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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06795-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06795-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Acceder a las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia Nacional de Salud, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. 29 Esta aclaración se hace en atención a que en estos proveídos también se sancionó al señor Bernardo Armando Camacho Rodríguez, en calidad de agente interventor de la Nueva E.P.S. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: María Leonor López Arbeláez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2026-06795-00 SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia de la señora María Leonor López Arbeláez. TERCERO: En consecuencia, dejar sin efectos los autos del 16 de mayo y 22 de mayo de 2025 proferidos por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, respectivamente, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-029-2025-00060-00/01, respecto a lo decidido contra la señora López Arbeláez. CUARTO: Ordenar al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rehaga el trámite del incidente de desacato para que se identifique de manera correcta al funcionario encargado de materializar la orden proferida en el fallo del 13 de marzo de 2025 y lo notifique de forma personal, en atención a las consideraciones señaladas anteriormente. QUINTO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia que suspenda el proceso de cobro coactivo 05001-12-90-000-2026-01583-00, derivado de la multa impuesta a la señora María Leonor López Arbeláez con ocasión de la sanción por desacato de las órdenes impartidas en la sentencia del 13 de marzo de 2025, mientras el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín profiere la decisión de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06795-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06795-00
Demandante: MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto procedimental
absoluto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora María Leonor López Arbeláez, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, el Juzgado Veintinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional
de Salud y la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. (en adelante Nueva
E.P.S.), con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la dignidad humana, al debido proceso, a la libertad, «al patrimonio», a la
igualdad y al buen nombre.

Consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sanción
por desacato que le fue impuesta en el marco del incidente tramitado en la acción
de tutela con radicado 05001-33-33-029-2025-00060-00/01, dada su calidad de
gerente regional noroccidente de la Nueva E.P.S. durante el periodo del 22 de
octubre de 2024 al 18 de marzo de 2025, lo que conllevó a que se iniciara un
proceso de cobro coactivo en su contra.

1
Con escrito radicado el 5 de agosto de 2026. Mediante providencia del 19 de agosto de 2026, la
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ordenó desglosar la
demanda y sus anexos, al advertir que lo pretendido por la accionante era el levantamiento de las
sanciones que le fueron impuestas en 119 incidentes de desacato tramitados por diferentes
juzgados, razón por la que se debían conformar expedientes independientes por cada uno de los
asuntos controvertidos. En atención a lo anterior, a esta corporación le correspondió conocer, entre
otras, la acción de tutela de la referencia.

1
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1.2. Pretensiones

En consecuencia, la actora elevó las siguientes súplicas:

MEDIDA PROVISIONAL
Ante la crítica situación generada por la existencia de órdenes de arresto y multas
que ascienden a un valor de más de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
MILLONES DE PESOS ($1.250.000.000) en trámite de cobro coactivo, de acuerdo a
lo reportado por la oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial, dado el riesgo
real, inminente y grave de que cualquiera de esas órdenes de arresto puedan
generar privación de mi libertad o que cualquiera de esos cobros coactivos culmine
en embargo de mis bienes (infinitamente menores al valor de la deuda), aun cuando
se ha demostrado que solo trabajé en la NUEVA EPS por el termino de cinco (5)
meses, y que es claro que ninguna de esas órdenes de tutela son atribuibles a
incumplimientos subjetivos individuales, sino a fallas propias de la EPS que escapan
a mi control, solicito respetuosamente al Despacho decretar una MEDIDA
PROVISIONAL consistente en: - SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA los
efectos de los arrestos impuestos, dentro de los trámites de desacato, mientras se
resuelve de fondo la presente acción de tutela. - SUSPENDER DE MANERA
INMEDIATA los efectos de las multas y los cobros coactivos, dentro de los trámites
de desacato, mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela.

(...) PRETENSIONES
PRINCIPALMENTE TUTELAR mis derechos fundamentales y como consecuencia
del amparo, ordenar el LEVANTAMIENTO E INAPLICACIÓN DE LAS SANCIONES
de arresto y multa impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en
contra de la accionante en su condición de representante legal de NUEVA E.P.S., al
evidenciarse la ausencia de responsabilidad subjetiva y la imposibilidad material y
funcional de cumplimiento derivada de la situación estructural de la entidad,
circunstancia notoria y ajena a la órbita de control individual de la suscrita.

SUBSIDIARIAMENTE SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA Y TEMPORAL de
los efectos de las sanciones de arresto y multa actualmente vigentes en contra mía,
así como de los procesos de cobro coactivo derivados de las mismas, por el término
que el Despacho estime razonable, con el fin de permitir el ejercicio efectivo de la
defensa individual y la gestión progresiva de su levantamiento ante cada autoridad
judicial competente.

