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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06799-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06799-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 16 Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00 Accionante: Rafael Díaz Meza CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06799-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: RAFAEL DÍAZ MEZA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Rafael Díaz Meza contra
el Tribunal Administrativo de Santander.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Rafael Díaz Meza solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio
de economía procesal, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de junio
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 68001-
33-33-013-2022-00306-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que la Fiscalía General de la Nación, mediante las Resoluciones 0342
de 26 de abril de 2010 y 0252 de 22 de octubre de 2010, le exigió la devolución de
ciento veintitrés millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta
pesos ($123.968.740) correspondientes al valor cancelado en cumplimiento de la
sentencia de tutela de 16 de abril de 2009, la cual le reconoció sumas de dinero
derivadas de la bonificación por compensación de los años 2001 a 2005. Precisó
que dicha decisión fue revocada por el Consejo de Estado a través de la sentencia
de 10 de marzo de 2010.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

2.2. Señaló que la entidad inició el trámite administrativo de cobro coactivo
identificado con el número JC329 y que, en dicho trámite, libró mandamiento de
pago mediante auto de 25 de febrero de 2013. Señaló que solicitó la interrupción de
la prescripción de la acción de cobro con fundamento en una presunta
prejudicialidad administrativa derivada de la demanda interpuesta en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada bajo el núm.
25000-23-25-000-2011-00762-00/01.

2.3. Expuso que, mediante auto de 7 de octubre de 2013, la Fiscalía General de la
Nación dispuso la suspensión temporal de la actuación administrativa hasta la
culminación del referido proceso judicial.

2.4. Indicó que la entidad expidió el Oficio DAJ-10400 de 29 de junio de 2022, por
medio del cual negó la solicitud de terminación y archivo del procedimiento de cobro
coactivo al considerar que la providencia del proceso ordinario adquirió ejecutoria el
6 de noviembre de 2019 y que, en consecuencia, el término de prescripción se
reanudó a partir del 7 de noviembre de ese año. Con fundamento en dicho cómputo,
concluyó que habían transcurrido 2.99 años (36.46 meses) de los cinco (5) años
previstos para la prescripción, razón por la cual la entidad aún disponía de un plazo
de 1.96 años (23.53 meses) para hacer efectiva la obligación.

2.5. Sostuvo que el 23 de junio de 2022 solicitó la declaratoria de la prescripción
extintiva de la acción de cobro coactivo, argumentando que la suspensión por
prejudicialidad se produjo el 7 de octubre de 2013 y que los términos debían
reanudarse una vez transcurridos dos (2) años, esto es, el 6 de octubre de 2015, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1564 de 12 de julio de
20121. En ese orden, afirmó que el término prescriptivo de cinco (5) años venció el
5 de octubre de 2020.

2.6. Añadió que la Fiscalía General de la Nación profirió auto de 1 de agosto de 2022,
mediante el cual ordenó reanudar el trámite administrativo y seguir adelante con la
ejecución de la obligación.

2.7. Indicó que, con fundamento en esas circunstancias, promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada con el número
68001-33-33-013-2022-00306-00, contra la Fiscalía General de la Nación. A través
de dicha acción solicitó la declaratoria de la prescripción extintiva de la acción de
cobro, la pérdida de ejecutoriedad de las resoluciones contentivas del título ejecutivo
y la nulidad tanto del Oficio DAJ-10400 de 2022 como del auto de 1 de agosto del
mismo año. A título de restablecimiento solicitó la terminación del proceso
administrativo de cobro coactivo, el levantamiento y cancelación de la medida cautelar
de embargo decretada sobre un bien inmueble de su propiedad y ordenar el archivo
definitivo del expediente administrativo.

2.8. Mencionó que el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, autoridad judicial que, mediante

1
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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Accionante: Rafael Díaz Meza

sentencia de 23 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda con
sustento en que la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho no afectó la ejecutoriedad de los actos administrativos de contenido no
tributario que constituían el título ejecutivo, razón por la cual su firmeza se produjo
el 12 de enero de 2011, fecha a partir de la cual comenzó igualmente el cómputo
del término de prescripción.

