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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06774-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06774-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín. SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la pretensión de levantamiento de la sanción de desacato impuesta a la señora María Leonor López Arbeláez dentro del expediente 05001-33-33-014- 2024-00204-00, por las razones expuestas en esta providencia. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: María Leonor López Arbeláez Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-06774-00 CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión si esta decisión no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06774-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06774-00
Demandante: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial, carencia actual de objeto
por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La señora María Leonor López Arbeláez, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad2, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín,
la Rama Judicial, la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud, la
Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. (Nueva EPS) y el señor Jorge Iván
Ospina Gómez, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a
la dignidad humana, al debido proceso, a la libertad, al patrimonio, a la igualdad y
al buen nombre.

Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, con ocasión de la providencia del
6 de marzo de 2025, proferida el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera

1
La solicitud de amparo fue presentada el 5 de agosto de 2026, siendo asignada inicialmente a la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, bajo el radicado
1101023000020260118200, autoridad judicial que en auto del 19 de agosto de 2026 consignó lo
siguiente: «(…) PRIMERO. Desglosar la demanda y los anexos del radicado de la referencia para
conformar expedientes independientes por cada una de las acciones de tutela censuradas. En
consecuencia, remitir por competencia los 118 asuntos enlistados en el punto 3 de la parte
considerativa, a las Corporaciones que se relacionan en cada ítem (numerales 1 a 10 y 12 a 119)
a fin de que las quejas sean asignadas por reparto a los magistrados que las integran, para lo de
su competencia (…)».
2
Magistrada: Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.

Accionante: María Leonor López Arbeláez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Oralidad y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06774-00

de Oralidad, que confirmó el auto del 4 de marzo de 2025, dictado por el Juzgado
Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, dentro del incidente
de desacato identificado con el radicado 05001-33-33-014-2024-00204-00/04. Así
como también, por el proceso de cobro coactivo identificado con el radicado
05001129000020250296800, que inició la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Medellín para hacer efectiva la sanción que le fue impuesta al actor en
el mencionado incidente de desacato.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

PRINCIPALMENTE TUTELAR mis derechos fundamentales y como consecuencia
del amparo, ordenar el LEVANTAMIENTO E INAPLICACIÓN DE LAS SANCIONES
de arresto y multa impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en
contra de la accionante en su condición de representante legal de NUEVA E.P.S., al
evidenciarse la ausencia de responsabilidad subjetiva y la imposibilidad material y
funcional de cumplimiento derivada de la situación estructural de la entidad,
circunstancia notoria y ajena a la órbita de control individual suscrita.

SUBSIDIARIAMENTE SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA Y TEMPORAL de
los efectos de las sanciones de arresto y multa actualmente vigentes en contra mía,
así como de los procesos de cobro coactivo derivados de las mismas, por el término
que el Despacho estime razonable, con el fin de permitir el ejercicio efectivo de la
defensa individual y la gestión progresiva de su levantamiento ante cada autoridad
judicial competente.

PRINCIPAMENTE ORDENAR a NUEVA E.P.S. y su actual INTERVENTOR
designado el Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, y a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD en cabeza del Dr. DANIEL QUINTERO como actual
SUPERINTENDENTE que en el marco de sus competencias legales y
administrativas, adelanten de manera inmediata las gestiones necesarias para la
materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendiente que
dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y
administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias derivadas
de dichos incumplimientos, evitando que continúen trasladándose de manera
desproporcionada a mi esfera personal.3

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La señora María Leonor López Arbeláez fue nombrada gerente regional
Noroccidente de la Nueva EPS y designada como representante legal para efectos
de suscribir contestaciones de acciones de tutela e incidentes de desacato, cargo
que ejerció entre el 22 de octubre de 2024 y el 18 de marzo de 2025.

3
Transcripción del texto original que puede contener errores.
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de Oralidad y otro
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Durante ese periodo, la Nueva EPS se encontraba bajo intervención forzosa
administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la
Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, medida prorrogada en
2025 y 2026 por persistencia de fallas estructurales, financieras y operativas.

Señaló que, según el organigrama de la entidad, las áreas encargadas de autorizar
servicios médicos, gestionar pagos y administrar la defensa jurídica [Gerencia
Operativa en Salud, Gerencia Unidad de Servicios Compartidos en Salud,
Dirección Jurídica] dependían del nivel central en Bogotá y no de la Gerencia
Regional a cargo de la accionante, quien tampoco tenía control sobre el correo
institucional de notificaciones judiciales.