PRINCIPALMENTE ORDENAR a NUEVA E.P.S. y su actual INTERVENTOR
designado el Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, y a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD en cabeza del DR. DANIEL QUINTERO como actual
SUPERINTENDENTE que en el marco de sus competencias legales y
administrativas, adelanten de manera inmediata las gestiones necesarias para la
materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendientes que
dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y
administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias derivadas
de dichos incumplimientos, evitando que continúen trasladándose de manera
desproporcionada a mi esfera personal.2

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención de los siguientes supuestos fácticos3:

La accionante relató que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de
posesión de los bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa
administrativa para administrar a la Nueva E.P.S., en la Resolución

2
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
3
Cabe precisar que algunos de los hechos fueros extraídos de las pruebas aportadas con el escrito
de la tutela, pues no se expusieron a pesar de que son relevantes para lograr una mayor
comprensión del caso.

2
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2024160000003012–6 del 3 de abril de 2024, medida que se ha prorrogado hasta
el presente año.

Dijo que se desempeñó como gerente regional noroccidente de la Nueva E.P.S.,
desde el 22 de octubre de 2024 hasta el 18 de marzo de 2025, cargo en el que
ejerció la representación legal de la entidad para efectos de suscribir
contestaciones de acciones de tutela e incidentes de desacato, sin que dicha
asignación comprendiera facultades de disponibilidad presupuestal para
materializar las órdenes impartidas por los jueces constitucionales.

Narró que la señora María Consuelo Rodríguez de Hidalgo promovió acción de
tutela4, al considerar transgredido su derecho fundamental a la salud por cuanto la
Nueva E.P.S. no autorizó y realizó el «reemplazo prostético total primario de RTC
primaria cadera» ordenado por el médico tratante por la patología de «otras
coxartrosis primarias».

Indicó que del asunto conoció el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín que, en sentencia del 13 de marzo de 20255, concedió el
amparo solicitado y, en consecuencia, decidió:

(...) SEGUNDO. ORDENAR a la NUEVA E.P.S. S.A que en el término de
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES SIGUIENTES a la notificación de esta
providencia AUTORICE, GARANTICE y MATERIALICE los servicios de salud
ordenados por el médico tratante: REEMPLAZO PROSTÉTICO TOTAL DE
CADERA, con ocasión de su diagnóstico: OTRAS COXARTROSIS PRIMARIAS.

TERCERO. ORDENAR a la NUEVA E.P.S. S.A., garantizar la prestación efectiva del
TRATAMIENTO INTEGRAL a la señora MARIA CONSUELO RODRIGUEZ DE
HIDALGO respecto de la patología OTRAS COXARTROSIS PRIMARIAS. Para ello,
la NUEVA EPS deberá tomar las medidas necesarias y conducentes para garantizar
el cumplimiento de los principios de accesibilidad, oportunidad, continuidad e
integralidad en el tratamiento y la atención a la señora VARGAS de acuerdo con lo
prescrito por su médico tratante.

CUARTO. ORDENAR a la accionada que remita constancia del acatamiento del fallo
dentro del mismo término otorgado para el cumplimiento de la sentencia. En caso de
que incumpla lo ordenado podrá incurrir en las sanciones previstas en el artículo 52
del Decreto 2591 de 1991.6

Señaló que el 6 de mayo de 2025 la señora Rodríguez de Hidalgo promovió
incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden impartida y, al
día siguiente, el aludido juzgado requirió a la señora María Leonor López Arbeláez,
en su calidad de gerente de la Sucursal Regional Noroccidente de la Nueva
E.P.S., y al señor Bernardo Armando Camacho Rodríguez, agente interventor de
la entidad, para que informaran las razones por las cuales no se había
materializado lo ordenado.

Afirmó que el despacho dispuso la apertura formal del trámite mediante auto del
12 de mayo del mismo año, dado que no se rindió informe alguno y, en proveído
del 16 de mayo de 2025, sancionó por desacato a cada uno de los incidentados
con multa equivalente a un (1) smlmv7, por cuanto guardaron silencio, pese a que
4
Proceso con radicado 05001-33-33-029-2025-00060-00.
5
Fallo que no fue impugnado.
6
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
7
Salario mínimo legal mensual vigente.

3
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fueron debidamente vinculados al asunto, así que no allegaron un
pronunciamiento que justificara la falta de ejecución de las órdenes dispuestas.

Mencionó que al surtirse el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, por medio de auto del 22 de mayo de
2025, confirmó la sanción impuesta al concluir que la actuación adelantada por el
Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín obedeció a
que se encontraba acreditado el incumplimiento de las órdenes impartidas en el
fallo del 13 de marzo de 2025.

Expuso que el 16 de febrero de 2026 el despacho a cargo del proceso remitió la
certificación y providencias requeridas por la oficina de cobro coactivo para que
ejecutara la multa impuesta, cuyo trámite está a cargo de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia. Luego, se enteró por
parte de Bancolombia que tiene un embargo en su cuenta bancaria por el valor de
«$1.250.438.439».

1.4. Sustento de la petición

La señora López Arbeláez controvierte la sanción por desacato impuesta por el
Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y confirmada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, al considerar que no se
valoró adecuadamente su responsabilidad subjetiva ni se verificó la existencia de
una dificultad para cumplir lo ordenado, pues lo decidido se limitó a una
constatación objetiva, pese a la crisis estructural que atraviesa la entidad
prestadora de salud.

