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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06752-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06752-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06752-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIAN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL: no se satisface el requisito de
relevancia constitucional. Se busca reabrir un debate concluido y no se cumple con la carga
argumentativa suficiente de tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 presentada por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a través de apoderada, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 24 de agosto de 2026, la entidad accionante presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración
de justicia y a la igualdad.

Hechos relevantes

2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.

3. La Fundación ONG La Red el 29 de abril de 2019, presentó la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2018. Para esa época,
la contribuyente tenía registrados en el RUT la Calle Principal Interna 24-76 del
corregimiento de Nariño, en Tuluá, Valle del Cauca, como dirección principal, y el
buzón afinanciera@onglared.org, como correo electrónico. Con fundamento en
esos datos, la DIAN adelantó la actuación de fiscalización.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 14 de septiembre de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. El 19 de enero de 2022, la administración profirió el auto comisorio de inspección
tributaria 2022021010000013, el 27 de septiembre de 2022 expidió el requerimiento
especial 2022021040000451 y el 11 de abril de 2023 profirió la Liquidación Oficial
de Revisión 202302105-900002, que modificó la declaración privada. La
administración notificó esos tres actos al correo electrónico registrado en el RUT.

5. El 5 de junio de 2023, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial y lo adicionó el 13 de junio siguiente. En los dos escritos
la Fundación ONG La Red indicó que recibiría las notificaciones en la Calle Principal
Interna 24-76 del corregimiento de Nariño, en Tuluá. Esa dirección coincide con la
que la contribuyente registró en el RUT.

6. El 28 de febrero de 2024, la DIAN resolvió el recurso de reconsideración mediante
la Resolución 1212016-000077 y modificó la liquidación oficial. La administración
notificó esa decisión el primero (1.°) de marzo de 2024 al correo electrónico
registrado en el RUT.

7. La Fundación ONG La Red, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el objetivo de que se declararan nulas las resoluciones 202302105-
900002 y 1212016-000077 mediante las cuales la DIAN había declarado la
liquidación oficial de revisión y resuelto el recurso de reconsideración.

8. El asunto le correspondió al Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito de
Buga y, en sentencia del 15 de julio de 2025, negó las pretensiones de la demanda2.
Esa autoridad judicial sostuvo que la dirección informada en el recurso de
reconsideración no constituyó una dirección procesal, porque coincidió con la
registrada en el RUT, en consecuencia, el juzgado declaró valida la notificación
electrónica que resolvió el recurso.

9. La entidad demandante apeló la sentencia de primera instancia3. El Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia del 13 de febrero de 2026
revocó la decisión del Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga4 y concluyó que la dirección física que la contribuyente informó
en el recurso de reconsideración constituyó una dirección procesal y que esa
dirección prima sobre la notificación electrónica. Con fundamento en esa conclusión
el Tribunal declaró configurado el silencio administrativo positivo, anuló la
liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso, y declaró en firme la
declaración privada del año gravable 2018.5

Pretensiones

10. En el presente proceso de tutela, el demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

2 SAMAI, expediente: 11001-03-15-000-2026-06752-00, índice 20, archivo del zip:
019SentenciaPrimeraInstancia.
3 SAMAI, ibidem, índice 21, archivo del zip: 021RecursoApelacionSentencia.
4 SAMAI, expediente: 76113-33-30-02-2024-00140-01, índice 14.
5 La autoridad judicial notificó la sentencia el 25 de febrero de 2026.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

“Que se amparen el derecho fundamental al debido proceso a la
igualdad y acceso a la administración de justicia de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.

Que se deje sin efectos la sentencia No. 029 del 13 de febrero de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
proceso 76111-33-33-002-2024-00140 01, notificada el 25 de febrero
de 2026.

Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir
una nueva sentencia en la que se resuelva conforme al precedente
vinculante fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
la Sentencia SU-017 de 2024, o, en caso de apartarse de dicho
precedente, exponga de manera expresa y suficiente las razones que
lo justifican.”