En ese contexto, ante el incremento exponencial de acciones de tutela contra la
Nueva EPS por presunta vulneración del derecho a la salud, se profirieron múltiples
sanciones de arresto y multa en contra de la señora López Arbeláez dentro de
incidentes de desacato, atribuidas a su condición formal de representante legal.
Afirmó desconocer con precisión el número total de sanciones vigentes en su
contra, dada la falta de acompañamiento de la Nueva EPS y la variación en la
información suministrada por las distintas entidades consultadas.

Precisó que, el 11 de julio de 2026, advirtió una retención de dinero en su cuenta
bancaria. Tras una solicitud de información (radicado 8018841074), Bancolombia
le informó, mediante comunicación del 14 de julio de 2026 con corte al 13 de julio
de 2026, la existencia de 121 procesos de cobro coactivo en su contra por valor de
$1.250.438.439, suma que, según indica, podría incrementarse por sanciones aún
no reportadas a cobro coactivo.

Entre los procesos que afectan a la accionante se encuentra el tramitado dentro
del expediente 05001333301420240020400 del Juzgado Catorce Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, originado en la sentencia del 6 de agosto de 2024
que amparó el derecho a la salud de Juan Carlos Londoño Guerra frente a Nueva
EPS, confirmada el 22 de agosto de 2024.

Ante el incumplimiento persistente de dicha orden, mediante auto del 21 de febrero
de 2025 se abrió incidente de desacato contra la señora López Arbeláez y contra
Bernardo Armando Camacho Rodríguez, agente interventor de Nueva EPS,
quienes fueron sancionados con multa el 4 de marzo de 2025, decisión confirmada
el 6 de marzo del mismo año y remitida a cobro coactivo el 2 de abril de 2025
(radicado 05001129000020250296800). Es esta sanción y su respectivo proceso
de cobro coactivo los que se examinan puntualmente en el caso concreto de esta
providencia.

Su contrato de trabajo con la Nueva EPS fue terminado unilateralmente por la
entidad poco después del periodo señalado. Pese a haber elevado múltiples
peticiones y comunicaciones a la Nueva EPS solicitando que asumiera
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institucionalmente el cumplimiento de las órdenes de tutela y las consecuencias de
los incumplimientos, la solicitante no obtuvo respaldo efectivo ni gestiones
concretas orientadas a levantar o inaplicar las sanciones impuestas a su nombre.

Con fundamento en lo anterior, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la libertad, al patrimonio,
a la igualdad y al buen nombre.

1.4. Sustento de la vulneración

Sostuvo que las autoridades judiciales que han impuesto y mantenido las
sanciones de arresto y multa en su contra vulneraron sus derechos fundamentales
al atribuirle personalmente el incumplimiento de órdenes de tutela dictadas contra
la Nueva EPS, pese a que, en su condición de gerente regional Noroccidente,
carecía de facultades decisorias, presupuestales y de capacidad operativa para
materializarlas, dado que dichas competencias estaban concentradas en el nivel
central de la entidad y, posteriormente, en el agente interventor designado por la
Superintendencia Nacional de Salud.

En cuanto al debido proceso, indicó que tras la terminación de su vínculo laboral,
las notificaciones de los incidentes de desacato continuaron remitiéndose
exclusivamente al correo institucional de la Nueva EPS y no a su dirección
personal, lo que le ha impedido conocer oportunamente los procesos en curso y
ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Añadió que, hay más de ochocientos procesos de cobro coactivo en su contra, no
cuenta con los recursos humanos ni económicos para hacerles seguimiento
individual, y que los jueces de desacato han examinado cada expediente de forma
aislada, sin valorar el carácter estructural y masivo del incumplimiento institucional
ni la ausencia de responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) de su parte, contrariando
el estándar fijado por la Corte Constitucional en la sentencia T-364 de 2021, según
el cual no todo incumplimiento de un fallo de tutela constituye desacato.

Invocó también el principio de que nadie está obligado a lo imposible (sentencia C-
337 de 1993), y señaló inconsistencias entre las cifras de procesos y sanciones
reportadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Policía Nacional, que
agravan la incertidumbre jurídica sobre su situación.

Respecto del derecho a la igualdad, argumentó que las decisiones que la
sancionaron desconocen el precedente horizontal y vertical aplicable a casos con
el mismo patrón fáctico, como los de las exgerentes Salomé Henao y Mónica del
Rosario Torres, amparadas por la Corte Suprema de Justicia, y que, en otros
procesos recientes, los despachos judiciales han dirigido las sanciones
directamente contra el agente interventor, reconociendo que es quien concentra la

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capacidad real de la disposición, lo que evidencia un trato desigual frente a
situaciones sustancialmente equivalentes.