Hizo referencia a que desde el momento en que dejó de laborar para la Nueva
E.P.S. no tiene acceso al correo institucional de notificaciones judiciales, situación
que le ha impedido conocer con precisión el alcance real de la afectación a su
patrimonio por concepto de las multas impuestas y el número exacto de las
órdenes de arresto emitidas en su contra.

Igualmente, estimó que se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto i) el
Consejo Superior de la Judicatura adelantó procesos de cobro coactivo sin
verificar la imposibilidad material y jurídica que tiene para cumplir lo ordenado en
sede de tutela y ii) la Nueva E.P.S. le asignó la representación de la entidad sin
facultades reales, trasladándole de manera injustificada las sanciones que le
correspondían y no desplegó actuaciones mínimas orientadas a solicitar ante los
despachos la sustitución del sujeto sancionado.

Además, reprochó que iii) la Superintendencia Nacional de Salud concentró todas
las decisiones en el interventor de la Nueva E.P.S., sin adoptar medidas para
evitar que las sanciones recayeran sobre excolaboradores sin capacidad para
materializar lo ordenado en el fallo de tutela y iv) la Policía Nacional puede
ejecutar órdenes de arresto sin valorar su imposibilidad objetiva de cumplimiento,
lo que origina un riesgo a su derecho fundamental a la libertad.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto del 27 de agosto de 2026, se admitió la tutela y ordenó notificar esta

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decisión a la actora y como demandados a la presidente del Consejo Superior de
la Judicatura, a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al juez Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, al
director general de la Policía Nacional, a la superintendente Nacional de Salud y al
representante legal y agente especial interventor de la Nueva E.P.S.

De igual forma, se vinculó a la señora María Consuelo Rodríguez de Hidalgo8, a la
directora Ejecutiva de Administración Judicial, a la directora seccional de
Administración Judicial de Medellín - Antioquia y a la presidente del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, en calidad de terceros con interés en las
resultas del presente trámite.

En este proveído, no se accedió a la medida cautelar requerida por la señora
López Arbeláez, pues de los hechos que sustentan la acción constitucional no se
advirtió, a priori, una amenaza inminente a sus garantías fundamentales.

Remitidas las respectivas comunicaciones9, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En el informe rendido por la Unidad de Asistencia Legal se pidió la desvinculación
de la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el
procedimiento de cobro coactivo objeto de cuestionamiento en el presente caso
está bajo la competencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín - Antioquia.

En ese sentido, precisó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
adelanta el cobro coactivo de las multas impuestas en providencias de las altas
Cortes y tribunales con sede en Bogotá, mientras que la recaudación de las
sanciones derivadas de decisiones de juzgados, tribunales y salas disciplinarias de
los Consejos Seccionales corresponde a la respectiva seccional del distrito judicial.

1.5.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín -
Antioquia

La directora seccional explicó que el proceso de cobro coactivo identificado con el
radicado 05001-12-90-000-2026-01583-00 se adelantó contra la señora López
Arbeláez, en atención a la sanción impuesta en la providencia del 16 de mayo de
2025 proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín.

Informó que i) el 28 de abril de 2025 se remitió a la actora un oficio persuasivo
invitándola a pagar la obligación, ii) el 27 de mayo de 2026 se libró mandamiento
de pago y iii) en la Resolución DESAJMEGCC26-10509 del 19 de junio de 2026 se
decretó el embargo y comunicó a las entidades bancarias.

De este modo, consideró que no incurrió en alguna actuación que vulnere los

8
Quien actuó como demandante en la acción de tutela dentro de la cual se impuso la sanción por
desacato objeto de controversia en el presente asunto.
9
Mediante oficios enviados el 31 de agosto y 2 de septiembre de 2026.

5
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derechos fundamentales de la accionante, pues mientras el título ejecutivo no
pierda ejecutoria, la multa sigue siendo una obligación clara, expresa y exigible,
habilitando el trámite coactivo conforme a la Ley 1564 de 2012 y la Ley 1743 de
2014.

1.5.3. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima

En el memorial allegado hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el
incidente de desacato promovido contra la señora López Arbeláez, a partir del cual
aclaró que su intervención se limitó estrictamente al grado jurisdiccional de
consulta, dentro del cual efectuó un control de legalidad sobre la decisión
sancionatoria adoptada por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, razón por la cual no podía atribuírsele la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante.

Indicó que la acción de tutela no cumple el requisito de la inmediatez, debido a que
la providencia dictada por esa corporación fue proferida el 22 de mayo de 2025,
mientras que la solicitud de amparo fue presentada en agosto de 2026, es decir
que transcurrió un lapso aproximado de quince meses, sin que la actora expusiera
una justificación que permitiera explicar su inactividad durante ese periodo.

Por último, resaltó que la tutelante no identificó cuál fue el error constitucional en el
que incurrió ese tribunal ni alguna prueba que fuera omitida, así como no planteó
dentro del incidente de desacato las circunstancias que ahora invoca para excluir
su responsabilidad, razón por la que su decisión se profirió con fundamento en un
fallo que estaba en firme, el vencimiento del plazo para acatar lo ordenado y el
silencio de la Nueva E.P.S.

