Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06742-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06742-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-06742-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06742-00
Accionante: María Leonor López Arbeláez
Accionados: Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín y otros
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Incidente de desacato
Decisión: Ampara los derechos fundamentales invocados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora María Leonor López Arbeláez, quien actúa en
nombre propio contra la Rama Judicial, la Policía Nacional, la Superintendencia
Nacional de Salud, la Nueva EPS y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito
de Medellín, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, la dignidad, la libertad, el patrimonio, la igualdad y al buen nombre,
derivada de la expedición de la providencia del 2 de abril de 2025, al interior del
trámite de incidente de desacato con radicado 05001-33-33-015-2025-00063-
00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente se advierte que la señora María Leonor
López Arbeláez se desempeñó como gerente regional noroccidente de Nueva EPS
entre el 22 de octubre de 2024 y el 18 de marzo de 2025. Durante dicho periodo,
ejerció funciones de representación de la entidad en actuaciones judiciales y
constitucionales, entre ellas, la contestación de acciones de tutela e incidentes de
desacato. No obstante, sostuvo que no contaba con facultades para ordenar
pagos, disponer de recursos presupuestales ni adoptar decisiones relacionadas
con la prestación efectiva de los servicios de salud.
3. En 2025, el señor Elmer Fernando Pascuales Borré promovió acción de tutela
contra Nueva EPS y Promotora Médica Las Américas S.A., con el fin de obtener
el restablecimiento de la atención oncológica conforme al tratamiento prescrito por
su médico tratante.
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Accionante: María Leonor López Arbeláez
4. El conocimiento de la acción correspondió al Juzgado Quince Administrativo del
Circuito de Medellín que, mediante sentencia del 14 de marzo de 2025, amparó el
derecho fundamental a la salud del accionante e impartió las órdenes
correspondientes a las entidades accionadas.
5. Luego, el señor Pascuales Borré promovió incidente de desacato por el presunto
incumplimiento de la sentencia. En el trámite incidental, mediante auto del 17 de
marzo de 2025, el Juzgado citó a la señora María Leonor López Arbeláez para que
informara sobre las medidas adoptadas por Nueva EPS para dar cumplimiento a
la medida provisional dispuesta el 7 de marzo de 2025 y a la orden de tutela del
14 de marzo siguiente.
6. Sin embargo, Nueva EPS y la funcionaria requerida no rindieron informe ni
presentaron manifestación alguna sobre el cumplimiento de las órdenes
impartidas.
7. En consecuencia, mediante providencia del 2 de abril de 2025, el juzgado
declaró en desacato a la señora María Leonor López Arbeláez, en su condición de
Gerente Regional Noroccidente de Nueva EPS, y le impuso una multa equivalente
a un (1) SMLMV. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia mediante auto del 8 de abril de 2025.
8. Con posterioridad, mediante auto del 4 de febrero de 2026 y previa solicitud de
la parte interesada, se ordenó levantar la sanción impuesta a la señora López
Arbeláez, con fundamento en el fallecimiento del accionante.
9. Ejecutoriadaslas decisiones correspondientes, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín inició el cobro coactivo de la multa impuesta a
la accionante, dentro del proceso identificado con radicado
05001129000020250174800.
2.2. Fundamento jurídico
10. La accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, dignidad, libertad, patrimonio y buen nombre, debido a la
sanción de multa impuesta en el incidente de desacato por incumplimientos
atribuidos a Nueva EPS durante el periodo en que se desempeñó como gerente
regional.
11. Sostiene que la responsabilidad en el desacato no puede derivarse únicamente
del incumplimiento objetivo de las órdenes, sino que debe establecerse su
responsabilidad subjetiva, a partir de su capacidad real para cumplirlas y de la
existencia de dolo o culpa.
12. Además, afirma que, aunque ejercía funciones de gerencia y representación
judicial, no tenía facultades suficientes para disponer de recursos, presupuesto o
servicios necesarios para materializar las órdenes de tutela.
13. Expone que Nueva EPS se encontraba sometida a intervención forzosa y
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atravesaba una crisis estructural, financiera y operativa que excedía su capacidad
individual. Además, tras la terminación de su vínculo laboral, el 18 de marzo de
2025, perdió acceso a los canales institucionales y continuó vinculada a procesos
de desacato y cobros derivados de las sanciones.
14. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado
que ha reconocido que, ante problemas estructurales de una entidad, el
incumplimiento objetivo no permite atribuir automáticamente responsabilidad
personal a su representante, solicita que se levanten o inapliquen las sanciones
impuestas en su contra.
15. Subsidiariamente, pide suspender los efectos de las sanciones y de los
procesos de cobro, mientras se adoptan medidas institucionales dirigidas al
cumplimiento de las órdenes de tutela.
2.3. Pretensiones
16. La parte accionante solicitó:
«PRINCIPALMENTE TUTELAR mis derechos fundamentales y como
consecuencia del amparo, ordenar el LEVANTAMIENTO E INAPLICACIÓN
DE LAS SANCIONES de arresto y multa impuestas dentro de los incidentes de
desacato proferidos en contra de la accionante en su condición de
representante legal de NUEVA E.P.S., al evidenciarse la ausencia de
responsabilidad subjetiva y la imposibilidad material y funcional de
cumplimiento derivada de la situación estructural de la entidad, circunstancia
notoria y ajena a la órbita de control individual de la suscrita.
SUBSIDIARIAMENTE SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA Y
TEMPORAL de los efectos de las sanciones de arresto y multa actualmente
vigentes en contra mía, así como de los procesos de cobro coactivo derivados
de las mismas, por el término que el Despacho estime razonable, con el fin de
permitir el ejercicio efectivo de la defensa individual y la gestión progresiva de
su levantamiento ante cada autoridad judicial competente.
PRINCIPALMENTE ORDENAR a NUEVA E.P.S. y su actual INTERVENTOR
designado el Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, y a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD en cabeza del DR. DANIEL QUINTERO como actual
SUPERINTENDENTE que en el marco de sus competencias legales y
administrativas, adelanten de manera inmediata las gestiones necesarias para
la materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendientes
que dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones
judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las
consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal».
2.4. Trámite procesal
17. La acción de tutela instaurada por la señora María Leonor López Arbeláez tuvo
su origen en el proceso radicado 11001-02-30-000-2026-01182-00, inicialmente
conocido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de
Justicia. En dicha actuación, mediante auto del 19 de agosto de 2026, concluyó
que cada uno de esos incidentes correspondía a procesos constitucionales
autónomos e independientes, promovidos por accionantes distintos, sustentados
en supuestos fácticos particulares y resueltos mediante decisiones judiciales
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propias. En consecuencia, ordenó el desglose de la demanda y la apertura de
cuadernos separados, con el fin de que cada asunto fuera repartido y tramitado
individualmente.
18. Como resultado de dicho desglose, correspondió a esta Subsección, el
conocimiento de la presente acción de tutela, relacionada con las sanciones
impuestas dentro del trámite constitucional identificado con radicado 05001-33-
33-015-2025-00063-00/01, adelantado ante el Juzgado Quince Administrativo del
Circuito de Medellín.
19. Mediante auto del 26 de agosto de 2026, el Despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar a la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín y Antioquia – Grupo
de Cobro Coactivo, la Policía Nacional, la Nueva EPS, la Superintendencia
Nacional de Salud y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, en
calidad de accionados; y a la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, al señor Elmer Fernando Pascuales Borré y a los demás sujetos
vinculados al incidente de desacato en cuestión, en calidad de terceros
interesados. Asimismo, se notificó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su competencia.
2.5. Intervenciones
20. Por medio de auto del 26 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín y Antioquia – Grupo de Cobro
Coactivo, la Policía Nacional, la Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de
Salud y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, en calidad de
accionados; y a la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, al señor Elmer Fernando Pascuales Borré y a los demás sujetos
vinculados al incidente de desacato en cuestión, en calidad de terceros
interesados.
21. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín realizó una
descripción de las actuaciones surtidas en el proceso de tutela y en el incidente de
desacato y finalmente, manifestó que levantó la sanción impuesta el 7 de
noviembre de 2025.
22. La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia
informó que inició proceso de cobro administrativo coactivo contra la señora María
Leonor López Arbeláez, con fundamento en la obligación contenida en la
providencia del 2 de abril de 2025, ejecutoriada el 9 de abril siguiente y que, a la
fecha, se han adelantado las siguientes actuaciones: (i) el 11 de septiembre de
2025 se remitió oficio persuasivo, mediante el cual se requirió el pago de la
obligación, junto con intereses y costas, dentro de los diez días hábiles siguientes;
(ii) el 29 de octubre de 2025 se libró mandamiento de pago mediante resolución
DESAJMEGCC25-12315; y (iii) el 19 de junio de 2026 se decretó el embargo de
los recursos de la obligada, medida que fue comunicada a las entidades bancarias
en esa misma fecha.
