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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06819-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06819-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR el amparo solicitado conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 5 Radicado: 11001-03-15-000-2026-06819-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas 2591 de 1991. - Archivo Central. Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06819-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06819-00
Accionante: Luis Humberto Rodríguez Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Tema: Derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, al
debido proceso. Mora judicial. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Humberto Rodríguez
Peña en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

ANTECEDENTES

El accionante solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, que considera vulnerados por la
autoridad judicial accionada, por la presunta mora judicial ocurrida dentro del medio
de control de reparación directa con radicado 11001-33-36-033-2022-00282-01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que presentó demanda de reparación directa y correspondió al Juzgado 33
Administrativo de Bogotá, bajo el radicado 11001-33-36-033-2022-00282-00 y el 18
de julio de 2024, se dictó sentencia desfavorable a sus pretensiones, por lo que
interpuso recurso de apelación. Que en auto del 03 de febrero de 2025 se concedió
el recurso y desde ese entonces, el proceso se encuentra en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera. Que ha pasado más de 1 año
y 5 meses sin que ocurra alguna actuación, pese a que ha radicado dos escritos
solicitando el impulso del proceso para que se profiera sentencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06819-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
PRETENSIONES

Solicita que se proteja su derecho fundamental al debido proceso y se ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolver el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida dentro del
proceso con radicado 11001-33-36-033-2022-00282-00 y, en un plazo razonable,
previa adopción de medidas necesarias; profiera decisión de segunda instancia
evitando dilaciones injustificadas.

TRÁMITE DEL PROCESO

Mediante auto del 28 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y se vinculó
como tercero interesado al Departamento de Cundinamarca y al Juzgado Treinta y
Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogotá.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que el proceso entró al
Despacho para fallo el 7 de marzo de 2025 y no se ha proferido decisión de fondo.

Explicó que lo anterior ocurría porque el Despacho se encuentra resolviendo
apelaciones de sentencia que entraron para fallo en diciembre del 2023, y que entre
las entradas de 2023 hasta las del 7 de marzo de 2025, se encuentran 113 procesos
para fallo de segunda instancia, por lo que el proceso objeto de la tutela aún no se
encuentra en turno.

Solicitó declarar improcedente la acción porque se pretende utilizar para omitir los
turnos, alterar el orden procesal y actuar como instancia adicional, desconociendo
el carácter subsidiario y residual de la tutela.

Indicó también que no se configuraba alguna de las causales de priorización
contenidas en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, por lo que debía respetarse el
orden del ingreso al Despacho.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El Juzgado treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogotá realizó un
recuento del trámite adelantado en primera instancia y las consideraciones que lo
llevaron a negar las pretensiones de la demanda.

Señaló que desde el 13 de septiembre de 2024 había remitido el proceso al Tribunal
Administrativo, por lo que no se encontraba ninguna gestión pendiente por su parte.
Solicitó ser desvinculado del presente trámite.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06819-00

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• Archivo Central.
El Departamento de Cundinamarca solicitó negar el amparo pretendido al no
encontrarse acreditada alguna violación o amenaza a derechos fundamentales por
parte del Tribunal Administrativo.

Explicó que la acción de tutela carecía de sustento factico y jurídico al no
demostrarse la vulneración alegada y que, en todo caso, no se cumplía con el
requisito de subsidiariedad, pues la resolución de la segunda instancia se
encontraba dentro de la duración normal de los procesos en atención a la notoria
congestión de los Despachos judiciales.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) mora judicial y III)
análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Mora judicial

La Corte Constitucional ha explicado que el incumplimiento de los términos legales
para que el juez profiera las decisiones en los procesos que se encuentran a su
cargo, esto es, la mora judicial puede ocurrir por varias causas; por un lado, la
arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de
adoptar las providencias, casos en los cuales esa mora es injustificada, y del otro,
por la complejidad del asunto, la sobrecarga de trabajo y la congestión judicial que
afrontan los jueces de la República, la que en consecuencia produce un
represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen en los plazos
definidos por el legislador, eventos en los cuales la tardanza está justificada1.