2.9.Añadió que presentó apelación contra la anterior decisión y que el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante sentencia de 12 de junio de 2026, confirmó
la anterior decisión y se abstuvo de pronunciarse de fondo acerca de la eventual
configuración de la prescripción de la acción de cobro coactivo con posterioridad a
la expedición de los actos administrativos demandados.

2.10. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico y en la
causal de violación directa de la Constitución.

2.11. Enrelación con el defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial omitió el
análisis de la prescripción, cuestión que incluso podía ser examinada de oficio,
privándolo de una decisión integral, objetiva y sustentada en la totalidad de las
disposiciones aplicables al caso concreto.

2.12. Respecto al principio de economía procesal señaló que la decisión adoptada
por el tribunal lo conduce a promover un nuevo medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, circunstancia que prolongaría innecesariamente la
resolución definitiva de una controversia que, en su criterio, podía definirse dentro
del presente proceso.

2.13. Sobre la violación directa de la Constitución sostuvo que se desconocieron los
artículos 29, 228 y 229 superiores, relativos al derecho fundamental al debido
proceso, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y el acceso efectivo
a la administración de justicia. En ese sentido, indicó que se desconoció el principio
de congruencia, en tanto este exige correspondencia no solo con las pretensiones
formuladas, sino también con los hechos acreditados dentro del proceso.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Tutelar mis derechos de debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, vulnerados en la parte in fine del fallo del Tribunal Administrativo de
Santander, fechado el 12 de junio de 2026.

2. Declarar nula la sentencia especialmente en la parte que aludió a la negativa
de resolver la prescripción de la acción de cobro que se produjo en el curso del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho propuesto por mí contra la
Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

3. Exhortar al accionado para que corrija el yerro y ordenarle que sustituya su
fallo por otro que estudie la prescripción aludida y reforme las partes motiva y
resolutiva en lo que no guarden (sic) consonancia con lo decidido, sin olvidar la
totalidad de las pretensiones de la demanda y del alegato de conclusión del
abogado Libardo Paredes Sedano. […]”. [Subrayado del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 31 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Fiscalía General de la Nación y al
Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El
Tribunal Administrativo de Santander manifestó que la acción es
improcedente debido a que se pretende reabrir un debate ya definido judicialmente
y convertir el trámite constitucional en una tercera instancia. Agregó que se trata de
una inconformidad con la postura e interpretación adoptada en la providencia
cuestionada sin demostrar que se haya incurrido en alguna transgresión de
derechos fundamentales y que el accionante no precisó con claridad el defecto en
el que incurrió la providencia.

5.2. LaFiscalía General de la Nación señaló que no tiene competencia para
determinar la procedencia de lo pretendido en el proceso ordinario, lo cual
corresponde a los jueces de la República. Por lo tanto, indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva debido a que únicamente fue sujeto procesal en
el proceso de las providencias cuestionadas.

5.3. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga sostuvo que
carece de legitimación en la causa por pasiva y que en esta acción de tutela no se
demostró la vulneración de derechos fundamentales ni se mencionó ningún defecto
que se endilgue a la sentencia que profirió dicha autoridad judicial.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

2
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.

VI.2. Cuestión previa

7. Previo a establecer el problema jurídico, la Sala precisa que resulta necesario
pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación procesal presentadas
por la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
de Bucaramanga.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20068, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin
vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (subrayado fuera del
texto).

9. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación intervino como sujeto
procesal y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga profirió la
sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 68001-33-33-013-2022-00306-
00, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser
vinculadas a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por la
Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.

4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en el defecto
fáctico y la causal de violación directa de la Constitución.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. El señor Rafael Díaz Meza solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio
de economía procesal, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de junio
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 68001-
33-33-013-2022-00306-00/02.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial los de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Accionante: Rafael Díaz Meza

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

15
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del (sic) rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

18 precisó, en relación
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucren derechos fundamentales20.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
en conexidad con el principio de economía procesal, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico y en la causal de violación directa de la
Constitución.

