Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06757-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06757-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06757-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06757-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. SI BIEN SE DEBE TENER EN CUENTA LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA EN MATERIA DE DESACATO Y LA
SITUACIÓN ESTRUCTURAL QUE AFRONTA LA NUEVA EPS, ESTANDO
EN CURSO LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, EL JUZGADO
ACCIONADO DISPUSO INAPLICAR LA SANCIÓN IMPUESTA A LA
ACTORA DENTRO DEL TRÁMITE INCIDENTAL IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE RADICACIÓN 2025-00037-01.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, LIBERTAD,
DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, PATRIMONIO Y BUEN NOMBRE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL1 -
POLICÍA NACIONAL, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2, la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD3, la NUEVA EPS y su AGENTE
INTERVENTOR, el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN4 y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA5.
1
En adelante MINISTERIO.
2
En adelante DEAJ.
3
En adelante SUPERINTENDENCIA.
4
En adelante JUZGADO.
5
En adelante TRIBUNAL.
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Actora: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la
dignidad humana, a la igualdad, al patrimonio y al buen nombre, los
cuales estima vulnerados por el MINISTERIO - POLICÍA
NACIONAL, la DEAJ, la SUPERINTENDENCIA, la NUEVA EPS y
su AGENTE INTERVENTOR, el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber
proferido estos últimos las providencias de 20 y 27 de marzo de
2025, respectivamente, dentro del incidente de desacato adelantado
por el presunto incumplimiento del fallo 19 de febrero de ese año,
dictado en la acción constitucional identificada con el número 05001-
33-33-015-2025-00037-01.
I.2. Hechos
Indicó que fue nombrada gerente regional Noroccidente de la NUEVA
EPS y asignada en la representación legal durante el período
comprendido entre el 22 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2025,
para efectos de suscribir contestaciones de acciones de tutela e
incidentes de desacato, sin que ello implicara facultades de mando,
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disposición de recursos o manejo presupuestal para materializar las
órdenes que se impartían en materia de salud.
Precisó que durante el tiempo que ostentó dicho cargo no tenía
margen de maniobra ni capacidad funcional de acatar las distintas
órdenes de tutela emitidas contra la entidad, sumado al hecho de
que para la época de su gestión, la SUPERINTENDENCIA ya había
ordenado la intervención forzosa administrativa de la NUEVA EPS
mediante la Resolución núm. 2024160000003012-6 de 3 de abril de
2024, decisión que posteriormente fue prorrogada al evidenciar la
persistencia de graves deficiencias financieras, administrativas y
operativas, así como un elevado incumplimiento en la atención de
requerimientos judiciales y de las obligaciones relacionadas con la
prestación del servicio de salud.
Sostuvo que, aunado a lo anterior, la estructura administrativa de la
NUEVA EPS concentraba en el nivel central, ubicado en el distrito
capital de Bogotá, la autorización de servicios, los pagos y el
cumplimiento de las órdenes judiciales, por lo que no tenía
competencia para adoptar decisiones sobre dichas materias y,
además, la cantidad de tutelas recibidas mensualmente por la
presunta vulneración al derecho fundamental a la salud de los
afiliados crecía día a día y mes a mes exponencialmente con un
equipo, recurso humano y red de prestadores insuficientes para ello.
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Resaltó que acumula en su contra más de una centena de sanciones
individuales de desacato proferidas por varios despachos judiciales,
que representan cientos de días de arresto y millones de pesos en
multas y frente a las cuales, a la fecha, no tiene conocimiento cierto
y consolidado del número total de procesos vigentes, pues la
información obtenida de las distintas entidades presenta variaciones
significativas y carece de precisión, lo que agrava su situación de
indefensión e incertidumbre jurídica.
Adujo que, como consecuencia de las múltiples sanciones impuestas
por desacato dentro de acciones de tutela promovidas contra la
NUEVA EPS, su entidad bancaria le informó que le realizaron una
retención de dinero debido a unos embargos decretados en su contra,
con ocasión de 121 procesos de cobro coactivo que ascienden a un
valor de $1.250.438.439.
Por último, reiteró que durante su permanencia en la NUEVA EPS
carecía de la capacidad material, financiera y operativa real para dar
cumplimiento a las masivas órdenes de tutela proferidas en favor de
los usuarios, por lo que las múltiples sanciones de arresto y multa
impuestas en su contra no obedecen a su negligencia, dolo o desidia,
sino a una grave falla estructural e institucional de la NUEVA EPS,
hecho notorio y de conocimiento general y nacional.
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I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, la imposición de las múltiples sanciones por
desacato, pese a que carecía de competencia material y funcional
para cumplir las órdenes impartidas en las acciones de tutela, vulnera
sus derechos fundamentales.
Señaló que la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en
caso de deficiencias estructurales, la aplicación de incidentes de
desacato y sanciones correlativas no puede realizarse de forma
automática, sino que también responde a criterios de valoración de
la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento, para lo cual citó,
entre otras, la sentencia T-774 de 2015, en la que la Corte
Constitucional precisó que cuando la desatención masiva de fallos de
tutela obedece a una crisis institucional estructural, no es
constitucionalmente admisible trasladar automáticamente la
responsabilidad a sus representantes legales mediante sanciones de
desacato, sin verificar previamente la existencia de culpa o dolo, pues
el desacato no puede operar bajo una lógica de responsabilidad
objetiva y, en contextos de fallas sistémicas, el análisis debe
centrarse en la imputabilidad subjetiva y en la posibilidad real de
cumplimiento.
