Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06780-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06780-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06780-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06780-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOHN CARLOS PATIÑO MORALES
TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A
LA VULNERACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES
JUDICIALES. SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO FRENTE A LA
SOLICITUD DE 27 DE JULIO DE 2026, PUES SE LE DIO TRÁMITE A
LA QUEJA DISCIPLINARIA.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1 y su
SECRETARÍA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JOHN CARLOS PATIÑO MORALES, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
1
En adelante COMISIÓN NACIONAL.
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Actor: JOHN CARLOS PATIÑO MORALES
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual estima vulnerado por la COMISIÓN
NACIONAL y su SECRETARÍA, por cuanto no ha recibido una
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió el 27
de julio de 2026, por medio de la cual pidió que se les abriera una
investigación disciplinaria a los magistrados que conocieron de las
acciones constitucionales identificadas con los números únicos de
radicación 2023-00104-00 y 2026-00051-00, por presuntas
irregularidades en su trámite y resolución.
I.2. Hechos
Refirió que se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad La Picotá del distrito
capital de Bogotá.
Sostuvo que mediante correo electrónico de 27 de julio de 2026,
remitido a la COMISIÓN NACIONAL, solicitó que se abriera
investigación disciplinaria contra los magistrados del TRIBUNAL
SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ2 que conocieron
de las acciones constitucionales identificadas con los números únicos
de radicación 2023-00104-00 y 2026-00051-00, los cuales de “[…]
2
En adelante TRIBUNAL.
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Actor: JOHN CARLOS PATIÑO MORALES
de manera irregular y de mala fe, dan cierre definitivo al desacato,
alegando que los accionados ya cumplieron el fallo judicial
amparando mi salud y vida, cuando todo es falso […]” y que, una vez
se llegara al fondo del asunto, se compulsara copias a la
PROCURADURÍA3 y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN4.
Destacó que a la fecha no ha recibido respuesta alguna a su queja
disciplinaria, pese a que ha transcurrido casi dos meses desde que la
presentó.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición, y,
en consecuencia, que la COMISIÓN NACIONAL y su SECRETARÍA
den respuesta a la solicitud y/o queja disciplinaria presentada el 27
de julio de 2026.
I.4. Defensa
I.4.1.- La SECRETARÍA rindió informe por medio del cual sostuvo
que el escrito presentado por el actor el 27 de julio de 2026 fue
sometido a reparto mediante acta individual del 31 de ese mismo
3
En adelante PROCURADURÍA.
4
En adelante FISCALÍA.
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mes y año.
Destacó que el referido reparto fue informado al actor mediante
Oficio núm. SJ-26322-VARC de 31 de julio de 2026, dirigido al correo
electrónico reportado y, posteriormente, mediante auto de 26 de
agosto de ese año el despacho instructor profirió auto previo a asumir
la investigación.
En esa medida, solicitó denegar el amparo deprecado pues no ha
vulnerado el derecho fundamental de petición del actor.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Generalidades de la acción de tutela
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Actor: JOHN CARLOS PATIÑO MORALES
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual
estima vulnerado por la COMISIÓN NACIONAL y su SECRETARÍA
al no haber dado respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud
que les envió el 27 de julio de 2026, por medio de la cual pidió que
se les abriera una investigación disciplinaria a los magistrados que
conocieron de las acciones constitucionales identificadas con los
números únicos de radicación 2023-00104-00 y 2026-00051-00, por
presuntas irregularidades en su trámite y resolución.
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la autoridad
judicial accionada vulneró el derecho fundamental del actor, pero,
antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente
hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido
ante autoridades judiciales.
Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20176, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.
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Actor: JOHN CARLOS PATIÑO MORALES
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
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de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia
T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
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nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción asignada a cada juez o tribunal para su
conocimiento.
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 24 de febrero de
20047:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)8.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia9 que le asigna la ley10 […]”.