1.5.4. Consejo Superior de la Judicatura

Solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, dado
que cumple funciones exclusivamente administrativas dentro de la Rama Judicial
y, por esto, la competencia para adelantar el cobro persuasivo recae en la División
de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial o en la respectiva dirección seccional, según corresponda.

1.5.5. Superintendencia Nacional de Salud

En su intervención, argumentó que no tiene legitimación en la causa por pasiva
pues no participó en los hechos que originaron la tutela, ni recibió alguna solicitud
de la accionante que tuviera que ser atendida. Además, resaltó que no es el
superior jerárquico de la Nueva E.P.S., así que no existe un nexo causal entre la
entidad y la controversia planteada en la tutela, por lo cual requirió ser apartada del
presente trámite constitucional.

1.5.6. Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia

La presidente de la corporación aclaró que no ha intervenido ni participado en
órdenes de arresto, multas, incidentes de desacato o cobros coactivos
mencionados por la señora López Arbeláez, pues dichas actuaciones
corresponden exclusivamente a las dependencias de cobro coactivo de la

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Dirección Ejecutiva y de las direcciones seccionales de administración judicial,
razón por la que no tiene conocimiento directo de los hechos ni ha realizado
trámite alguno relacionado con esos procesos, los cuales no se encuentran dentro
de su competencia funcional. Por lo tanto, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.5.7. Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

El despacho explicó que la sanción por desacato impuesta a la señora López
Arbeláez fue producto de un trámite que respetó su derecho de defensa, en el cual
se constató la ausencia de respuesta por parte de la Nueva E.P.S. y sus
representantes frente al cumplimiento de la orden impartida en el fallo del 13 de
marzo de 2025.

Indicó que la actora guardó silencio durante todo el incidente y solo alegó la
afectación patrimonial cuando se hizo efectiva la multa, pese a que su omisión
prolongó la vulneración del derecho fundamental de la señora María Consuelo
Rodríguez de Hidalgo amparado.

Precisó que la señora López Arbeláez al fungir como gerente regional noroccidente
de la Nueva E.P.S. «para el momento en que se tramitó el incidente de desacato»
debió adelantar todas las gestiones necesarias para acreditar el cumplimiento de lo
ordenado, por lo que no puede excluirse de responsabilidad alegando limitaciones
internas de la entidad, máxime cuanto tutela no puede emplearse como una
tercera instancia para reabrir decisiones ya definidas.

1.5.8. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente notificados de la
iniciación del presente asunto, no se pronunciaron respecto a la problemática
expuesta en la tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.

2.2. Cuestión previa

Antes de abordar el fondo del asunto resulta importante precisar que, si bien la
actora dirigió la acción de tutela contra diferentes autoridades, lo cierto es que la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales se origina, en esencia, con
las decisiones proferidas dentro del incidente de desacato tramitado en la acción
de tutela con radicado 05001-33-33-029-2025-00060-00/01.

Ello quiere decir que el estudio del presente caso se limitará a las providencias
dictadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima y el Juzgado

10
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

7
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Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, por medio de las
cuales se impuso sanción por desacato a la señora López Arbeláez, en calidad de
gerente regional noroccidente de la Nueva E.P.S. y se confirmó esta decisión,
respectivamente.

Por lo tanto, se accederá a las solicitudes de desvinculación propuestas por el
Consejo Superior de la Judicatura y la Superintendencia Nacional de Salud por
carecer de legitimación en la causa por pasiva. La razón de ello se justifica en que
las competencias constitucionales y legales que les fueron asignadas a cada una
no guardan relación directa con el objeto de la presente acción de tutela.

Igualmente, se desvinculará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia pues, aunque su comparecencia
se produjo en calidad de terceros, al revisar las pruebas allegadas al expediente se
evidencia que no les asiste un interés directo en las resultas del presente caso.

Lo anterior, por cuanto el proceso de cobro coactivo con radicado
05001-12-90-000-2026-01583-00, derivado de la multa impuesta a la accionante
por el incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia del 16 de mayo de
2025 está a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín - Antioquia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima y el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
vulneraron los derechos fundamentales de la señora López Arbeláez, con ocasión
de las providencias dictadas en el incidente de desacato adelantado en la acción
de tutela con radicado 05001-33-33-029-2025-00060-00/01.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, en
particular, ii) contra los autos proferidos en el marco de un incidente de desacato,
iii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iv) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que el Consejo de Estado tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,

11
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

8
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pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas en un
incidente de desacato

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de
desacato, en los siguientes términos:

Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha
establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente que
durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio
decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que
sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una
acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en
todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin
consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un
asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada.13

Del texto trascrito se puede colegir que, en principio, la acción de tutela resulta
procedente en los casos en que se le atribuye la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a las providencias proferidas dentro del trámite de un
incidente de desacato. No obstante, dicha alta Corte en la sentencia SU-627 de
201514 estableció como excepciones a la regla general de improcedencia, las
siguientes:

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional [68]15.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2014, rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13
Corte Constitucional, sentencia T-482 de 2013.
14
Corte Constitucional, M.P. Mauricio González Cuervo, expediente T- 4.496.402.
15
«Supra II, 4.3.5.»

