Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06671-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06671-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06671-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06671-00
Accionante: Ana Gloria Serrato Serrato
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control
de reparación directa. Responsabilidad extracontractual.
Decisión: Negar el amparo por no demostrarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Ana Gloria Serrato Serrato, quien actúa en
nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B y del Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito
de Bogotá por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, igualdad, dignidad humana, acceso a la administración de
justicia, salud y mínimo vital, ocurrida con ocasión de la expedición de las
providencias proferidas el 24 de abril de 2025 y 26 de junio de 2026, dentro del
medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-066-2021-
00115-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Ana Gloria Serraro Serrato y otros1 interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte – Instituto Nacional
de Vías, Instituto Nacional de Concesiones (actual Agencia Nacional de
Infraestructura) y la Alcaldía de Neiva, con el propósito de que se declarara su
responsabilidad extracontractual por los perjuicios morales ocasionados a la
señora Serrato Serrato como consecuencia del accidente de tránsito que sufrió el
2 de mayo de 2019, mientras se desplazaba por una vía pública de la ciudad de
Neiva.
1
Alba Aurora Serrato de Puentes, Libardo Serrato Serrato, Nelcy Serrato Serrato y Lunio Serrato Serrato.
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3. El Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia del 24 de abril de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se encontraba acreditado el incumplimiento de las obligaciones
que, en materia de señalización vial, estaban a cargo de la entidad territorial.
4. Por el contrario, concluyó que la causa determinante del accidente fue la
maniobra realizada por la señora Serrato, quien se desplazó hacia el carril
izquierdo y cerró el paso a otro vehículo, con lo cual desconoció el deber objetivo
de cuidado y las reglas de circulación establecidas en los artículos 60 y 61 del
Código Nacional de Tránsito.
5. En sede de apelación, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia del 26 de junio de 2026,
confirmó la decisión judicial anterior.
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte accionante aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Fáctico: por omitir la valoración integral de las pruebas relacionadas con
las condiciones de la vía, la ausencia o deficiencia de señalización, la
existencia de una zona escolar, la necesidad de adoptar medidas
especiales de protección, las condiciones físicas del lugar y la dinámica del
accidente.
Adicionalmente, afirmó que se incurrió en una «separación artificial» entre
el estado de la vía, la señalización, las condiciones del entorno, la existencia
de una zona escolar, los deberes a cargo de las autoridades, la dinámica
del accidente y las lesiones sufridas, pese a que todos estos elementos
debían ser analizados de manera conjunta para determinar la eventual
responsabilidad estatal.
• Desconocimiento del precedente judicial: respecto de la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 29 de marzo de 2019, expediente 42731, en la que supuestamente se
estableció que la existencia de un hundimiento en la vía que no se
encuentre debidamente señalizado puede configurar una falla del servicio
cuando se acredite su relación causal con el accidente.
En su criterio, la autoridad judicial accionada no explicó por qué las reglas
jurisprudenciales invocadas no resultaban aplicables al caso concreto, ni
por qué las pruebas relacionadas con las condiciones de seguridad de la
vía no resultaban suficientes para efectuar el correspondiente juicio de
imputación.
• Sustantivo: por desconocer el artículo 90 de la Constitución Política,
conforme al cual el Estado responde patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de
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las autoridades públicas. Lo anterior, debido a que, en su criterio, la
autoridad judicial descartó la responsabilidad estatal sin realizar un
verdadero juicio de imputación respecto de las presuntas omisiones
relacionadas con el mantenimiento, la señalización y las condiciones de
seguridad de la vía.
• Decisión sin motivación: al considerar que la providencia cuestionada no
ofreció una explicación suficiente respecto de aspectos relevantes para
resolver la controversia, entre ellos, las condiciones de la vía, la
señalización existente, la presencia de una zona escolar, las obligaciones a
cargo de las autoridades, la prueba médica, la relación entre las condiciones
de infraestructura y la ocurrencia del accidente, el precedente invocado y la
aplicación del artículo 90 de la Constitución Política.