En relación con el acceso a la administración de justicia, sostuvo que la magnitud
y dispersión de los procesos en su contra (más de mil, según indicó), sumada a la
falta de notificación efectiva y a la información oficial contradictoria, convierte la
defensa técnica en algo meramente formal e inalcanzable para una persona
natural, vulnerando así la garantía prevista en el artículo 229 de la Constitución
Política.

Por último, invocó por analogía el precedente de la Corte Constitucional en el caso
de la liquidada Coomeva EPS, en el que se suspendieron por un año las sanciones
de arresto contra quien fungió como representante legal de dicha entidad, para
sustentar que la crisis estructural de una EPS intervenida impide exigir
responsabilidad individual a quien ejerció funciones formales sin capacidad
material de cumplimiento.

1.5. Admisión de la demanda

La acción de tutela se radicó el 5 de agosto de 2026 y, por reparto, correspondió
al despacho del magistrado Francisco Ternera Barrios de la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente 11001-02-
30-000-2026-01182-00. Mediante auto del 24 de agosto de 2026, esa autoridad
dispuso el desglose de la solicitud, al advertir que la accionante cuestionaba
sanciones impuestas en incidentes de desacato tramitados dentro de distintas
acciones de tutela. La Secretaría General del Consejo de Estado dando
cumplimiento a lo ordenado asignó al despacho sustanciador el conocimiento de
las pretensiones relacionadas con el expediente 05001-33-33-014-2024-00204-
00/04, bajo el radicado de la referencia.

Mediante auto del 1° de septiembre de 2026, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela; ordenó notificar la solicitud al Tribunal Administrativo del
Antioquia4, al Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín5; a la Rama Judicial6, a la Policía Nacional7, a la Superintendencia
Nacional de Salud8, a la Nueva EPS9 y al señor Jorge Iván Ospina Gómez10
[interventor de la Nueva EPS]. Vinculó, como terceros con interés, al señor Juan
Carlos Londoño Guerra [quién promovió el incidente de desacato], al Consejo Superior

4
Notificación enviada a sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co;
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co
5
Adm14med@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
6
info@cendoj.ramajudicial.gov.co; deajnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
7
Segen.consejo@policia.gov.co; notificación.tutelas@policia.gov.co
8
snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co; snstutelas@supersalud.gov.co
9
general@nuevaeps.com.co
10
Secretaria.general@nuevaeps.com.co
5

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de la Judicatura11 y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial12; requirió a
las autoridades judiciales para que remitieran copia íntegra del proceso
constitucional y de los incidentes de desacato; ordenó publicar la demanda y sus
anexos, y notificó al accionante13.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el
auto del 1° de septiembre de 2026, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales, en virtud de los cuales se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín

El titular del despacho informó que, respecto del radicado
05001333301420240020400, único proceso de su conocimiento relacionado por la
accionante, no obraba en el expediente digital [aplicativo SAMAI] solicitud alguna
de levantamiento o inaplicación de la sanción presentada por la señora María
Leonor López Arbeláez.

No obstante, con ocasión de la presente acción de tutela, el juzgado revisó de oficio
el estado del trámite y dispuso el levantamiento de la sanción impuesta, librando
la comunicación correspondiente a la Oficina de Cobro Coactivo.

Precisó que dentro de ese expediente se habían adelantado once (11) incidentes
de desacato por el reiterado incumplimiento de la Nueva EPS, y que durante su
trámite se garantizó plenamente el debido proceso y el derecho de defensa de la
accionante, quien tuvo oportunidad de contradecir, presentar memoriales y aportar
pruebas.

El despacho señaló además que la peticionaria promovió otra acción de tutela
[radicado 050012204000202601681] ante el Despacho 015 Penal del Tribunal
Superior de Medellín, sobre los mismos hechos y en la que también se incluyó el
mismo radicado de cobro coactivo, remitiendo copia de ese expediente para
conocimiento de la Sala.

Destacó que la congestión judicial derivada de este tipo de casos obedece a que
la Nueva EPS incumplió las órdenes de tutela relacionadas con el derecho a la
salud y, adicionalmente, los excolaboradores acuden directamente a la acción de
tutela en lugar de solicitar la inaplicación de la sanción ante el juez natural, lo que
multiplica las cargas de trabajo de los despachos.