29. En relación con el defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial omitió el análisis
de la prescripción, cuestión que incluso podía ser examinada de oficio, privándolo
de una decisión integral, objetiva y sustentada en la totalidad de las disposiciones
aplicables al caso concreto.

30. Respecto al principio de economía procesal señaló que la decisión adoptada por
el tribunal lo conduce a promover un nuevo medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, circunstancia que prolongaría innecesariamente la
resolución definitiva de una controversia que, en su criterio, podía definirse dentro
del presente proceso.

31. Sobre la violación directa de la Constitución sostuvo que se desconocieron los
artículos 29, 228 y 229 superiores, relativos al derecho fundamental al debido
proceso, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y el acceso efectivo
a la administración de justicia. En ese sentido, indicó que se desconoció el principio
de congruencia, en tanto este exige correspondencia no solo con las pretensiones
formuladas, sino también con los hechos acreditados dentro del proceso.

32. Noobstante, la formulación de tales defectos evidencia una discrepancia
respecto de la interpretación jurídica adoptada por el juez natural y no la exposición
de una vulneración autónoma de derechos fundamentales.

33. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

35. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión de primera instancia, que había denegado las
pretensiones de la demanda, y se abstuvo de pronunciarse de fondo respecto a si la
prescripción de la acción de cobro coactivo operó con posterioridad a la expedición de
los actos administrativos demandados.

36. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia
cuestionada:

“[…] A partir de lo anterior, se tiene que, por virtud del numeral 4° del art. 817
del E.T, el término de prescripción de la acción de cobro de cinco (5) años,
comenzó su contabilización a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución
0342 de fecha 26 de abril de 2010, confirmada mediante la Resolución 000252
del 22 de octubre de 2010, esto es, se reitera, del 12 de enero de 2011.

No obstante, lo anterior, habiéndose librado mandamiento de pago el 25 de
febrero de 2013, a partir de su notificación21 se interrumpió el término de
prescripción de la acción de cobro.

Así, y por virtud del inciso segundo del art. 818 del E.T., el término empezó a
correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de
pago, esto es, a partir del 16 de mayo de 2013 y hasta el 16 de mayo de 2018.

Ahora bien, como se verificó, […] dentro del proceso de cobro coactivo JC-329,
por auto proferido el día 7 de octubre de 2013 […] ordenó la suspensión
temporal del referido proceso de cobro coactivo «hasta la terminación del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, entablado por el deudor
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección
D, EXP No 2011- 00762. […]» […] La reaunudación (sic) del procedimiento de
cobro coactivo JC 329 tuvo lugar por auto del 1° de agosto de 2022, en el que
además se dispuso seguir adelante con la ejecución de la obligación contenida
en el título ejecutivo.

[…] En tal virtud, a partir del 7 de noviembre de 2019 el término de prescripción
de la acción de cobro -que se encontraba suspendido por virtud de la
suspensión del proceso de cobro (del 7 de octubre de 2013 al 6 de noviembre
de 2019)-, debe entenderse reanudado por el tiempo que faltaba, esto es, por
el término de 4 años, 7 meses y 9 días. Lo anterior, si en cuenta se tiene que,
con ocasión de la interrupción del término de prescripción de la acción de cobro,
que implicó una nueva contabilización del término de 5 años y cuyo conteo inició
a partir del 16 de mayo de 2013, para el 7 de octubre de 2013 cuando se ordenó

21
Que tuvo lugar el 15 de mayo de 2013.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

la suspensión del proceso de cobro coactivo, habían transcurrido 4 meses y 21
días.

Así las cosas, el término de prescripción de la acción de cobro fenecía el 16 de
junio de 2024; fecha hasta cuando22 la FGN conservaba su competencia
funcional dentro del proceso de cobro coactivo seguido contra el señor Rafael
Diaz Meza.

