Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06681-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06681-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06681-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06681-00
Accionante: YANETH MARINA PAREJO BOVEA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL: no se satisfacen los requisitos
de relevancia constitucional. Se busca reabrir un debate concluido y no se cumple con la
carga argumentativa suficiente de tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 instaurada por la señora
Yaneth Marina Parejo Bovea, en nombre propio, de conformidad con lo consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto
2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 21 de agosto de 2026, la parte actora presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Magdalena por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia
y a la igualdad.
Hechos relevantes
2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.
3. En su escrito, la accionante interpuso tutela contra los autos que negaron el
mandamiento de pago en el marco de un proceso ejecutivo. El título ejecutivo
presentado fue producto de una cesión de unos derechos de crédito respecto de
una sentencia de reparación directa. A continuación, se presentarán los hechos más
relevantes de la reparación directa y la cesión de derechos, así como del proceso
ejecutivo promovido por la actora.
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Que ingresó al despacho para fallo el 3 de septiembre de 2026.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06681-00
Accionante: Yaneth Marina Parejo Bovea
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4. Sobre la reparación directa y la cesión de derechos crediticios: En el marco del
proceso de reparación directa con radicado núm. 47001-23-31-001-1996-04835-00,
por medio de sentencia del 26 de julio de 1999, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró culpable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
respecto de los perjuicios causados a la sociedad Dangón Russo & Cía Ltda.
Además, ordenó liquidar la cuantía mediante incidente posterior.
5. Mediante auto del 30 de julio de 2015, corregido por el auto del 30 de septiembre
de 2015, el Tribunal Administrativo del Magdalena en Descongestión liquidó la
condena en abstracto y condenó a la demandada a pagar la suma de
$8.894.985.112 por concepto de daño emergente. Debido a múltiples cesiones
efectuadas en el curso del proceso, la autoridad judicial estableció que el señor
Moisés López Bernal tenía derecho sobre el 18% del total de la condena.
6. El 29 de julio de 2019, el señor Moisés López Bernal celebró un negocio en el
que cedió el 1% del 100% de la condena a la demandante, esto es, la suma de
$88.949.851,12.
7. Sobre el proceso ejecutivo: La señora Yaneth Marina Parejo Bovea solicitó que
se librara mandamiento de pago por concepto de $88.949.851,12 en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Adicionalmente, pretendió la
ejecución de $168.926.502,16 por concepto de intereses.
8. A través de auto del 29 de septiembre de 2025 (47001-23-33-000-2025-00200-
00), el Tribunal Administrativo del Magdalena negó el mandamiento de pago. Como
fundamento de su decisión, la autoridad judicial indicó que, aunque la sentencia y
la providencia de liquidación de perjuicios constituían un título claro, expreso y
exigible, no procedía el mandamiento de pago. A partir de la revisión del auto del 13
de mayo de 2022 proferido en el marco de otro proceso ejecutivo relacionado con
la misma condena (47001-23-33-000-2021-00339-00), la autoridad judicial
consideró que, en el momento de la cesión del crédito a la señora Yaneth Marina
Parejo Bovea (29 de julio de 2019), el señor Moisés López Bernal ya no contaba
con derechos de crédito. En efecto, afirmó que, del 18% de la condena que le
correspondía al señor López Bernal, había cedido un 13% a la sociedad Dangón
Russo & Cía Ltda y un 5% a favor de Armando Bacca. Por lo anterior, concluyó que
las cesiones previas sumaban la totalidad de su acreencia, por lo que ya no tenía
derechos de crédito para ceder, así que no se podía librar mandamiento de pago a
favor de la señora Yaneth Marina Parejo Bovea.
9. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación, el
cual correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En su escrito, la actora explicó la cadena de cesiones. Señaló que en un inicio el
señor Moisés López Bernal fue titular del 21% de la condena. Posteriormente, cedió
un 3% del monto total de la condena a favor de Jazmín del Socorro Eslait Masson.