Fundamentos de la demanda de tutela

11. Sobre la subsidiariedad. La entidad accionante sostuvo que agotó los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa. Explicó que contra la sentencia de segunda
instancia no procede recurso ordinario. Indicó que conforme a las causales del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 no procede el recurso extraordinario de revisión
y sobre el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia señaló que la
cuantía del proceso asciende a treinta y tres millones setecientos sesenta y un mil
pesos ($33.761.000) y que la providencia cuestionada no se opone a una sentencia
de unificación del Consejo de Estado.

12. Sobre el defecto sustantivo. La DIAN afirmó que el Tribunal desconoció el
precedente que fijó el alcance del artículo 564 del Estatuto Tributario. Manifestó que,
conforme a ese precedente, la dirección que informa el contribuyente solo constituye
dirección procesal cuando difiere de la registrada en el RUT. La entidad sostuvo que
la autoridad judicial le atribuyó a esa norma un alcance incompatible con la regla
vigente y que se apartó de ella sin cumplir las cargas de transparencia y suficiencia
normativa.

13. Sobre el desconocimiento del precedente. Aunque la entidad demandante rotuló
este defecto como defecto sustantivo, alegó que la autoridad judicial cuestionada
desconoció el precedente establecido en la Sentencia SU-017 de 2024 sobre la
dirección procesal, a pesar de que fue invocado. Agregó que el juez de primer gradó
aplicó dicha jurisprudencia.

Trámite procesal

14. El 25 de agosto de 2026, la Secretaría General del Consejo de Estado repartió
el expediente al despacho de la consejera Zoranny Castillo Otálora6. El 26 de agosto
de 2026, la magistrada manifestó su impedimento con fundamento en la causal 6

6 SAMAI, expediente: 11001-03-15-000-2026-06752-00, índice 4.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 toda vez que suscribió la providencia
cuestionada como integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.7

15. Mediante auto del 31 de agosto de 20268, el despacho sustanciador declaró
fundado el impedimento, avocó el conocimiento del asunto y admitió la acción de
tutela. Asimismo, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
como accionado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además,
vinculó al Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga, a la Fundación ONG La Red, al Ministerio Público y a los demás intervinientes
del proceso ordinario. Igualmente, solicitó el expediente objeto de cuestionamiento,
entre otras decisiones.

Intervenciones

16. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga
remitió el enlace del expediente electrónico del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76-111-33-33-002-2024-00140-009.
Asimismo, esta autoridad judicial rindió informe en calidad de tercero con interés y
se pronunció sobre el contenido de la acción de amparo10. Señaló que la acción de
tutela se dirige de manera exclusiva contra la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal, por lo que no existe un reproche constitucional contra la
actuación del juzgado. Explicó que la controversia no es de carácter probatorio, sino
interpretativa frente al alcance que debe darse al artículo 564 del Estatuto Tributario
cuando la dirección señalada en el escrito de un recurso coincide con la del registro
RUT. Finalmente, manifestó su respeto por la autonomía e independencia judicial
del Tribunal y expresó su disposición de acatar lo que se resuelva en sede de
decisión.

17. La Fundación ONG La Red actuando como tercero con interés directo,
presentó escrito de oposición y solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela o, subsidiariamente, se negara el amparo11. Como cuestión previa,
alegó una falta de acreditación de la competencia del funcionario de la DIAN para
conferir el poder de representación judicial en este trámite. Asimismo, argumentó
que la controversia carece de relevancia constitucional autónoma, ya que la entidad
accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir un
debate legal que ya fue resuelto por el juez natural. Sostuvo que la providencia del
Tribunal no incurrió en defecto sustantivo, pues su interpretación tiene fundamento
normativo, probatorio y jurisprudencial. Además, indicó que no existió
desconocimiento del precedente (incluyendo la sentencia SU-017 de 2024), puesto
que las decisiones invocadas por la DIAN no resolvieron supuestos fácticos y
jurídicos equivalentes al presente asunto.