2.3. Pretensiones
7. La parte accionante solicitó:
«PRIMERA. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva,
igualdad, dignidad humana y los demás que resulten vulnerados a la señora
ANA GLORIA SERRATO SERRATO.
SEGUNDA. DECLARAR que las providencias proferidas por el Juzgado
Sesenta y Seis (66) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, dentro del proceso de
reparación directa identificado con radicado [RADICADO], incurrieron en los
defectos constitucionales que resulten acreditados, particularmente: • defecto
fáctico; • defecto sustantivo; • decisión sin motivación suficiente; •
desconocimiento del precedente; • y violación directa de la Constitución.
TERCERA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto resulte
afectada por los defectos constitucionales acreditados.
CUARTA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro
del término que establezca el juez constitucional, profiera una nueva decisión,
en la cual: a. valore integralmente el acervo probatorio; b. examine las
pruebas relacionadas con las condiciones de la vía; c. analice las condiciones
de señalización; d. estudie las circunstancias de zona escolar, si fueron
acreditadas; e. determine las obligaciones concretas de las autoridades
responsables; f. efectúe un verdadero juicio de imputación conforme al
artículo 90 constitucional; g. analice el nexo causal; h. estudie las pruebas
médicas y las consecuencias del accidente; i. confronte las circunstancias del
caso con la jurisprudencia del Consejo de Estado aplicable; j. y explique
razonadamente cualquier eventual apartamiento de las reglas
jurisprudenciales pertinentes.
QUINTA. ORDENAR que la nueva providencia observe los principios de
congruencia, motivación, sana crítica, igualdad, debido proceso y tutela
judicial efectiva.
SEXTA. En caso de encontrarse acreditada la afectación actual de derechos
fundamentales como salud, mínimo vital o integridad personal, adoptar las
medidas constitucionales necesarias para evitar la agravación del perjuicio».
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2.4. Intervenciones
8. Por medio de auto del 24 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y al Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá
como accionados y a la Nación - Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de
Vías Invias; municipio de Neiva Huila, Instituto Nacional De Concesiones hoy
Agencia Nacional de Infraestructura, como terceros con interés en el resultado del
proceso.
9. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adujo que la sentencia cuestionada se adoptó tras analizar de
manera integral el acervo probatorio y no encontrar acreditada ninguna falla del
servicio atribuible a las entidades demandadas por omisión en el mantenimiento o
la señalización de la vía, ni el nexo causal entre una eventual omisión
administrativa y el daño, comoquiera que la causa adecuada y eficiente del
siniestro fue la maniobra de adelantamiento por el costado derecho ejecutada por
la propia conductora de la motocicleta.
10. Aunado a lo anterior, indicó que la sentencia aludida por la parte accionante
resolvió un supuesto fáctico sustancialmente distinto, pues analizó la
responsabilidad derivada de un hundimiento de la vía que no se encontraba
debidamente señalizado. Sin embargo, en el caso concreto, no se acreditó defecto
físico alguno de la calzada.
11. Del mismo modo, afirmó que no se desconoció el artículo 90 de la Constitución
Política, en la medida en que analizó de manera separada y sucesiva los dos
elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado. En cuanto
al daño, se determinó una pérdida de capacidad laboral de 36,77 % y frente a la
imputación, se concluyó que no se demostró el incumplimiento de los deberes de
las demandadas.
12. Por último, estimó que desarrolló en debida forma cada aspecto planteado en
el recurso de apelación. Luego, señaló que la acción de tutela no cumple el
requisito de relevancia constitucional y solicitó que se declare su improcedencia o,
en su defecto, se deniegue el amparo.
13. El Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá consideró
que la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues
se pretende reabrir un debate probatorio y jurídico sobre la responsabilidad
administrativa, ya resuelto en las dos instancias ordinarias, lo que convertiría la
acción de tutela en una tercera instancia. De todas formas, descartó la
configuración de los defectos alegados.