Igualmente, de ese 21% inicial, cedió un 13% a la sociedad Dangón Russo & Cía
Ltda y un 5% a favor de Armando Bacca. Es decir, el porcentaje cedido previamente
fue calculado del 21% que le correspondió inicialmente y no del 100% de la
condena. Por lo anterior, explicó que esa cesión correspondió al 3,78% del total de
la condena, en lugar del 18% como interpretó el tribunal. Así pues, argumentó que,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06681-00
Accionante: Yaneth Marina Parejo Bovea
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
si bien el señor había realizado cesiones antes del 29 de julio de 2019, para esa
fecha todavía no había agotado toda su participación en la condena, pues contaba
con un 14,22%. Por ello, argumentó que la ejecutante era legítima acreedora del
1% del total y no podía desconocerse su derecho bajo el argumento de que el
cedente ya había enajenado la totalidad de su participación.
10. Mediante auto del 15 de julio de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo. La autoridad judicial revisó la
demanda ejecutiva y concluyó que la señora Yaneth Marina Parejo Bovea no
pretendía la ejecución como beneficiaria original. Al contrario, a partir del contrato
de cesión aportado, advirtió que el señor Moisés López Bernal era titular del 18%
de la condena, de la cual le cedió el 1% a la ejecutante y quedó con un 17%. La
autoridad concluyó que este contrato no demostraba por sí solo que, para la fecha
de la cesión, el cedente conservaba el 18% de la condena total. También advirtió
que el señor López Bernal había realizado varias cesiones antes del 29 de julio de
2019: un 13% a la sociedad Dangón Russo & Cía Ltda y un 5% a favor de Armando
Bacca. Observó que la tesis de la demandante era que ese porcentaje cedido debía
calcularse sobre la porción de la cual era titular el cedente y no sobre el total de la
condena. Es decir, el porcentaje cedido correspondía al 3,78% del total de la
condena y no al 18%, como afirmó el a quo, por lo que el cedente contaba con un
14,22% para la fecha en que celebró la cesión. Sobre este argumento, la
Subsección indicó que esta situación no resultaba evidente del contrato de cesión y
requería un análisis de operaciones aritméticas, así como la interpretación de las
diferentes cesiones. Además, contrario a lo que afirmó la demandante en la
apelación, en el contrato de cesión se indicó que la cesión era sobre un 1% y el
señor López Bernal se quedaba con un 17%.
11. La Sala de la Subsección también afirmó que, mediante auto del 13 de mayo de
2022 (47001-23-33-000-2021-00339-00), el Tribunal Administrativo del Magdalena
había aceptado la tesis de la accionante, a saber, que el porcentaje cedido
previamente se debía computar sobre la parte que le correspondía al señor Moisés
López Bernal y no sobre el total de la deuda. Sin embargo, el ad quem también
indicó que, mediante auto del 29 de noviembre2 de 2025, el mismo tribunal señaló
que tales porcentajes se entendían referidos a la participación reconocida dentro de
la condena. La autoridad concluyó que la tesis de la actora involucraba reconstruir
una cadena compleja de cesiones, distinguir porcentajes sobre el total de la
condena y sobre la participación del cedente, acudir a actuaciones de otro proceso
ejecutivo y efectuar operaciones aritméticas. La demandante debía satisfacer esta
carga probatoria desde la demanda en lugar de intentar subsanarla en el recurso de
apelación. Por ello, confirmó la negativa de ordenar mandamiento de pago, dado
que no estaba acreditada la titularidad del crédito, por lo que el título ejecutivo no
era claro.
Pretensiones
12. En el presente proceso de tutela, la demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
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La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Magdalena probablemente se refería al auto del
29 de septiembre de 2025 proferido en el proceso ordinario referenciado en el asunto bajo examen.
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Accionante: Yaneth Marina Parejo Bovea
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
“6.1. AMPARAR los derechos fundamentales de la actora al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia y, en lo
pertinente, a la igualdad.
