Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06812-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06812-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06812-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06812-00
Accionante: Javier José Pereira Areiza
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso
de repetición
Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada el señor Javier José Pereira Areiza, actuando por
conducto de apoderado judicial, en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, contradicción, defensa técnica e igualdad, con
ocasión de la providencia del 26 de enero del 2023 proferida del proceso de
repetición con radicado 66001-2333-000-2014-00150-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El Instituto Nacional de Vías - Invías, interpuso acción de repetición contra JR
Ingenieros Ltda., Alfredo Amaya H. CIA. Ltda.,Noriega Campiño & Cía. S en C,
Javier José Pereira Areiza y Antonio José Pedraza Jiménez, con el propósito de
que se les declarara responsables de los perjuicios ocasionados con la condena
que le fue impuesta por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante
sentencia de 13 de octubre de 2011, por concepto de los perjuicios morales y
materiales causados por el fallecimiento de la señora Blanca Mery Aranzazu
Zapata, ocurrido el 9 de agosto de 2006, dentro de un proceso de reparación
directa.
3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda que, una vez
admitió la demanda a través del auto del 12 de agosto de 2014, adelantó las
actuaciones necesarias para lograr la vinculación de todos los demandados al
proceso.
1 Acción de tutela presentada el 26 de agosto de 2026.
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Acción De Tutela
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Accionante: Javier José Pereira Areiza
4. Respecto al señor Javier José Pereira Areiza, la citación para notificación
personal fue devuelta por la empresa de correos 472, razón por la que el Tribunal
mediante auto del 30 de septiembre de 2015 ordenó poner en conocimiento de
la parte demandante dicha devolución.
5. Sobre el particular, el apoderado de INVIAS allegó escrito a través del cual
informó que desconocía el domicilio actual para la notificación personal del señor
Javier José Pereira Areiza, razón por la cual el Tribunal procedió a aplicar el
procedimiento previsto en el artículo 293 del CGP y a través del auto del 5 de
abril de 2016 ordenó su emplazamiento.
6. Así las cosas, agotado el trámite de emplazamiento sin que el señor Javier
José Pereira Areiza compareciera al proceso, a través de auto del 18 de julio de
201754, dicha autoridad judicial nombró a la abogada Liliana Pérez Duque, en
calidad de curadora ad-litem, para representar al accionante.
7. Con posterioridad, mediante sentencia del 12 de abril de 2019 accedió
parcialmente a las pretensiones, en consecuencia, declaró patrimonialmente
responsables a los integrantes del Consorcio RAN «JR Ingenieros Ltda., Alfredo
Amaya H. Cía. Ltda., Noriega Campiño & Cía S en C., Javier José Pereira
Areiza» y negó la responsabilidad del interventor del contrato.
8. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
mediante sentencia del 26 de enero de 2023 revocó la condena de Alfredo
Amaya H. CIA. Ltda, pero declaró patrimonialmente responsable a JR Ingenieros
Ltda., Noriega Campiño & Cía S en C., y Javier José Pereira Areiza por el daño
ocasionado con la muerte de la señora Blanca Mery Aranzazu, cuya
indemnización fue pagada por la entidad demandante tras ser condenada en
proceso de reparación directa.
9. Lo anterior, al considerar que no se acreditó el elemento subjetivo respecto
Alfredo Amaya H. CIA. Ltda, pues, si bien el perito señaló que el trabajo en
pendiente de la máquina pudo ocasionar la falla, no lo afirmó ni lo sentenció de
manera categórica, más bien lo anotó como una posibilidad.
2.2. Fundamento jurídico
10. La parte actora indicó que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental
absoluto por indebida notificación, pues, a pesar de que su dirección podía
obtenerse de la conformación del consorcio y del contrato de obra 2519 de 2005,
dicha autoridad resolvió tenerlo como persona de domicilio desconocido sin
desplegar actuaciones suficientes para ubicarlo, irregularidad que le habría
impedido conocer el proceso, comparecer directamente y ejercer oportunamente
sus derechos de defensa y contradicción.