7 SAMAI, ibidem, índice 5.
8 SAMAI, ibidem, índice 10.
9 SAMAI, ibidem, índice 20.
10 SAMAI, ibidem, índice 21.
11 SAMAI, ibidem, índice 22.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió informe de tutela y
solicitó que se negara la solicitud de amparo invocada12. La autoridad judicial
determinó que, al contrastar el escrito de tutela con lo acontecido en el proceso, no
se advierte vulneración a los derechos fundamentales aducidos por la accionante.
Explicó que en su sentencia se consideró el alcance del artículo 536 del Estatuto
Tributario, las diferencias entre la notificación por correo y la electrónica, y la figura
de la dirección procesal prevista en el artículo 564 del mismo estatuto, dándole
prevalencia sobre las demás conforme al precedente del Consejo de Estado. Por
consiguiente, concluyó que lo que pretende la DIAN a través del mecanismo
constitucional es reabrir un debate procesal que ya fue resuelto en ambas
instancias. De forma complementaria, la Corporación remitió las direcciones de
notificación y los datos de contacto de los intervinientes registrados en el expediente
del proceso ordinario, junto con el enlace de acceso al expediente digital13.

19. Pese a haber sido notificadas en debida forma14, las demás partes guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

21. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela promovida por la DIAN
contra la Sentencia nro. 029 del 13 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, satisface los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de
relevancia constitucional. Para ello, deberá establecerse si el reproche de la entidad
—según el cual el Tribunal interpretó de manera contraria al precedente el artículo
564 del Estatuto Tributario al reconocer como dirección procesal una dirección física
que coincidía con la registrada en el RUT y, con fundamento en ello, desconocer la
validez de la notificación electrónica— plantea una cuestión de naturaleza
constitucional o si, por el contrario, pretende reabrir una controversia estrictamente
legal e interpretativa ya resuelta por el juez natural.

22. Únicamente si se supera el examen anterior, corresponderá determinar si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo al
interpretar que la dirección física señalada expresamente por la contribuyente
dentro del recurso de reconsideración constituía una dirección procesal en los
términos del artículo 564 del Estatuto Tributario y debía prevalecer sobre la

12 SAMAI, ibidem, índice 23.
13 SAMAI, ibidem, índice 10.
14 SAMAI, ibidem, índice 13. Notificación realizada el 2 de septiembre de 2026.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

notificación electrónica, aun cuando aquella coincidiera con la dirección registrada
en el RUT; o si, como sostiene la DIAN, conforme al precedente aplicable —incluida
la Sentencia SU-017 de 2024—, la dirección procesal solo se configura cuando el
contribuyente señala una dirección distinta de la registrada en dicho sistema.

23. Para contestar este interrogante, la Sala expondrá: (i) la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y el cumplimiento de los requisitos
generales en este asunto, (ii) el requisito de relevancia constitucional, (iii) las reglas
sobre la notificación de los actos de la administración tributaria y la dirección
procesal del artículo 564 del Estatuto Tributario, con la Sentencia SU-017 de 2024
(iv) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. La acción de tutela contra providencias judiciales procede de manera
excepcional. La Corte Constitucional fijó en la sentencia C-590 de 2005 los
requisitos generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad15.

25. La Corte Constitucional reiteró y ordenó los requisitos generales de procedencia
en la sentencia T-410 de 202416. Son los siguientes: i) la legitimación en la causa,
por activa y por pasiva; ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de
tutela; iii) el requisito de inmediatez; iv) la identificación clara, detallada y
comprensible de los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales,
alegados en el trámite procesal; v) el requisito de subsidiariedad; vi) la evidente
relevancia constitucional del asunto; y vii) cuando se plantee una irregularidad
procesal, que esta tenga un efecto determinante en la decisión cuestionada.

El requisito de relevancia constitucional

26. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para
identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia
constitucional en el evento en el que pretende reabrir el debate 17, a saber: (i) la
discusión debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o
económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre en el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o que tenga una
trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la
tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente
legales.

27. A esos criterios se suma una carga argumentativa. El accionante debe indicar
cómo se materializó el yerro que invoca, qué incidencia tuvo en la vulneración de
sus derechos fundamentales y por qué la decisión judicial no supera un juicio de

15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. La doctrina se reiteró, entre otras, en las
sentencias SU-215 de 2022 y T-410 de 2024.
16 Corte Constitucional, sentencia T-410 de 2024, párrafo 69.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

validez constitucional. La invocación genérica de derechos fundamentales no
satisface esa carga18.