6.2. DEJAR SIN EFECTOS el auto de 15 de julio de 2026, proferido
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, dentro del expediente 47001-23 33-
000-2025-00200-01 (74301), mediante el cual se confirmó la negativa
a librar mandamiento ejecutivo.
6.3. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B que, dentro del término que determine el juez
constitucional, profiera una nueva decisión sobre el recurso de
apelación, respetando los derechos fundamentales de la accionante
y, específicamente que se abstenga de exigir requisitos adicionales a
los establecidos en los artículos 422, 423, 424 y 430 del Código
General del Proceso; que valore integralmente el título ejecutivo
complejo; que no equipare la necesidad de efectuar operaciones
aritméticas con ausencia de claridad de la obligación; que valore
integralmente y no de manera selectiva el Auto del 13 de mayo de
2022 y los documentos relacionados con las cesiones; que diferencie
la verificación inicial de los requisitos del título ejecutivo de las
controversias sustanciales que corresponden a la etapa de
contradicción y excepciones; y que resuelva expresamente la
contradicción existente entre el porcentaje reconocido a Moisés López
Bernal en la providencia de 2015, las cesiones anteriores y la
interpretación y ejecución realizadas mediante el Auto de 13 de mayo
de 2022.
6.4. Como consecuencia de lo anterior, adoptar las demás medidas
necesarias para restablecer plenamente los derechos fundamentales
vulnerados”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte accionante argumentó que la demanda supera los requisitos generales
de tutela contra providencia judicial. Sostuvo que se configuró un defecto fáctico,
por indebida valoración del proceso ejecutivo 47001-23-33-000-2021-00339-00,
especialmente, el auto del 13 de mayo de 2022, el cual evidenciaba que el 18%
cedido previamente correspondía al 18% del 21% que le correspondió al señor
Moisés López Bernal o, lo que es lo mismo, al 3,78% del total de la condena.
Argumentó que la autoridad de segunda instancia aceptó que el auto del 13 de mayo
de 2022 interpretó expresamente que el 13% y el 5% cedidos previamente
correspondían a porcentajes de la participación individual del cedente y no al total
de la condena, pero descartó esta interpretación a favor de la del a quo. Igualmente,
afirmó que las cesiones realizadas por el señor Moisés López Bernal fueron
celebradas el 25 de noviembre de 2013, aproximadamente 2 años antes de la
providencia que le reconoció el 18%, por lo que las autoridades judiciales
demandadas habrían atribuido a negocios anteriores el efecto de eliminar un
porcentaje que una providencia judicial posterior reconoció. Sostuvo que la
valoración fue selectiva, porque se sirvió de negocios jurídicos previos para afirmar
la existencia de las cesiones, pero desconoció la extensión porcentual de aquellas.
También señaló que la autoridad judicial incurrió en este defecto por convertir en
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Ver archivo “003_3ED_DEMANDA_21_8_202614_”, pág. 16.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
prueba la duda sobre la existencia del crédito, incluso aunque la ejecutante había
aportado soporte documental de este.
14. La demandante también argumentó que las decisiones incurrieron en un
defecto sustantivo por la creación de un requisito para ejecutar que no está
previsto en los artículos 422, 423 y 430 del Código General del Proceso (CGP). De
acuerdo con la actora, estos artículos: (i) exigen que la obligación sea expresa, clara
y exigible, (ii) establecen la posibilidad de que el cesionario ejecute un crédito y (iii)
obligan al juez a librar mandamiento de pago cuando el documento presta título
ejecutivo. Ninguna de estas normas, a su juicio, exige reconstruir todas las
transferencias históricas que ha realizado el cedente, por lo que las autoridades
impusieron una obligación extralegal. También argumentó que se desconoció el
artículo 424 del CGP, que establece que una cantidad líquida no es solo aquella
expresada mediante una cifra numérica, sino que también puede establecerse por
una operación aritmética. Por ello, sostuvo que era claro que ella era titular del 1%
del total de la deuda, porcentaje que mediante una simple operación correspondía
a $88.949.851,12. También señaló que la decisión desconoció la estructura jurídica
de la cesión de créditos (artículos 1959, 1960 y 1961 del Código Civil), pues los
efectos de las cesiones no dependen de que el cesionario aporte la historia
certificada de las cesiones anteriores. En caso de que exista una cesión anterior,
debe resolverse la controversia conforme a las reglas de eficacia y oponibilidad.