1 En la sentencia SU-333 de 2020, reiterada por la sentencia SU-453 de ese mismo año, la Sala Plena de esta

corporación analizó el fenómeno de la mora judicial en el marco de las actuaciones adelantadas ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, los fundamentos generales de dichas providencias en
relación con las garantías al debido proceso sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos razonables, se
construyó, entre otros pronunciamientos, a partir de la línea jurisprudencial en materia de mora judicial.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06819-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Bajo ese entendimiento, el máximo tribunal constitucional ha establecido - Archivo
cuándoCentral.
hay lugar a una protección constitucional y a las diferentes medidas de
salvaguarda que se deben adoptar, según el asunto, ante la comprobación de la
mora judicial. Así lo expresó en la Sentencia SU-179 de 2021:

«No obstante, aunque el incumplimiento de los términos judiciales derive de
causas ajenas a la actuación diligente del funcionario judicial, la jurisprudencia
constitucional, en atención a las circunstancias particulares de la persona que
solicita el amparo, ha considerado posible que se adopten dos tipos de
remedios constitucionales. Por un lado, “ordenar excepcionalmente la
alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de
un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial
supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las
condiciones de espera particulares del afectado”. Y, por el otro, “en aquellos
casos en que se está ante la posible materialización de un [perjuicio
irremediable], se puede ordenar un amparo transitorio en relación con los
derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial
competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada”2.

90. Si se comprueba que se trata de mora judicial justificada, no existe violación
de los derechos al debido proceso (en su faceta de obtener decisión sin
dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable) y acceso a la
administración de justicia, comoquiera que la dilación en la resolución del
proceso no es imputable a la negligencia del tribunal de casación, sino a otras
causas, por ejemplo, problemas estructurales de congestión judicial. Por estas
razones, se niega el amparo de los mencionados, disponiendo que el actor se
someta al sistema de turnos para recibir fallo. Sin embargo, excepcionalmente,
“[cuando] se está ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios
no puedan ser subsanados, se puede ordenar un amparo transitorio en relación
con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial
competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada”3. Esta medida de protección transitoria exige la verificación de los
requisitos del perjuicio irremediable y la comprobación, por lo menos sumaria,
de la efectiva titularidad del derecho pensional»

Ahora, si bien la jurisprudencia citada se refiere específicamente a la mora judicial
en el trámite del recurso extraordinario de casación en material laboral, lo cierto es
que los fundamentos de esa decisión resultan aplicables a otras situaciones como
la que se estudia, en la que se alega una tardanza en la resolución de un trámite
procesal.

Análisis del caso concreto

Consultadas las actuaciones de segunda instancia registradas en la plataforma
SAMAI dentro del proceso mencionado, la Sala advierte que se han surtido los
siguientes trámites relevantes:

• El 15 de octubre de 2024 ingresó al despacho ponente el proceso con recurso

2 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. En similar sentido, sentencias T-441 de 2015, T-186 de 2017,

T-052 de 2018 y T-346 de 2018.
3 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06819-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
de apelación de la sentencia. - Archivo Central.
• El 03 de febrero de 2025 se admitió el recurso interpuesto y se ordenó el
ingreso del proceso al Despacho para proferir sentencia, en el caso de no
mediar solicitud probatoria conforme el artículo 247 del CPACA y el 04 de
febrero de 2025 se notificó la actuación anterior.
• El 07 de marzo de 2025 y una vez ejecutoriado el auto precedente, se ingresó
el proceso a despacho para fallo.
• El 06 de noviembre de 2025 el demandante remitió memorial solicitando
impulso procesal y el 23 de junio de 2026 se reiteró la petición de impulso
procesal.

Conforme a lo anterior, la Subsección observa que el magistrado a cargo del
proceso, desde el ingreso a su despacho, ha realizado actuaciones tendientes a
proferir sentencia, en particular admitir el recurso conforme el artículo 247 del CPAC
e ingresarlo en turno para fallo.

Además, el tiempo transcurrido desde la fecha en que el proceso pasó a despacho
con posterioridad a la notificación del auto de admisión del recurso de apelación se
encuentra justificado en la alta carga laboral que tiene el Tribunal y el Despacho en
particular.

En esa medida, la Subsección advierte que la actuación del Tribunal no ha sido
negligente y que el asunto se está adelantando conforme a las etapas procesales
respectivas, siguiendo también las reglas de orden y prelación de turnos contenidas
en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996. Distinto es que la congestión que afecta
a la administración de justicia y el número de procesos asignados al despacho
impida adoptar una decisión más célere respecto al recurso interpuesto.

En suma, en esta sede no está demostrado que en el caso analizado haya existido
una tardanza injustificada, lo que desvirtúa una vulneración de los derechos
fundamentales invocados y tampoco se encuentra una razon para la alteración de
turnos, razón por la cual se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

Segundo. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06819-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
2591 de 1991. - Archivo Central.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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