Afirmó que se encuentra en la hipótesis descrita por la jurisprudencia
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constitucional e incluso en peor situación, en la medida en que ya no
está en el cargo y le es imposible dar cumplimiento a los fallos de
tutela y, además, que: “[…] (i) existe una crisis estructural que
compromete seriamente la capacidad de ejecución de la NUEVA EPS
frente a los incidentes de desacato, sanciones y nuevas tutelas, (ii)
Dicha circunstancia se enmarca en una situación de fuerza mayor,
circunstancia que impide atribuir la responsabilidad a los accionantes
ni al Representante actual para asuntos de tutela, pues está fuera
del margen de acción de los mismos y (iii) la continuidad de recepción
de desacatos y sanciones conlleva que se pierda el fin esencial del
incidente de desacato y por el contrario pone en peligro los derechos
fundamentales de los accionantes al debido proceso, libertad,
dignidad humana, entre otros […]”.
Invocó como precedente la sentencia STP5789-2026 de la Corte
Suprema de Justicia, mediante la cual, al resolver un caso que, a su
juicio, es sustancialmente idéntico al suyo, ordenó levantar las
sanciones impuestas a una exgerente de la NUEVA EPS, suspendió
los procesos de cobro coactivo y le trasladó la responsabilidad a dicha
entidad.
Asimismo, puso de presente que mediante sentencia de tutela de 30
de enero de 2025 identificada con el núm. de radicado 2024-04475-
00, el Consejo de Estado analizó el caso de varios directivos y
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funcionarios vinculados a la EPS EMSSANAR, decisión que resulta
plenamente aplicable a su caso concreto, pues la vulneración de los
derechos fundamentales que alega no se origina en una decisión
judicial aislada, sino en la acumulación masiva y reiterada de
incidentes de desacato proferidos en el marco de una crisis
estructural de la NUEVA EPS y del sistema de salud, que desborda
su capacidad real de gestión y cumplimiento.
Finalmente, resaltó que la reiteración desmedida de sanciones
personales evidencia un problema sistémico institucional que no le
puede ser trasladado individualmente, pues ello desnaturaliza la
finalidad persuasiva del incidente de desacato y termina vulnerando
sus derechos fundamentales.
I.4.- Pretensiones
Por lo anterior, la actora solicitó lo siguiente:
“[…] PRINCIPALMENTE TUTELAR mis derechos fundamentales
y como consecuencia del amparo, ordenar el LEVANTAMIENTO E
INAPLICACIÓN DE LAS SANCIONES de arresto y multa
impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en
contra de la accionante en su condición de representante legal de
NUEVA E.P.S., al evidenciarse la ausencia de responsabilidad
subjetiva y la imposibilidad material y funcional de cumplimiento
derivada de la situación estructural de la entidad, circunstancia
notoria y ajena a la órbita de control individual de la suscrita.
SUBSIDIARIAMENTE SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA Y
TEMPORAL de los efectos de las sanciones de arresto y multa
actualmente vigentes en contra mía, así como de los procesos de
cobro coactivo derivados de las mismas, por el término que el
Despacho estime razonable, con el fin de permitir el ejercicio
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efectivo de la defensa individual y la gestión progresiva de su
levantamiento ante cada autoridad judicial competente.
PRINCIPALMENTE ORDENAR a NUEVA E.P.S. y su actual
INTERVENTOR designado el Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ,
y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en cabeza
del DR. DANIEL QUINTERO como actual SUPERINTENDENTE que en
el marco de sus competencias legales y administrativas, adelanten
de manera inmediata las gestiones necesarias para la
materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela
pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así
como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a
asumir institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos
incumplimientos, evitando que continúen trasladándose de manera
desproporcionada a mi esfera personal. […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN6 afirmó que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno y, por el contrario, en
cumplimiento de un deber legal inició proceso de cobro
administrativo coactivo núm. 2025-02440-00 contra la accionante,
por la obligación consignada en la providencia de 20 de marzo de
2025, proferida dentro del expediente 2025-00037-00.
Igualmente, aclaró que, para emitir acto administrativo de
terminación del proceso de cobro coactivo, resulta necesario y
obligatorio que el despacho judicial o la accionante si lo tiene en su
poder, alleguen el auto que le ordene inaplicar las sanciones que
constituyen el título ejecutivo que dio inicio al referido asunto.
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En adelante DIRECCIÓN SECCIONAL.
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I.5.2.- El JUZGADO realizó un recuento de las actuaciones surtidas
dentro del trámite incidental identificado con el número de radicación
2025-00037-00 y afirmó que durante el mismo se respetó el debido
proceso de los funcionarios requeridos de la NUEVA EPS, por lo que
se atiene a lo dispuesto en la presente acción de tutela.