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23. La entidad precisó que esta última actuación se adoptó en cumplimiento de las
obligaciones legales a cargo del servidor público y con sujeción a los límites
previstos en el Estatuto Tributario, el Código General del Proceso y demás normas
aplicables.
24. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
26. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si las autoridades y entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, patrimonio, igualdad y buen
nombre de la señora María Leonor López Arbeláez, al permitir que continuaran
produciéndose efectos jurídicos y patrimoniales derivados de la sanción de multa
que le fue impuesta, en su condición de Gerente Regional Noroccidente de Nueva
EPS, dentro del incidente de desacato promovido con ocasión del incumplimiento
de las órdenes impartidas en la acción de tutela del señor Elmer Fernando
Pascuales Borré, pese a que dicha sanción fue posteriormente dejada sin efectos
por la autoridad judicial que la impuso, y al continuar las actuaciones de cobro
coactivo con fundamento en aquella.
27. En ese orden de ideas, la Sala procederá a abordar el estudio de la procedencia
de la acción de tutela; los incidentes de desacato ante fallas estructurales de las
instituciones; así como también de la crisis estructural de la Nueva EPS y
finalmente el problema jurídico planteado en precedencia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
28. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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29. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
3.5. De los incidentes de desacato ante fallas estructurales de las
instituciones
30. Según lo dispone el Decreto 2591 de 1991, ante el incumplimiento de una orden
emitida en un fallo de tutela el beneficiario puede solicitar, de manera simultánea
o sucesiva, su acatamiento por medio del denominado trámite de cumplimiento y/o
que se sancione a la autoridad incumplida a través del incidente de desacato.
31. La posibilidad de exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista
en los artículos 23 y 27 del decreto precitado y el fundamento constitucional de
este trámite radica en la obligación estatal de garantizar al sujeto afectado que el
fallo por medio del cual se concede la tutela le va a satisfacer el goce pleno de sus
derechos. En términos de la Corte Constitucional, la obligación principal del juez
constitucional consiste en hacer cumplir la orden de tutela, pues hace parte de la
garantía de amparo de los derechos fundamentales vulnerados y constituye el fin
de la actividad estatal.
32. Ahora, el incidente de desacato, regulado por el artículo 52 del Decreto 2591 de
1991, constituye un mecanismo de naturaleza disciplinaria y sancionatoria
destinado a asegurar la eficacia material de las órdenes impartidas por el juez
constitucional, aunque, si bien puede culminar con sanciones de arresto y multa,
su propósito primordial no consiste en castigar al obligado, sino en inducirlo al
cumplimiento del fallo y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales
amparados.
33. En ese sentido, debe que el desacato exige demostrar, además del
incumplimiento objetivo, la responsabilidad subjetiva de la persona destinataria de
la orden, esto es, que actuó con dolo o culpa, razón por la que, la falta de
cumplimiento no conduce automáticamente a la imposición de una sanción, pues
puede obedecer a circunstancias ajenas a la voluntad o a la capacidad funcional
del obligado.
34. Sobre el particular, se tiene que la Corte Constitucional en la sentencia T-1234
de 2008, sostuvo que la consideración aislada de cada incidente podía conducir a
decisiones formalmente correctas que, apreciadas en conjunto, vulneraban los
derechos del sancionado, fenómeno que calificó como una vía de hecho por
consecuencia.
35. Asimismo, advirtió que la solución individual podía afectar la igualdad de las
demás personas que se encontraban en turno y agravar el represamiento
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institucional, pero no liberó a los directivos de su obligación de superar la crisis,
sino que ordenó la formulación de un plan con medidas, recursos, cronogramas e
instrumentos de seguimiento.
36. En esa misma línea, al Alto Tribunal en materia constitucional en la Sentencia
SU-034 de 2018, precisó que el juez debe valorar conjuntamente factores objetivos
y subjetivos. Entre los factores objetivos, señaló que pueden tomarse en cuenta
variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto
que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de
cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad
funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo
dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las
órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento. Por otro lado,
entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como (i) la
responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a
las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento.
