Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06782-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06782-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06782-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Primero (1º) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06782-00
Demandante: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
Demandados: JUZGADO VEINTITRÉS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE MEDELLIN Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia judicial – ampara los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso
a la administración de justicia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y 799 de 2025, y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, modificado por el
Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora María Leonor López Arbeláez, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela1 contra el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva
Empresa Promotora de Salud S.A. en adelante [Nueva EPS], y el señor Jorge Iván
Ospina Gómez [Interventor Nueva E.P.S], a efectos de que le sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, al patrimonio, a la igualdad
y al buen nombre.
Las anteriores garantías las estimó transgredidas con ocasión de las múltiples
sanciones de arresto y multa que le fueron impuestas en el marco de los incidentes
1 La solicitud de amparo fue asignada inicialmente a la Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado
11001-02-30-000-2026-01182-00, autoridad judicial que en auto del 19 de agosto de 2026 consignó
lo siguiente: «Desglosar la demanda y los anexos del radicado de la referencia para conformar
expedientes independientes por cada una de las acciones de tutela censuradas. En consecuencia,
remitir por competencia los 118 asuntos enlistados en el punto 3 de la parte considerativa, a las
Corporaciones que se relacionan en cada ítem […] a fin de que las quejas sean asignadas por reparto
a los magistrados que las integran, para lo de su competencia» […] «teniendo en cuenta que las
sanciones impuestas en los incidentes de desacato censurados fueron remitidas en grado
jurisdiccional de consulta ante el superior jerárquico».
Conforme a lo expuesto, la acción constitucional de la referencia fue remitida a la Secretaría de esta
Corporación mediante oficio OSSCCT- No. 588 del 24 de agosto de 2026, quedando radicada bajo
la secuencia: 10791 del 25 de agosto de 2026.
Accionante: María Leonor López Arbeláez
Accionados: Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06782-00
de desacato promovidos durante el ejercicio de su cargo como gerente Regional
Noroccidente de Nueva EPS.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:
PRINCIPALMENTE TUTELAR mis derechos fundamentales y como
consecuencia del amparo, ordenar el LEVANTAMIENTO E INAPLICACIÓN DE
LAS SANCIONES de arresto y multa impuestas dentro de los incidentes de
desacato proferidos en contra de la accionante en su condición de representante
legal de NUEVA E.P.S., al evidenciarse la ausencia de responsabilidad subjetiva
y la imposibilidad material y funcional de cumplimiento derivada de la situación
estructural de la entidad, circunstancia notoria y ajena a la órbita de control
individual de la suscrita.
SUBSIDIARIAMENTE SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA Y TEMPORAL
de los efectos de las sanciones de arresto y multa actualmente vigentes en
contra mía, así como de los procesos de cobro coactivo derivados de las mismas,
por el término que el Despacho estime razonable, con el fin de permitir el ejercicio
efectivo de la defensa individual y la gestión progresiva de su levantamiento ante
cada autoridad judicial competente.
PRINCIPALMENTE ORDENAR a NUEVA E.P.S. y su actual INTERVENTOR
designado el Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, y a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD en cabeza del DR. DANIEL QUINTERO como actual
SUPERINTENDENTE que en el marco de sus competencias legales y
administrativas, adelanten de manera inmediata las gestiones necesarias para
la materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendientes
que dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones
judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las
consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.2
De igual forma, solicitó como medida provisional:
• SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA los efectos de los arrestos impuestos,
dentro de los trámites de desacato, mientras se resuelve de fondo la presente
acción de tutela.
• SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA los efectos de las multas y los cobros
coactivos, dentro de los trámites de desacato, mientras se resuelve de fondo la
presente acción de tutela.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La señora María Leonor López Arbeláez estuvo vinculada laboralmente a la Nueva
EPS desde el 22 de octubre de 2024 hasta el 18 de marzo de 2025,
desempeñándose como gerente de la Regional de Noroccidente. La relación laboral
2 Transcripción del texto original que puede contener errores.
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terminó el 18 de marzo de 2025, cuando la entidad dio por finalizado unilateralmente
su contrato.
La señora Jhade Josefina Meléndez Hernández, actuando como representante
legal de la menor Janet Sofia Meléndez Meléndez, promovió acción de tutela contra
la NUEVA EPS a efectos de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la salud, la integridad, la igualdad, la vida y la dignidad humana.