I.5.3.- El TRIBUNAL manifestó que la decisión adoptada dentro del
trámite incidental se ajustó a derecho, por lo que no se advierte
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
accionante ni se acreditan los requisitos exigidos para la procedencia
de la acción de tutela, en particular, los relacionados con la relevancia
constitucional y la inmediatez.
I.5.4.- La DEAJ solicitó ser desvinculada del presente trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha
realizado alguna actuación u omitido el cumplimiento de un deber
que pueda relacionarse con la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la accionante, razón por la cual, una
vez conoció de la presente acción constitucional, le dio traslado a la
oficina de cobro coactivo de la DIRECCIÓN SECCIONAL, por ser la
dependencia competente.
I.6. Trámite
La presente solicitud de amparo fue presentada el 8 de agosto de
2026 y le correspondió por reparto a la Sala de Casación Civil, Agraria
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y Rural de la Corte Suprema de Justicia que de la relación
consolidada, aportada con el escrito de tutela, advirtió que la actora
cuestionaba las sanciones de multa y arresto impuestas dentro de
múltiples incidentes de desacato tramitados por diferentes juzgados
de la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa,
pertenecientes a los distritos de Medellín y en procesos de tutela
autónomos e independientes, cuyo estudio requería un análisis para
cada caso concreto, con respaldo en el respectivo expediente y las
actuaciones procesales allí surtidas.
En consecuencia, mediante auto de 19 de agosto del presente año7,
admitió la acción únicamente respecto del incidente de desacato
identificado con el radicado 2024-00033-00, ordenó el desglose de
la demanda y de sus anexos, así como la apertura de cuadernos
separados para cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de
que fueran repartidos y tramitados de manera independiente y
remitir los asuntos a las distintas Corporaciones según sus
competencias.
En cumplimiento de esa decisión, mediante Oficio núm. OSSCCT-588
de 24 de agosto de 2026 se remitieron por competencia 34 procesos
al Consejo de Estado, por lo que la Secretaría efectuó el reparto que
dio lugar al expediente de la referencia, al que le correspondió la
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Acción de tutela tramitada bajo el número de radicación 2026-01182-00.
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acción de tutela frente al trámite incidental identificado con el
radicado 2025-00037-01.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que la DEAJ solicitó ser desvinculada de la presente
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 20068, se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
8
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto.
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la DEAJ fue vinculada en calidad de accionada
dentro del presente trámite, razón por la que se denegará su solicitud
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de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y
así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19919. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
libertad, a la dignidad humana, a la igualdad, al patrimonio y al buen
nombre, los cuales estima vulnerados con ocasión de las sanciones
de arresto y multa impuestas dentro de múltiples incidentes de
desacato adelantados por el incumplimiento de fallos de tutela
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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proferidos contra la NUEVA EPS, entre ellas, la impuesta dentro del
incidente de desacato núm. 2025-00037-01.
A juicio de la accionante, dichas sanciones desconocen la
jurisprudencia constitucional sobre la responsabilidad subjetiva en el
trámite incidental, por cuanto carecía de competencia material y
funcional para ejecutar las órdenes impartidas, en la medida en que
durante su vinculación laboral no tenía a su cargo la autorización de
servicios de salud ni contaba con facultades administrativas o
presupuestales para garantizar el cumplimiento de las decisiones
judiciales.
Sea lo primero advertir que la presente controversia se enmarca en
la crisis estructural que afronta la NUEVA EPS, entidad sometida a
una intervención forzosa administrativa por la
SUPERINTENDENCIA debido al incumplimiento de las condiciones
financieras y de solvencia y a las deficiencias observadas en la
prestación de los servicios de salud y en el cumplimiento de órdenes
judiciales que le han sido impartidas.
En este punto, cabe señalar que, si bien la presente actuación tiene
por objeto cuestionar la sanción impuesta en las providencias
proferidas dentro del incidente de desacato identificado con el
radicado 2025-00037-01, la Sala advierte que dichas decisiones no
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pueden analizarse de manera aislada del contexto en el que fueron
adoptadas.
En efecto, el expediente de la referencia surge del desglose ordenado
por la Corte Suprema de Justicia respecto de una única acción de
tutela, lo que obedeció a razones de reparto y organización procesal
pero no transformó el problema constitucional de fondo, pues la
actora no cuestiona, exclusivamente, la legalidad de una
determinada decisión incidental, sino la afectación continuada de sus
derechos fundamentales derivada de la imposición sucesiva de
sanciones personales originadas en una misma situación estructural
relacionada con la organización y funcionamiento de la NUEVA EPS.
Siendo ello así y atendiendo el pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia en la sentencia STP5789-2026 de 9 de abril de 2026,
frente a un supuesto fáctico sustancialmente análogo, la Sala
procede a estudiar la controversia planteada.
Cabe señalar que el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la actora al imponer y
mantener sanciones de arresto y multa dentro de trámites
incidentales, sin valorar si esta contaba con competencia material y
funcional y con una posibilidad real de cumplir las órdenes de tutela
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cuyo incumplimiento dieron origen a estos, a la luz de la
jurisprudencia constitucional sobre la sanción por desacato y su
finalidad, la responsabilidad subjetiva en el marco de fallas
estructurales y de la crisis estructural y la intervención administrativa
de la NUEVA EPS y, en particular, frente al incidente de desacato
con radicado 2025-00037-01.
