Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06786-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06786-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06786-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06786-00
Demandante: LUIS ANTONIO SANTANA CASTILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Subsidio familiar. Ampara
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Resuelve la Sala la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Luis Antonio Santana
Castillo contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Luis Antonio Santana Castillo, actuando por intermedio de apoderada,
mediante escrito de 25 de agosto de 2026, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital, junto con los principios de seguridad jurídica, derechos
adquiridos y expectativa legítima.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con lo
resuelto en la sentencia de 5 de junio de 2026, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Nariño revocó el fallo de 24 de septiembre de 2024 del Juzgado 2. °
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tumaco, que había accedido parcialmente
a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 52835-33-33-002-2023-00261-01.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN, en lo relativo a que revocó la decisión de primera
instancia que reconoció al actor; el derecho al pago retroactivo del subsidio familiar
establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y lo condenó en costas. 2.
Como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados dejar
sin efectos la sentencia en mención, en cuanto revocó la decisión de primera
instancia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
demandante. 3. Que, una vez sin efectos la sentencia accionada, se ordene a la
autoridad judicial, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN, a que profiera una nueva sentencia bajo las directrices del Consejo
de Estado respecto del reconocimiento del subsidio familiar establecido en el
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Demandante: Luis Antonio Santana Castillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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artículo 11 del decreto 1794 de 2000 para el actor. 4. Que se advierta a las
Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el incumplimiento de
la providencia que su Despacho profiera.1
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
El accionante se vinculó a la Armada Nacional como infante de marina y contrajo
matrimonio con Konnye Nathalia Cortes Madrid el 1 de septiembre de 2010, acto que
consta en el registro civil 5674819.
En octubre de 2010, el señor Santana Castillo intentó tramitar el reconocimiento del
subsidio familiar de que trata el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pero la Oficina
de Personal se negó a recibir los documentos, con fundamento en que el Decreto 3770
de 2009 había derogado dicha prestación.
Mediante el Decreto 1161 de 2014 el Gobierno Nacional creó nuevamente dicho
emolumento, por lo que el actor pidió su reconocimiento el 8 de agosto de 2014, lo
cual fue resuelto favorablemente.
A causa de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, declarada por el Consejo de Estado
en sentencia de 8 de junio de 2017, el actor, solicitó, el 31 de enero de 2022, que la
prestación fuera reajustada de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Por medio de respuesta de 2 de febrero de 2022 la administración negó lo solicitado.
En consecuencia, el señor Santana Castillo acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, proceso que fue asignado al Juzgado 2. ° Administrativo
del Circuito Judicial de Tumaco, autoridad que con sentencia de 24 de septiembre de
2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, puesto que declaró la
prescripción extintiva de los derechos con anterioridad al 31 de enero de 2018.
Inconforme, el Ejército Nacional apeló la decisión y, con fallo de 5 de junio de 2026, el
Tribunal Administrativo de Nariño revocó lo resuelto por su a quo.
Dicha corporación aseguró que el actor solo cumplió con el derecho al subsidio familiar
hasta el 2014, puesto que fue el momento en que reportó el cambio del estado civil.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Para la parte actora, la autoridad accionada incurrió en un defecto sustantivo. Para
lo cual señaló que con ocasión de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, el Decreto
1794 de 2000 revivió al ordenamiento jurídico, por lo que era esa la norma aplicable.
Consideró que la exigencia del reporte del cambio de estado civil incurría en un exceso
ritual manifiesto, por cuanto dicho requisito solo opera para la eficacia administrativa,
no para la consolidación del derecho.
1 Texto transcrito del original con posibles errores. Por otra parte, en el escrito inicial se incluyó en el
acápite de pretensiones 10 numerales; no obstante, se suprime de esta cita aquellos que corresponden
a enunciaciones probatorias.
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Con todo, recordó que en virtud de la derogatoria del Decreto 1794 de 2000, la propia
entidad dejó de tramitar solicitudes de reconocimiento de subsidio familiar, por lo que
exigirle «al soldado haber reportado formalmente la reclamación de un subsidio que el
propio estado consideraba derogado en ese momento, resulta una carga irrazonable,
desproporcionada y contraria al principio de buena fe».