37. De esta manera, la existencia de fallas estructurales constituye un elemento
relevante para establecer la responsabilidad subjetiva, pero no opera como una
causal automática de exoneración, en la medida que se debe acreditar que se trata
de una situación generalizada, persistente y sistémica, y demostrar su relación
causal con el incumplimiento concreto, además deberá verificarse que el obligado
actuó de buena fe, agotó las gestiones que estaban dentro de su competencia y
no permaneció indiferente frente a la orden judicial.
38. En un asunto similar, la Corte Constitucional en la sentencia T-315 de 2020,
aplicó esas consideraciones a la crisis operativa y financiera de Coomeva EPS, al
encontrar que la imposición sucesiva y acumulada de sanciones de arresto había
perdido capacidad persuasiva para conseguir el cumplimiento de los fallos y, en
cambio, comprometía los derechos al debido proceso, al buen nombre y a la honra
de su representante legal.
39. Esa decisión no significó que la crisis de la EPS legitimara la interrupción de los
servicios de salud o eliminara la obligatoriedad de los fallos, puesto que la
suspensión de las sanciones fue acompañada por deberes concretos de gestión,
priorización, seguimiento y superación gradual del incumplimiento, en tanto,
mantuvo incólume la obligación de garantizar la continuidad y oportunidad de los
servicios y estableció que los futuros jueces debían valorar las circunstancias
objetivas y subjetivas antes de sancionar.
40. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 30 de
enero de 20251 amparó los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia; suspendió durante un año la ejecución de las
sanciones de multa y arresto impuestas a quienes ejercían o habían ejercido
funciones directivas, y ordenó formular un plan de acción en 90 días, al considerar
que la apertura masiva de incidentes y la imposición sistemática de sanciones
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habían perdido eficacia para obtener el cumplimiento de los fallos y desviaban
recursos humanos y administrativos necesarios para atender la problemática
subyacente.
41. De las anteriores providencias se desprende que las fallas estructurales
modifican la metodología con la cual debe examinarse el desacato, pero no
eliminan la obligatoriedad del fallo ni crean una inmunidad general para los
directivos de la entidad. De modo que, el juez debe mantener las actuaciones
dirigidas al cumplimiento, pero abstenerse de imponer sanciones fundadas
exclusivamente en la posición jerárquica del funcionario o en la constatación
objetiva de la mora, puesto que la crisis institucional debe enfrentarse mediante
órdenes complejas, planes verificables, coordinación interinstitucional y
seguimiento judicial, sin sacrificar la protección individual de quienes requieren una
atención urgente.
3.6. De la crisis estructural de la Nueva EPS
42. Al respecto, se tiene que los artículos 2.º y 6.º de la Ley Estatutaria 1751 de
2015 reconocen la salud como un derecho fundamental autónomo y establecen
unos principios que comprenden el acceso oportuno, eficaz, continuo y con calidad
a los servicios y tecnologías requeridos por las personas.
43. En ese orden de ideas, el artículo 14 de la 1122 de 2007, atribuye a las
entidades promotoras de salud una función indelegable de aseguramiento, que
comprende, entre otros aspectos, la administración del riesgo financiero, la gestión
del riesgo en salud, la articulación de los servicios que procure el acceso efectivo,
la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la
representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de
la autonomía del usuario.
44. Así las cosas, se tiene que, dentro de ese marco normativo, la intervención
forzosa administrativa constituye una medida excepcional de salvamento y control
dirigida a establecer si la entidad vigilada puede ser puesta en condiciones de
desarrollar adecuadamente su objeto social, debe ser sometida a otras medidas
o, en último término, liquidada, esto, con el propósito preservar la continuidad del
servicio público y proteger los derechos de la población afiliada.
45. Ahora,en el caso de la Nueva EPS se observa que la Superintendencia
Nacional de Salud, mediante la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de
2024, ordenó la toma de posesión inmediata de sus bienes, haberes y negocios y
su intervención forzosa administrativa para administrar, decisión que se
fundamentó en la concurrencia de deficiencias financieras, operativas,
administrativas y asistenciales que comprometían el ejercicio de su función de
aseguramiento y el acceso efectivo de los usuarios a los servicios de salud.
46. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el marco de la auditoría realizada para
verificación de la Resolución 497 de 2021, Nueva EPS cumplió con el 37% de los
estándares de habilitación y permanencia y registro 22 hallazgos.