La sanción por desacato y su finalidad
Esta potestad correctiva del juez de conocimiento para imponer la
sanción (multa conmutable en arresto), está limitada por dos
requisitos, a saber: i) que se verifique el incumplimiento de la orden
judicial; y ii) que se determine la responsabilidad subjetiva del
demandado en la renuencia para acatarla.
Esta figura se encuentra establecida en el artículo 52 del Decreto
2591 de 19 de noviembre de 199110, en armonía con el artículo 27
ídem, que es del siguiente tenor:
“[…] ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere
una orden de un Juez proferida con base en el presente Decreto
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses
y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en
este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica
distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere
lugar.
La sanción será impuesta por el mismo Juez mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá
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dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción
[…]”.
La jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del
incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí
misma, sino que debe considerarse como una de las formas de
buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a
que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una
sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de
amparo.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de 23
de mayo de 200311, indicó:
“[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede
implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente
de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado
lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia.
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no
se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser
sancionado acatando […]” (Resaltado de la Sala).
Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de
201512, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los
11
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, expediente núm. 2015-00542-01, M. P. María Elizabeth García González.
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siguientes términos:
“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]”.
Ahora bien, para la imposición de la sanción por desacato es
necesario que el juez verifique la existencia de dos elementos, a
saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo,
esto es, a que se compruebe que la decisión contenida en el mismo
no ha sido acatada por la persona o entidad responsable; y el
subjetivo, que, dada la naturaleza disciplinaria de la sanción por
desacato, exige establecer que el responsable fue negligente
respecto de su obligación13.
Bajo estos presupuestos, la providencia que decide el incidente de
desacato debe precisar con claridad (i) si se incumplió la orden, para
lo cual se debe examinar cuál era la conducta ordenada, quién o
13
En la Sentencia T-763 de 1998, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, la Corte
Constitucional indicó: “[…] Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber
negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. […]” (Resaltado fuera del texto).
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quiénes debían cumplirla y dentro de qué término; y (ii) si existió
responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para
acatarla. Una vez determinado ello, el juez procede a imponer la
sanción que podrá ser de “arresto hasta de seis (6) meses y multa
hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales”, la cual será
consultada al superior jerárquico, quien deberá decidir sobre la
legalidad de la decisión.
La responsabilidad subjetiva en el marco de fallas
estructurales
La Corte Constitucional ha precisado que la responsabilidad derivada
del desacato es de carácter subjetivo, de modo que la imposición de
sanciones exige verificar las circunstancias particulares del caso y
establecer si la persona investigada contaba con la competencia
funcional y la posibilidad real de cumplir la orden impartida.
En esa línea, la Corte ha reconocido que, cuando el incumplimiento
se presenta en el marco de problemáticas estructurales que afectan
el funcionamiento de una autoridad pública o de una entidad
encargada de la prestación de servicios públicos esenciales, el juez
del desacato debe valorar si las deficiencias obedecen a
circunstancias ajenas al ámbito de decisión del funcionario
incidentado. En tales eventos, la existencia de limitaciones
institucionales, administrativas, presupuestales o funcionales no
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releva a la entidad del deber de cumplir los fallos de tutela, pero sí
impide trasladar automáticamente la responsabilidad personal a
quien carecía de la capacidad jurídica o material para hacer efectiva
la orden judicial.
Particularmente, en la sentencia SU-034 de 3 de mayo de 201814,
la Corte Constitucional precisó que el desacato no puede fundarse
únicamente en criterios de responsabilidad objetiva y que el juez
debe examinar, entre otros aspectos, el grado de participación del
funcionario, las competencias efectivamente asignadas, la
complejidad de las órdenes impartidas, el contexto institucional en el
que debían ejecutarse y la existencia de una posibilidad real de
cumplimiento. Solo a partir de ese análisis es posible establecer si el
incumplimiento resulta atribuible al presunto desacatador y, por
ende, si es constitucionalmente admisible imponer las sanciones de
arresto y multa previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Sobre el particular, la Alta Corte precisó lo siguiente:
“[…] De lo expuesto, se colige que, al momento de resolver un
incidente de desacato, la autoridad judicial debe tomar en
consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos
determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de
tutela por parte de su destinatario.
Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta
variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de
14
Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la
orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano
obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la
competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes
de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.
Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o
culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las órdenes, y
(iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son
enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación
del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias
que le permitan evaluar la conducta del obligado en relación
con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela
[…]”.