Del mismo modo, consideró que había un desconocimiento del precedente por
cuanto «el Consejo de Estado ha reiterado en múltiples fallos su posición frente a las
pretensiones indicando que se debe garantizar el pago retroactivo». Al referirse a
alguna providencia puntual, mencionó lo ordenado en la sentencia de 8 de junio de
2017, por medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 28 de agosto de 2026, el magistrado ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño como autoridad
accionada.
Adicionalmente, vinculó como terceros con interés directo a la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Armada Nacional y al Juzgado 2. ° Administrativo del Circuito
Judicial de Tumaco.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado 2. ° Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco
El titular del despacho intervino para hacer un recuento de las actuaciones procesales
e informar que el expediente es consultable en el sistema Samai.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Nariño
La magistrada ponente de la decisión cuestionada defendió lo resuelto. Aseguró que
en este caso no se supera la relevancia constitucional.
Con todo, afirmó que el derecho a percibir el subsidio familiar no se consolidaba
únicamente con el cambio del estado civil, sino que era necesario el reporte, lo cual,
solo se realizó hasta el 8 de agosto de 2014, motivo por el cual, la norma aplicable era
el Decreto 1161 de 2014.
En ese sentido, no evidencia acreditado ningún defecto que justifique el amparo
solicitado.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Luis Antonio Santana Castillo contra el Tribunal Administrativo de
Nariño, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 5 de junio de 2026,
mediante el cual el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la decisión de primera
instancia, en la que se había accedido parcialmente a las pretensiones en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 52835-33-33-002-2023-00261-01.
Para resolver, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados; (iii)
las generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20122 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 5, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal6
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico7; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”8
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”9 En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”10
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto11, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal12. (Resaltado de la Sala)
6 Sentencia SU-573 de 2019.
7 Sentencia SU-103 de 2022.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-128 de 2021.
11 Sentencia SU-573 de 2019.
12 Ibid.
5
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Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos13 en los que incurrió la
decisión atacada.
Para esta Sala, la actual controversia no se limita a un debate meramente legal, sino
que trasciende a una esfera constitucional relativo a la norma aplicable para el
reconocimiento del subsidio familiar para casos como el que aquí se ventila, máxime,
cuando ha sido esta Sección la que ha mantenido un criterio uniforme, por vía de tutela,
respecto de la aplicación retroactiva del Decreto 1794 de 2000.
A su vez, se observa que la discusión planteada corresponde a los efectos ex tunc de
la sentencia de 8 de junio de 2017, esto en cuanto a la reviviscencia o no del Decreto
1794 de 2000 para el caso particular del actor, respecto del cual, la autoridad
accionada negó su aplicación con fundamento en la falta de reporte sobre su estado
civil, circunstancia que resulta de importancia constitucional, puesto que puede
implicar una decisión que desconoce una orden erga omnes contenida en una
sentencia proferida dentro de una acción de nulidad de un acto administrativo general.
Siendo así, se entiende superado el requisito de la relevancia constitucional, en tanto
que el debate gira en torno al debido reconocimiento de una prestación cuya finalidad
es brindar mayor sustento al núcleo familiar de los miembros de la fuerza pública de
menor rango, como son, los soldados profesionales y la argumentación realizada en
la solicitud de amparo tiene una marcada trascendencia en materia de derechos
fundamentales.
2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
que contra la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en
segunda instancia no procede recurso ordinario alguno y, de los argumentos de la
parte actora, no se observa la posibilidad de ejercer los mecanismos de revisión o de
unificación de jurisprudencia, por lo que el requisito se encuentra acreditado.
2.4.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión evidencia que en el presente asunto se
cumple el requisito de inmediatez puesto que la última sentencia cuestionada data del
5 de junio de 2026 y se notificó el día siguiente, por lo que, sin necesidad de verificar
su ejecutoria, es claro que la acción de tutela iniciada el 25 de agosto siguiente fue
oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515, para
13 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
6
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determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de fondo.