Las reglas de notificación de los actos de la administración tributaria y la
Sentencia SU-017 de 2024

28. El artículo 563 del Estatuto Tributario dispone que la notificación por medios
electrónicos constituye el mecanismo preferente para los actos de la DIAN cuando
el contribuyente informa un correo electrónico en el RUT. En concordancia, el
parágrafo 4 del artículo 565 establece que ese registro equivale a la manifestación
expresa de la voluntad de recibir notificaciones por ese medio, y el artículo 566-1
regula la manera de practicarlas.

29. El artículo 564 del mismo estatuto contempla una excepción. Esa norma le
permite al contribuyente señalar expresamente una dirección procesal, física o
electrónica, para que la administración le notifique las decisiones que profiera dentro
del proceso de determinación y discusión del tributo.

30. La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha precisado el alcance de esa
excepción. Esa Sección sostuvo que la especialidad de la norma radica en la
posibilidad de informar una dirección distinta de la consignada en el RUT, de modo
que la coincidencia entre una y otra descarta que se trate de una dirección
procesal19. En otras decisiones, la misma Sección ha subrayado que la dirección
procesal informada por el contribuyente prevalece sobre las demás y que la
administración no puede notificar en una dirección diferente20.

31. La Corte Constitucional examinó esa materia en la Sentencia SU-017 de 2024.
La Sala Plena sostuvo que la notificación en la dirección electrónica registrada en
el RUT constituye la regla general y que la dirección procesal del artículo 564 del
Estatuto Tributario opera como excepción cuando el contribuyente manifiesta
expresamente su voluntad de ser notificado en una dirección distinta de la que
señaló en ese registro21.

32. Esa sentencia resolvió un caso análogo al presente. La DIAN promovió una
acción de tutela contra la sentencia del 10 de marzo de 2022 de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, que había declarado la nulidad de unos actos de
determinación del impuesto sobre la renta por indebida notificación. La entidad le
atribuyó a esa providencia un defecto sustantivo por la interpretación del artículo
564 del Estatuto Tributario, esto es, el mismo reproche que ahora formula.

18 Corte Constitucional, Sentencias T-280 de 2021 y T-210 de 2022.
19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de marzo de 2022, radicado 25000-23-37-
000-2015-01054-01 (24797), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En el mismo sentido, sentencia
del 1.º de junio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2020-03745-01 (26501), C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado 05001-23-33-
000-2014-01261-01 (22636), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, y auto del 4 de diciembre de
2025, radicado 50001-23-33-000-2023-02460-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-017 de 2024.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

33. La Corte encontró acreditada la relevancia constitucional de aquel asunto,
examinó el fondo y negó el amparo. Para ello precisó que la interpretación de las
disposiciones legales corresponde al juez natural y que esa interpretación solo
configura un defecto sustantivo cuando resulta irrazonable, arbitraria o caprichosa.
La Sala Plena concluyó que la DIAN no demostró un yerro de esa entidad, sino una
discrepancia con el criterio del juez de la causa22.

Los requisitos generales de procedencia en el caso concreto

34. Legitimación en la causa: la DIAN actuó como parte demandada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y la providencia cuestionada le
resulta desfavorable. La entidad presentó la tutela por conducto de apoderada, a
quien este despacho le reconoció personería23. Por su parte, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca profirió la sentencia que la accionante censura.
La Sala encuentra acreditada la legitimación por activa y por pasiva.

35. La relevancia constitucional: La Sala concluye que la acción de tutela no
satisface el requisito de relevancia constitucional, por las razones que expone a
continuación:

36. La controversia que la accionante plantea tiene naturaleza legal. El reproche
recae sobre la calificación de la dirección que la contribuyente informó dentro del
proceso de determinación del tributo y sobre el efecto de esa calificación en la
oportunidad para resolver el recurso de reconsideración. Ese examen exige
interpretar los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario y aplicar la
jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que es el juez de cierre
en materia tributaria.

37. Las dos instancias del proceso ordinario se ocuparon de ese punto y lo
resolvieron con fundamento en el mismo marco normativo y jurisprudencial. El
Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga sostuvo
que la dirección informada en el recurso coincidía con la registrada en el RUT y que,
por esa razón, no constituía una dirección procesal. El Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca examinó las mismas normas y la misma jurisprudencia y arribó a
una conclusión distinta.

