Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06739-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06739-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06739-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06739-00
Demandante: OSIRIS ESTHER ZAMBRANO DE POMBO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL, SECCIÓN B, DESPACHO 006
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la
corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Osiris Esther Zambrano de Pombo, en nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B, Despacho 006, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia.
Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia del 15 de mayo
de 20261, que modificó el ordinal segundo del fallo del 19 de diciembre de 2025,
mediante el cual el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-33-
33-010-2024-00169-00/01, promovido contra la Universidad del Atlántico y la
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De la revisión del expediente en el aplicativo Samai se advierte que la providencia fue proferida el
15 de mayo de 2026 y notificada el 28 de julio del mismo año, pese a que la accionante adujo en
su escrito de tutela que el fallo fue dictado en esta última fecha.
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Demandante: Osiris Esther Zambrano de Pombo
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B, Despacho 006
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06739-00
señora Marlene Canedo Ojito.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
2. ORDENAR al Magistrado Ángel Hernández del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BARRANQUILLA MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia
proferida el día 28 de julio de 2026.
ORDENAR al Magistrado Ángel Hernández del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BARRANQUILLA, redistribuir en debida forma la prestación deprecada, en
proporción al tiempo de convivencia en apego a lo preceptuado por la sentencia C-
1035 de 2008, la ley 797 de 2003 y la sentencia del Consejo de Estado, EXP:
54001233300020190009601 (2191-2024), M.P. JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
1.3. Hechos
La parte demandante sostuvo que contrajo matrimonio con el señor Gerardo
Enrique Pombo Hernández (q.e.p.d.) el 16 de septiembre de 1961, unión de la
cual nacieron cuatro hijos y que se mantuvo pública, estable e ininterrumpida
durante 62 años, hasta el fallecimiento del causante ocurrido el 20 de noviembre
de 2023.
Refirió que la manutención del hogar dependía del ingreso pensional percibido por
el señor Pombo Hernández, en tanto la demandante estaba dedicada al cuidado
del hogar y tiene 85 años en la actualidad.
Indicó que con ocasión del fallecimiento de su esposo, solicitó ante su empleador
la Universidad del Atlántico el reconocimiento de la sustitución pensional como
cónyuge supérstite, al tiempo que la señora Marlene Canedo Ojito en calidad de
compañera permanente, por lo cual la entidad ordenó dejar en suspenso el
reconocimiento por el conflicto entre posibles beneficiarias, a través de la
Resolución 002220 fechada 18 de julio de 2024.
Expuso que en contra de dicha decisión administrativa promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin
de que se declarara la nulidad de la misma y se concediera el reconocimiento de
la aludida prestación por el 100% a partir del 20 de noviembre de 2023, junto con
el retroactivo pensional debidamente indexado y los respectivos intereses
moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Mencionó que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla mediante sentencia del 19 de diciembre de 2025 accedió a las
súplicas de la demanda por el 100% en su favor de la sustitución pensional desde
el 21 de noviembre de 2023; no obstante, denegó lo solicitado por la compañera
permanente en mención puesto que no había acreditado la convivencia
permanente con su fallecido esposo.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B, Despacho 006
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Refirió que la señora Canedo Ojito apeló la decisión anterior y que el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, Despacho 006 con
proveído del 15 de mayo de 2026 modificó la sentencia de primera instancia para
distribuir en un 50% la prestación para cada una puesto que estableció que el
causante mantuvo una convivencia simultánea con ambas y, por ello, revocó la
negativa respecto del derecho reclamado por la apelante.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en lo
siguiente:
1.4.1. Defecto sustantivo
Sostuvo que el tribunal demandado interpretó y aplicó indebidamente las normas
que regulan la convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente,
puesto que a pesar de reconocer los períodos de convivencia diferentes,
distribuyó la sustitución pensional en partes iguales en un 50% para cada una,
cuando debía hacerlo de manera proporcional al tiempo de convivencia, es decir,
para ella en un 62% y para la señora Canedo Ojito un 38%.
Refirió que con la providencia acusada se desconoció el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, así como el principio
de proporcionalidad, puesto que ella convivió con su esposo desde 1961 hasta su
fallecimiento en 2023, para un total de 62 años de convivencia, mientras que la
compañera permanente inició su relación con el causante en 1985, para un total
de 38 años.
Adujo que los testimonios que sirvieron de fundamento para tener por acreditada
la convivencia de la señora Canedo Ojito presentaban contradicciones en cuanto
a las circunstancias y período de convivencia, por lo que no permitían establecer
tal presupuesto hasta el fallecimiento del causante.
