Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06785-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06785-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06785-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06785-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. EN EL CURSO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA LA
AUTORIDAD ACCIONADA PROFIRIÓ EL AUTO DE 1o. DE
SEPTIEMBRE DE 2026, POR MEDIO DEL CUAL APROBÓ LA
LIQUIDACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES EFECTUADA POR LA
SECRETARÍA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1 y su
SECRETARÍA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A., actuando a través de
apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante TRIBUNAL.
2
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Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL y su SECRETARÍA, al haber incurrido en una presunta
mora judicial, por cuanto al parecer no se han resuelto las solicitudes
que presentó el 9 de septiembre y 19 de noviembre de 2024 y 15 de
agosto de 2025, en las que pidió la aprobación de la liquidación de
costas procesales dentro del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número único de radicación 2013-
00328-01.
I.2. Hechos
Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra el INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS (INVÍAS)2, con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones núms. 2908, 4089 y 5193 de 2011, por medio de las
cuales se declaró la ocurrencia de un siniestro de buen manejo y
correcta inversión del anticipo del contrato de obra pública núm. 620
de 2019 y se le impuso multa, así como la nulidad de la Resolución
núm. 4266 de 2011, por medio de cual se ordenó hacer efectiva la
póliza de seguros núm. 21-44-101072909.
2
En adelante INVÍAS.
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Adujo que al asunto le fue asignado el número único de radicación
2013-00328-00 y le correspondió al TRIBUNAL que, mediante
sentencia de 24 de agosto de 2015, declaró la nulidad de las
Resoluciones núms. 2908, 4089 y 5193 de 2011, únicamente con el
alcance de determinar que la multa que allí se le impuso al contratista
CONSORCIO U-M 035 no le era exigible a la aseguradora y, como
consecuencia de ello, se declaró la devolución de los dineros recibidos
por ese concepto y denegó las demás pretensiones de la demanda.
Manifestó que, además, el TRIBUNAL condenó en costas procesales
a ambas partes, de la siguiente manera:
“[…] CUARTO: CONDENAR a ambas partes al pago de costas
procesales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia, para cuya liquidación se deberá
observar lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso, y se incluirán las agencias en derecho que
fueron fijadas a cargo del INVÍAS y a favor de SEGUROS DEL
ESTADO S.A., en la suma de $608.645 y a cargo de SEGUROS
DEL ESTADO S.A. y en favor del INVÍAS en la suma de
$5'456.529.00. Lo anterior, por las razones señaladas en las
consideraciones de este fallo […]”.
Refirió que mediante sentencia de 5 de febrero de 2024, la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO3,
confirmó la decisión del a quo y la condenó en costas, para lo cual
fijó como agencias en derecho la suma de siete millones cinco mil
ochocientos sesenta y tres pesos ($7.005.863), a favor de INVÍAS.
3
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Relató que mediante auto de 12 de julio de 2024, el TRIBUNAL
emitió auto de obedézcase y cúmplase frente a lo resuelto por la
SECCIÓN TERCERA, sumado a ello, ordenó expresamente que el
expediente se archivara, previa liquidación de las costas procesales.
Sostuvo que mediante memorial de 9 de septiembre de 2024, le
solicitó al TRIBUNAL la aprobación de la liquidación de las costas
procesales.
Adujo que, posteriormente, mediante memoriales de 19 de
noviembre de 2024 y 15 de agosto de 2025, reiteró la solicitud de
aprobacion de la liquidación de las costas procesales.
Destacó que transcurridos más de dos años desde que se profirió la
sentencia de segunda instancia, no se ha realizado la liquidación de
las costas ni se ha justificado tal demora, lo que impide la
culminación material de la actuación procesal y conocer de manera
definitiva la carga económica impuesta y ejercer las acciones que
legalmente proceden frente a dicha decisión.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la demora injustificada por parte del
TRIBUNAL vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, pues se ha prolongado por
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más de dos años el asunto, lo que ha impedido que se cumpla con
los efectos del fallo y conozca de la obligación a pagar.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, solicitó:
“[…] Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar – Despacho
003 y/o a su Secretaría que, dentro del término perentorio que el
despacho estime razonable, proceda a elaborar la liquidación de
costas del proceso radicado No. 13001-23-33-000-2013-00328-
00, en cumplimiento del Auto de Sustanciación No. 63 de 12 de
julio de 2024 […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL refirió que mediante auto de 1o. de septiembre
de 2026 aprobó la liquidación de las costas procesales y dispuso el
archivo del expediente una vez ejecutoriada tal decisión, por lo que
solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado.
I.5.2.- La SECCIÓN TERCERA adujo que no tiene injerencia en el
trámite de la liquidación de las costas, por lo que no haría pertinente
hacer intervención alguna.
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I.5.3.- INVÍAS sostuvo que le asiste razón a la actora, por cuanto
desde la fecha de ejecutoria del fallo de segunda instancia que
ocurrió el 14 de febrero de 2024 o desde la notificación del auto de
obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior de 12 de julio de
esa anualidad, han transcurrido más de 2 años sin que se haya
efectuado la liquidación de las costas procesales, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso (CGP).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y
asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
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2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA por la presunta
mora judicial injustificada en la que han incurrido al no haberse
aprobado la liquidación de las costas procesales dentro del medio de
control de controversias contractuales identificado con el número
único de radicación 2013-00328-00.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la parte
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada
dentro del proceso de controversias contractuales cuestionado.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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estructural […]”5 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional6 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte7 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
5
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
6
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
7
Ibidem.
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razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora8. Advirtió, además, que (iv) el
funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”9.
13.5. En la providencia T-230 de 201310, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
8
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
9
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
10
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
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judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional11.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional12, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad13; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio14.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201615, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
11
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
12
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
13
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
14
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
15
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que, según la
información relacionada en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI16, el TRIBUNAL profirió auto el 1o. de septiembre de 2026,
por medio del cual aprobó la liquidación de las costas procesales
efectuada por la SECRETARÍA dentro del proceso de controversias
contractuales objeto de debate, como se observa a continuación:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201300
16
328001300123
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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que las circunstancias
fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron y se
entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto, por
hecho superado, pues estando en trámite la presente solicitud de
amparo, la autoridad judicial accionada dictó el auto de 1o. de
septiembre de 2026, por medio del cual aprobó la liquidación de las
costas procesales dentro del proceso de controversias contractuales
identificado con el número único de radicación 2013-00328-00.
Así las cosas, comoquiera que la finalidad de la presente solicitud de
amparo era que se profiriera auto que aprobara la liquidación de las
costas procesales dentro del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número de radicación 2013-00328-
00, lo cual, se reitera, ya sucedió en el trámite de la acción
constitucional de la referencia, se advierte que las circunstancias
fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron y se
entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
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orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»17. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
juez de tutela […]”18. (Se resalta).
17
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
18
Ibídem.
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En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,
ha indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”19.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia de 14 abril de 2016, expediente identificado con el número único de
radicación 2016-00061-01.
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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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