Lo anterior, debido a la falta de suministro de los insumos y medicamentos que le
fueron prescritos por su médico tratante, para dar manejo a la enfermedad que
actualmente padece y que le fue diagnosticada3, entre ellos, i) pañal winny gold
etapa 5; ii) gasa estéril antiadherentes no tejida 4 pulgadas x 4 pulgadas; iii)
levetiracetam 100MG; iv) oxibutinino cloruro 5G; y v) sonda prelubricada para
cateterismos vesicales pediátrica.
Mediante sentencia del 10 de octubre de 2024, el Juzgado Veintitrés Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín amparó el derecho fundamental a la salud de la
menor Janet Sofia Meléndez Meléndez, y ordenó a la Nueva EPS que, dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación del correspondiente fallo, adelantara todas
las gestiones técnicas, administrativas y presupuestales que fueran necesarias para
que se garantizara la entrega efectiva de los siguientes insumos y medicamentos
prescritos de manera previa conforme a las cantidades correspondientes.
Actuaciones que debían cumplirse en el término de diez (10) días hábiles siguientes
a la expiración del plazo inicial.
Ante el presunto incumplimiento de la orden, la señora Jhade Josefina Meléndez
Hernández promovió incidente de desacato, frente a lo cual, el juzgado accionado,
tras efectuar los requerimientos respectivos conforme al procedimiento establecido
en el articulo 27 del Decreto 2591 de 1991, por auto del 13 de febrero de 2025 abrió
formalmente el incidente contra el señor Bernardo Armando Camacho Rodríguez
[quien fungía como gerente interventor de la NUEVA EPS] y la señora María Leonor
López Arbeláez [en calidad de gerente Regional Noroccidental de la misma entidad], a
quienes les concedió 3 días para que acataran el fallo de tutela, se pronunciaran
sobre el particular y aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer.
El auto de apertura fue comunicado el 13 de febrero de 2025 al correo institucional
secretaria.general@nuevaeps.com.co, sin que se hubiere efectuado
pronunciamiento alguno al respecto.
A través de proveído del 21 de febrero de 2025 el Juzgado ordenó la desvinculación
del señor Bernardo Armando Camacho Rodríguez del trámite incidental, en tanto,
en diferentes incidentes tramitados por dicho Despacho, la EPS accionada había
indicado que el gerente interventor de la entidad no era responsable funcional para
dar cumplimiento a las órdenes de tutela, y tampoco ostentaba el carácter de
3 otras disfunciones neuromusculares de la vejiga, epilepsia focal estructural y mielomeningocele
corregido.
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superior jerárquico de la funcionaria llamada a cumplir el fallo, quien para el caso
particular correspondía a la señora López Arbeláez en su condición de gerente de
la Regional Noroccidental, a quien le impuso como sanción una multa equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, que debía pagar dentro de los tres
(3) días siguientes. Providencia que le fue comunicada en la misma fecha, al correo
electrónico secretaria.general@nuevaeps.com.co.
En providencia dictada el 24 de febrero de 2025, el Despacho 19 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, confirmó la sanción al considerar que, la falta de
pronunciamiento de la funcionaria competente frente a los requerimientos judiciales
que le fueron efectuados para acatar el fallo de tutela denotaba una desidia frente
al cumplimiento de la orden, por tanto, la conducta omisiva de la incidentada llevaba
a entender que no existía un ánimo, ni voluntad dirigida a materializar el amparo;
máxime cuando no se evidenciaba prueba alguna que diera cuenta de la
autorización y consecuente entrega de los medicamentos e insumos médicos
prescritos en favor de la accionante por parte del galeno tratante.
La decisión adoptada en grado de consulta fue comunicada el 25 de febrero de 2025
a la dirección electrónica secretaria.general@nuevaeps.com.co.
En proveído del 6 de marzo de 2025, el juzgado accionado se estuvo a lo resuelto
por el superior jerárquico y ordenó remitir a la Oficina de Cobro Coactivo del Consejo
Seccional de la Judicatura de Medellín, la primera copia auténtica de la providencia
que impuso la multa, y la certificación que acreditara la firmeza de la misma, al igual
que la calenda en la que venció el plazo que tenía la obligada para cancelar la multa
que le fue impuesta; actuación que se llevó a cabo mediante oficio del 11 de marzo
de la misma anualidad4.
1.4. Sustento de la vulneración
La accionante sostuvo que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al atribuirle personalmente el incumplimiento de las órdenes de
tutela impartidas a la Nueva EPS y sancionarla, pese a que carecía de competencia
funcional y capacidad material para ejecutarlas.
Explicó que, aunque se desempeñaba como gerente de la Regional Noroccidente
de la referida entidad, no tenía autonomía para contratar prestadores ni podía
autorizar servicios médicos, efectuar pagos o disponer los recursos necesarios para
cumplir los fallos de tutela. Tales decisiones, según indicó, se encontraban
centralizadas en las dependencias nacionales de la Nueva EPS.