15. La demandante también argumentó que se configuró un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues se exigió un requisito inexistente,
que era aportar la cadena de cesiones previas. Además, las autoridades se
abstuvieron de librar mandamiento de pago con argumentos que no desvirtúan las
características del título. También argumentó que se configuró el defecto
procedimental y violación directa de la Constitución debido a que la providencia
trasladó una discusión de fondo a una etapa inicial. En efecto, indicó que el proceso
ejecutivo contiene mecanismos de contradicción y excepciones (pago, inexistencia
de la obligación, existencia de una cesión preferente, entre otras), las cuales se
deben surtir en otro momento procesal, con lo que se convirtió el proceso ejecutivo
en un proceso declarativo sobre la existencia de la obligación.
Trámite procesal
16. Por medio de auto del 24 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Magdalena como
accionados. Igualmente, dispuso la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los demás intervinientes dentro
del proceso ejecutivo con radicado núm. 47001-23-33-000-2025-00200-00/01. Entre
otras decisiones.
Intervenciones
17. El despacho del consejero Alberto Montaña Plata de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado se estuvo a lo decidido en el proceso de
tutela.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
18. La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación del presente
proceso, pues no intervino en el trámite ordinario.
19. El despacho de la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos del Tribunal
Administrativo del Magdalena solicitó que se deniegue el amparo. Frente a lo
formal, argumentó que la tutela no puede ser usada como una instancia adicional
para sustituir la valoración probatoria y jurídica de los jueces de la causa. Respecto
de los aspectos de fondo, señaló que no existió vulneración alguna de los derechos
fundamentales de la parte actora.
20. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó no conceder las
pretensiones de la parte actora “ante la improcedencia de la acción de tutela, toda
vez que no se vislumbra la existencia de vulneración de sus derechos
fundamentales”4. Frente a lo formal, señaló que la tutela es un mecanismo de
protección subsidiario y en el presente caso no se demostró un perjuicio que amerite
su procedencia. Respecto de lo de fondo, argumentó que no hubo vulneración al
debido proceso, pues las autoridades judiciales conocieron a fondo la litis planteada.
Indicó que, en el presente caso, para la prosperidad de la pretensión ejecutiva, es
requisito demostrar la existencia cierta e inequívoca de la titularidad del crédito
objeto de la cesión.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
22. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si la acción
de tutela satisface los requisitos generales de procedencia contra providencias
judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional. Para ello, deberá
establecerse si los reproches formulados por la accionante plantean un verdadero
problema constitucional o si, por el contrario, buscan reabrir la discusión probatoria
y jurídica ya resuelta por los jueces naturales acerca de si Moisés López Bernal
conservaba, al momento de la cesión, crédito suficiente para transferirle el 1% de la
condena y sobre el momento procesal en que debía acreditarse esa titularidad.
23. De superar el análisis de las causales genéricas de procedencia, la Sala
establecerá si la autoridad accionada, mediante las providencias cuestionadas,
incurrió en: (i) un defecto fáctico, por la indebida valoración de los documentos del
proceso ejecutivo 47001-23-33-000-2021-00339-00 (especialmente, el auto del 13
de mayo de 2022) y por concluir la inexistencia del crédito a partir de la duda sobre
aquel; (ii) defecto sustantivo, por crear un requisito no previsto en el CGP (artículos
4
Ver “017_17RECIBEMEMORIAL_GS2026023816SEGEN”, pág. 6.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
422, 423 y 430) para acceder al proceso ejecutivo, por desconocer el artículo 424
del CGP que establece que una cantidad líquida puede involucrar una operación
aritmética y por desconocer los artículos 1959, 1960 y 1961 del Código Civil, al exigir
aportar el historial de cesiones previas para la eficacia de la de cesión; (iii) defecto
procedimental y violación directa de la Constitución, por incurrir en exceso ritual
manifiesto al exigir un requisito inexistente para el proceso ejecutivo y por trasladar
una discusión de fondo a una etapa inicial del proceso.