1.4.2. Desconocimiento del precedente
Manifestó que el tribunal cuestionado se apartó de las reglas jurisprudenciales
aplicables a la distribución pensional cuando existe convivencia simultánea.
Citó la sentencia emitida en el expediente 54001-23-33-00-2019-00096-01 (2191-
2024), referida en la providencia demandada, para destacar que, tal como se
distribuyó en ese caso en un 38% y un 62% entre esposa y compañera
permanente, en su asunto la prestación debía reconocerse de manera
proporcional al tiempo convivido, no en porcentajes iguales. Recordó que en la
sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional se analizó el asunto de la
convivencia simultánea.
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Sección B, Despacho 006
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1.4.3. Violación directa de la Constitución
Expuso que la distribución del 100% de la sustitución pensional en un 50% para
ella como cónyuge supérstite y para la señora Canedo Ojito en calidad de
compañera permanente afectó sus derechos fundamentales porque se otorgó un
tratamiento igual a situaciones que eran materialmente diferentes, en tanto que
los tiempos de convivencia con el causante no se pueden equiparar.
1.5. Trámite
Mediante auto del 26 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, Despacho 006.
A su vez, se vinculó al juez Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, al rector de la Universidad del Atlántico y a la señora Marlene
Canedo Ojito como terceros con interés en las resultas del proceso.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
Despacho 006
El magistrado de la corporación se opuso a la prosperidad del amparo solicitado y
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o que en su defecto
se deniegue lo pretendido.
Hizo referencia a la providencia demandada, en la cual, luego del análisis
detallado del material probatorio, se encontró acreditada la convivencia
simultánea entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente con el
causante.
Precisó que la imposibilidad de convivencia física posterior entre el causante y la
señora Canedo Ojito obedeció a sus condiciones de salud y movilidad, razón por
la cual no encontró demostrada la terminación del vínculo con la compañera
permanente.
Aclaró que la sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional no estableció
una fórmula matemática para determinar el porcentaje correspondiente a cada
beneficiaria.
Afirmó que los argumentos de la demanda de tutela lo que reflejaban era la
inconformidad de la accionante con la valoración probatoria y jurídica realizada en
segunda instancia, por lo que pretendía que se revisara nuevamente el caso
concreto como si se tratara de una tercera instancia.
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1.6.2. Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
Este despacho judicial aportó el enlace del expediente digital.
Asimismo, explicó que en atención a que los reparos formulados por la accionante
se dirigen exclusivamente a cuestionar la decisión adoptada en la sentencia
proferida en segunda instancia, se abstenía de emitir pronunciamiento sobre
dicho aspecto, en tanto ello implicaría examinar una providencia del superior.
1.6.3. Universidad del Atlántico
Esta institución solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Mencionó que no vulneró derecho fundamental alguno de la parte actora, pues su
actuación se limita actualmente a cumplir con la sentencia, por lo que carece de
competencia para modificar la orden judicial.
1.6.4. Marlene Canedo Ojito
La referida vinculada, a través de apoderada judicial, solicitó que se deniegue lo
pretendido por la accionante y se mantenga incólume la providencia demandada
pues lo que busca la demandante es que a ella en calidad de compañera
permanente se le reduzca el 50% reconocido en la decisión demandada por un
38%.
Refirió que lo pretendido por la actora era reabrir el debate decidido por el juez
natural, especialmente en cuanto a los periodos y circunstancias en que se dio la
convivencia simultánea con ella, así como la valoración de las declaraciones y el
porcentaje de distribución de la sustitución pensional.
Destacó que el tribunal valoró las pruebas y encontró acreditada su condición de
compañera permanente. Al respecto, precisó que su separación física durante los
últimos años antes de que falleciera el causante no obedeció a la terminación de
la relación, sino a las condiciones de salud y movilidad de este.
Afirmó que la regla del porcentaje 62% y 38% que se utilizó en otro proceso
ordinario no puede trasladarse automáticamente al suyo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según
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lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 2, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20193.
2.2. Cuestión previa
La señora Marlene Canedo Ojito intervino en esta acción de tutela a través de
apoderada judicial, para lo cual aportó el poder respectivo y sus soportes de
envío.