Agregó que las actuaciones judiciales surtidas en los trámites incidentales eran
recibidas por el área jurídica en el correo institucional de la entidad y no fueron
notificadas a su dirección electrónica personal, por lo que no tenía control directo
sobre su trámite y contestación.
4 Índice 24 del aplicativo Samai – Trámite de primera instancia
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Afirmó que los jueces del incidente desconocieron el carácter subjetivo de la
responsabilidad por desacato, pues dedujeron su culpabilidad del solo
incumplimiento de la sentencia y de la falta de respuesta de la Nueva EPS, sin
verificar si había actuado con dolo o culpa ni examinar sus competencias, su
capacidad real de cumplimiento o la existencia de una imposibilidad material.
Añadió que tampoco valoraron la crisis financiera, administrativa y operativa que
motivó la intervención forzosa de la entidad por la Superintendencia Nacional de
Salud, ni su responsabilidad subjetiva en tal contexto, de manera que trasladaron a
su esfera personal las consecuencias de una falla estructural de la entidad. Frente
a este aspecto, y como antecedentes jurisprudenciales trajo a colación las
sentencias T-1234 de 2008, SU-034 de 2018 y T-315 de 2020 de la Corte
Constitucional, la sentencia 2024-04475 del 30 de enero de 2025 proferida por esta
Sección del Consejo de Estado, y la sentencia STP5789-2026 del 9 de abril de 2026
dictada por la Corte Suprema de Justicia, que abordaron casos similares a la
controversia que se ventila en el presente asunto.
En esa línea argumentativa, señaló que la sanción cuestionada formaba parte de
un número elevado de medidas de arresto y multa impuestas en su contra por
incumplimientos institucionales de la Nueva EPS, las cuales dieron lugar a múltiples
procesos de cobro coactivo y a la afectación de su patrimonio. A su juicio, esa
acumulación desnaturalizó la finalidad persuasiva del incidente de desacato y
produjo una restricción desproporcionada de sus derechos, sin contribuir
efectivamente al cumplimiento de las órdenes de tutela.
Finalmente, manifestó que las consecuencias de las sanciones continuaron
proyectándose después de la terminación de su relación laboral con la Nueva EPS,
cuando ya carecía de cualquier posibilidad de intervenir en el cumplimiento de los
fallos.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 8 de septiembre de 2026, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela; ordenó notificar la solicitud a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad5, al Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín6, a la Rama Judicial7, a la Policía
Nacional8, a la Superintendencia Nacional de Salud9, a la Nueva EPS10, y al señor
Jorge Iván Ospina Gómez11, en calidad de accionados.
Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés jurídico legítimo, al Consejo
5 sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 adm23med@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co info@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 notificacion.tutelas@policia.gov.co segen.consejo@policia.gov.co
9 snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co snstutelas3@supersalud.gov.co
10 secretaria.general@nuevaeps.com.co
11 secretaria.general@nuevaeps.com.co
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Superior de la Judicatura12, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial13
[parte del cobro coactivo] y a la señora Jhade Josefina Meléndez Hernández 14
[incidentante].
1.6. Intervenciones
1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
Manifestó que, a través de la oficina correspondiente, se dio inicio al proceso de
cobro coactivo en contra de la señora María Leonor López Arbeláez, por la
obligación consignada en la providencia del 21 de febrero de 2025, al interior del
proceso identificado con el radicado de origen 05001-33-33-023-2024-00290-00/01,
en el cual se han generado las actuaciones correspondientes conforme lo
consagrado en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, sin que se evidencie
circunstancia alguna que vulnere los derechos fundamentales expuestos por la
accionante; por lo que solicitó que se disponga de su desvinculación del presente
trámite.
1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura
Precisó que dicha entidad es el órgano de gobierno y de administración de la Rama
Judicial, razón por la cual ejerce funciones netamente administrativas, sujetas al
marco normativo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 270 de 1996; por lo
que, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de la División de
Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal, es a quien le corresponde ejercer
la defensa dentro del presente trámite constitucional teniendo en cuenta los hechos
aducidos por la parte actora, y en dicha medida carece de legitimación en la causa
por pasiva para soportar las pretensiones invocadas por la señora López Arbelaez.
1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Rindió informe en el que solicitó su desvinculación del trámite de la referencia por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el procedimiento de
cobro coactivo objeto de cuestionamiento en el presente caso está bajo la
competencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín - Antioquia.
