancias y certificaciones relativas a la inexistencia de un incidente de regulación
de honorarios.

36. De la revisión de las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala
advierte que no se configura la mora judicial alegada. Por el contrario, se observa
que las autoridades judiciales involucradas desplegaron las actuaciones que les
correspondían de acuerdo con el estado procesal del asunto y dentro del ámbito de
sus respectivas competencias.

37. En primer lugar, debe precisarse que las solicitudes relacionadas con el
eventual trámite de regulación de honorarios ya habían sido puestas en
conocimiento del Tribunal Administrativo del Cauca por algunos demandantes,
quienes actuaron en nombre propio. En efecto, mediante autos de 31 de octubre de
2025 y 17 de junio de 2026, la referida autoridad judicial se abstuvo de dar trámite
a las solicitudes formuladas, al considerar que quienes las promovían actuaban en
nombre propio, sin apoderado judicial, y que, además, carecían de legitimación para
impulsar un incidente de regulación de honorarios, pues de conformidad con el
artículo 76 del Código General del Proceso tal actuación correspondía, en su caso,
a los profesionales del derecho cuyo poder había sido revocado.

38. Asimismo, el tribunal explicó que no resultaba procedente expedir
certificaciones sobre decisiones inexistentes ni emitir pronunciamientos relativos a
derechos económicos que no habían sido reclamados por quienes se encontraban
legitimados para ello. Así, contrario a lo sostenido por la parte accionante, la
autoridad judicial ya había fijado su posición frente a solicitudes encaminadas a
obtener una declaración acerca de la inexistencia, preclusión o improcedencia de
un eventual trámite de regulación de honorarios.

39. Debe resaltarse, además, que varias de las constancias pretendidas por la
accionante no estaban dirigidas únicamente a obtener la certificación de hechos
procesales objetivos contenidos en el expediente, sino que buscaban que la
autoridad judicial emitiera una conclusión jurídica en torno a las consecuencias
derivadas de la no promoción del incidente de regulación de honorarios por parte
de los anteriores apoderados. Precisamente sobre este aspecto el Tribunal
Administrativo del Cauca ya había señalado que no le correspondía emitir conceptos
o declaraciones abstractas sobre situaciones jurídicas hipotéticas o no debatidas
por quienes se encontraban legitimados para promover el respectivo trámite.

40. En segundo lugar, se encuentra acreditado que, mediante auto de 17 de junio
de 2026, el Tribunal Administrativo del Cauca dispuso remitir el expediente al
Consejo de Estado para que resolviera unas solicitudes de corrección de la
sentencia presentadas por algunos integrantes de la parte demandante, dado que

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dicha Corporación había proferido la providencia correspondiente. Como
consecuencia de ello, las peticiones fueron radicadas ante la Sección Tercera del
Consejo de Estado los días 26 de junio y 1 de julio de 2026, respectivamente.

41. En ese contexto, cuando la señora Perafán Hurtado radicó el 23 de julio de
2026 los memoriales mediante los cuales solicitó el reconocimiento de personería y
la expedición de las certificaciones antes aludidas, el expediente ya no se
encontraba bajo la custodia ni en conocimiento del Tribunal Administrativo del
Cauca. Por tanto, dicha autoridad no conservaba el expediente y carecía de
competencia para pronunciarse sobre las solicitudes formuladas, razón por la cual
no podía atribuírsele una omisión en su resolución.

42. Así, una vez recibió los memoriales el 23 de julio de 2026, al día siguiente
trasladó los memoriales al Consejo de Estado para lo de su competencia. De este
modo, lejos de permanecer inactivo frente a las solicitudes formuladas, adoptó la
actuación procesal procedente dentro del ámbito de sus competencias. En
consecuencia, no puede predicarse una mora judicial respecto del Tribunal
Administrativo del Cauca.

43. Ahora bien, aun si se entendiera que, una vez remitidas las solicitudes, el
presunto retardo debía examinarse respecto del Consejo de Estado, tampoco se
advierte una dilación injustificada. En efecto, los memoriales radicados por la
accionante fueron trasladados a esa corporación el 24 de julio de 2026 y, para la
fecha de presentación de la acción de tutela no había transcurrido un término que
permitiera inferir una vulneración de los derechos fundamentales invocados,
máxime cuando el asunto se encontraba en trámite para su estudio y decisión. Lo
que da cuenta que el asunto permanece activo y avanza conforme a las solicitudes
sometidas a su consideración, según el orden en el que le han sido remitidas.

44. Así las cosas, el solo transcurso de 19 días hábiles entre la presentación de
los memoriales y la interposición de la acción de tutela no resulta suficiente para
estructurar una mora judicial, particularmente cuando está acreditado que el tribunal
accionado remitió oportunamente las solicitudes a la autoridad competente y que el
expediente continuó siendo objeto de actuaciones procesales orientadas a la
resolución de los asuntos pendientes.

45. La circunstancia de que, para la fecha de presentación del presente
mecanismo, la accionante no hubiera obtenido un pronunciamiento específico sobre
el reconocimiento de personería o sobre las certificaciones pretendidas no
demuestra, por sí sola, la existencia de una mora judicial. La configuración de dicho
fenómeno exige verificar una dilación injustificada atribuible a la autoridad judicial,
circunstancia que no se acreditó en el asunto bajo examen.

46. Adicionalmente, tampoco se acreditó que las solicitudes de la parte actora
hubieran recibido un tratamiento distinto al correspondiente dentro del ámbito de
competencias de las autoridades judiciales, ni que estas hubiesen alterado

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Accionantes: Diana Socorro Perafán Hurtado y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06669-00

injustificadamente el orden de atención de los asuntos a su cargo.

47. En ese sentido, la Sala negará la solicitud de amparo interpuesta por la
señora Diana Socorro Perafán Hurtado y otros, al no encontrarse acreditada una
mora judicial injustificada atribuible al Tribunal Administrativo del Cauca, ni a las
demás autoridades judiciales que han intervenido en el trámite del proceso de
reparación directa.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Diana Socorro
Perafán Hurtado y otros en contra del Tribunal Administrativo del Cauca.

SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Diana Socorro Perafán
Hurtado, para actuar en representación de los señores Mario Dagua Liz, María
Antonia Dagua Lis y Ana Lucila Dagua Lis, en los términos de los poderes aportados
a este expediente.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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