Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06707-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06707-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06707-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá, D.C., 15 de septiembre de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06707-00
Demandante: Janele Contreras Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD | Derecho de petición
| Petición judicial | Debido proceso - Ampara
Síntesis del caso: La demandante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental de petición, que consideró vulnerado con ocasión
de la falta de respuesta a una petición judicial.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Janele Contreras
Quintero en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 24 de agosto de 2026, Janele Contreras Quintero presentó una
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de
petición, con ocasión de la falta de respuesta de su solicitud de copias
integras del expediente de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho Rad. 54001-23-31-000-2000-01396-01, junto con la constancia de
ejecutoria de la sentencia proferida dentro de este.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. Amparar mis derechos fundamentales.
2. Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander – Despacho 04 que,
dentro del término que fije el juez constitucional, resuelva de fondo mi solicitud.
3. Ordenar la entrega inmediata de las copias íntegras del expediente y de la
constancia de ejecutoria del proceso No. 540012331000139601.”
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021, y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06707-00
Demandante: Janele Contreras Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Nelson Martínez Castillo promovió una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación –Ministerio de
Defensa- Policía Nacional2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante Sentencia de 18 de junio de 2010, negó las pretensiones de la
demanda.
5. 2) Con ocasión de la muerte de Nelson Martínez Castillo, Janele
Contreras Quintero presentó, el 7 de marzo de 2025, un derecho de petición
ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante el cual
solicitó la expedición de copias íntegras del expediente del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 54001-23-31-000-2000-01396-
01. La solicitud comprendió la totalidad de las actuaciones surtidas desde la
presentación de la demanda hasta la sentencia proferida por el despacho,
incluido el respectivo salvamento de voto, así como la constancia de
ejecutoria de la providencia.
6. 3) El 18 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander dio respuesta a la solicitud presentada por Janele Contreras
Quintero e indicó que, debido a que el proceso se encontraba archivado,
era necesario efectuar el pago del arancel de desarchivo para verificar la
cantidad de folios cuya reproducción se requería. Señaló que dicho pago
debía realizarse en la cuenta nacional de gastos procesales del Banco
Agrario por la suma de $8.250 M/CTE, de conformidad con lo dispuesto en
el Acuerdo PCSJA23-12106 del 31 de octubre de 2023, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, precisó que, una vez
efectuado el pago, la solicitante debía allegar el respectivo comprobante
de consignación para que la Corporación diera trámite a su solicitud.
7. 4) El 20 de marzo de 2025, Janele Contreras Quintero realizó el pago
del arancel de desarchivo del proceso Rad. 54001-23-31-000-2000-01396-01
y envió copia del comprobante de pago al Tribunal Administrativo de Norte
de Santander.
8. 5) Transcurrido más de un año desde la presentación de la solicitud de
copias por parte de Janele Contreras Quintero, el 15 de abril de 2026 la
interesada reiteró por escrito dicha petición y aportó nuevamente el
comprobante de pago del arancel de desarchivo correspondiente al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, el Tribunal
no se pronunció frente a la solicitud.
2 Proceso con Rad. 54001-23-31-000-2000-01396-01.
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9. 6) En junio de 2026, un abogado acudió al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander en representación de Janele Contreras Quintero con el
fin de averiguar el estado de la solicitud de copias. En esa oportunidad, se
le informó que el expediente aún se encontraba en búsqueda.
10. Como fundamento de la vulneración, la accionante señaló que, la
autoridad accionada vulneró su derecho fundamental de petición, al
guardar silencio frente a la solicitud presentada en más de una ocasión.
11. Asimismo, señaló que los documentos solicitados resultaban
indispensables para ejercer las acciones encaminadas a la protección de
los derechos laborales y pensionales de Nelson Martínez Castillo con ocasión
de su muerte, particularmente las relacionadas con la pensión de invalidez
que percibía, dado que la accionante ostenta la condición de compañera
permanente del causante y es madre de dos menores de edad.
1.2. Posición de la parte accionada3
12. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander4 solicitó que se
negara el amparo constitucional, al considerar que no incurrió en una
actuación omisiva ni desatendió la solicitud presentada por la accionante.