En ese sentido, precisó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
adelanta el cobro coactivo de las multas impuestas en providencias de las altas
Cortes y tribunales con sede en Bogotá, mientras que la recaudación de las
sanciones derivadas de decisiones de juzgados, tribunales y salas disciplinarias de
los Consejos Seccionales corresponde a la respectiva seccional del distrito judicial.
12 presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
13 deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
14 jhademelendezhernandez@gmail.com
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1.6.4. Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
Allegó escrito en el que manifestó que, conforme a la revisión de las actuaciones
surtidas al interior del incidente de desacato que se cuestiona, se logró evidenciar
que, tanto la entidad accionada, como la ahora accionante fueron debidamente
notificadas de todas las etapas en él adelantadas; además de haberse realizado las
gestiones necesarias para obtener el cumplimiento del fallo de tutela en su totalidad.
Manifestó que, con posterioridad a la apertura del incidente y a la notificación del
auto que sancionó, no se avizora pronunciamiento alguno en el que se hubiera
solicitado la inaplicación de la sanción por acatamiento de la decisión judicial, como
tampoco se solicitó la nulidad del trámite por indebida notificación ni por infracción
al debido proceso, el cual fue respetado en todas las etapas.
Conforme a lo esgrimido, precisó que por parte de dicho Despacho no se han
trasgredido los derechos fundamentales invocados por la señora María Leonor,
aunado a que el mecanismo constitucional promovido no cumple con las causales
genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, al no
haberse agotado las actuaciones que resultaban idóneas para controvertir lo
cuestionado en esta sede, por lo que debe declararse su improcedencia.
1.6.5. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad
La magistrada ponente de la providencia acusada rindió informe en el que manifestó
carece de competencia para pronunciarse de fondo o acceder a la solicitud de
levantamiento e inaplicación de la sanción elevada por la actora, siendo este un
asunto que tiene atribuido el juez del amparo, es decir, el a quo.
Por lo anterior, señaló que la intervención de dicha corporación en el trámite
incidental se encuentra estrictamente delimitada por la naturaleza del grado
jurisdiccional de consulta, cuyo ámbito funcional se restringe de manera exclusiva
a verificar la observancia de las garantías del debido proceso y a constatar la
concurrencia de los presupuestos objetivos y subjetivos que estructuran la
responsabilidad por desacato y la imposición de la sanción consultada.
Acorde con lo expuesto señaló que, al desatar el grado jurisdiccional de consulta
mediante el auto del 24 de febrero de 2025, se actuó en estricto apego a las normas
aplicables y a la jurisprudencia constitucional, por lo que, el reproche de la actora
no es más que una manifestación de inconformidad subjetiva frente a la decisión
que le resultó adversa.
De otro lado, precisó que el asunto controvertido no supera el requisito de
inmediatez, toda vez que, entre la fecha en que se profirió la providencia aludida y
la interposición de la presente acción de tutela (admitida el 8 de septiembre de 2026)
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transcurrió más de un año y seis meses, término que desborda el parámetro de
razonabilidad fijado por la jurisprudencia constitucional.
Al respecto, indicó que no es de recibo la justificación pretendida por la actora al
aportar la respuesta emitida por Bancolombia el 14 de julio de 2026 sobre la
existencia de órdenes de embargo y cobros coactivos. Si bien dicha documental
acredita el momento en que la interesada constató la materialización de la
afectación patrimonial sobre sus cuentas, no demuestra en modo alguno que con
anterioridad desconociera la existencia de las sanciones impuestas y confirmadas
en debida forma, ni acredita una imposibilidad física o jurídica para ejercer
oportunamente los mecanismos judiciales de defensa.
1.6.6. Los demás sujetos procesales, pese a que fueron debidamente notificados
de la iniciación del presente asunto, no se pronunciaron respecto a la problemática
expuesta en la tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 202115, y el Acuerdo 080 de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado16, por cuanto la solicitud se
dirige, entre otras autoridades, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad.
2.2. Cuestión previa
Antes de abordar el estudio de la solicitud de amparo, la Sala resolverá las
peticiones de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, el Consejo Superior de la Judicatura, y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
La Sala anticipa que no se accederá a la petición de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín. Esta autoridad informó que adelanta el
proceso de cobro coactivo 05001-12-90000-2025-04852-00, derivado de la multa
controvertida, y que esa actuación permanece vigente. En consecuencia, guarda
una relación directa con los hechos que motivaron la solicitud y cuenta con interés
legítimo en el resultado del trámite constitucional.
