Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06682-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06682-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06682-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06682-00
Accionante: Juan Sebastián Camacho Delgado
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Tema: Derecho de petición. Solicitud de información sobre funcionarios
judiciales en propiedad. CONCEDE AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Sebastián Camacho
Delgado, en nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se ampare su derecho fundamental de petición que
considera vulnerado por la presunta falta de respuesta oportuna a la petición que
presentó el 17 de julio de 2026 ante el Consejo Superior de la Judicatura.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que, el 17 de julio de 2026 remitió derecho de petición a la dirección electrónica del
Consejo Superior de Judicatura (presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co)
solicitando que le fuera informada la edad de todos los jueces administrativos del
país que estuvieran vinculados en propiedad.
Explicó que le asistía interés en obtener la información, por cuanto se encontraba
dentro de la lista de legibles conformada mediante Resolución PCSJSR26-126 del
15 de mayo de 2026, para proveer en propiedad el cargo solicitado.
Señaló que el 21 de julio, le llegó correo electrónico donde se le informaba que la
solicitud había quedado registrada con el radicado EXTCJS26-8118, pero que para
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la fecha de presentación de la tutela (21 de agosto de 2026) el Consejo Superior de
la Judicatura no le había dado respuesta de fondo, ni indicado el trámite que le
estaba impartiendo a su solicitud.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y, se le ordene al
Consejo Superior de la Judicatura:
«(…) emitir respuesta de fondo y congruente a la petición de información
elevada el día 17 de julio de 2026 y registrada en el sistema el 21 de julio
siguiente, la cual deberá ser debidamente notificada en el correo electrónico por
el que fue presentada. (…)»
TRÁMITE DEL PROCESO
El 24 de agosto de 2026, el Despacho ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la entidad accionada.
POSICIÓN DE LA ACCIONADA
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó negar la tutela por improcedente, pues considera que no afectó,
desconoció o vulneró el derecho fundamental invocado.
Sostuvo que garantizó el derecho de petición en tanto dio respuesta de fondo, clara
y coherente a la solicitud, por lo que se configuró la carencia actual del objeto por
hecho superado. En consecuencia, solicitó negar la tutela.
Para discutir la existencia de vulneración, dijo que mediante oficio CJO26-4391 del
1 de septiembre de 2026 remitió la solicitud por competencia conforme lo establece
el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y el 101-1 de la Ley 270 de 1996; por lo que
cumplió con su carga y, el no haber dado respuesta favorable no implica el
desconocimiento del derecho.
Afirmó que remitió el contenido de la comunicación al correo del peticionario
(jfcamachod@unal.edu.co) el mismo 1 de septiembre; por lo que, a su juicio, ya no
existe situación de vulneración o amenaza a los derechos del actor.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición
y III) análisis del caso concreto.
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Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del derecho a
lo pedido»1.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y la Ley 1755 de 2015 y que este deber se
mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la
falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad
encargada2.
1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las
Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-
430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011,
sobre PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte
Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
Así mismo, se ha establecido que para la satisfacción del derecho de petición no es
necesario que se acceda a lo pedido, sino que se dé una respuesta de fondo a lo
solicitado. Así mismo, que cuando a quien le llega la solicitud no es competente para
resolver, tiene el deber de remitir a quién sí lo es, para emitir una respuesta de fondo
y completa, como lo establece el artículo 21 de la ley 1755 de 2015.
«Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará
de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se le
comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
Análisis del caso concreto
De las pruebas allegadas, es claro que la petición llegó al destinatario, pues el
mismo Consejo Superior de la Judicatura, con fecha del 21 de julio de 2026, le envió
«confirmación de registro de correspondencia» donde además se le informaba el
número de radicado (EXTCSJ26-8118).
Posteriormente, se evidencia que el 1 de septiembre de 2026, mismo día que fue
contestada la tutela, la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, remitió la petición por competencia a todos los presidentes de los
Consejos Seccionales de la Judicatura mediante Oficio CJO26-4391.
Frente a lo anterior, es claro para esta subsección que tal remisión solo ocurrió por
la presentación de esta acción, sin que exista evidencia alguna del trámite que se
adelantó en el interregno comprendido entre la petición original (17 de julio) a la
remisión por competencia (1 de septiembre).
Adicionalmente, se evidencia que el asunto del Oficio citado no guarda relación con
lo solicitado, pues se titula «Remisión por competencia información vacantes Jueces
Promiscuos Municipales», cuando lo realmente pedido es la edad de los jueces
administrativos. Aunque esto último, sí se plasma en el contenido del Oficio.
Ahora, frente a la remisión por competencia, la misma se hizo con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 101-1 de la Ley 270 de 1996, que señala que es función
de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales el «Administrar la carrera
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judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las directrices del Consejo
Superior de la Judicatura», sin embargo, de tal orden genérica, en realidad no se
desprende que el Consejo Superior de la Judicatura, como máximo órgano
administrativo del sector justicia, le este vedado conocer tal información o que, la
misma solo esté en posesión de los Consejos Seccionales.
Valga aclarar que no le asiste razón a la autoridad convocada cuando señala la falta
de competencia para emitir respuesta y remite a las seccionales, pues se trata de
una sola institución, aun cuando esté desconcentrada funcionalmente. El Consejo
Superior de la Judicatura es uno solo y por ello, debe dar respuesta. Distinto es que,
para ese momento, no contara con la información y debiera solicitarla a las
seccionales.
En este punto conviene precisar que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de
2015, dispone que, cuando excepcionalmente no sea posible resolver una petición
dentro del término legal, la autoridad debe informar tal circunstancia al interesado
antes de su vencimiento, expresar los motivos de la demora e indicar el plazo en
que emitirá la respuesta. Sin embargo, en el presente asunto no obra prueba de que
la accionada hubiera procedido de esa forma.
Es que, la remisión realizada a todos los Consejos Seccionales solo con ocasión de
la tutela, en realidad configura una “respuesta” evasiva, que elude el fondo de lo
pedido, pues no solo no resulta entendible que el Consejo Superior de la Judicatura
diga no tener tal información, sino que, además, por disposición constitucional y
estatutaria, debe tenerla.
Esto, porque el numeral 1 del artículo 256 de la Constitución Política y el numeral
19 del artículo 85 de la Ley 270 le asignan la función de administrar la carrera
judicial, además de ser quien le compete reglamentar la forma, clase, contenido,
alcances y demás aspectos de los procesos de selección, tal como lo disponen los
artículos 162 y 164 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en
concordancia con las sentencias C-037 de 1996 y C-134 del 2023 de la Corte
Constitucional.
Por tal razón, no resultan validos los argumentos expuestos por el Consejo Superior
de la Judicatura en torno a la improcedencia de la tutela o la negativa de la misma
en razón de una carencia actual por hecho superado.
Así las cosas, se encuentra demostrado que la petición radicada el 17 de julio de
2026 fue recibida por el Consejo Superior de la Judicatura y que, para la fecha de
decisión, no ha proporcionado una respuesta de fondo, clara, y congruente a la
petición del actor.
En consecuencia, la Subsección tutelará el derecho fundamental de petición del
señor Juan Sebastián Camacho Delgado y ordenará al Consejo Superior de la
Judicatura emitir y notificar una respuesta de fondo, frente a la solicitud identificada
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con el radicado EXTCSJ26-8118.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Juan Sebastián
Camacho Delgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, dentro del término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia,
si aún no lo ha hecho, suministre una respuesta congruente y de fondo al derecho
de petición de radicado EXTCSJ26-8118 del 17 de julio de 2026 y lo notifique al
peticionario.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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