Explicó que, una vez recibió la petición de copias del expediente, informó la
necesidad de cancelar previamente el arancel de desarchivo y, tras
acreditarse dicho pago, registró la actuación en el sistema SAMAI e inició las
gestiones para localizar el expediente.
13. Indicó que el proceso había finalizado en el 2010 y fue remitido a
archivo definitivo, por lo que su localización requería labores especializadas
de búsqueda. Además, señaló que el expediente había sido objeto de
movimientos archivísticos previos y que incluso en 2011 se expidieron copias
auténticas a solicitud de la parte actora.
14. Asimismo, manifestó que, con ocasión de la acción de tutela, ordenó
una nueva búsqueda física del expediente. Como resultado de dichas
gestiones, el Citador Grado IV de la Corporación certificó el 28 de agosto
de 2026 que realizó búsquedas en las oficinas 308 y 312 del archivo del
Tribunal, ubicadas en el Edificio Leidy, sin lograr localizar el expediente.
Igualmente, informó que desde el año anterior la corporación adelanta un
proceso de recuperación documental que aún se encuentra en curso y que,
en caso de ubicarse el expediente, este será remitido de inmediato a la
Secretaría para el trámite correspondiente.
3 Mediante Auto de 25 de agosto de 2026, el despacho sustanciador resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de
tutela de la referencia; (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
4 Índice 10 de SAMAI.
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15. Finalmente, sostuvo que la imposibilidad de suministrar las copias
solicitadas obedecía a una circunstancia material consistente en la falta de
ubicación física del expediente y no a una negativa injustificada o arbitraria
de la autoridad judicial. Por ello, afirmó que no existió vulneración de
derechos fundamentales, sino una imposibilidad material temporal ajena a
la voluntad de la Corporación, toda vez que la solicitud fue tramitada desde
su recepción y se han realizado las actuaciones necesarias para atenderla.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Diferencia entre peticiones administrativas y
peticiones judiciales. 2.3. Procedencia de la acción de tutela. 2.4. Verificación de la
vulneración alegada. 2.5. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
16. Corresponde a la Sala determinar si hubo, o no, una afectación a los
derechos fundamentales de la accionante por no haber obtenido una
respuesta por parte de las accionadas a su solicitud de 7 de marzo de 2025,
reiterada el 15 de abril de 2026, dirigida a obtener copias auténticas y
constancias relacionadas con el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, Rad. 54001-23-31-000-2000-01396-01.
17. Para lo anterior, deberá, en primer lugar, analizarse si dicha solicitud
constituye una manifestación del derecho fundamental de petición cuya
eventual vulneración deba analizarse bajo los parámetros de la Ley 1755 de
2015, o si, por el contrario, se trata de una petición de naturaleza judicial que
debe examinarse a la luz de las garantías del debido proceso.
2.2. Diferencia entre peticiones administrativas y peticiones judiciales
18. Las peticiones de carácter administrativo, presentadas para obtener
información, solicitar la intervención de un funcionario y/o entidad o elevar
consultas, se encuentran reguladas por la Ley 1755 de 2015 y deben ser
atendidas dentro de los términos allí previstos. En contraste, las solicitudes de
naturaleza judicial, presentadas en el marco de los procesos judiciales y
dirigidas para poner en marcha el aparato judicial o solicitar que un
funcionario cumpla sus funciones jurisdiccionales, se rigen por las reglas y
oportunidades establecidas en los respectivos estatutos procesales,
atendiendo al tipo de proceso, al procedimiento aplicable y a la etapa en
que este se encuentre.
19. La distinción entre ambas figuras depende de la naturaleza de la
actuación requerida y de la respuesta que deba emitir la autoridad. De
manera que, cuando lo solicitado exige un pronunciamiento vinculado al
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ejercicio de la función jurisdiccional o implica la adopción de una decisión
relacionada con un proceso judicial, la actuación no se relaciona con las
reglas propias del derecho de petición, sino con las disposiciones procesales
correspondientes.
20. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido de
manera reiterada que las garantías y términos previstos para el derecho de
petición no resultan aplicables cuando se pretende que el juez actúe en
desarrollo de sus funciones jurisdiccionales, pues tales solicitudes se
encuentran reguladas por los procedimientos judiciales respectivos. Por ello,
los memoriales, recursos y demás escritos relacionados con un litigio deben
tramitarse conforme con las reglas propias de cada actuación judicial5.
21. En el caso de la referencia, la solicitud recae directamente sobre
providencias, documentos y actuaciones incorporadas a un expediente
judicial, habida cuenta de que la expedición de copias auténticas,
constancias de ejecutoria y demás certificaciones requeridas exige la
consulta del expediente y el ejercicio de funciones propias de la
administración de justicia, relacionadas con la autenticación de piezas
procesales y la expedición de constancias judiciales.
22. En esa medida, la solicitud formulada por la accionante no puede
analizarse bajo los parámetros propios del derecho fundamental de
petición, reglado en la Ley 1755 de 2015, sino desde las garantías del debido
proceso y acceso a la administración de justicia, así la vulneración se
hubiera presentado a la luz del derecho de petición.
2.3. Procedencia de la acción de tutela
23. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orienta a obtener la
protección de los derechos fundamentales6 al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, así se hubiere invocado el de petición. Janele
5 Corte Constitucional. Sentencia 290 de 1993. “el derecho de petición no puede invocarse para solicitar a un juez
que haga o deje de hacer algo dentro de su función judicial, pues ella está gobernada por los principios y normas
del proceso que aquél conduce. Las partes y los intervinientes dentro de él tienen todas las posibilidades de
actuación y defensa según las reglas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.) y, por tanto, los pedimentos que
formulen al juez están sujetos a las oportunidades y formas que la ley señala. En ese contexto, el juez, en el curso
del proceso, está obligado a tramitar lo que ante él se pida pero no atendiendo a las disposiciones propias del
derecho de petición, cuyos trámites y términos han sido previstos en el Código Contencioso Administrativo para
las actuaciones de índole administrativa, sino con arreglo al ordenamiento procesal de que se trate. A la inversa,
las funciones de carácter administrativo a cargo de los jueces, dada su naturaleza, sí están sometidas a la
normativa legal sobre derecho de petición, tal como resulta del artículo 1º del Código adoptado mediante
Decreto 01 de 1984.”
Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016 “resulta necesario hacer una distinción entre los actos de carácter
estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los
actos administrativos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que,
respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad
correspondiente a la Litis”.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
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Contreras Quintero es la titular del derecho invocado como violado, por lo
cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la causa7.
24. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
tiene legitimación pasiva en la causa8, al ser al que se le atribuye la presunta
omisión y vulneración alegada.
25. El requisito de subsidiariedad9, se tendrá por superado por no existir
recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado.
26. En relación con el requisito de inmediatez10, este se satisface, ya que,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el presunto
retardo en la respuesta de la solicitud de 7 de marzo de 2025 y reiterada el
15 de abril de 2026.
2.4. Verificación de la vulneración alegada
27. En el asunto bajo estudio se tiene que, el 7 de marzo de 2025, la
accionante solicitó la expedición de copias íntegras del expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 54001-23-31-000-
2000-01396-01. La solicitud comprendió la totalidad de las actuaciones
surtidas desde la presentación de la demanda hasta la sentencia proferida
por el despacho, incluido el respectivo salvamento de voto, así como la
constancia de ejecutoria de la providencia. Según expuso, tales
documentos eran necesarios para adelantar los trámites relacionados con
los derechos laborales y pensionales derivados de la muerte de Nelson
Martínez Castillo.
28. Respecto de lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander informó a la accionante, a través de correo electrónico
el 18 de marzo de 2025, que el proceso solicitado se encontraba archivado,
razón por la cual era necesario adelantar previamente su desarchivo para
proceder a la expedición de las copias requeridas. Asimismo, indicó que
dicho trámite se realizaría una vez se efectuara el pago del correspondiente
arancel judicial.