11
mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co
12
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co
13
Draleito5@hotmail.com; secretaria.general@nuevaeps.com.co
6

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Accionante: María Leonor López Arbeláez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
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En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la accionante frente a este
expediente, por cuanto la sanción ya había sido levantada de oficio, y remitió copia
íntegra de los expedientes digitales 2024-00204 y 2024-00161.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Como tesis subsidiaria de improcedencia, señalo que no se superó el requisito de
subsidiariedad [art. 6 del Decreto 2591 de 1991], al argumentar que la tutela no
puede sustituir los mecanismos ordinarios de defensa ni convertirse en una
instancia adicional para reabrir debates ya resueltos por el juez natural, y desarrolló
el concepto de perjuicio irremediable y sus requisitos [certeza, gravedad,
inminencia, urgencia e impostergabilidad], sin pronunciarse sobre si concurren en
el caso concreto.

Invocó también los principios de autonomía e independencia judicial [arts. 228 y
230 C.P.], al sostener que las providencias cuestionadas no resultan arbitrarias ni
caprichosas, sino que responden a una valoración razonada del juez natural, y que
la tutela no puede emplearse para obtener una decisión distinta a la ya adoptada
en el trámite ordinario.

Informó que la DEAJ Nivel Central dio traslado de la acción a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín el 3 de septiembre de 2026 para
que se pronunciara sobre lo de su competencia, y puso en conocimiento del
despacho que la accionante ha promovido múltiples acciones de tutela con
identidad fáctica y de pretensiones ante distintas Salas de la Corte Suprema de
Justicia, por lo que solicitó valorar su acumulación procesal.

En consecuencia, solicitó: (i) declarar probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la DEAJ Nivel Central y desvincularla del trámite; (ii) vincular a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín; (iii) rechazar
por improcedente la acción de tutela; y (iv) tener en cuenta la existencia de las
demás tutelas promovidas por la accionante para efectos de acumulación procesal.

1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura

Solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al ejercer funciones netamente administrativas de gobierno de la Rama
Judicial [arts. 256 y 257 C.P. y Ley 270 de 1996], las cuales se encuentran
desconcentradas en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus
Direcciones Seccionales.

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Con apoyo en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia14 y del Consejo
de Estado15, sostuvo que es la División de Cobro Coactivo de la Unidad de
Asistencia Legal de la DEAJ, o de la respectiva Dirección Seccional, según el caso,
la autoridad que efectivamente adelanta los procesos de cobro coactivo
cuestionados, y no el Consejo como cuerpo colegiado.

Invocó el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional
sobre legitimación pasiva16 para sustentar que el llamado a responder es quien
tiene la atribución legal y funcional para hacerlo. En consecuencia, solicitó declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y desvincular
al Consejo Superior de la Judicatura del trámite.

1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín

La directora Seccional dio respuesta, de acuerdo al traslado realizado por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 3 de septiembre de 2026.

Explicó que, conforme a la Ley 1066 de 2006 y al Estatuto Tributario [arts. 823 y
ss.], las entidades públicas están obligadas a adelantar el procedimiento de cobro
coactivo de las obligaciones a su favor, y que dicho trámite se rige por el
reglamento interno adoptado mediante la Resolución 2041 de 2020. Indicó que,
verificado el Sistema de Gestión de Cobro Coactivo [SGCC], la accionante María
Leonor López Arbeláez tiene actualmente 109 procesos administrativos de cobro
coactivo activos, todos soportados en títulos ejecutivos complejos debidamente
ejecutoriados conforme al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011.

Precisó que, para dar por terminado un proceso de cobro coactivo, es
indispensable que el despacho judicial que impuso la sanción, o la propia
accionante, alleguen el auto que ordene expresamente inaplicar la sanción
correspondiente; sin dicho auto, la entidad no está facultada para suspender o
terminar el trámite.

En relación con el proceso objeto de esta tutela [radicado de origen
05001333301420240020400, radicado de cobro coactivo
05001129000020250296800], relató las siguientes actuaciones surtidas: (i) oficio
persuasivo del 28 de octubre de 2025; (ii) mandamiento de pago librado mediante
la Resolución del 27 de noviembre de 2025; y (iii) decreto de embargo mediante la
Resolución del 19 de junio de 2026, comunicado a las entidades bancarias ese
mismo día.