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47. La situación asistencial se reflejaba, además, en el aumento sostenido de las
reclamaciones, puesto que, durante 2023 se registraron 1.075.319 reclamos y,
solamente en enero de 2024, se presentaron 21.474 nuevas reclamaciones
relacionadas principalmente con demoras en citas, entrega de medicamentos y
tecnologías, autorizaciones y acceso a otros servicios.
48. Asimismo, allí se indicó que el segundo semestre de 2023 también fue
reportadas 27.141 acciones de tutela promovidas por los usuarios para obtener
atención especializada, medicamentos, procedimientos, diagnósticos, dispositivos
médicos y tratamientos integrales.
49. Aunado a dichas deficiencias se sumó un deterioro financiero que incidía
directamente en la operación asistencial, pues, para diciembre de 2023, la
siniestralidad alcanzó el 100,9 % en el régimen contributivo y el 101 % en el
subsidiado, lo que indicaba que el costo de los servicios de salud era superior a
los ingresos operacionales correspondientes.
50. Con ocasión de lo anterior, la Superintendencia de Salud mediante la
Resolución 2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, prorrogó la medida hasta
el 3 de abril de 2026, al considerar que las causas que originaron la intervención
no habían sido superadas.
51. Con posterioridad, dicha entidad por medio de la Resolución
2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, ordenó nuevamente la toma de
posesión y la intervención forzosa administrativa de Nueva EPS hasta el 10 de
abril de 2027, toda vez que identificó debilidades estructurales en los componentes
técnico científico, administrativo, financiero y jurídico; así como fallas en la
operación de la red prestadora, ausencia de medición y estandarización en la
gestión farmacéutica, problemas en la integración de la información y persistencia
de barreras para acceder a los servicios.
52. En conclusión, lo descrito permite determinar la situación de Nueva EPS como
una crisis estructural con ocasión de deficiencias interdependientes en la solvencia
financiera, el funcionamiento administrativo, la suficiencia de la red, la entrega de
medicamentos y la atención efectiva de los usuarios, que lejos de disminuir el
alcance de las obligaciones de Nueva EPS, refuerza su deber de adoptar medidas
inmediatas de coordinación y garantizar que las consecuencias de su situación
institucional no sean trasladadas a los pacientes, especialmente cuando se
encuentren comprometidos los principios de continuidad, oportunidad e
integralidad o estén involucrados sujetos de especial protección constitucional.
3.7. Análisis del caso concreto
53. De manera preliminar, resulta necesario precisar que el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Medellín, mediante providencia de 7 de abril del año
en curso, dejó sin efectos la sanción impuesta a la señora María Leonor López
Arbeláez, al advertir que el señor Elmer Fernando Pascuales Borré, respecto de
quien recaía la orden constitucional cuyo incumplimiento dio lugar al trámite
incidental, había fallecido. No obstante, pese a dicha determinación, el proceso de
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cobro coactivo de la multa continuó su trámite, circunstancia que constituye el
aspecto frente al cual la accionante alega la vulneración de sus derechos
fundamentales.
54. En este contexto, se evidencia que la accionante no cuenta con un mecanismo
judicial idóneo y eficaz que le permita obtener una protección oportuna frente a la
continuidad de las actuaciones de cobro, por lo que se encuentra satisfecho el
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
55. Asimismo, si bien la sanción cuya ejecución se cuestiona fue impuesta y
confirmada en el año 2025, circunstancia que, prima facie, podría suscitar un
cuestionamiento respecto del requisito de inmediatez, lo cierto es que sus efectos
no se agotaron con la expedición de las decisiones que la impusieron, pues dieron
lugar a actuaciones de cobro coactivo que, según se afirma, continuaron con
posterioridad a que aquella fue dejada sin efectos. Por consiguiente, la afectación
alegada conserva actualidad, en la medida en que la obligación derivada de la
sanción continúa proyectando efectos jurídicos y patrimoniales sobre la esfera de
la accionante.
56. Ahora bien, aunque la acción de tutela se dirige formalmente contra las
actuaciones relacionadas con la sanción y su posterior cobro, no resulta necesario
establecer si, al momento de imponerla, las autoridades judiciales valoraron
adecuadamente los elementos objetivos y subjetivos exigibles para la
configuración del desacato. Ello obedece a que dicha sanción fue posteriormente
dejada sin efectos por el mismo juzgado que la había impuesto, de manera que un
pronunciamiento sobre la corrección de la decisión sancionatoria carecería de
incidencia actual en la situación jurídica que motiva la presente acción de tutela.