En contraste, se accederá a la solicitud de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. De su contestación y de los documentos que obran en el expediente se
15 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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advierte que, en atención a la distribución funcional del cobro coactivo, sus
actuaciones u omisiones no guardan relación directa con el objeto de la presente
acción. Esa dependencia no profirió las providencias cuestionadas ni adelanta el
proceso de recaudo, actuación que corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín.
En igual sentido, se accederá a la solicitud elevada por el Consejo Superior de la
Judicatura, en la medida que conforme a lo señalado en su escrito de intervención
las competencias constitucionales y legales que les fueron asignadas, no guardan
relación directa con el objeto de la presente acción de tutela.
En consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación elevada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín; y se dispondrá la
desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y del Consejo
Superior de la Judicatura por falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.3. Problema jurídico
Aunque el escrito de tutela se refiere al proceso de cobro coactivo iniciado para
recaudar la multa, los reproches formulados contra esa actuación son consecuencia
de la sanción impuesta en el incidente. Por tanto, el estudio recaerá sobre los autos
del 21 y 24 de febrero de 2025, en los cuales se impuso y confirmó la medida.
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad vulneraron el
derecho fundamental al debido proceso de la señora María Leonor López
Arbeláez al imponer y confirmar, mediante los autos del 21 y 24 de febrero
de 2025, la sanción por desacato a la orden impartida al interior de la acción
de tutela identificada bajo el radicado 05001-33-33-023-2024-00290-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el marco normativo y jurisprudencial del
incidente de desacato; iii) la procedencia excepcional de la tutela contra las
providencias que lo resuelven; iv) los requisitos generales de procedibilidad; v) el
defecto por desconocimiento del precedente; y vi) el caso concreto.
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia19.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que ponen fin al trámite incidental de desacato
La acción de tutela contra una providencia dictada en un incidente de desacato es
excepcional. El juez constitucional debe comprobar que el trámite accesorio
concluyó, que la decisión estuvo precedida de las garantías procesales
correspondientes y que el reproche no persigue reabrir el debate decidido en el fallo
de amparo ni alterar el alcance de la orden original.20
La Corte Constitucional ha exigido que: i) los argumentos formulados en la tutela
sean consistentes con los planteados dentro del incidente; ii) no se introduzcan
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
M. P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 En la mencionada sentencia se dispuso: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
20 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003.
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hechos defensivos o alegaciones que pudieron presentarse oportunamente ante el
juez natural; y iii) no se pretenda obtener la valoración de pruebas nuevas que no
fueron solicitadas y que el juez tampoco debía decretar de oficio.21
También es necesario que la providencia sancionatoria se encuentre ejecutoriada,
incluido el grado jurisdiccional de consulta cuando haya lugar a él; que se satisfagan
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales;
y que se sustente, al menos, una causal específica de procedibilidad.
Pues bien, en el presente asunto, el auto sancionatorio del 21 de febrero de 2025
fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad
el 24 de febrero siguiente. Con ello concluyó el trámite sancionatorio y la multa
adquirió firmeza.
Así las cosas, en el acápite siguiente se evaluará si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
2.6. Estudio sobre los presupuestos adjetivos de procedencia de tutela contra
providencia judicial
La accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto procedimental, toda vez que las decisiones dictadas dentro del trámite
incidental no le fueron notificadas a su dirección electrónica personal, alegando
además que su desvinculación laboral de la entidad le imposibilitó tener acceso a
los correos institucionales establecidos para los fines aducidos.
Frente a dicho aspecto, y teniendo en cuenta que los reparos realizados por la parte
actora conllevarían sin duda alguna a una presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia, corresponde a la Sala analizar el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia respecto del cargo mencionado.
2.6.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional frente a este requisito,
así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
21 Corte Constitucional, sentencias T-1113 de 2005, T-364 de 2021 y T-013 de 2022.
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que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Para la Sala, este requisito se encuentra satisfecho. La controversia no se limita a
discutir el valor económico de la multa ni a reiterar una inconformidad con la
valoración efectuada por los jueces naturales. La accionante plantea que una
medida adoptada en ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio fue impuesta y
mantenida sin observar la culpabilidad y la finalidad constitucional que condicionan
su validez, con afectación actual de su debido proceso y patrimonio.
El defecto procedimental alegado también plantea, en abstracto, un asunto de
relevancia constitucional, pues se relaciona con la posibilidad real de conocer la
apertura del incidente, ejercer la defensa y controvertir las razones por las cuales
se pretendía atribuirle personalmente el incumplimiento. En ese orden, ambos
reparos trascienden un debate meramente legal y comprometen virtualmente
garantías fundamentales.