9
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situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.»16

En ese orden, el incumplimiento de una sentencia de tutela constituye una
vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia, así como la
violación a los derechos fundamentales, dado que las órdenes que allí se
impartieron, pretenden precisamente que los mismos no se sigan transgrediendo.

Se resalta que precisamente el objetivo de un incidente de desacato es lograr que
el obligado obedezca la orden judicial que le fue impuesta, y de advertirse una
omisión, el juez constitucional deberá sancionar dicha conducta; por lo que
procede, sin que medie solicitud de parte, la consulta ante el superior jerárquico,
para que éste verifique la «legalidad de la decisión adoptada por el inferior».

2.5.1. Lo primero que resulta importante precisar es que en el caso objeto de
estudio las providencias que la actora controvierte en sede de tutela no
corresponden, a su vez, a la decisión que definió la acción constitucional que se
promovió anteriormente contra la Nueva E.P.S., sino a los autos proferidos en el
incidente de desacato, razón por la que es necesario verificar si se cumplen los
demás presupuestos generales para que proceda la solicitud de amparo de
manera excepcional.

2.5.2. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este

16
Destacado por la Sala.

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instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En tales condiciones, la sala considera que este presupuesto general de
procedibilidad se cumple en el caso objeto de estudio, en atención a que se
planteó una discusión que implica determinar si se configuró la posible
transgresión de los derechos fundamentales de la accionante, en especial, al
debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de las presuntas irregularidades en las que incurrieron las autoridades
judiciales accionadas, el cual amerita la intervención del juez de tutela.

Nótese que, si bien la accionante no hizo alusión a un defecto específico de
procedibilidad de la tutela contra providencia, los argumentos expuestos en la
solicitud de amparo se ajustan a la presunta configuración de un defecto
procedimental absoluto, dado que el reparo de la actora radica en que no se valoró
adecuadamente su responsabilidad subjetiva, pues lo decidido se limitó a una
constatación objetiva, sin tenerse en cuenta que desde el momento en que dejó de
laborar para la Nueva E.P.S. no tiene acceso al correo institucional de
notificaciones judiciales.

En ese sentido, el planteamiento de la tutelante no se dirige a controvertir la
sanción en sí misma, sino a cuestionar que el trámite del incidente de desacato se
adelantó con desconocimiento de garantías constitucionales mínimas, lo que
conllevó a que no se verificara su culpabilidad conforme a los estándares exigidos
para la imposición de medidas coercitivas, reparo que trasciende el ámbito
meramente legal, pues compromete directamente el núcleo del debido proceso
sancionatorio previsto en el artículo 29 de la Constitución.

Así que, según los lineamientos fijados en la sentencia SU-215 de 2022, se trata
de un asunto que trasciende a un debate constitucional pues representa un
impacto en la protección de las prerrogativas reconocidas a los ciudadanos contra
los cuales se adelanta un incidente de desacato, toda vez que en dicho trámite
debe garantizarse en su mayor expresión el derecho al debido proceso y a la
defensa de la persona natural contra quien se dirige.

2.5.3. Cabe señalar que esta acción fue estatuida por el constituyente con el objeto
de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados,

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lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz. 17 De ahí que el
requisito de inmediatez exija que la tutela se presente tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a
su ocurrencia.

En efecto, esta sección consideró como plazo prudencial el de seis (6) meses 18
desde la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da lugar
a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual.19

Según se tiene, la actora atribuye la presunta vulneración de sus derechos al auto
del 16 de mayo de 2025, por medio del cual el Juzgado Veintinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín la sancionó por desacato con una multa
equivalente a un (1) smlmv, decisión que fue confirmada en el grado jurisdiccional
de consulta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, por medio
de auto del 22 de mayo de 2025, mientras que la solicitud de tutela se promovió el
5 de agosto de 2026.

De manera que, sin necesidad de determinar la fecha en que cobró ejecutoria el
último de los proveídos cuestionados, se advierte que esta acción se presentó
transcurrido más de un año, término que, en principio, no se consideraría
razonable para acudir al juez constitucional, dado que el paso prolongado del
tiempo permite deducir que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de
la protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación.

No obstante, en el presente caso se flexibilizará este presupuesto20 en
consideración que la sanción por desacato impuesta dentro del trámite cuestionado
continúa generando efectos jurídicos, pues el proceso de cobro coactivo derivado

17
El artículo 86 de la Constitución prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
18
Tiempo que esta sala consideró razonable para ejercicio de este mecanismo constitucional bajo
los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
19
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.
20
En este mismo sentido se pronunció la sala en la sentencia del 10 de septiembre de 2026, M.P.
Gloria María Gómez Montoya, rad. 11001-03-15-000-2026-05396-00.

12
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de la multa impuesta a la actora permanece vigente, según lo informado por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia,
circunstancia que demuestra que lo decidido en las providencias controvertidas
incide de manera directa y actual en la situación de la accionante.