Sostuvo que su actuación no vulnera derecho fundamental alguno, pues obedece
al cumplimiento de un deber legal, y que el título ejecutivo conserva su fuerza

14
Autos ATC1480-2022 y del 21 de junio de 2023
15
Sentencia del 15 de junio de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-01865-00
16
sentencias T-005 de 2022 y T-1015 de 2006
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mientras no se produzca la pérdida de ejecutoria por revocación o suspensión
provisional dictada por autoridad competente. Con fundamento en lo anterior,
solicitó desvincular a la oficina de cobro coactivo del trámite de tutela, por no ser
la llamada a resolver las pretensiones de la accionante, ya que la competencia
para ordenar la inaplicación de la sanción corresponde al despacho judicial que
tramitó el respectivo incidente de desacato.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 202117, y el Acuerdo 080 de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, por cuanto la solicitud se
dirige, entre otras autoridades, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitudes de desvinculación

Antes de abordar el estudio de la solicitud de amparo, la Sala resolverá las
peticiones de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín.

La Sala anticipa que no accederá a la petición de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín. Esta autoridad informó que adelanta el
proceso de cobro coactivo derivado de la multa controvertida, y que esa actuación
permanece vigente. En consecuencia, guarda una relación directa con los hechos
que motivaron la solicitud y cuenta con interés legítimo en el resultado del trámite
constitucional.

En contraste, se accederá a la solicitud de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura pues esas dependencias no
profirieron las providencias cuestionadas ni adelantan el proceso de recaudo,
actuación que corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín.

2.2.2. Solicitud de acumulación

17
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
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de Oralidad y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06774-00

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó valorar la acumulación
procesal ante las múltiples acciones de tutela con identidad fáctica y de
pretensiones radicadas ante distintas salas de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala no accederá a esa petición, precisamente la Corte Suprema de Justicia
dispuso el desglose de la demanda y la tramitación independiente de los
cuestionamientos formulados frente a cada incidente de desacato. Esa providencia
no constituye el objeto del presente amparo y produjo efectos procesales que no
pueden ser revisados horizontalmente por este despacho dentro de una actuación
distinta.

2.3. Problema jurídico

Aunque el escrito de tutela se refiere al proceso de cobro coactivo iniciado para
recaudar la multa impuesta a la accionante, los reproches formulados contra esa
actuación son consecuencia de la providencia que sancionó a la actora. Por tanto,
el estudio recaerá sobre los autos del 4 y 6 de marzo de 2025, mediante los cuales
se impuso y confirmó la medida.

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y
el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneraron el derecho fundamental
al debido proceso de la señora María Leonor López Arbeláez al imponer y
confirmar, mediante los autos del 4 y 6 de marzo de 2025, la sanción por
desacato?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial;
ii) de la carencia actual de objeto y iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201218
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de
2012, M. P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10

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Accionante: María Leonor López Arbeláez
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de Oralidad y otro
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema19 y declaró su
procedencia20.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Carencia actual de objeto

La sala ha explicado en varias ocasiones21 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

19
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
20
En la mencionada sentencia se dispuso: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia».
21
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
11

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En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso
de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i)
por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1.º de septiembre
de 2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación
actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción22.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la
lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no
que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese
presentado un peligro ya subsanado. (Negrillas propias).

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente23.

Con base en el marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido
que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de

22
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
23
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
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los derechos fundamentales24.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta),
lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la
autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los
derechos fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese tribunal25.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre
la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados26.

2.6. Caso concreto

La señora María Leonor López Arbeláez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la libertad, al patrimonio
y a la igualdad, al considerar que las sanciones de arresto y multa impuestas en
su contra dentro de incidentes de desacato promovidos contra la Nueva EPS,
específicamente, el tramitado bajo el radicado 05001-33-33-014-2024-00204-00
ante el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín,
desconocieron que, en su condición de gerente regional Noroccidente, carecía de
competencia funcional, presupuestal y operativa para materializar las órdenes de
tutela proferidas contra la entidad intervenida.

En el informe allegado por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín se señaló que, verificado el aplicativo Samai, no obraba
solicitud previa de levantamiento o inaplicación de la sanción presentada por la
accionante. No obstante, con ocasión de la notificación de la presente acción
constitucional, ese despacho revisó de oficio el estado del trámite y dispuso el
levantamiento de la sanción impuesta, librando la comunicación correspondiente a
la Oficina de Cobro Coactivo para lo de su competencia.