2.5. De las generalidades del defecto alegado
2.5.1. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional16, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»17.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente18 o porque ha sido derogada19, es inexistente20,
inexequible21 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador22.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma23.
c) La disposición aplicada es regresiva24 o contraria a la Constitución25.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición26.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma27 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
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Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.5.2. Por otra parte, esta Sección precisa que el precedente es aquella regla creada
por una alta corte como órgano de cierre en determinada materia para solucionar un
conflicto jurídico en particular, sin que sea necesario un número plural de decisiones
en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se
considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de
unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de
Estado.
Sin embargo, resulta necesario advertir que «debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso,
sin una actividad creadora del juez»28.
2.6. Caso concreto
En el presente asunto se tiene que el actor laboró como infante de marina para la
Armada Nacional y que contrajo matrimonio el 1 de septiembre de 2010, como se
observa en el respectivo registro civil de matrimonio29, momento en el cual, no existía
el subsidio familiar de que trata el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto
había sido derogado por el Decreto 3770 de 2009, el cual fue publicado el 30 de
septiembre de ese año, en el Diario Oficial 47488.
No obstante, con la expedición del Decreto 1161 de 2014, publicado en el Diario Oficial
49193 de 25 de junio de 2014, se creó nuevamente aquella prestación, motivo por el
cual, se reconoció a su favor el subsidio familiar.
Tras la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, dispuesta por el Consejo de
Estado en sentencia de 8 de junio de 2017, el señor Luis Antonio Santana Castillo
solicitó el reajuste del subsidio familiar que venía devengando en actividad, mediante
petición de 31 de enero de 2022, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1794 de
2000, lo cual fue negado.
Una vez llevado el caso a esta jurisdicción, el Tribunal Administrativo de Nariño
consideró que:
El derecho al subsidio familiar para soldados profesionales no se consolida
únicamente con la calidad de soldado profesional y la fecha del matrimonio, sino,
además, con el acto formal de reportar el cambio de estado civil a la institución
militar, que es una condición indispensable para que la administración reconozca
el beneficio. No es posible echar de menos esta condición, en tanto que, antes de
la expedición del Decreto 1161 de 2014, al demandante no se le podía reconocer
el subsidio familiar, pues no había reportado el vínculo matrimonial, lo que, vale
iterar, solo hizo hasta julio de 2014, fecha en la cual el decreto en cita ya había
entrado en vigor.
28 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
29 Visible a partir de la imagen 3, de los anexos de la demanda declarativa.
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Así las cosas, esta Sala de Decisión mantiene la postura de exigir el reporte del
cambio de estado civil en los términos previstos en el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, exigencia que ya fue desarrollada en esta providencia, por tratarse de un
mandato expreso de la norma y que, además, ha sido avalado por el Consejo de
Estado
Dicha exigencia resulta razonable, máxime cuando no existe una postura
jurisprudencial unificada por parte del órgano de cierre en la materia. A ello se
suma que la mora en el cumplimiento del requisito normativo no puede ser
imputada a la entidad demandada. (Resaltado fuera de texto)
En este punto, al confrontar la argumentación del Tribunal Administrativo de Nariño,
las disposiciones legales y la explicación de la parte actora, para la Sala, sí se
configura el defecto sustantivo, por cuanto la decisión se basó en una interpretación
no sistemática de las normas aplicables y se fundó en una exigencia que contradice la
realidad jurídica en la que se encontraba el actor, como pasa a explicarse.
Como lo ha expuesto esta Sala en múltiples ocasiones30, la sentencia de 8 de junio de
2017, mediante la cual se anuló el Decreto 3770 de 2009 tuvo efectos ex tunc, esto
es, que su exclusión del ordenamiento jurídico opera como si dicha norma nunca
hubiera existido, lo que tiene como consecuencia, que el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 no solo retornara, sino que lo hiciera como si no hubiera sido derogado.
Por su parte, el restablecimiento de un derecho, cuando se ordena a través del medio
de control de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 implica, por regla
general31, la finalidad de volver las cosas al estado anterior, de ahí que se hable de
restablecimiento y no de reparación.