Por tal motivo, en esta oportunidad se le reconocerá personería a la abogada
Ivonne Roselin Salgado Parra, para actuar en nombre y representación de la
vinculada Canedo Ojito.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte accionante con ocasión de la sentencia del 15 de mayo de 20264, que
modificó el ordinal segundo del fallo del 19 de diciembre de 2025, mediante el cual
el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla accedió a
las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-33-33-010-2024-
00169-00/01, promovido contra la Universidad del Atlántico y la señora Marlene
Canedo Ojito.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
2
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
3
Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
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De la revisión del expediente en el aplicativo Samai se advierte que la providencia fue proferida el
15 de mayo de 2026 y notificada el 28 de julio del mismo año, pese a que la accionante adujo en
su escrito de tutela que el fallo fue dictado en esta última fecha.
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en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Por lo anterior, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.
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2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tri unal
constitucional consider ue la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el caso concreto, la parte actora invocó la configuración de un defecto
sustantivo porque, a su juicio, el tribunal demandado aplicó indebidamente las
normas que regulan la convivencia simultánea entre cónyuge y compañera
permanente al distribuir la sustitución pensional en partes iguales, en un 50% para
cada una de ellas, pese a que de las pruebas se podía determinar que ella nunca
se separó del causante hasta el momento de su muerte, mientras que la señora
Marlene Canedo Ojito no pudo demostrar la convivencia hasta el fallecimiento de
este, con lo que también se incurrió en la transgresión de las garantías
constitucionales que le amparan y con ello en una violación directa de la
Constitución.
A su vez, la accionante estimó que también se configuró un desconocimiento del
precedente porque la autoridad judicial acusada se apartó de la jurisprudencia
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que, a su juicio, imponía distribuir la prestación proporcionalmente al tiempo de
convivencia acreditado por cada una, de manera que a ella como cónyuge
supérstite que convivió con el causante hasta su muerte por un tiempo de 62 años
le correspondía un reconocimiento del 62%, mientras que a la señora Canedo
Ojito solo le correspondía un 38% de la sustitución pensional pues convivió 38
años.
Al respecto, la sala considera que los planteamientos de la accionante no superan
el requisito de la relevancia constitucional puesto que sus cuestionamientos están
dirigidos a controvertir las conclusiones jurídicas y probatorias a las que llegó el
tribunal demandado respecto de la convivencia simultánea y de la forma en que
debía distribuirse la sustitución pensional.
En efecto, se encuentra que la finalidad de la actora es que la autoridad judicial
acusada adopte una interpretación diferente sobre la proporcionalidad de la
prestación reconocida y modifique la distribución del 50% reconocida a cada
beneficiaria para que se le asigne el 62% a ella y el 38% a la señora Canedo
Ojito, en atención a que a los años de convivencia de cada una con el causante.
Asimismo, los reparos relacionados con los testimonios tampoco evidencian, en
los términos propuestos, un problema de índole constitucional, pues también
corresponde a un reproche frente al estudio probatorio del tribunal demandado
que estimó que el porcentaje por reconocer de las beneficiarias era del 50% para
cada una de ellas.
De igual manera, se observa que el tribunal demandado estimó que se acreditaba
la convivencia simultánea del causante con la compañera permanente (Canedo
Ojito) «…entre 1985 y 2020, sumado al tiempo de separaron por circunstancias
especiales que superaron su voluntad y deseo de permanecer juntos» y que la
ausencia de convivencia física entre estos durante los años previos al
fallecimiento de aquel no demostraba la terminación del vínculo, sino que
obedeció a las condiciones de salud y movilidad del causante.
Por tanto, la autoridad judicial acusada no encontró razones para determinar una
proporción diferente a la reconocida en la sentencia acusada.
Finalmente, respecto del presunto desconocimiento del precedente, la sala
advierte que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima, pues,
aunque invocó la sentencia emitida en el expediente 54001-23-33-00-2019-
00096-01 (2191-2024), referida también en la providencia demandada, no
identificó la regla o subregla jurisprudencial aplicable al caso concreto de la cual
se hubiera apartado la autoridad judicial demandada y que permitiera aplicar la
proporción de la sustitución pensional en el porcentaje pretendido.
Por el contrario, su planteamiento estuvo dirigido a trasladar el resultado
porcentual adoptado en aquel asunto (62% y 38%) a su situación particular, sin
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demostrar que dicho porcentaje constituyera una regla jurisprudencial aplicable
automáticamente a todas las controversias que versen sobre convivencia
simultánea.
Por consiguiente, la sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, pues los argumentos
de la parte accionante no permiten advertir, prima facie, que su asunto amerite
algún pronunciamiento de orden constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Reconocer personería a la abogada Ivonne Roselin Salgado Parra,
para actuar en nombre y representación de la vinculada Marlene Canedo Ojito,
por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
señora Osiris Esther Zambrano de Pombo, en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, Despacho 006, por
no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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