24
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
25
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
26
Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13

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Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha decantado que la carencia actual de
objeto por hecho superado se configura cuando, durante el trámite de la acción de
tutela, la entidad o autoridad accionada satisface la pretensión del actor mediante
la realización voluntaria u oficiosa de la conducta que se buscaba obtener por vía
del amparo, de manera que la orden judicial pierde su razón de ser al no existir ya
una vulneración o amenaza actual que remediar. En tales eventos, corresponde al
juez constitucional verificar la efectiva satisfacción de la pretensión y, de ser así,
declarar la carencia actual de objeto, sin perjuicio de referirse de fondo a la
eventual vulneración cuando ello resulte pertinente.

En el sub examine, la Sala encuentra que, mediante auto del 4 de septiembre de
2026, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín resolvió inaplicar la sanción impuesta a la señora María Leonor López
Arbeláez. La decisión se sustentó en que la accionante dejó de desempeñarse
como gerente regional Noroccidente de Nueva EPS S.A. desde el 18 de marzo de
2025, en virtud de la terminación unilateral de su contrato de trabajo, hecho que el
propio despacho encontró acreditado con la comunicación suscrita por el entonces
interventor de la EPS, Bernardo Armando Camacho Rodríguez.

La Sala constata que esta decisión fue efectivamente comunicada y notificada,
toda vez que obra en el expediente que, el mismo 4 de septiembre de 2026: (i) el
Juzgado libró el oficio respectivo dirigido a la Oficina de Cobro Coactivo de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, informando
la inaplicación de la sanción; (ii) dicho oficio, junto con el auto correspondiente, fue
remitido por correo electrónico institucional a las 3:33 p.m. al
buzón cobcoamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, con confirmación de entrega
generada a las 3:34 p.m. del mismo día; y (iii) la decisión fue notificada
electrónicamente a la señora María Leonor López Arbeláez, a la Nueva EPS, al
agente interventor Bernardo Armando Camacho Rodríguez.

De acuerdo con lo anterior la pretensión principal de la accionante, el levantamiento
de la sanción de desacato impuesta dentro del expediente
05001333301420240020400, fue satisfecha por el propio Juzgado accionado
antes de que se profiriera un pronunciamiento de fondo, circunstancia que
evidencia la desaparición sobreviniente del objeto del amparo respecto de dicha
actuación puntual. En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado frente a esta pretensión.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que la sanción de
desacato dio origen a un proceso de cobro coactivo autónomo, radicado
05001129000020250296800, que, según lo informado por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, se encuentra en una etapa
avanzada de ejecución: se libró oficio persuasivo el 28 de octubre de 2025,
mandamiento de pago el 27 de noviembre de 2025 y, se decretó embargo de

14

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cuentas bancarias mediante la Resolución del 19 de junio de 2026, comunicado a
las entidades financieras ese mismo día.

Esa dependencia precisó que, para dar por terminado el proceso de cobro, resulta
indispensable que el despacho judicial le allegue el auto que ordena inaplicar la
sanción que constituye el título ejecutivo.

Por tal razón, sin que ello implique reabrir el debate sobre la responsabilidad
subjetiva de la accionante en el trámite incidental, el cual quedó superado por la
propia decisión del Juzgado, la Sala considera necesario precisar el alcance de
esta declaración frente al proceso de cobro coactivo derivado de la sanción
inaplicada.

Precisando que, en el evento en que el procedimiento de cobro coactivo No.
05001129000020250296800 aún continúe vigente, le corresponde a la señora
María Leonor López Arbeláez solicitar ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín el cumplimiento de lo ordenado en el auto que
inaplicó la sanción impuesta, sin que sea necesaria una orden adicional de este
despacho constitucional para tal efecto.

Finalmente, la Sala precisa que esta providencia se circunscribe exclusivamente
al expediente de desacato radicado 05001-33-33-014-2024-00204-00 y a su
respectivo proceso de cobro coactivo, sin que se extienda a los demás procesos e
incidentes de desacato que la accionante afirma tener en trámite ante otros
despachos judiciales del país, los cuales fueron objeto de desglose por parte de la
Corte Suprema de Justicia, precisamente para ser examinados de manera
individual por la autoridad competente en cada caso, y frente a los cuales no obra
en este expediente información que permita constatar su estado actual.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín.

SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado,
respecto de la pretensión de levantamiento de la sanción de desacato impuesta a
la señora María Leonor López Arbeláez dentro del expediente 05001-33-33-014-
2024-00204-00, por las razones expuestas en esta providencia.

15

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Accionante: María Leonor López Arbeláez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Oralidad y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06774-00

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión si esta decisión no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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