Asimismo, en la sentencia T-315 de 18 de agosto de 202015, la
Corte Constitucional reiteró que, cuando el incumplimiento de las
órdenes de tutela obedece a una problemática estructural de una
entidad y no a una conducta dolosa o negligente del funcionario
incidentado, el juez constitucional puede inaplicar, para el caso
concreto, las reglas ordinarias que gobiernan el incidente de
desacato, con el fin de evitar la imposición de sanciones personales
que desconozcan el carácter subjetivo de la responsabilidad y
vulneren el derecho al debido proceso. Frente al asunto, precisó lo
siguiente:
“[…] En dicha oportunidad, a pesar de que este Tribunal
declaró la improcedencia del amparo deprecado en los casos
concretos estudiados, amparó los derechos fundamentales al
buen nombre y al debido proceso del accionante al constatar
15
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 18 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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que las sucesivas sanciones por desacato que se le habían
impuesto, tanto en los casos acumulados en ese expediente
como en otros que presentaban los mismos elementos fácticos,
constituían “una afectación de sus derechos al buen nombre,
en la medida en que, efectivamente, dan lugar a que se
proyecte su imagen como la de alguien que negligente o
deliberadamente se abstiene de cumplir las órdenes que se
imparten por los jueces para la protección de los derechos
fundamentales de los afiliados a la Caja, y al debido proceso,
debido a que, por las circunstancias que afronta Cajanal, el
Director se encuentra en la imposibilidad de ejercer la defensa
efectiva en los diversos incidentes de desacato”.
Para llegar a esta conclusión, la Corte valoró que la mora
administrativa que impedía la oportuna atención del derecho
de petición era atribuible a un problema estructural de Cajanal
que crecía, aún más, con la acumulación de tutelas en contra
de la entidad pues, además de tener que resolver el alto
volumen de solicitudes represadas, debía dirigir esfuerzos para
asumir la defensa en los trámites judiciales de tutela que se
promovían cada vez con mayor frecuencia. Y consideró que esa
cadena de sucesos derivaba en la imposición sucesiva de
sanciones de arresto en contra del gerente general por el
desacato a órdenes de tutela que, a pesar de haber sido
proferidas respetando las garantías del debido proceso, los
elementos obrantes en el expediente y la normatividad
aplicable, conllevaba una vulneración a los derechos
fundamentales del sancionado ya que no consideraron la crisis
de Cajanal porque esta circunstancia no podía ser valorada en
cada caso individual. En palabras de la Corte, en casos como el
estudiado “puede predicarse la existencia de una especie de lo
que la jurisprudencia había denominado “vía de hecho por
consecuencia”, puesto que no obstante que las decisiones
judiciales, son, como se ha dicho, correctas individualmente
consideradas, comportan una violación de los derechos del
afectado, que resulta, no de una actitud contraria a derecho de
los jueces, sino de una situación estructural no susceptible de
apreciarse en los casos concretos”.
En este sentido, estableció que “cuando hay un problema
estructural no cabe el desacato en los casos individuales,
por ausencia de responsabilidad subjetiva”, lo que pone
de presente que “en situaciones como esa, deben
alterarse las reglas que gobierna el trámite de los
incidentes de desacato, porque exigir la oportuna
intervención de la entidad para justificar la mora como
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manera de obviar la sanción, desconoce la realidad del
problema estructural” […]” (Resaltado de la Sala).
Así, la jurisprudencia constitucional no ha establecido una
exoneración general de responsabilidad frente a entidades que
atraviesan crisis estructurales, sino que ha exigido que, en esos
contextos, el juez del desacato realice un examen particularmente
riguroso sobre la atribución subjetiva de la conducta, evitando
sancionar a funcionarios que, pese a ostentar una determinada
posición dentro de la entidad, carecían de competencia material y
funcional para superar las causas que dieron lugar al incumplimiento
del fallo de tutela.
Igualmente, mediante sentencia de tutela de 6 de octubre de
202516, al resolver la impugnación frente a un caso con similitudes
fácticas y jurídicas al presente, la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO estudió la
problemática asociada a la falla estructural que atraviesa
EMSSANAR EPS S.A.S., para lo cual consideró que: “[…] desde una
perspectiva global o panorámica del contexto analizado, el
incumplimiento de los fallos de tutela que ampararon derechos
fundamentales no resulta atribuible a la negligencia o al dolo de las
personas encargadas de acatarlos, sino a los problemas
16
Expediente identificado con el número de radicación 2024-04475-02. M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Actora: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
institucionales profundos de la EPS que imposibilita su correcto
funcionamiento y la atención oportuna de las dificultades en salud
que presenten sus afiliados […]”.
En esa oportunidad, se modificó la decisión del a quo y, en su lugar,
se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al buen nombre de los allí
accionantes. Asimismo, se confirmó la suspensión durante un año de
las sanciones por desacato que tenían en su contra y la orden relativa
a la elaboración de un plan de acción que, entre otros elementos,
relacionara medidas concretas orientadas a superar el cumplimiento
de las órdenes de tutela presentadas contra EMSSANAR EPS S.A.S.,
priorizando a los pacientes en grave e inminente riesgo, así como los
servicios requeridos para la atención de sujetos de especial
protección constitucional.
Para el efecto, en dicha providencia se concluyó lo siguiente:
“[…] 3.5. Conclusiones
203. La Sección Quinta del Consejo de Estado amparó en la
sentencia del 30 de enero de 2025 los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia de Emssanar EPS SAS y de los señores César
Augusto Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José
Edilberto Palacios Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor
Alfredo Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo España, Óscar
Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier Mideros Luna,
Sirley Burgos Campiño, María Alejandra Benavides Piando,
Víctor Hugo Labrador Rincón, Luis Carlos Arboleda Mejía,
Marizol Guzmán Gaspar, Camilo Andrés Sánchez Valencia,
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Actora: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
Johana Andrea Mesías Narváez y Dayanna Carolina Hernández
Rico.