38. El Tribunal no omitió el análisis de la dirección procesal. En sus consideraciones
identificó la notificación electrónica en la dirección registrada en el RUT como regla
general, reconoció la dirección procesal del artículo 564 del Estatuto Tributario como
excepción y expuso la jurisprudencia de la Sección Cuarta sobre su prevalencia24.
Enseguida verificó las piezas del expediente administrativo, entre ellas el RUT de la
contribuyente, el escrito de objeciones al requerimiento especial, el recurso de
reconsideración y su adición25.

22 Ibidem.
23 Ver índice 10 de Samai.
24 Ver los párrafos 48 a 66 de la sentencia nro. 029 del 13 de febrero de 2026.
25 Ver los párrafos 67 a 72 de la sentencia nro. 029 del 13 de febrero de 2026.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

39. Con fundamento en esas piezas, la autoridad judicial concluyó que la
contribuyente manifestó de manera expresa y reiterada su voluntad de ser notificada
en una dirección física dentro de ese trámite, y que la administración debía atender
esa manifestación. El Tribunal contrastó esa manifestación con el medio que la
DIAN empleó, esto es, el correo electrónico registrado en el RUT, y encontró que la
entidad no notificó la decisión en la dirección que la contribuyente señaló para el
proceso.

40. La accionante propone una lectura distinta de las mismas disposiciones. En su
criterio, la coincidencia entre la dirección física informada en el recurso y la
registrada en el RUT excluye la existencia de una dirección procesal. Las dos
lecturas parten de las mismas normas, de las mismas pruebas y de la misma
jurisprudencia. Por lo tanto, el desacuerdo no recae sobre la ausencia de análisis,
sino sobre el resultado de ese análisis.

41. La Sentencia SU-017 de 2024 respalda esta conclusión. La Corte Constitucional
examinó allí un reproche de la misma entidad, referido a la interpretación del mismo
artículo 564 del Estatuto Tributario, y negó el amparo. La Sala Plena explicó que la
discrepancia con el criterio interpretativo del juez natural no configura un defecto
sustantivo, salvo que la lectura resulte irrazonable o arbitraria26. La accionante no
demostró ese carácter en la providencia que ahora cuestiona: se limitó a oponerle
su propia interpretación.

42. La entidad accionante ya planteó esta discusión ante los jueces de la causa.
Invocó la regla sobre la dirección procesal en la contestación de la demanda y la
reiteró en los alegatos de conclusión de las dos instancias27. El Juzgado acogió su
postura y el Tribunal la descartó con razones expresas. La acción de tutela no
constituye una instancia adicional para reabrir ese debate, ni habilita al juez
constitucional para emitir un juicio de corrección sobre la interpretación que adoptó
el juez natural28.

43. La accionante tampoco satisfizo la carga argumentativa mínima. No explicó de
qué manera la providencia cuestionada afecta el núcleo esencial del debido
proceso. La DIAN intervino en las dos instancias del proceso ordinario, formuló sus
argumentos, los reiteró en los alegatos y obtuvo decisiones motivadas. El resultado
adverso no equivale, por sí solo, a la vulneración de un derecho fundamental29.

44. La Sala advierte, finalmente, que la Sentencia SU-017 de 2024 encontró
acreditada la relevancia constitucional del asunto que examinó. Esa conclusión no
se traslada de manera automática al presente caso. En aquella oportunidad, la
controversia exigía definir el alcance de las reglas de notificación en materia
tributaria, cuestión que la Corte resolvió con efectos de unificación. Aquí la
accionante no discute el contenido de esa regla, sino la manera en la que el Tribunal
la aplicó a unos hechos que las dos instancias valoraron. El examen de relevancia

26 Ibidem.
27 Ver los párrafos 35 y 36 de la sentencia nro. 029 del 13 de febrero de 2026.
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
29 Corte Constitucional, Sentencias T-280 de 2021 y T-210 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06752-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

constitucional es concreto y depende de los términos en los que el accionante
formula su reproche.

45. Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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