14. La Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte
estimaron que no cuentan con legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
no se les atribuye vulneración de derechos fundamentales alguna. Por lo tanto,
solicitaron la desvinculación del proceso de la referencia.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
16. Si bien la parte accionante dirige la acción de tutela contra las sentencias
proferidas el 24 de abril de 2025 por el Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del
Circuito de Bogotá y el 26 de junio de 2026 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que la decisión judicial que resolvió
finalmente la controversia fue esta última. Por ende, esta Subsección advierte que
se abstendrá de analizar la decisión judicial adoptada en primera instancia.
17. De otra parte, se observa que la parte accionante alegó un defecto fáctico, sin
identificar con claridad y precisión qué prueba o documento considera que se
valoró de manera indebida o se omitió. En consecuencia, no se analizará dicha
causal específica de procedibilidad.
18. En cuanto al presunto defecto sustantivo, se advierte que se alega únicamente
el desconocimiento del artículo 90 de la Constitución Política. Por lo tanto, este
planteamiento se analizará desde la óptica de un posible defecto por violación
directa de la Constitución Política.
19. Finalmente, se tiene que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio
de Transporte afirmaron que no cuentan con legitimación en la causa por pasiva.
Sin embargo, su vinculación obedeció a que en el proceso ordinario fungen como
entidades demandadas. Por ende, se negará su petición al contar con interés en
el resultado del presente asunto.
3.3. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en los defectos desconocimiento del precedente judicial,
violación directa de la Constitución Política y decisión sin motivación, al proferir la
sentencia del 26 de junio de 2026, al interior del medio de control de reparación
directa con radicado 11001-33-43-066-2021-00115-01. Previamente se verificará
el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales
3.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
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personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.
22. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial
idóneo para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela
tiene un carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros
mecanismos judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
24. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.
25. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.
26. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
27. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1.1.1. Relevancia constitucional. El asunto reviste relevancia constitucional, en
la medida en que la controversia se centra en determinar si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al incurrir,
presuntamente, en los defectos por desconocimiento del precedente judicial,
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violación directa de la Constitución Política y decisión sin motivación. Además, los
reproches formulados se encuentran suficientemente sustentados y no se limitan
a plantear una simple discrepancia de carácter legal o probatorio.
3.4.1.1.2. Subsidiariedad. También se satisface este requisito, pues la sentencia
cuestionada, se encuentra ejecutoriada y no existen recursos ordinarios o
extraordinarios idóneos para controvertirla.
3.4.1.1.3. Inmediatez. Se cumple igualmente este requisito, puesto que la acción
de tutela fue presentada dentro de un término razonable y proporcionado. En
efecto, entre la ejecutoria de la providencia cuestionada, ocurrida el 7 de julio de
2026, y la presentación de la solicitud de amparo, el 21 de agosto del mismo año
no transcurrieron más de 6 meses.
3.4.1.1.4. Irregularidad procesal con incidencia sustancial. Este presupuesto no
resulta exigible en el presente asunto, toda vez que la parte accionante no sustenta
la vulneración de sus derechos fundamentales en la existencia de una irregularidad
procesal, sino en la presunta configuración de los defectos por desconocimiento
del precedente judicial, violación directa de la Constitución Política y decisión sin
motivación.
3.4.1.1.5. Identificación de los hechos que generaron la vulneración. Este requisito
también se encuentra satisfecho, pues la parte accionante identificó de manera
clara la providencia cuestionada, las actuaciones que considera lesivas de sus
derechos fundamentales y las razones por las cuales estima que la autoridad
judicial accionada habría incurrido en los defectos alegados.
3.4.1.1.6. Que no se trate de una sentencia de tutela. La providencia cuestionada
no corresponde a una sentencia de tutela, sino a una decisión proferida dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
28. Por lo anterior, se procede a analizar si se configuraron los defectos alegados.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18962, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
30. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
2
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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31. Respecto del precedente vertical3, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
32. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso4.
33. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación5.
34. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.5.1. Análisis del presunto defecto por desconocimiento del precedente
judicial en el caso concreto
35. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto por desconocimiento del precedente judicial, respecto de la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29
de marzo de 2019, en la que, según afirmó, se estableció que la existencia de un
hundimiento en la vía que no se encuentre debidamente señalizado puede
configurar una falla del servicio cuando se acredite su relación causal con el
accidente.
36. En su criterio, la autoridad judicial accionada no explicó por qué las reglas
jurisprudenciales invocadas en dicha decisión judicial no resultaban aplicables al
caso concreto, ni por qué las pruebas relacionadas con las condiciones de
seguridad de la vía no resultaban suficientes para efectuar el correspondiente
juicio de imputación.
37. Sin embargo, esta Subsección considera que la sentencia aludida por la parte
accionante no resulta aplicable al caso concreto, en la medida en que la situación
fáctica allí expuesta dista de la que se analiza en el caso concreto. En efecto, en
la sentencia del 29 de marzo de 2019 se analizó la responsabilidad derivada de un
hundimiento de la vía que no se encontraba debidamente señalizado, mientras
que, en el presente asunto, no se acreditó ningún defecto físico de la vía. Por el
3
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
4
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
5
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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contrario, la autoridad judicial accionada destacó que la vía era de «superficie de
asfalto, de buen estado, seca», según el informe policial de accidente de tránsito.
38. En conclusión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no desconoció la
decisión judicial aludida por la parte accionante, ni vulneró sus derechos
fundamentales. Por ende, es evidente que no incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
3.6. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial.
39. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional
en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una
interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos
y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción
de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados»6.
3.7. Decisión sin motivación como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
40. La jurisprudencia constitucional7 ha señalado que el defecto conocido como
«decisión sin motivación» se configura cuando la providencia atacada carece de
fundamentos fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una decisión
arbitraria que desconoce derechos fundamentales.
41. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional8 ha establecido los criterios
que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por falta de
motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier descuerdo
que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y con el fin de
respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su configuración
procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y
6
Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.
7
Sentencia C-590 de 2005.
8
Sentencia T-233 de 2007.
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«se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir
en una arbitrariedad».9
42. Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional10 que cuando se señale que una
providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido, el juez constitucional debe salvaguardar
el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que además les
permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial que
ostentan los administradores de justicia, situación que además conllevaría a una
flagrante violación del derecho al debido proceso.
3.8. Análisis de los presuntos defectos por violación directa de la
Constitución Política y decisión sin motivación en el caso concreto
43. Teniendo en cuenta que los defectos por violación directa de la Constitución
Política y decisión sin motivación se encuentran estrechamente relacionados, esta
Subsección advierte que efectuará su análisis de manera conjunta.
44. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos alegados, al descartar la responsabilidad estatal sin realizar un verdadero
juicio de imputación respecto de las presuntas omisiones relacionadas con el
mantenimiento, la señalización, las condiciones de seguridad de la vía y la
presencia de una zona escolar, de conformidad con el artículo 90 de la
Constitución Política.
45. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada sostuvo lo siguiente:
«Ahora bien, la parte actora sostiene en el recurso de apelación que la vía
en la que ocurrió la colisión carecía de la debida señalización y demarcación,
cuyo mantenimiento y conservación corresponde a la entidad territorial, así
como de las demás entidades públicas demandadas. No obstante, dicho
reproche carece de la precisión necesaria, en la medida en que no se
identifica de manera concreta en qué consistió la presunta omisión de la
administración, ni se especifica cuáles señales de tránsito o elementos de
demarcación se encontraban ausentes en el lugar de los hechos.