24. Para contestar los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular
la relevancia constitucional
25. Conforme con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
20055, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el
actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que
concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
26. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
5
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
27. En particular, la relevancia constitucional es un requisito general de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar
su naturaleza excepcional. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para
identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia
constitucional en el evento en el que pretende reabrir el debate12, a saber: (i) la
discusión debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o
económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre en el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o que tenga una
trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la
tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente
legales.
Caso concreto
28. Realizada la anterior exposición, la Sala abordará el caso concreto, en el cual
estudiará la legitimación en la causa y el requisito de relevancia constitucional.
Legitimación en la causa
29. La señora Yaneth Marina Parejo Bovea cuenta con legitimación en la causa por
activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por las decisiones adoptadas por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena, providencias que, según
afirma, trasgredieron sus garantías constitucionales.
30. De igual manera, la Sala considera que el requisito de legitimación en la causa
por pasiva está satisfecho, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Magdalena, autoridades judiciales que emitieron las providencias
a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados
por la accionante.
31. Adicionalmente, la Sala desvinculará a la Procuraduría General de la Nación,
pues no intervino en el proceso ordinario cuestionado. De ahí que, carece de interés
en el presente asunto.
32. En ese sentido, según la jurisprudencia constitucional, un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
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Accionante: Yaneth Marina Parejo Bovea
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”13.
Relevancia constitucional
33. La Sala advierte que los defectos alegados parten de una controversia común.
La accionante considera que los documentos aportados demostraban que Moisés
López Bernal conservaba crédito suficiente para cederle el 1% de la condena y que
cualquier discusión adicional sobre las cesiones previas debía resolverse en una
etapa posterior del proceso ejecutivo. Las autoridades judiciales accionadas, en
cambio, concluyeron que esa titularidad no estaba suficientemente acreditada
desde la presentación de la demanda y que, por ello, el título carecía de claridad.
En consecuencia, antes de abordar separadamente cada cargo, corresponde
establecer si esa discrepancia probatoria y jurídica trasciende el ámbito propio del
juez natural y plantea un problema de verdadera relevancia constitucional.
34. Defecto fáctico: Respecto a este defecto, la parte actora señaló que la
interpretación correcta de las piezas procesales del proceso ejecutivo 47001-23-33-
000-2021-00339-00, especialmente el auto del 13 de mayo de 2022, evidenciaban
que el señor Moisés López Bernal había enajenado parte del crédito que le
correspondía de la condena antes de cederle el 1% a la demandante. Sin embargo,
a su juicio, esas cesiones previas no se calcularon sobre el total de la condena, sino
sobre el porcentaje de participación que le había correspondido inicialmente, que
era del 21%. En esa medida, lo cedido no había sido un 18%, sino un 3,78% del
total de la condena. Por ello, sostuvo que la valoración de las autoridades judiciales
fue parcializada, pues aceptó que existieron esas cesiones previas, pero
desconoció la extensión porcentual de aquellas.
35. A partir de la valoración probatoria, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado concluyó que el título ejecutivo carecía de claridad, pues no
estaba acreditada la titularidad de la señora Yaneth Marina Parejo Bovea sobre el
crédito. Al respecto, la autoridad judicial consideró que el título aportado en la
demanda no demostraba por sí solo que el señor Moisés López Bernal fuera titular
del crédito cedido para la fecha del negocio (29 de julio de 2019). Lo cierto era que
el señor López Bernal había realizado varias cesiones antes de esa fecha y no
resultaba evidente que no hubiera enajenado la totalidad de su participación. La
autoridad judicial, además, estudió la posición de la actora, según la cual esas
cesiones previas no correspondían a un 18% de la condena, sino a un 3,78%.