Ahora bien, en el presente caso, se tiene que el fundamento para que se negara la
aplicación del Decreto 1794 de 2000 al accionante es que, a juicio del Tribunal
Administrativo de Nariño, el actor no cumplió con el deber de reportar el cambio de
estado civil, sino hasta el 2014.
Sobre este punto, es importante recordar que para cuando el actor contrajo
matrimonio, esto es, septiembre de 2010, el Decreto 1794 de 2000 estaba derogado,
en ese sentido, es un contrasentido exigir al actor que cumpliera con el requisito
contemplado en dicha norma, en un momento en que aquella no existía.
Ciertamente, esta Sala sí ha reconocido que el reporte del cambio de estado civil
resulta necesario para el reconocimiento del derecho32; no obstante, ha explicado que
dicha exigencia solo opera para quienes realizaron dicho acto en vigencia del Decreto
1794 de 2000, es decir, si el soldado, o infante de marina, inició una relación conyugal
o marital de hecho antes de la derogatoria del Decreto 1794 de 2000, resulta exigible
que cumpla con lo dispuesto en aquella norma.
30 Ver, entre otras, sentencia de 27 de octubre de 2021, proceso: 11001-03-15-000-2021-04441-01, m.
p. Carlos Enrique Moreno Rubio y sentencia de 2 de febrero de 2023, proceso 11001-03-15-000-2022-
06534-00, m. p. Luís Alberto Álvarez Parra.
31 Exclúyase de esta regla, aquellos casos en que el restablecimiento es materialmente imposible y debe
ordenarse en modalidad de indemnización.
32 Ver procesos: 11001-03-15-000-2025-07544-00 y 11001-03-15-000-2025-00072-01
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Demandante: Luis Antonio Santana Castillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06786-00
No obstante, contradice el principio de legalidad que el Tribunal Administrativo de
Nariño le exija al accionante que hubiere acatado lo dispuesto en un texto legal, para
el momento en que aquel no hacía parte del ordenamiento jurídico. Se resalta que
resultaba inane que el accionante informara el cambio de estado civil en vigencia del
Decreto 3770 de 2009, puesto dicha norma había derogado la prestación.
En ese orden de ideas, la posibilidad de que el señor Luis Antonio Santana Castillo
reclamara el reconocimiento del subsidio familiar de la forma en que contemplaba el
Decreto 1794 de 2000, solo surgió luego de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, esto
es, a partir de la sentencia de 8 de junio de 2017.
En consecuencia, aunque la solicitud se hubiera realizado en vigencia del Decreto
1161 de 2014, lo cierto es que el hecho constitutivo de la prestación se causó en
vigencia del Decreto 1794 de 2000, norma que al recuperar su vigor con ocasión de la
sentencia de 8 de junio de 2017 era esta la que debía ser aplicada al caso del señor
Luis Antonio Santana Castillo, esto en virtud de los efectos ex tunc de la mencionada
providencia.
En este punto, debe decirse que, si bien los jueces en la interpretación de las normas
son autónomos, también es cierto que en este caso lo que existió fue un
desconocimiento de los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017 y de la
imposibilidad de exigir el reporte de cambio de estado civil en el caso particular del
actor, durante el tiempo que estuvo derogado el Decreto 1794 de 2000.
Por lo tanto, se amparará el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis
Antonio Santana Castillo, se dejará sin efecto la sentencia de 5 de junio de 2026 y se
ordenará al Tribunal Administrativo de Nariño que, dentro de un término de 20 días
contados a partir del día siguiente a la notificación de esta decisión, profiera una
sentencia de reemplazo de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.
Frente a los demás derechos fundamentales invocados por la parte accionante, se
evidencia que todos confluían en el debido proceso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Luis Antonio
Santana Castillo.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 5 de junio de 2026 dictada por el
Tribunal Administrativo de Nariño, para que, dentro de un término de 20 días contados
a partir del día siguiente a la notificación de esta decisión, profiera una sentencia de
reemplazo de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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Demandante: Luis Antonio Santana Castillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06786-00
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(con salvamento de voto)
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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