57. En efecto, del expediente se desprende que, mediante providencia del 7 de abril
del año en curso, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín dejó
sin efectos la sanción impuesta a la señora María Leonor López Arbeláez y ordenó
comunicar dicha determinación a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín para lo pertinente.
58. Por consiguiente, una vez comunicada dicha decisión a la dependencia
encargada del cobro, la obligación económica derivada de la sanción impuesta
mediante auto de 2 de abril de 2025 no puede continuar siendo ejecutada, pues la
propia autoridad judicial que había impuesto la medida dispuso posteriormente
dejarla sin efectos.
59. En ese sentido, el análisis constitucional debe circunscribirse a establecer si,
pese a la decisión judicial que dejó sin efectos la sanción, subsistieron actuaciones
de cobro con fundamento exclusivo en aquella y, de ser así, si las autoridades
competentes adoptaron las medidas necesarias para impedir que continuara
produciendo efectos jurídicos o patrimoniales en contra de la accionante.
60. Al respecto, no se encuentra acreditado que el Juzgado accionado hubiera
comunicado a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín la providencia mediante la cual dejó sin efectos
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Accionante: María Leonor López Arbeláez
la sanción. Tampoco se advierte que, antes de tener conocimiento de dicha
decisión, la referida dependencia hubiera actuado al margen del título que
sustentaba el cobro, pues las actuaciones adelantadas tenían como fundamento
una sanción judicial que se encontraba vigente para ese momento.
61. Por tanto, no resulta procedente atribuir a la Oficina de Cobro Coactivo una
vulneración de derechos fundamentales por las actuaciones realizadas mientras
no tenga conocimiento de la decisión judicial posterior que dejó sin efectos la
multa. Sin embargo, una vez comunicada dicha providencia, la dependencia
deberá adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas necesarias
para que las actuaciones de cobro que tengan como fundamento exclusivo la
sanción dejada sin efectos no continúe produciendo consecuencias jurídicas o
patrimoniales para la accionante.
62. En consecuencia, esta Subsección considera pertinente ordenar al Juzgado
Quince Administrativo del Circuito de Medellín que, si aún no lo ha hecho,
comunique a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín la providencia de 7 de abril del año en curso,
mediante la cual dejó sin efectos la sanción impuesta a la señora María Leonor
López Arbeláez.
63. Una vez efectuada dicha comunicación, corresponderá a la Oficina de Cobro
Coactivo, en el marco de sus competencias, adoptar las medidas necesarias para
dejar sin efectos las actuaciones de cobro que tengan como fundamento exclusivo
la multa impuesta a la accionante mediante auto de 2 de abril de 2025, en cuanto
resulten incompatibles con la decisión judicial que posteriormente dejó sin efectos
dicha sanción.
64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la dignidad humana, al
debido proceso, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre de la señora María
Leonor López Arbeláez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia;
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín
que, en caso de no haberlo hecho, comunique a la Oficina de Cobro Coactivo de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín la providencia del 7
de abril de 2026, mediante la cual dispuso el levantamiento de la sanción impuesta
a la señora María Leonor López Arbeláez, en calidad de gerente regional
noroccidente de Nueva EPS.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín - Oficina de Cobro Coactivo, que una vez reciba la comunicación a que
se refiere el ordinal segundo de esta providencia, adopte las medidas
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Accionante: María Leonor López Arbeláez
administrativas y procesales necesarias, dentro del ámbito de sus competencias,
para dejar sin efectos las actuaciones adelantadas dentro del proceso de cobro
coactivo núm. 05001129000020250174800 que tengan como fundamento
exclusivo la multa impuesta a la señora María Leonor López Arbeláez mediante
auto del 2 de abril de 2025, cuya inaplicación fue dispuesta por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Medellín, mediante providencia del 4 de febrero de
2026.
En particular, deberá abstenerse de continuar el cobro de dicha obligación y
levantar las medidas cautelares que hubieren sido decretadas o practicadas
exclusivamente con fundamento en ella, siempre que jurídicamente correspondan
a dicha obligación, así como realizar las actuaciones necesarias para que la
referida multa no continúe produciendo efectos jurídicos o patrimoniales en contra
de la accionante.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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