2.5.4. En lo referente al requisito de subsidiariedad cabe precisar que este
presupuesto se encuentra contemplado en el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución, según el cual, «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.21

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos previamente por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

Precisado lo anterior, la sala advierte que el proceso constitucional objeto de
reproche finalizó con el auto del 22 de mayo de 2025, por medio del cual se
confirmó la sanción por desacato impuesta a la señora López Arbeález, decisión
contra la cual no procede recurso alguno.

Ahora, si bien podría afirmarse que la actora cuenta con la posibilidad de acudir
ante el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín para
solicitar el levantamiento de la sanción por desacato, en el caso concreto dicho
mecanismo no se erige como un medio eficaz para la protección de sus derechos
fundamentales y, de hecho, exigirle activar ese trámite implicaría imponerle una
carga desproporcionada que no está obligada a soportar.

Lo anterior, debido a que está acreditado en el expediente que la accionante ha
sido vinculada a 119 incidentes de desacato tramitados por distintos despachos
judiciales contra la Nueva E.P.S., situación que revela una afectación estructural y
reiterada derivada de la forma en que se han conducido tales procesos, así que
acudir ante el juez a cargo de uno de los incidentes prolongaría la afectación de
sus derechos fundamentales expuesta en la tutela y tornaría ineficaz la protección
que se puede conceder en el marco de esta acción constitucional.

21
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante».

13
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Desde esta óptica, y en atención a las particularidades del asunto bajo estudio, se
flexibilizará de manera excepcional el análisis del requisito de la subsidiariedad,
debido a que el mecanismo con el que cuenta la actora carece de aptitud real para
conjurar la vulneración alegada, pues la multiplicidad de incidentes de desacato y
la vigencia de varias medidas coercitivas en su contra hacen que la tutela sea el
único instrumento capaz de brindar una respuesta integral y oportuna.

En lo concerniente a la existencia de un perjuicio irremediable es oportuno indicar
que la Corte Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de un daño
o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia»22 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para determinar su existencia:

(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la
configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.23

En este orden de ideas, en el caso que ocupa a la sala se evidencia la existencia
de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que en el proceso de cobro
coactivo instaurado para hacer efectiva la multa impuesta a la accionante está
vigente, lo que evidencia una afectación cierta, grave y actual para la accionante,
ya que se decretó el embargo de los dineros que tiene en la cuenta bancaria con
Bancolombia, según la certificación expedida por esa entidad financiera el 14 de
julio de 2026, por un valor aproximadamente de «$1.250.438.439».

Así pues, se cumplen todos los requisitos de procedencia de la acción
constitucional, por lo que la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.

2.6. Caso concreto

La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al debido proceso, a la libertad, «al patrimonio», a la igualdad y al buen
nombre, al considerar que la decisión proferida por el Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, adolece de un defecto procedimental
absoluto, yerro que «se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido».24

La Corte Constitucional25 precisó que esta irregularidad se configura cuando «el
funcionario judicial encargado de adoptar la decisión no actúa ciñéndose a los
postulados procesales aplicables al caso y por el contrario desconoce de manera
22
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de 2022,
la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
23
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. Criterio reiterado en la sentencia T-272 de 2025.
25
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2013.

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evidente los supuestos legales, lo cual finalmente deriva en una decisión
manifiestamente arbitraria que de paso vulnera derechos fundamentales».

A juicio de la actora, en la decisión proferida por el Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, no se evaluó de manera adecuada su
responsabilidad subjetiva ni se verificó si existían obstáculos reales para cumplir
las órdenes impartidas en el fallo del 13 de marzo de 2025.

De este modo, considera que se le impuso una sanción por desacato sin atender a
la situación estructural de crisis que enfrenta la Nueva E.P.S. y que condicionaba
materialmente su capacidad de actuación. Sumado a que desde su desvinculación
laboral perdió acceso al correo institucional destinado a recibir notificaciones
judiciales, circunstancia que le impidió ejercer de manera efectiva sus derechos de
defensa y contradicción.

De la revisión de las pruebas obrantes en el plenario y las actuaciones surtidas en
el trámite del incidente de desacato objeto de reproche, se resaltan las siguientes:

• El 18 de marzo de 2025 la Nueva E.P.S. terminó unilateralmente el contrato de
trabajo suscrito con la señora López Arbeláez sin justa causa, como se puede
observar en la siguiente imagen:

• El 6 de mayo de 2025 la señora María Consuelo Rodríguez de Hidalgo formuló
incidente de desacato contra la Nueva E.P.S. ante el incumplimiento de las
órdenes impartidas en la sentencia del 13 de marzo del mismo año por el Juzgado

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Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en la que se concedió
el amparo del derecho fundamental a la salud.

• En providencia del 7 de mayo de 2025, el despacho previo a pronunciarse sobre
la admisión del incidente ordenó: «REQUERIR a la señora MARÍA LEONOR
LÓPEZ ARBELÁEZ en calidad de persona natural y gerente de la sucursal
Regional Noroccidente de la NUEVA EPS S.A., para que informaran las razones
por las cuales no se había materializado lo ordenado».