[…]

Aunado a lo anterior, las referencias jurisprudenciales que invoca la parte actora
en su recurso de apelación, se adoptan dentro de procesos ordinarios de
determinación de tributos, en los que se ha acudido a la referida norma que
regula los efectos de la suspensión y reanudación de los términos procesales,
y no, dentro de procesos de cobro coactivo, donde la causa legal de la
suspensión es encontrarse pendiente el resultado de un proceso contencioso
administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, por lo que en manera alguna
constituyen precedentes de obligatoria aplicación, en la forma reprochada por
el apelante.

[…] Ahora, nótese que, en el sub lite (sic), estando suspendido el proceso de
cobro coactivo desde el 7 de octubre de 2013, por solicitud del señor Rafael
Díaz Meza, y habiendo cobrado ejecutoria la sentencia proferida dentro del
proceso ordinario Rad. 2011- 00762 el 6 de noviembre de 2019, solo hasta el
23 de junio de 2022 la parte actora solicitó la declaratoria de prescripción de la
acción de cobro, alegando que la reanudación del proceso de cobro coactivo
debió tener lugar el 6 de octubre de 2015, esto es, dos (2) años después de la
suspensión del proceso, invocando para ello la aplicación del artículo 163 del
C.G.P., y que el vencimiento de los 5 años aconteció el 5 de octubre de 2020.

Al respecto resulta cuestionable al actor que, durante el tiempo que tuvo lugar
la suspensión del proceso de cobro, se encontrara, al igual que lo estaba la
F.G.N., a la espera del «resultado de un proceso contencioso administrativo de
nulidad contra el título ejecutivo», no solo por virtud de lo dispuesto en el artículo
101.2 del CPACA sino de lo dispuesto en el auto del 7 de octubre de 2013 dentro
del proceso de cobro coactivo seguido en su contra, y que solo después de las
resultas del proceso ordinario que constituyó el fundamento de la suspensión,
que fueron desfavorables al señor Rafael Díaz Meza, invoque a su favor el art.
163 del C.G.P., cuando se benefició de su presunta inobservancia por parte de
la F.G.N.

Se insiste, encontrándose pendiente de resolverse el proceso en el que se
discutía la legalidad de los actos administrativos que conformaban el título
ejecutivo objeto de cobro por la F.G.N, procedente resultaba, por virtud del
artículo 101.2 del CPACA, disponer la suspensión del proceso de cobro coactivo
hasta que se encontrara ejecutoriada la sentencia que puso fin al proceso
ordinario Rad. 2011- 00762, dada su incidencia directa en aquel y la naturaleza
de la causal legal de suspensión aplicada, tal y como lo hizo la administración.

[…]

Finalmente, se advierte por la Sala que, la parte actora en la etapa de
alegaciones finales en primera instancia y en esta instancia como fundamento
de su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, invoca que
se configura una «nueva prescripción» de la acción de cobro coactivo,
afirmando que aun teniendo en cuenta la tesis de la FGN, consistente en que la
reanudación del proceso debía darse el día siete (7) de noviembre de 2019 en

22
Aun sin consideración a la suspensión de términos por razón de la emergencia sanitaria planteada por el apelante.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

que devino la ejecutoria de la sentencia del contencioso administrativo, lo cierto
es que a la fecha de los alegatos de conclusión del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho habían trascurrido (sic) 5 años y 8 meses sin que
la FGN hubiera culminado el proceso de cobro coactivo, lo que invoca, no fue
declarado por el a-quo, aspecto frente al que alega, aún a la fecha de
interposición del recurso contra la sentencia de primera instancia la FGN no ha
culminado el proceso de cobro coactivo, habiéndose solicitado el 24 de julio de
2025 la prescripción extintiva de la acción de cobro coactivo ante la FGN,
negada mediante oficio del 29 de julio de 2025.