2.6.2. Subsidiariedad
En lo referente al requisito de subsidiariedad cabe precisar que este presupuesto se
encuentra contemplado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución, según el
cual, «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.22
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos previamente por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
22 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante».
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Precisado lo anterior, la Sala advierte que el proceso constitucional objeto de
reproche finalizó con el auto del 24 de febrero de 2025, por medio del cual se
confirmó la sanción por desacato impuesta a la señora López Arbeález, decisión
contra la cual no procede recurso alguno.
Ahora, si bien podría afirmarse que la actora cuenta con la posibilidad de acudir ante
el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Medellín para solicitar el
levantamiento de la sanción por desacato, en el caso concreto dicho mecanismo no
se erige como un medio eficaz para la protección de sus derechos fundamentales
y, de hecho, exigirle activar ese trámite implicaría imponerle una carga
desproporcionada que no está obligada a soportar.
Lo anterior, debido a que está acreditado en el expediente que la accionante ha sido
vinculada a 119 incidentes de desacato tramitados por distintos despachos
judiciales contra la NUEVA E.P.S., situación que revela una afectación estructural y
reiterada derivada de la forma en que se han conducido tales procesos, así que
acudir ante el juez a cargo de uno de los incidentes prolongaría la afectación de sus
derechos fundamentales expuesta en la tutela y tornaría ineficaz la protección que
se puede conceder en el marco de esta acción constitucional.
Desde esta óptica, y en atención a las particularidades del asunto bajo estudio, se
flexibilizará de manera excepcional el análisis del requisito de la subsidiariedad,
debido a que el mecanismo con el que cuenta la actora carece de aptitud real para
conjurar la vulneración alegada, pues la multiplicidad de incidentes de desacato y la
vigencia de varias medidas coercitivas en su contra hacen que la tutela sea el único
instrumento capaz de brindar una respuesta integral y oportuna.
En lo concerniente a la existencia de un perjuicio irremediable es oportuno indicar
que la Corte Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de un daño
o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia»23 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para determinar su existencia:
(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la
configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.24
En este orden de ideas, en el caso que ocupa a la Sala se evidencia la existencia
de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que en el proceso de cobro coactivo
instaurado para hacer efectiva la multa impuesta a la accionante está vigente, lo
que evidencia una afectación cierta, grave y actual para la accionante, ya que se
decretó el embargo de los dineros que tiene en la cuenta bancaria con Bancolombia,
23 Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de 2022,
la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
24 Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
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según la certificación expedida por esa entidad financiera el 14 de julio de 2026, por
un valor aproximadamente de «$1.250.438.439».
2.6.3. Inmediatez
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable25, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.26
De acuerdo con lo anterior, esta Sección27 ha considerado como plazo prudencial
el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación
o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da lugar
a la solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se declara
su improcedencia.
En efecto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 28, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200529, para determinar
la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que 6
meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.
En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-
25 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo
de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-
000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
26 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
27 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
29 Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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256 de 201530, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que
la acción de tutela será procedente:
cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual31.
En el asunto bajo examen, los autos que impusieron y confirmaron la sanción datan
del 21 y 24 de febrero de 2025. La acción de tutela se presentó de manera inicial el
5 de agosto de 2026, de modo que transcurrió un término superior a 6 meses incluso
desde la ejecutoria de la última decisión, que se notificó a través de correo
electrónico enviado el mismo día en que se profirió.
Pese a ello, la Sala flexibilizará el requisito en atención a los parámetros
jurisprudenciales expuestos. Como se desprende de los antecedentes, la multa
impuesta en el incidente de desacato no constituye una consecuencia agotada. Por
el contrario, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín informó
que el proceso de cobro coactivo permanecía vigente. Así las cosas, las decisiones
sancionatorias continúan entonces proyectando de manera directa y actual sus
efectos sobre la tutelante.
Como se ve, la actualidad de la afectación no se sustenta en la mera subsistencia
abstracta de una providencia judicial adoptada en perjuicio de la accionante, sino
en su ejecución administrativa presente. Además, desde el 18 de marzo de 2025, la
señora María Leonor dejó de estar vinculada a la Nueva EPS, circunstancia que
acentúa la necesidad de verificar si una medida concebida para inducir el
cumplimiento conserva hoy alguna aptitud conminatoria. En estas condiciones, el
requisito de inmediatez se encuentra superado tras su flexibilización excepcional
dadas las particularidades del caso.
2.6.4. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se controvierte una sentencia de tutela, sino
providencias dictadas dentro de un incidente de desacato. Lo anterior, máxime
cuando la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia excepcional
del amparo en estos casos como se indicó en el acápite 2.5.