204. Esta Sala modificará esa decisión en atención a las
consideraciones realizadas por la Corte Constitucional en las
sentencias T-1234 de 2008 y T-315 de 2020, en el sentido de
amparar los siguientes derechos fundamentales de todos los
accionantes:
i) Al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por cuanto la crisis estructural de la EPS analizada
en esta sentencia y sus consecuencias impiden que
ejerzan una debida defensa judicial de sus derechos
dentro de los trámites de desacato, lo cual, como se
indicó, no resulta reprochable a los jueces que han
conocido los trámites incidentales.
ii) Al buen nombre, en la medida en que la imagen de los
tutelantes se proyecta como la de una EPS y de personas
negligentes que deliberadamente incumplen los fallos de
desacato, no obstante que, se reitera, dicho
incumplimiento es el resultado, en términos generales, de
la crisis estructural financiera, técnica-científica y
operativa de la entidad.
205. Es este punto, la Sala considera pertinente advertir que el
amparo previsto en esta providencia abarca a Emssanar EPS
SAS y a los demás accionantes, y se extiende a cualquier
persona que esté vinculada a la entidad o lo haya estado, y que
haya sido sancionada por el incumplimiento de fallos de tutela
con ocasión de las funciones que tuviera asignadas en virtud
de su vinculación, en el contexto analizado en esta
oportunidad.
206. No se trata, pues, de la protección de derechos de
personas que no hayan comparecido a este trámite
constitucional en la condición de parte accionante o de terceros
vinculados, sino de la irradiación de los efectos del amparo a
los derechos de la EPS, en la medida en que, lo que busca el
juez de tutela, en términos generales, además de salvaguardar
garantías fundamentales, es recuperar la finalidad del trámite
incidental de desacato en el caso concreto y de lograr la menor
afectación de los derechos de todos los afiliados.
207. De esta manera pueden ser encauzados los esfuerzos de
la EPS y de cada uno de sus empleados a realizar las gestiones
necesarias para superar la crisis estructural que afronta la
entidad.
208. Por los motivos hasta aquí presentados, esta Subsección
observa que se dan las condiciones requeridas para inaplicar la
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Actora: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
«la regla conforme a la cual, en los incidentes de desacato el
incumplimiento objetivo de la orden de tutela impone al
destinatario de la misma la carga de explicar su conducta
omisiva como presupuesto para evitar la sanción». […]”.
Asimismo, recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia STP5789-2026 de 9 de
abril de 2026, resolvió un asunto con identidad fáctica y jurídica al
que ahora ocupa la atención de la Sala, en el que amparó los
derechos fundamentales de la señora SALOMÉ HENAO GONZÁLEZ,
quien promovió una acción de tutela contra las sanciones de arresto
y multa impuestas dentro de distintos incidentes de desacato con
ocasión del ejercicio del cargo de gerente regional noroccidente de la
NUEVA EPS, al establecer que la responsabilidad derivada del
desacato no podía fundarse en criterios objetivos, sino que exigía
verificar la competencia funcional y la posibilidad real de cumplir la
orden judicial y debía tener en cuenta la crisis estructural que afronta
la citada entidad.
En la citada providencia se precisó lo siguiente:
“[…] Así las cosas, la sola constatación de la falla estructural de
la Nueva EPS, la multiplicidad de sanciones por desacato que
recaen en contra de la actora, sumado al tiempo en que se
desempeñó en la entidad, develan la presencia de uno de
aquellos eventos en los que, el análisis integral de la situación
desdibuja la responsabilidad subjetiva en decisiones que, desde
su individualidad, pueden predicarse formalmente válidas.
No se cuestiona -ni se hace necesario revisar- la validez de las
órdenes de desacato individualmente impuestas en contra de la
actora; lo que se advierte es que las sanciones no son el
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Actora: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
producto de incumplimientos atribuibles a su gestión particular,
sino la expresión acumulada de una crisis institucional
preexistente a su vinculación, que motivó la intervención forzosa
administrativa de la entidad desde el 3 de abril de 2024, esto es,
más de un año antes de que Salomé Henao González iniciara sus
funciones.
La situación de la Nueva EPS, acreditada documentalmente en
el expediente, evidencia que las áreas encargadas de autorizar
servicios de salud, gestionar la contratación de red y ejecutar las
decisiones judiciales dependen de la intervención que, desde el
año 2024, se ordenó, con la adopción de medidas que superan
la capacidad funcional de una gerente regional.
De suerte que la representación que ostentaba la actora, el poco
tiempo en que estuvo y la crisis institucional de orden estatal se
ofrecen como un haz de elementos que torna difícil – por no decir
imposible- el cumplimiento de las distintas órdenes de tutela.
Esa circunstancia, por sí sola, devela un escenario en el que el
elemento subjetivo no se halla presente, presupuesto
indispensable para la vigencia de la sanción por desacato.
Así, resulta constitucionalmente inadmisible que el peso de una
falla sistémica que el propio Estado reconoció al decretar la
intervención, y que ningún funcionario individual estaba en
condiciones de revertir en el corto plazo, recaiga sobre quien
carecía de toda capacidad de cara al cumplimiento de los fallos
de tutela.