• Mediante auto del 12 de mayo del mismo año el juzgado en mención dispuso la
apertura formal del trámite incidental, en vista de que no se allegó informe alguno,
decisión que no fue notificada a alguna dirección electrónica de la señora López
Arbeláez, sino tan solo se envió a la entidad prestadora del servicio de salud al
correo «secretaria.general@nuevaeps.com.co», así:

• Con proveído del 16 de mayo de 2025, el Juzgado Veintinueve Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín resolvió «sancionar a la señora MARÍA LEONOR
LÓPEZ ARBELÁEZ como persona encargada de velar por la efectividad de los
servicios de salud en su calidad de Gerente de la sucursal Regional Noroccidente
de la NUEVA EPS S.A.» con multa equivalente a un (1) smlmv26, por cuanto no se
allegó un pronunciamiento que justificara la falta de ejecución de las órdenes
impartidas.

• El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, por medio de auto del 22
de mayo de 2025, confirmó la sanción impuesta a la accionante tras no encontrar
que se presentara un informe en el trámite incidental ni en el grado jurisdiccional
de consulta, que demostrara el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela,
en los siguientes términos:

Así las cosas, encuentra el Despacho que, la entidad accionada despliega una
conducta negligente y renuente frente al cumplimiento de la orden judicial proferida
por el Juez de Primera Instancia, la cual se encuentra en firme; incumplimiento que,
en razón al carácter subjetivo del incidente de desacato, y en consideración del
Juzgado de Instancia, recae sobre los Sres. María Leonor López Arbeláez en su
calidad de Gerente de la sucursal Regional Noroccidente de la Nueva EPS S.A. y al
Señor Bernardo Armando Camacho Rodríguez en calidad de interventor de la
Nueva EPS S.A, en tanto el artículo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
el juez podrá sancionar por desacato al responsable del cumplimiento de una

26
Salario mínimo legal mensual vigente.

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sentencia de tutela y a su superior hasta que se acate lo ordenado en ella, lo
anterior por cuanto a pesar de que se dio apertura al incidente de desacato,
notificándose a la misma de dicha decisión, no aportó ni si quiera en sede de
consulta, prueba alguna que acredite que la entidad accionada cumplió la orden
proferida en la sentencia de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025),
manteniendo de tal forma su conducta renuente a proteger los derechos
fundamentales de la accionante.

• La anterior decisión fue notificada el 22 de mayo de 2025, por medio de correo
electrónico enviado solamente a la Nueva E.P.S., mas no se remitió algún
mensaje dirigido a la señora López Arbeláez:

Del anterior recuento, la sala advierte que la señora López Arbeláez ocupó el cargo
de gerente regional noroccidente de la Nueva E.P.S. hasta el 18 de marzo de
2025, es decir que se desvinculó de esa entidad incluso antes del 7 de mayo de
2025, fecha en la que se realizó el requerimiento previo a la apertura del incidente
de desacato, circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que resulta claro
concluir, que era imposible para la actora actuar dentro de ese trámite.

Incluso, se encuentra que las decisiones allí proferidas, pese a la naturaleza
sancionatoria de que goza el incidente de desacato, no fueron notificadas en
debida forma a la funcionaria que se consideró era la encargada de cumplir la
orden de tutela, pues no se enviaron las comunicaciones al correo electrónico
personal o institucional de la señora López Arbeláez.

En criterio de la sala, el incidente de desacato es una herramienta de carácter
disciplinario con la que cuenta el juez de tutela para imponer sanción de arresto o
multa a quien de manera negligente e injustificada incumpla la orden judicial de
amparo. Y, dado que el carácter de una de las sanciones que procede por
desacato es de tipo corporal (arresto), la parte pasiva del incidente es la persona
natural (funcionario o particular) encargada de acatar la decisión, y no la persona
jurídica.

Así lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, al señalar que la sanción
por desacato no se puede imponer a la entidad sino al servidor público que,
vinculado en debida forma al trámite incidental, resulta responsable del
incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular, se ha señalado:

Adicionalmente, si se trata de una sanción no puede imponérsele sino a quien ha sido

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sujeto en el respectivo proceso, en este caso en el incidente. De ahí que no sea
legítima la expresión “o a quien haga sus veces”, pues bien podría tratarse de persona
natural diferente al momento de decidirse o quedar en firme el auto. No se trata en
estos casos de la entidad, sino de quien debió, como autoridad, cumplir la orden.27

Por lo tanto, es evidente que durante el trámite incidental debe garantizarse en su
mayor expresión el derecho al debido proceso y a la defensa de la persona natural
contra quien se dirige el incidente. Para tal efecto, el juez de primera instancia que
conozca debe actuar de la siguiente manera:

1) Identificar el funcionario o particular en quien recayó la orden u órdenes
judiciales que se alegan desacatadas, es decir, al que se le impuso la obligación
de cumplirlas; 2) darle traslado al incidentado para que presente sus argumentos
de defensa; y 3) si es necesario, practicar las pruebas que considere conducentes,
pertinentes y útiles para emitir decisión.

4) Resolver el incidente, para lo cual debe valorar: primero, si la orden judicial fue
desacatada y, segundo, si la persona obligada a cumplirla actuó con negligencia u
omisión injustificada, para en caso afirmativo, imponer la respectiva sanción; y 5)
siempre que haya sancionado, enviar el incidente al superior para que se surta el
grado jurisdiccional de consulta.