30 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
31 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
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Así, superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el
cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la
autonomía judicial32, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad
jurídica y la confianza en los fallos judiciales33.
2.7. Caso concreto
La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al debido proceso, a la libertad, «al patrimonio», a la igualdad y al buen
nombre, al considerar que la decisión proferida por el Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, adolece de un defecto
procedimental absoluto, yerro que «se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido».34
La Corte Constitucional35 precisó que esta irregularidad se configura cuando «el
funcionario judicial encargado de adoptar la decisión no actúa ciñéndose a los
postulados procesales aplicables al caso y por el contrario desconoce de manera
evidente los supuestos legales, lo cual finalmente deriva en una decisión
manifiestamente arbitraria que de paso vulnera derechos fundamentales».
A juicio de la actora, en las providencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas no se evaluó de manera adecuada su responsabilidad subjetiva ni se
verificó si existían obstáculos reales para cumplir las órdenes impartidas en el fallo
del 10 de octubre de 2024.
De este modo, considera que se le impuso una sanción por desacato sin atender a
la situación estructural de crisis que enfrenta la NUEVA E.P.S. y que condicionaba
materialmente su capacidad de actuación. Sumado a que las respectivas
notificaciones no le fueron efectuadas de manera directa a su correo personal, y
que desde el momento en que se desvinculó laboralmente de la entidad perdió
acceso al correo institucional destinado para tal fin, circunstancia que le impidió
ejercer de manera efectiva sus derechos de defensa y contradicción.
En este orden, y como se precisó en los antecedentes de la presente providencia,
conforme a la revisión de las actuaciones surtidas en el trámite del incidente de
desacato objeto de reproche, se logró demostrar que las decisiones allí proferidas,
pese a la naturaleza sancionatoria de que goza el incidente de desacato, no fueron
notificadas en debida forma a la funcionaria que se consideró era la encargada de
cumplir la orden de tutela, pues no se enviaron las comunicaciones al correo
electrónico personal o institucional de la señora López Arbeláez, sino al canal
correspondiente para efectos de notificaciones de la entidad, esto es,
secretaria.general@nuevaeps.com.co.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
34 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. Criterio reiterado en la sentencia T-272 de 2025.
35 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2013.
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En criterio de la sala, el incidente de desacato es una herramienta de carácter
disciplinario con la que cuenta el juez de tutela para imponer sanción de arresto o
multa a quien de manera negligente e injustificada incumpla la orden judicial de
amparo. Y, dado que el carácter de una de las sanciones que procede por desacato
es de tipo corporal (arresto), la parte pasiva del incidente es la persona natural
(funcionario o particular) encargada de acatar la decisión, y no la persona jurídica.
Así lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, al señalar que la sanción
por desacato no se puede imponer a la entidad sino al servidor público que,
vinculado en debida forma al trámite incidental, resulta responsable del
incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular, se ha señalado:
Adicionalmente, si se trata de una sanción no puede imponérsele sino a quien ha sido
sujeto en el respectivo proceso, en este caso en el incidente. De ahí que no sea legítima
la expresión “o a quien haga sus veces”, pues bien podría tratarse de persona natural
diferente al momento de decidirse o quedar en firme el auto. No se trata en estos casos
de la entidad, sino de quien debió, como autoridad, cumplir la orden.36
Por lo tanto, es evidente que durante el trámite incidental debe garantizarse en su
mayor expresión el derecho al debido proceso y a la defensa de la persona natural
contra quien se dirige el incidente. Para tal efecto, al juez de primera instancia que
asuma el conocimiento le corresponde: (i) identificar el funcionario o particular en
quien recayó la orden u órdenes judiciales que se alegan desacatadas, es decir, al
que se le impuso la obligación de cumplirlas; (ii) darle traslado al incidentado para
que presente sus argumentos de defensa; y (iii) si es necesario, practicar las
pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para emitir decisión.
En igual sentido, deberá, resolver el incidente, para lo cual debe valorar: primero, si
la orden judicial fue desacatada y, segundo, si la persona obligada a cumplirla actuó
con negligencia u omisión injustificada, para en caso afirmativo, imponer la
respectiva sanción; aspecto último en el que deberá enviar el incidente al superior
para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.
De ahí que para efectos de establecer la responsabilidad que implica la declaración
de desacato sea necesario, como primera medida, se establezca el contenido
preciso de las órdenes emitidas en el fallo cuyo incumplimiento se alega.
De llegarse a demostrar que la orden no fue observada dentro del plazo previsto, lo
correcto es que después de adelantar el trámite dirigido a procurar el cumplimiento
del fallo, el incidente de desacato se dirija contra el funcionario obligado a atender
la sentencia de amparo.