Y es que la sola existencia de un número plural y excesivo de
sanciones por desacato habla de la imposibilidad objetiva en que
se encontraba la accionante para dar cumplimiento a las órdenes
judiciales, pues ningún análisis racional de responsabilidad
individual puede sostener que una persona, en ejercicio de un
cargo regional y durante un período de apenas tres meses, haya
podido incurrir voluntaria o negligentemente en semejante
volumen de incumplimientos.
De esa manera, aunque las decisiones de desacato puedan estar
revestidas de legalidad, el escenario global y sistemático, así
advertido, es el que lesiona los derechos superiores de Salomé
Henao González, pues las sanciones impuestas, lejos de lograr
el cometido persuasivo, se terminan convirtiendo en un castigo
imposible de soportar para quien, desde su individualidad, poco
y nada puede hacer de cara a un problema que supera su
capacidad.
Por lo tanto, en aplicación de las pautas de índole constitucional
que informan esta decisión, habrán de ampararse los derechos
fundamentales al debido proceso, a la libertad y a la dignidad
humana de Salomé Henao González. En consecuencia, se
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levantarán las órdenes de arresto y multa que recaen en contra
de la accionante.
En este caso, el levantamiento no es transitorio, sino definitivo,
pues en la actualidad la accionante ya no hace parte de la Nueva
EPS, por lo que no tiene capacidad de cumplir, ulteriormente,
con alguna orden que se le imponga […]”.
Precisado lo anterior, se tiene que la actora aduce la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la
dignidad humana, a la igualdad, al patrimonio y al buen nombre,
debido a las sanciones que le han sido impuestas por el
incumplimiento de las órdenes de tutela dadas a la NUEVA EPS, por
cuanto, a su juicio, carece de competencia material y funcional para
cumplirlas, además de que las mismas obedecen a una problemática
estructural de la entidad y no a una conducta dolosa o negligente de
su parte.
Revisado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala
advierte que la actora con el escrito de tutela aportó una relación de
los procesos incidentales en los que se le ha impuesto sanciones de
multa y arresto, las cuales dieron origen a 121 procesos de cobro
coactivo que ascienden a un valor de $1.250.438.439, dentro de los
que se encuentra el trámite incidental identificado con el número
2025-00037-01, objeto de la presente acción.
Ahora, la Sala advierte que la controversia se desarrolla en un
contexto institucional excepcional, caracterizado por la crisis
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estructural que atraviesa la NUEVA EPS y que ha sido reconocida
por la SUPERINTENDENCIA mediante diversos actos
administrativos17 que han ordenado su intervención administrativa
forzosa desde el año 2024, los cuales se relacionan a continuación:
• Mediante la Resolución núm. 2024160000003012-6 de 3 de
abril de 2024, la SUPERINTENDENCIA ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la
NUEVA EPS y dispuso su intervención forzosa administrativa
para administrar la entidad, al constatar el incumplimiento del
régimen de condiciones financieras y de solvencia, así como
graves deficiencias en la garantía de la prestación de los
servicios de salud. Entre los hallazgos se identificó un bajo nivel
de cumplimiento en la atención de peticiones, quejas y
reclamos y, especialmente, un cumplimiento del 0 % en la
gestión de los requerimientos judiciales, circunstancia que
evidenciaba serias falencias para atender oportunamente las
órdenes impartidas por las autoridades judiciales.
• Posteriormente, a través de la Resolución núm.
2025320030001956-6 de 2 de abril de 2025, la
SUPERINTENDENCIA prorrogó la medida de intervención al
17
Dichos actos administrativos pueden ser consultados en el siguiente enlace
https://www.supersalud.gov.co/es-co/normatividad/resoluciones#k=, conforme lo autoriza el artículo
177 del CGP.
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concluir que persistían las causas que la motivaron y reiteró el
incumplimiento de los indicadores financieros y patrimoniales;
evidenció un incremento significativo en las reclamaciones de
los usuarios relacionadas con la oportunidad y continuidad en
la prestación de los servicios de salud y destacó que, durante
el primer año de intervención, se había presentado un aumento
en las acciones de tutela y en los incidentes de desacato
promovidos contra la NUEVA EPS.
• Por medio de las resoluciones núms. 2025320030006237-6 de
31 de julio y 2025320030006459-6 de 6 de agosto de 2025, la
SUPERINTENDENCIA adoptó y, posteriormente, ajustó
medidas cautelares encaminadas a fortalecer el control sobre
el flujo de los recursos públicos administrados por la EPS, tras
advertir un rezago estructural en el procesamiento de cuentas
médicas, un incremento significativo de anticipos sin legalizar,
afectaciones a la red prestadora por falta de pagos oportunos
y la ausencia de mecanismos eficaces de control financiero.
• Mediante la Resolución núm. 2026320030000631-6 de 30 de
enero de 2026, la autoridad de vigilancia mantuvo, en lo
esencial, dichas medidas cautelares y reforzó el esquema de
control sobre la administración de los recursos de la entidad.
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• Finalmente, con la Resolución núm. 2026100000003814-6 de
10 de abril de 2026, dispuso una nueva intervención
administrativa sobre la NUEVA EPS, manteniendo su
administración forzosa hasta abril de 2027, al considerar que
persistían las circunstancias que comprometían su estabilidad
financiera, administrativa y operativa.