En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor en
la solicitud de 27 de julio de 2026 es que se inicien las investigaciones
disciplinarias frente a los magistrados que conocieron de las acciones
7
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
8
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
9
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
10
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Actor: JOHN CARLOS PATIÑO MORALES
constitucionales identificadas con los números únicos de radicación
2023-00104-00 y 2026-00051-00, por presuntas irregularidades en
su trámite y resolución, asunto que corresponde propiamente al
proceso disciplinario, por lo que la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado respecto al derecho de petición alegado y así se
dispondrá más adelante en la parte resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, en aras de garantizar el derecho
fundamental al debido proceso, la Sala entrará a determinar la
presunta omisión por parte de la autoridad judicial accionada frente
a la solicitud presentada por el actor el 27 de julio de 2026.
De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se aprecia
que, mediante petición de 27 de julio de 2026, dirigida a la
COMISIÓN NACIONAL, el actor solicitó que se le iniciara
investigación disciplinaria a los magistrados que conocieron de las
acciones constitucionales identificadas con los números únicos de
radicación 2023-00104-00 y 2026-00051-00, por presuntas
irregularidades en su trámite y resolución, en los siguientes
términos:
“[…] Sres: Comisión Nacional de Disciplina de Bogotá.
REF: Derecho Formal de Petición, Arto 23. C.P.
Radicado proceso penal #5400161060200980301-00.
Radicado de tutelas #110012204000202300104-
00.1100131090542026-000051-00.
Asunto: Solicito de manera formal y respetuosa se abra
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investigación disciplinarias y penales contra todos los magistrados
que conocieron las tutelas mencionadas anteriormente, el cual de
manera irregular y de mala fe, dan cierre definitivo al desacato,
alegando que los accionados ya cumplieron el fallo judicial
amparando mi salud y vida. Cuando todo es falso a la fecha no han
dado con nada dentro de lo ordenado en el fallo de tutela
#110012204000202300104-00. Lo mismo sucedió con el amparo
de tutela proferido por el Juzgado 54 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá el cual amparo mi salud y
vida, la misma Sala del Tribunal Superior de Bogotá revoco la tutela
#1100131090542026-000051-00 dejando sin efectos jurídicos
ordenados dentro de la misma, la cual fue garantizar la Salud y la
vida de Patiño Morales el cual los accionados a la fecha no me han
garantizado en nada, lo recomendado por médicos tratantes y
dictámenes de Medicina legal de Bucaramanga y Bogotá, así Como
el traslado de penal picota para el penal de Cúcuta, en aras de
Garantizar su Salud y vida […]”.
Ahora, del informe rendido por la SECRETARÍA, se observa que la
queja fue sometida a reparto mediante acta individual de 31 de julio
de 2026, tal como se advierte a continuación:
Sumado a ello, lo anterior le fue informado al señor PATIÑO
MORALES mediante Oficio núm. SJ-26322-VARC de la misma fecha,
al correo electrónico por medio del cual dirigió la solicitud, esto es,
a blackstazmc2.3@gmail.com, tal como se observa a continuación:
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De conformidad con lo expuesto, la Sala no observa vulneración
alguna al debido proceso, toda vez que mediante Oficio núm. SJ-
26322-VARC de 31 de julio de 2026, la parte demandada le dio
trámite a la solicitud y/o queja disciplinaria interpuesta por el actor,
la cual fue sometida a reparto y le fue comunicada tal actuación en
la misma fecha a través de su correo electrónico, como quedó visto
en precedencia.
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Consecuente con lo anterior, la Sala advierte que para el momento
en que fue presentada la acción de tutela de la referencia, esto es,
el 26 de agosto de este año, la actuación cuya omisión se pretende
cuestionar ya se había surtido, razón por la que se denegará el
amparo solicitado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
respecto al derecho de petición invocado por el actor, por lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo respecto de la pretensión
relacionada con la solicitud de 27 de julio de 2026, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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Actor: JOHN CARLOS PATIÑO MORALES
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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