36. No obstante, esta autoridad consideró que lo anterior no daba cuenta de la
claridad del título ejecutivo. Por un lado, si bien el auto del 13 de mayo de 2022 en
el proceso 47001-23-33-000-2021-00339-00 consideró la tesis de la demandante,
esa misma autoridad, en el proceso que resolvía la Subsección, sostuvo que esa
cesión se entendía como referida al total de la condena. Por otro lado, el contenido
del contrato de cesión difería de la versión que la actora relacionó en la apelación;
en la cesión, el señor Moisés López Bernal era titular del 18% de la condena, de la
cual le cedió el 1% a la ejecutante y quedó con un 17%, mientras que la versión de
13
Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06681-00
Accionante: Yaneth Marina Parejo Bovea
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la actora era que el señor había cedido un 3,78% del crédito, por lo que contaba
todavía con un 14,22% para la fecha de la cesión de crédito.
37. Por lo anterior, la Subsección concluyó que para llegar a la tesis de la actora era
necesario reconstruir una cadena compleja de cesiones, distinguir entre porcentajes
sobre el total de la condena y porcentajes sobre la participación del cedente, acudir
a actuaciones de otro expediente y realizar operaciones aritméticas. Ello, a juicio de
la autoridad judicial, daba cuenta de la falta de claridad del título y eran pruebas que
debían aportarse en la demanda.
38. La Sala advierte que el cargo fáctico plantea una discrepancia con la valoración
realizada por los jueces naturales sobre la titularidad del crédito. En efecto, la
Subsección B examinó el contrato de cesión celebrado el 29 de julio de 2019, las
cesiones efectuadas previamente por Moisés López Bernal y el auto del 13 de mayo
de 2022 proferido dentro del proceso ejecutivo 47001-23-33-000-2021-00339-00. A
partir de esos elementos, concluyó que no resultaba suficientemente acreditado
que, para la fecha en que cedió a la accionante el 1% de la condena, López Bernal
conservara esa proporción disponible, pues establecerlo exigía reconstruir las
cesiones anteriores, distinguir si los porcentajes transferidos recaían sobre el total
de la condena o sobre la participación individual del cedente y efectuar las
operaciones correspondientes.
39. La accionante controvierte precisamente esa conclusión y sostiene que las
mismas pruebas permiten inferir que las cesiones previas equivalían únicamente al
3,78% del total de la condena y que, por tanto, el cedente aún disponía de crédito
suficiente. Así, el reproche no evidencia que las autoridades hubieran omitido
valorar una prueba determinante, atribuido a un medio de convicción un contenido
contrario al que objetivamente presenta o adoptado una conclusión probatoria
manifiestamente irrazonable; pretende que el juez de tutela sustituya la apreciación
efectuada por el juez natural por una interpretación distinta de los mismos elementos
probatorios. En consecuencia, el cargo busca reabrir una controversia probatoria ya
resuelta en el proceso ejecutivo y no satisface el requisito de relevancia
constitucional.
40. Defecto sustantivo: la Sala advierte que el reproche formulado por la accionante
no trasciende el ámbito de interpretación y aplicación de normas de rango legal. En
efecto, la controversia se concentra en determinar si los artículos 422, 423, 424 y
430 del Código General del Proceso permitían exigir, para establecer la claridad del
título ejecutivo, la acreditación de las cesiones previamente efectuadas por el
cedente y si, conforme con los artículos 1959, 1960 y 1961 del Código Civil, esa
verificación podía condicionarse a la reconstrucción de la cadena de cesiones. Se
trata, entonces, de definir el alcance de disposiciones legales que regulan los
requisitos del título ejecutivo y los efectos de la cesión de créditos, asunto que
corresponde primordialmente al juez natural y que, por sí solo, no plantea un
problema de relevancia constitucional.