Lo anterior pone de manifiesto que la NUEVA EPS continúa sometida
a una intervención forzosa administrativa y a un estricto esquema de
vigilancia y control por parte de la SUPERINTENDENCIA,
circunstancia que constituye un elemento relevante para valorar las
condiciones institucionales en las que se produjo el incumplimiento
de las órdenes de tutela y, particularmente, para determinar si las
sanciones impuestas a la actora respetaron el principio de
responsabilidad subjetiva que rige el incidente de desacato.
Así las cosas, la Sala advierte que en atención a que se encuentra
acreditada la situación de falla estructural que atraviesa la NUEVA
EPS, lo cual dio lugar precisamente a la presente acción de tutela,
de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional,
en principio, sería del caso estudiar si en el presunto asunto resulta
aplicable el criterio adoptado por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en la precitada sentencia STP5789-2026
de 9 de abril de 2026.
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No obstante, pese a que la actora en el escrito de tutela cuestiona
las múltiples sanciones que le han sido impuestas en los distintos
incidentes de desacato adelantados en su contra, teniendo en cuenta
el desglose ordenado por la Corte Suprema de Justicia explicado en
líneas anteriores, resulta necesario estudiar las circunstancias
particulares de cada proceso, razón por la que la Sala entrará a
verificar lo atinente al trámite incidental núm. 2025-00037-01,
objeto de la presente acción.
Al respecto, la Sala encuentra que dentro del citado proceso el
JUZGADO y el TRIBUNAL profirieron las providencias de 20 y 27 de
marzo de 2025, respectivamente, a través de las cuales se le impuso
a la demandante, en calidad de gerente regional Noroccidente de la
NUEVA EPS, una sanción consistente en multa equivalente a tres
(3) salarios mínimos mensuales legales vigentes y dos (2) días de
arresto, por desacato al fallo de tutela proferido el 19 de febrero de
ese año.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2026, la NUEVA EPS solicitó ante
el JUZGADO la inaplicación de la sanción impuesta a la actora dentro
del mencionado trámite incidental, indicando que continúan
adelantando las acciones pertinentes para dar cumplimiento al fallo
de tutela en relación específica con los servicios de salud reclamados;
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no obstante, que los allí tutelantes actualmente no se encuentran
afiliados a la entidad.
En atención a la solicitud de inaplicación, el JUZGADO profirió el
auto de 27 de agosto de 2026, en el que dispuso inaplicar la
sanción impuesta a la señora MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
y, asimismo, ordenó comunicar lo resuelto a la oficina de cobro
coactivo para lo pertinente, para lo cual precisó lo siguiente:
“[…] En el presente asunto, si bien no obra en el expediente
evidencia del cumplimiento del fallo de tutela, se advierte que
los señores Jaime Antonio Laverde Ochoa y Martha Delcira
Arroyave de Laverde actualmente no se encuentran afiliados a
la Nueva EPS, circunstancia que imposibilita a dicha entidad para
dar continuidad al cumplimiento de la orden impartida. De otra
parte, carece de sentido mantener una sanción frente a quien no
tiene la potestad de acatar lo ordenado por el juez constitucional,
pues como bien lo explica la Corte Constitucional en la
jurisprudencia en citas, el objeto de esta clase de trámites no es
la sanción en sí misma, sino incentivar el cumplimiento de la
sentencia que amparó derechos fundamentales.
En ese orden de ideas, se accederá a la solicitud y se procederá
a levantar la sanción impuesta en contra de la señora María
Leonor López Arbelaez. […]”.
En virtud de lo precedente, la Sala observa que la finalidad de la
acción de tutela de la referencia era que se ordenara el levantamiento
de las sanciones que le han sido impuestas en los distintos incidentes
de desacato adelantados en su contra, lo cual en lo que respecta al
trámite incidental núm. 2025-00037-01, objeto del presente estudio,
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sucedió estando en trámite la presente acción constitucional18, por lo
que desaparecieron las circunstancias fácticas que dieron lugar a que
se promoviera la presente acción frente a dicho proceso y, en
consecuencia, se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado19.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 25 de octubre de 2017, que lo define como «la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para
dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos
que le han sido encomendados»20. Y en la misma providencia se
precisó que el fenómeno previamente descrito puede materializarse
a través de las siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
18
La Sala advierte que la presente acción de tutela se radicó el 8 de agosto de 2026.
19
La Sala advierte que ya tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a un asunto similar mediante
sentencia de 30 de julio de 2026, dentro del expediente de tutela radicado bajo el núm. 2026-05475-
00. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
20
M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”21. (Negrilla fuera del
texto).
En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la actora, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
21
Ibidem.
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ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”22.
Lo anterior pone de manifiesto que en lo atinente al trámite incidental
2025-00037-01, objeto de la presente acción, actualmente no
existe sanción vigente contra la actora, pues, como quedó visto, por
decisión judicial de 27 de agosto de 2026 se ordenó el levantamiento
de esta, es decir, estando en curso la acción de tutela de la
referencia, lo que impone a la Sala declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado y así se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ), por las
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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