De ahí que para efectos de establecer la responsabilidad que implica la
declaración de desacato sea necesario, como primera medida, se establezca el
contenido preciso de las órdenes emitidas en el fallo cuyo incumplimiento se alega.

De llegarse a demostrar que la orden no fue observada dentro del plazo previsto, lo
correcto es que después de adelantar el trámite dirigido a procurar el cumplimiento
del fallo, el incidente de desacato se dirija contra el funcionario obligado a atender
la sentencia de amparo.

Ello quiere decir que, para verificar la responsabilidad subjetiva del «incumplido»,
en consonancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, ha sido criterio
reiterado de esta corporación28 que éste debe estar debidamente identificado,
pues es sabido que mediante el trámite incidental «no se persigue a un
cargo, sino a la persona que lo ostenta».

En este orden de ideas, el desacato comporta el ejercicio de un poder disciplinario
del juez constitucional, cuya imposición exige la verificación de la responsabilidad
subjetiva del obligado. Esto implica que la sanción solo procede cuando el
incumplimiento de la orden obedece a una conducta negligente o renuente,
debidamente acreditada en el trámite incidental. En consecuencia, la persona
llamada a responder debe ser vinculada de manera adecuada al incidente, en aras
de garantizar su derecho de defensa y a la contradicción.

Tales garantías no ceden ante la informalidad y celeridad que caracterizan el
trámite de tutela, que se efectiviza permitiendo al incidentado su participación en la
defensa de sus intereses, notificándolo personalmente, tanto del auto de apertura

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P Álvaro González
Murcia, rad. 2000-90021-01(AC-9514).
28
Entre otros, ver auto del 15 de agosto de 2012 proferido por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado, M.P. Gustavo Gómez Aranguren, rad. 2012-00410-01.

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como de las demás decisiones que se profieran al interior del proceso, lo cual se
echa de menos en el caso analizado.

Entonces, como las autoridades judiciales demandadas no vincularon de manera
correcta a la persona presuntamente responsable del incumplimiento de lo
ordenado en la sentencia del 13 de marzo de 2025, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia de la señora López Arbeláez, pues ella no ejercía el cargo de gerente
regional noroccidente de la Nueva E.P.S. para la fecha en que se le impuso la
sanción, ni tuvo conocimiento directo de la apertura del incidente en su contra, por
lo que de haberse vinculado en debida forma se hubiese podido evitar la
imposición de la multa.

En consecuencia, se dejarán sin efectos las providencias del 16 de mayo de 2025
del Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y del 22 de
mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima,
dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela con radicado
05001-33-33-029-2025-00060-00/01, solamente en lo que atañe a lo decidido
respecto a la señora López Arbeláez29.

Lo anterior, con el propósito de que el Juzgado Veintinueve Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín en el término de diez (10) días, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, rehaga el trámite del incidente de desacato para que
se identifique de manera correcta al funcionario encargado de materializar la orden
proferida en el fallo del 13 de marzo de 2025 y lo notifique de forma personal.

Cabe aclarar que la sala no ordenará directamente el levantamiento de la multa
impuesta a la actora, pues corresponde al juez que conserva la competencia sobre
el cumplimiento valorar integralmente las circunstancias y definir los efectos
jurídicos de la realización particular del procedimiento.

Sin embargo, mientras el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín profiere la decisión de reemplazo, se ordenará a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia suspender el proceso
de cobro coactivo 05001-12-90-000-2026-01583-00, derivado de la multa impuesta
a la actora con ocasión de la sanción por desacato de lo dispuesto en la sentencia
del 13 de marzo de 2025.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Acceder a las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Superintendencia Nacional de Salud, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia.

29
Esta aclaración se hace en atención a que en estos proveídos también se sancionó al señor
Bernardo Armando Camacho Rodríguez, en calidad de agente interventor de la Nueva E.P.S.

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SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y de acceso a la administración de justicia de la señora María Leonor López
Arbeláez.

TERCERO: En consecuencia, dejar sin efectos los autos del 16 de mayo y 22 de
mayo de 2025 proferidos por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima,
respectivamente, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela
con radicado 05001-33-33-029-2025-00060-00/01, respecto a lo decidido contra la
señora López Arbeláez.

CUARTO: Ordenar al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín que en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de
esta sentencia, rehaga el trámite del incidente de desacato para que se identifique
de manera correcta al funcionario encargado de materializar la orden proferida en
el fallo del 13 de marzo de 2025 y lo notifique de forma personal, en atención a las
consideraciones señaladas anteriormente.

QUINTO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín - Antioquia que suspenda el proceso de cobro coactivo
05001-12-90-000-2026-01583-00, derivado de la multa impuesta a la señora María
Leonor López Arbeláez con ocasión de la sanción por desacato de las órdenes
impartidas en la sentencia del 13 de marzo de 2025, mientras el Juzgado
Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín profiere la decisión de
reemplazo y, posteriormente, procede de conformidad con lo que allí se resuelva.

SEXTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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