41. Además, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
examinó expresamente esa cuestión y consideró que la acreditación de la titularidad
del crédito era necesaria para establecer la claridad del título ejecutivo y que los
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06681-00
Accionante: Yaneth Marina Parejo Bovea
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
elementos requeridos para demostrarla debían aportarse desde la presentación de
la demanda. Frente a ello, la accionante propone una interpretación distinta:
sostiene que dicha exigencia no se desprende de las normas procesales citadas y
que las eventuales controversias sobre cesiones anteriores debían resolverse en
una etapa posterior. Así, el cargo no evidencia que la autoridad judicial hubiera
aplicado una norma manifiestamente inaplicable, desconocido una disposición
determinante o adoptado una interpretación abiertamente incompatible con los
derechos fundamentales; refleja una discrepancia sobre el alcance de normas
legales ya examinadas por el juez de la causa. En consecuencia, el defecto
sustantivo tampoco satisface el requisito de relevancia constitucional.
42. Defecto procedimental y violación directa de la Constitución: La actora también
argumentó que la decisión de negar el mandamiento de pago trasladó a una etapa
procesal inicial una discusión que, a su juicio, correspondía al trámite de las
excepciones de mérito14. Al respecto, la Sala advierte que este reproche tampoco
satisface el requisito de relevancia constitucional. La controversia planteada se
contrae a determinar si la titularidad del crédito y los efectos de las cesiones previas
debían examinarse al momento de verificar la suficiencia del título ejecutivo o, por
el contrario, en una etapa posterior del proceso, con ocasión de las excepciones
formuladas por la parte ejecutada. Se trata, por tanto, de una discusión sobre la
interpretación y aplicación de las reglas legales que estructuran el proceso ejecutivo,
cuyo conocimiento corresponde al juez natural y que no adquiere, por sí sola,
dimensión constitucional.
43. Tampoco se advierte que la accionante hubiera construido de manera suficiente
un cargo autónomo por violación directa de la Constitución. Aunque invocó la
afectación del debido proceso y sostuvo que las autoridades judiciales anticiparon
una controversia propia de las excepciones de mérito, no identificó con precisión
qué disposición, principio o mandato constitucional fue desconocido directamente ni
explicó de qué manera la interpretación procesal adoptada resultaba incompatible,
de forma inmediata, con su contenido. En realidad, su planteamiento reproduce la
misma inconformidad acerca de la etapa procesal en la que debía definirse la
titularidad del crédito. En consecuencia, tanto el defecto procedimental como la
alegada violación directa de la Constitución permanecen en el plano de una
controversia legal ya resuelta por el juez de la causa y no superan el requisito de
relevancia constitucional.
44. En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, toda vez que
el defecto fáctico busca reabrir un debate surtido en el trámite ordinario. Por otra
parte, los cargos por defecto sustantivo, defecto procedimental y violación directa
de la Constitución presentan discusiones que no trascienden la esfera de lo legal,
las cuales corresponden al juez ordinario. Por ello, la demanda no supera el
requisito de relevancia constitucional, conclusión que torna innecesario estudiar las
demás causales genérica de tutela contra sentencia.
14
Respecto a estos defectos, la demandante sostuvo que las autoridades judiciales exigieron un
requisito inexistente, que era aportar la cadena de cesiones previas. Este alegato ya fue abordado
en la respuesta a la relevancia constitucional del defecto sustantivo, de suerte que es evidente que
se trata de un debate de carácter estrictamente legal, el cual también fue considerado por la
autoridad judicial en el proceso ordinario.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06681-00
Accionante: Yaneth Marina Parejo Bovea
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Procuraduría General de la
Nación, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Yaneth Marina Parejo Bovea, en nombre propio, contra la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del
Magdalena de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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