29. Frente a tal circunstancia, Janele Contreras Quintero efectuó el pago
del arancel de desarchivo el 20 de marzo de 2025, y remitió el respectivo
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem
9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
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comprobante de pago a la Corporación. De esta manera, cumplió la carga
que le fue impuesta para dar trámite a su solicitud.
30. Sin embargo, pese a que la solicitud de copias y el comprobante de
pago del arancel de desarchivo fueron registrados en la plataforma SAMAI
el 21 de marzo de 2025, transcurrió más de un año sin que la autoridad
judicial emitiera una respuesta de fondo frente a lo solicitado o, en su
defecto, informara a la interesada las circunstancias que impedían atender
materialmente su requerimiento. Por esta razón, Janele Contreras Quintero
se vio obligada a reiterar su solicitud el 15 de abril de 2026, sin obtener
respuesta alguna por parte del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
31. La autoridad judicial accionada sostuvo, en su informe, que no incurrió
en conducta omisiva alguna, pues registró la actuación en la plataforma
SAMAI e inició las gestiones dirigidas a localizar el expediente, el cual había
sido remitido a archivo definitivo desde el 2010. Asimismo, explicó que
adelantó búsquedas físicas del expediente y que actualmente la
corporación desarrolla un proceso institucional de recuperación
documental.
32. La Sala reconoce que la localización de expedientes archivados
puede implicar actuaciones administrativas y logísticas que demandan un
tiempo razonable y que la imposibilidad material de ubicar un proceso
constituye una circunstancia relevante para valorar la conducta de la
autoridad judicial. No obstante, dichas circunstancias no eximen al
despacho de su deber de resolver oportunamente las solicitudes sometidas
a su conocimiento ni justifican indefinidamente la ausencia de una
respuesta.
33. En efecto, la garantía de acceso a la administración de justicia
comprende no solo el derecho a promover actuaciones ante las
autoridades judiciales, sino también el derecho a obtener una respuesta
oportuna y efectiva frente a las solicitudes que exijan el ejercicio de
funciones jurisdiccionales o relacionadas con la actividad judicial. Del mismo
modo, el debido proceso impone a los despachos judiciales el deber de
impulsar diligentemente los trámites a su cargo y evitar dilaciones
injustificadas.
34. En el presente asunto, aunque el tribunal afirmó haber adelantado
gestiones para ubicar el expediente, lo cierto es que, desde la acreditación
del pago del arancel de desarchivo hasta la presentación de la acción de
tutela, transcurrió más de un año sin que la accionante obtuviera una
respuesta definitiva sobre la viabilidad de su solicitud. Durante ese lapso
tampoco recibió información suficiente acerca de las actuaciones
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adelantadas ni se adoptó una determinación concreta frente a la
imposibilidad de localizar el expediente.
35. Por lo anterior, la Sala concluye que la autoridad accionada vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la accionante, debido a que no se pronunció
frente a la petición judicial de 15 de abril de 2026.
36. En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales
invocados y se ordenará al Tribunal Administrativo de Norte de Santander
que resuelva de fondo la solicitud presentada por la accionante. Para tal
efecto, deberá informar de manera clara y completa el resultado de las
gestiones adelantadas para la localización del expediente y, de ser
procedente, expedir las copias y constancias requeridas. En caso de que
persista la imposibilidad de ubicar el expediente, deberá indicar las
actuaciones que correspondan frente a dicha circunstancia.
2.5. Conclusión
37. La Sala amparará los derechos fundamentales de la accionante, tras
acreditar su vulneración por parte de la autoridad accionada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de Janele Contreras Quintero, por las
razones expuestas en la parte motivan de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que,
dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, se pronuncie sobre la solicitud presentada por la accionante el
15 de abril de 2026. Advirtiendo que, en caso de persistir la imposibilidad
material de ubicar el expediente, informe de manera clara, completa y
motivada a la accionante las actuaciones adelantadas para su localización
y las medidas que resulten procedentes conforme con el ordenamiento
jurídico frente a dicha circunstancia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
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Demandante: Janele Contreras Quintero
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decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 11.
CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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