Tal planteamiento, con el que pretende el demandante acreditar la configuración
de la prescripción de la acción de cobro, desborda el objeto del presente litigio,
que se concreta en el control de legalidad de los actos enjuiciados, esto es, del
oficio DAJ-10400 del 29 de junio de 2022 y del auto del 1° de agosto de 2022,
siendo este el límite dentro del cual el Juez debe emitir su sentencia; límite que
se concretó con la demanda y sus pretensiones, y que no puede ser rebasado
adoptando decisiones que vayan más allá de lo pedido o que no haya sido
reclamado, no siendo la etapa de alegaciones de conclusión la adecuada para
formular, como lo hizo la demandante, nuevos planteamientos, menos aún
contra actos distintos a los demandados, además de no corresponder a un
aspecto cuyo estudio haya sido asumido por el a-quo en el marco del objeto del
presente litigio para enmarcarlo dentro de un reproche de apelación.

Téngase en cuenta que como lo ha señalado el H. Consejo de Estado23, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no puede pronunciarse sobre
hechos posteriores a la legalidad de los actos administrativos cuya legalidad es
objeto de discusión, conforme el ámbito de sus competencias, menos aun
cuando los reproches apuntan a controvertir la decisión contenida en el oficio
fechado el 29 de julio de 2025 en el que la F.G.N negó la solicitud de terminación
y archivo del proceso de cobro coactivo y levantamiento y cancelación de la
medida cautelar de embargo, que elevó el señor Rafael Diaz Meza; solicitud
que además, difiere en su fundamento con la que originó el oficio DAJ-10400
del 29 de junio de 2022 acusado, pues en esta nueva oportunidad invocó que,
«desde el 07 de noviembre de 2019, fecha en que quedó reanudado el proceso
de cobro coactivo hasta la fecha de hoy, 24 de julio de 2025, han trascurrido
(sic) más de cinco (05) años desde que la Fiscalía General de la Nación
interrumpió el término de prescripción con el mandamiento de pago y ésta no
ha ejecutado al deudor, configurándose así la prescripción de la acción de cobro
coactivo» […].

Por lo expuesto, la Sala se abstendrá de pronunciarse de fondo sobre el
particular, esto es, sobre si operó la prescripción con posterioridad a los actos
administrativos demandados, porque «el objeto del litigio se concreta en el
estudio de su legalidad y no de actuaciones posteriores»24. […]”.

37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025), Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación
25000-23-37-000-2021-00081-01 (28857).
24
Se observa la pauta jurisprudencial contenida en la sentencia del 18 de abril de 2024, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, seis dieciocho (18) de
abril de dos mil veinticuatro (2024), Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 08001-23-33-000-2016-
90242-01 (28358).

14

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

38. Por el contrario, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander realizó
un estudio razonable del caso. En la providencia se reconstruyó el cómputo del
término prescriptivo, se precisaron las fechas de suspensión y reanudación, se
examinaron los argumentos relacionados con la denominada “nueva prescripción”
y se concluyó que se trataba de un asunto que excedía el objeto del litigio por
tratarse de actuaciones posteriores a los actos administrativos demandados.

39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”25.

40. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”26.

41. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”27.

42. Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, en atención a que en los argumentos
expuestos por el accionante se hace referencia a un presunto desconocimiento del
principio de congruencia de la sentencia, la Sala precisa que, previo al cumplimiento
de los requisitos legales, este es susceptible de plantearse a través de otro
mecanismo de defensa judicial y, además, en el asunto de la referencia no se
demostró la configuración de un perjuicio irremediable28.

43. Esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión,
amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir la falta de
congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el fallo de 16
de febrero de 202329:

“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en que la
sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la garantía

25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
26
Ibidem.
27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
28
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp.
11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los planteamientos
que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.

39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de tutela
está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una nulidad por
desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto que el juez
contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los argumentos
señalados en el recurso de apelación.

40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:

[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se
traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto
es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como
la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar
de la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y
al examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión
de la providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra
pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 armonizado con el
281, ambos del CGP [...].

41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del texto].

44. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía
General de la Nación y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06799-00
Accionante: Rafael Díaz Meza

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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