11. Igualmente, sostuvo que se incurrió en un defecto procedimental por «mala
defensa del curador ad litem», puesto que, si bien contestó la demanda y alegó
que no estaba demostrado el dolo o la culpa grave, lo cierto es que omitió apelar
la sentencia condenatoria del 12 de abril de 2019, lo que constituyó una defensa
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Acción De Tutela
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meramente formal, débil y negligente, pues impidió que el ad quem revisara su
condena, especialmente cuando acogió el mismo planteamiento formulado por
el único integrante del consorcio que interpuso recurso de apelación.
12. De otra parte, alegó que el Consejo de Estado incurrió en un defecto
sustantivo por inaplicación de lo preceptuado en el artículo 7.º de la Ley 80 de
1993, pues limitó los efectos favorables de la apelación al único recurrente,
aunque el contratista era el Consorcio RAN y sus integrantes respondían
solidariamente por las actuaciones, hechos y omisiones relacionados con la
ejecución contractual.
13. Finalmente, manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en un defecto fáctico, al declarar su responsabilidad patrimonial sin que en el
proceso de repetición existiera material probatorio suficiente para acreditar que
su conducta fue dolosa o gravemente culposa.
14. En ese sentido, estima que su condena quedó sustentada en inferencias
carentes de respaldo probatorio suficiente, pues no se demostró cuál fue su
intervención personal en la falla del equipo, qué deber concreto incumplió ni de
qué manera su actuación produjo el daño indemnizado por el Estado.
2.3. Pretensiones
15. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales de mi poderdante
JAVIER JOSÉ PEREIRA AREIZA al debido proceso, derecho a
contradicción, defensa técnica y derecho a la igualdad.
SEGUNDO: DEJAR sin efecto la providencia judicial dictada el 23 de
enero del 2023 por la Sección Tercera del Consejo de Estado por haber
vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a
contradicción, defensa técnica y derecho a la igualdad.
TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado a proferir una nueva
decisión, respetando los derechos fundamentales del accionante, y
corrigiendo los defectos identificados.
CUARTO: DISPONER de las medidas necesarias para hacer efectivo el
amparo, de conformidad con las circunstancias del caso.
(…)»
2.4. Intervenciones
16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 27 de
agosto de 2026 en el que se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B como accionado y al Tribunal Administrativo de Risaralda,
al Instituto Nacional de Vías- INVIAS, Alfredo Amaya H. cía. LTDA, Antonio José
Pedraza Jiménez, J.R. Ingenieros LTDA, Noriega Campiño & cía. en C., así
como a la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado como
terceros interesados en el resultado del proceso.
17. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B manifestó que la
sentencia cuestionada contenía los argumentos y elementos necesarios para
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Acción De Tutela
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que el juez de la acción de tutela tomara la decisión que en derecho
correspondiera.
18. El Tribunal Administrativo de Risaralda después de hacer un recuento de
las actuaciones surtidas solicitó que se niegue el amparo por cuanto agotó todas
las herramientas legales disponibles para procurar la comparecencia del
accionante, y ante la falta de esta, y con el fin de garantizar la continuidad del
proceso y la protección de los derechos del demandado ausente procedió a
designar curadora ad litem, tal como lo prevé el ordenamiento jurídico.
19. De otra parte, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por
falta del requisito de relevancia constitucional comoquiera que no tiene una
relación directa con la presunta afectación de derechos fundamentales
invocados en protección.
20. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al proferir
la sentencia del 26 de enero de 2023, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, contradicción, defensa técnica e igualdad, al incurrir en los
defectos factico, procedimental absoluto y sustantivo.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
23. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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Acción De Tutela
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24. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
25. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.5. Del requisito de inmediatez
26. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:
«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
Además, como lo señaló la misma Corporación3, el requisito de la
inmediatez protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados
por una tutela ejercida en un plazo irrazonable4»; «da vigencia al principio
de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor
que atente contra ella»5; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso
de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la
propia negligencia en la agencia de los derechos»6.
27. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un
plazo razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y
eficaz de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
4 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de
2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
5 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006,
T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre
otras.
6 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006,
T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
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Accionante: Javier José Pereira Areiza
28. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5
de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»6.
3.4. Caso concreto
29. De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a determinar
si se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para discutir la providencia del 26
de enero de 2023.
30. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:
31. En el proceso de repetición promovido por Invías el Tribunal Administrativo
de Risaralda mediante sentencia del 12 de abril de 2019 declaró
patrimonialmente responsables a los integrantes del Consorcio RAN (JR
Ingenieros Ltda., Alfredo Amaya H. Cía. Ltda., Noriega Campiño & Cía S en C.,
Javier José Pereira Areiza) y negó la responsabilidad del interventor.
32. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
mediante sentencia del 26 de enero de 2023 revocó la condena de Alfredo
Amaya H. CIA. Ltda, pero declaró patrimonialmente responsable a JR Ingenieros
Ltda., Noriega Campiño & Cía S en C., y Javier José Pereira Areiza por el daño
ocasionado con la muerte de la señora Blanca Mery Aranzazu, cuya
indemnización fue pagada por la entidad demandante tras ser condenada en
proceso de reparación directa.
33. Decisión que fue notificada a las partes por correo electrónico el 16 de marzo
de 2023, razón por la que cobró ejecutoria el 24 de marzo de ese año, conforme
con lo preceptuado en el artículo 302 del CGP, disposición normativa que prevé:
«ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no
admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia,
solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3)
días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.»
34. En ese sentido, la Sala entiende que la decisión cuestionada en esta sede
cobró ejecutoria el 24 de marzo de 2023, comoquiera que no se presentó
solicitud de adición o aclaración. Sin embargo, la acción de tutela la presentó el
26 de agosto de 2026, es decir, 3 años, 5 meses y 2 días después de que
adquirió ejecutoria la decisión cuestionada.
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35. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no se acredita el
requisito de inmediatez porque el señor Javier José Pereira Areiza, quien actúa
por conducto de apoderado judicial interpuso la acción de tutela cuando había
transcurrido 3 años, 5 meses y 2 días desde la ejecutoria de la providencia que
se pretende dejar sin efectos, esto es, la sentencia del 26 de enero de 2023.
36. Ahora, si bien el accionante sostiene que únicamente tuvo conocimiento del
proceso cuando se inició el cobro coactivo en su contra, lo cierto es que esa
afirmación no se encuentra respaldada por algún elemento probatorio que
permita establecer con certeza la fecha en la que conoció la condena.
37. Lo anterior, teniendo en cuenta que no aportó la comunicación mediante la
cual habría sido enterado del procedimiento de cobro, la constancia de su
recepción ni otro documento que demuestre que estuvo objetivamente
imposibilitado para conocer con anterioridad la existencia del proceso de
repetición y de las decisiones allí adoptadas.
38. Además, durante el trámite ordinario el señor Pereira Areiza estuvo
representado por una curadora ad litem, a quien se le notificaron las actuaciones
correspondientes, incluida la sentencia de primera instancia, por ende, mientras
no se establezca la invalidez de esa vinculación procesal, las notificaciones
efectuadas a su representante judicial produjeron los efectos previstos en el
ordenamiento, para la Sala, el reproche planteados respecto de la gestión
desplegada por la curadora, particularmente por no haber interpuesto el recurso
de apelación, no permite tener por demostrado que el accionante solo conoció la
actuación en 2026, ni justifica, por sí misma, la prolongada tardanza en acudir al
juez constitucional.
39. En ese sentido, es importante reiterar que el juez constitucional parte de la
presunción que si se está ante una vulneración de derechos fundamentales que
requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas, el titular del derecho
afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora
excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela de
juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obtener
vía acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad
jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.
40. En ese orden de ideas, la Sala procederá a declarar improcedente la acción
de tutela porque no cumple el requisito de inmediatez, lo que la releva de analizar
los demás presupuestos de procedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Javier José Pereira Areiza por falta del requisito de inmediatez, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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