Ello quiere decir que, para verificar la responsabilidad subjetiva del «incumplido»,
en consonancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, ha sido criterio
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P Álvaro González
Murcia, rad. 2000-90021-01(AC-9514).
17
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reiterado de esta corporación37 que éste debe estar debidamente identificado,
pues es sabido que mediante el trámite incidental «no se persigue a un cargo,
sino a la persona que lo ostenta».
En este orden de ideas, el desacato comporta el ejercicio de un poder disciplinario
del juez constitucional, cuya imposición exige la verificación de la responsabilidad
subjetiva del obligado. Esto implica que la sanción solo procede cuando el
incumplimiento de la orden obedece a una conducta negligente o renuente,
debidamente acreditada en el trámite incidental. En consecuencia, la persona
llamada a responder debe ser vinculada de manera adecuada al incidente, en aras
de garantizar su derecho de defensa y a la contradicción.
Tales garantías no ceden ante la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite
de tutela, que se efectiviza permitiendo al incidentado su participación en la defensa
de sus intereses, notificándolo personalmente, tanto del auto de apertura como de
las demás decisiones que se profieran al interior del proceso, lo cual se echa de
menos en el caso analizado.
Así las cosas, al haberse demostrado que las autoridades judiciales accionadas no
vincularon de manera correcta a la persona presuntamente responsable del
incumplimiento de lo ordenado en la sentencia del 10 de octubre de 2024, resulta
claro que ante dicha omisión se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia de la señora López
Arbeláez.
Lo anterior, por cuanto si bien para la fecha en que se dio inicio al incidente de
desacato y se efectuó el primer requerimiento, esto es, el 30 de enero de 2025 hasta
la fecha en que se confirmó la sanción por desacato [24 de febrero de 2025], la
misma aun ejercía el cargo de gerente regional noroccidente de la NUEVA E.P.S.,
toda vez que su retiro de la entidad ocurrió el 18 de marzo de 2025; de haberse
vinculado en debida forma al trámite incidental que se cuestiona, se hubiese podido
evitar la imposición de la multa.
En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 21 de febrero de 2025
dictada por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y
el auto proferido el 24 de febrero de la misma anualidad por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, dentro del incidente de
desacato tramitado en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-023-2024
00290-00/01.
Lo anterior, con el propósito de que el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación
de esta sentencia, rehaga el trámite del incidente de desacato para que se
37 Entre otros, ver auto del 15 de agosto de 2012 proferido por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado, M.P. Gustavo Gómez Aranguren, rad. 2012-00410-01.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Leonor López Arbeláez
Accionados: Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06782-00
identifique de manera correcta al funcionario encargado de materializar la orden
proferida en el fallo del 10 de octubre de 2024 y lo notifique de forma personal.
Cabe aclarar que la sala no ordenará directamente el levantamiento de la multa
impuesta a la actora, pues corresponde al juez que conserva la competencia sobre
el cumplimiento valorar integralmente las circunstancias y definir los efectos
jurídicos de la realización particular del procedimiento.
De igual forma, mientras se adopta y queda en firme la decisión de reemplazo, se
ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
suspender el proceso de cobro coactivo 05001-12-90000-2025-04852-00. Esta
medida, que es estrictamente consecuencial, evita que el amparo pierda eficacia y
no anticipa el sentido de la determinación que corresponde adoptar al juez del
incidente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la
Judicatura.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y de acceso a la administración de justicia de la señora María Leonor López
Arbeláez, por las razones expuestas en la parte considerativa.
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 21 de febrero de 2025
dictada por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y
el auto proferido el 24 de febrero de la misma anualidad por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, dentro del incidente de
desacato tramitado en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-023-2024
00290-00/01.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín que en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de
esta sentencia, rehaga el trámite del incidente de desacato para que se identifique
de manera correcta al funcionario encargado de materializar la orden proferida en
el fallo del 10 de octubre de 2024 y lo notifique de forma personal, en atención a las
consideraciones señaladas anteriormente.
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Accionante: María Leonor López Arbeláez
Accionados: Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06782-00
QUINTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín que suspenda el proceso de cobro coactivo 05001-12-90000-2025-
04852-00, derivado de la multa impuesta a la señora María Leonor López Arbeláez
con ocasión de la sanción por desacato de las órdenes impartidas en la sentencia
del 10 de octubre de 2024, mientras el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín profiere la decisión de reemplazo y, posteriormente, proceda
de conformidad con lo que allí se resuelva.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO: De no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión de conformidad con lo previsto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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