En conclusión, del acervo probatorio no se desprenden elementos
suficientes para atribuir responsabilidad a las entidades demandadas por
una falla en la prestación del servicio, toda vez que no se acreditó el
incumplimiento de deberes concretos a su cargo ni la existencia de un nexo
causal entre una eventual omisión administrativa y el daño sufrido por la
señora Ana Gloria Serrato Serrato.
Pues se itera que corresponde a la parte actora acreditar la acción u omisión,
o el desconocimiento de un deber legal atribuible a las entidades públicas
demandadas, que permita establecer la existencia de una deficiencia en el
mantenimiento de la vía o de una falta de señalización en el tramo donde
ocurrió el accidente.
De igual manera, le incumbía demostrar de qué forma dichas omisiones
incidieron de manera eficiente y determinante en la producción del siniestro
9
Sentencia T-709 de 2010.
10
Sentencia T-041 de 2018.
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Acción De Tutela
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Accionante: Ana Gloria Serrato Serrato
vial, esto es, que la presencia de las señales de tránsito o la adecuada
conservación de la vía habrían tenido la entidad suficiente para evitar la
ocurrencia de la colisión.
Por el contrario, se puede determinar con las pruebas reseñadas en el
acápite de hechos probados, particularmente del infirme policial de tránsito
en que se analizaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
accidente de tránsito, se infiere que la causa adecuada y eficiente del
siniestro ocurrido el 2 de mayo de 2019, fue el comportamiento de la
conductora del vehículo de placas FYJ34, quien intentó realizar una
maniobra de adelantamiento por la parte derecha sin la debida precaución,
lo que dio lugar al accidente objeto del presente proceso».
46. Como se observa, la autoridad judicial accionada consideró que el daño sufrido
por la señora Ana Gloria Serrato no resultaba atribuible a las entidades
demandadas, en la medida en que la parte actora no identificó de manera concreta
cuál habría sido la acción u omisión de la Administración que habría contribuido a
la producción del daño.
47. Por el contrario, destacó que, de la lectura del informe policial de tránsito, se
desprendía que la causa del siniestro estuvo relacionada con el comportamiento
de la propia demandante en la vía, quien intentó realizar una maniobra de
adelantamiento por el costado derecho sin adoptar las debidas precauciones,
circunstancia que, a juicio de la autoridad judicial, fue determinante en la
ocurrencia del accidente.
48. En ese contexto, esta Subsección considera que no es posible atribuir a la
providencia cuestionada una violación directa del artículo 90 de la Constitución
Política, pues la autoridad judicial accionada concluyó que no se encontraba
acreditada la imputación del daño a las entidades demandadas dentro del proceso
de reparación directa. En consecuencia, al no estar satisfecho uno de los
presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado,
no resultaba procedente aplicar la consecuencia jurídica prevista en dicha
disposición constitucional.
49. Tampoco se advierte que la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en el
defecto de decisión sin motivación. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en
virtud del principio de justicia rogada, el juez está llamado a resolver la controversia
dentro de los límites fijados por las pretensiones y los fundamentos fácticos y
jurídicos expuestos por las partes. En el caso concreto, la parte demandante no
precisó cuáles eran las condiciones de mantenimiento de la vía, la señalización o
las medidas de seguridad que, por acción u omisión de las entidades demandadas,
habrían incidido de manera determinante en la producción del accidente.
50. Así las cosas, la decisión cuestionada expuso las razones fácticas y jurídicas
por las cuales concluyó que no se encontraba acreditada la responsabilidad de las
entidades demandadas, sin que se advierta una ausencia absoluta de motivación
ni un desconocimiento manifiesto del artículo 90 de la Constitución Política.
51. Por consiguiente, esta Subsección no encuentra acreditados los defectos de
violación directa de la Constitución ni de decisión sin motivación alegados por la
accionante. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la acción de tutela
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Acción De Tutela
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Accionante: Ana Gloria Serrato Serrato
promovida por la señora Ana Gloria Serrato Serrato.
52. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Agencia
Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
señora Ana Gloria Serrato Serrato, de conformidad con los argumentos expuestos
en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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