Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06829-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06829-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06829-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06829-00
Demandante: ANA YOLANDA RODRÍGUEZ CUERVO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Carencia actual de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Ana Yolanda Rodríguez Cuervo, por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela1 en contra de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la seguridad social.
Consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la sentencia
proferida el 12 de marzo de 2026, que confirmó el fallo de 22 de mayo de 2024
dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho 11, que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-23-33-000-2022-00364-00/01, que promovió contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora solicitó:
1 El 26 de agosto de 2026.
1
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PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales de Ana Yolanda Rodríguez
Cuervo al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la
seguridad social.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia del 12 de marzo de 2026, proferida por
la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en cuanto resolvió la
condición de beneficiaria sin examinar integralmente la audiencia de pruebas y
su registro audiovisual.
TERCERA. Ordenar a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión,
dentro del término que fije el juez constitucional, después de identificar y valorar
individual y conjuntamente el Acta No. 06, la grabación LIFE SIZE, los tres
testimonios efectivamente practicados y las demás piezas pertinentes del
expediente.
CUARTA. Disponer, con fundamento en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991,
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho 11, y la Secretaría
de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitan al trámite constitucional
—o habiliten su acceso— el expediente electrónico íntegro del proceso radicado
76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024), incluido su índice, el Acta No. 06
del 11 de abril de 2023, la grabación audiovisual completa de la audiencia de
pruebas y las constancias de su incorporación y remisión.
La remisión oficial se solicita exclusivamente para verificar y contrastar el
contenido e integridad del expediente judicial con la copia completa de la
grabación que el propio Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió a la
accionante a petición particular el 19 de agosto de 2026, aportada con esta tutela
junto con el correo institucional correspondiente. Esta copia no se presenta como
una prueba nueva, sino como reproducción de una prueba decretada, practicada
e incorporada al proceso de origen desde el 11 de abril de 2023.
QUINTA, SUBSIDIARIA. En el evento en que el juez constitucional concluya, con
fundamento en el expediente judicial completo y sin necesidad de incorporar o
practicar pruebas adicionales, que la valoración integral de los elementos
probatorios omitidos conduce a una única respuesta jurídicamente admisible,
solicito respetuosamente que adopte directamente las órdenes necesarias para
el restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales vulnerados.
En caso contrario, deberá mantenerse como remedio constitucional principal
dejar sin efectos la providencia cuestionada y ordenar al juez natural que profiera
una nueva decisión en la cual valore integralmente el Acta No. 06, la grabación
audiovisual de la audiencia del 11 de abril de 2023, los tres testimonios
practicados y los demás elementos probatorios omitidos.
SEXTA. Vincular a las entidades y autoridades indicadas y adoptar las demás
órdenes necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo del amparo2.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La accionante contrajo matrimonio con el señor Jesús Emilio Vallejo Montaño el 17
de julio de 1981 y convivió con él hasta el día de su fallecimiento que ocurrió el 17
de agosto de 1994. La inscripción del registro civil de matrimonio tuvo lugar el 1° de
septiembre de 1994, es decir, después del fallecimiento del señor Vallejo Montaño.
Jesús Emilio Vallejo Montaño estuvo afiliado al Fomag y laboró como docente del
Colegio del Pacífico de la ciudad de Buenaventura durante dos periodos: el primero
2 Trascripción literal del original con posibles errores.
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comprendido entre los meses de octubre de 1981 y febrero de 1985 y el segundo
desde el 6 de abril de 1985 hasta el 17 de agosto de 1994.
El 19 de julio de 2018 la señora Rodríguez Cuervo solicitó ante el Fomag el
reconocimiento de una pensión de sobreviviente, sin embargo, la entidad negó esa
petición a través de la Resolución 1.2010.6804601 del 15 de noviembre de 2019.
Ante dicha negativa demandó el anterior acto en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
En primera instancia el proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. En esta instancia se llevó a cabo audiencia de pruebas el 11 de abril de
2023 (registrada en el Acta No. 6) en la que se recibió, bajo la gravedad del
juramento, las declaraciones de Gloria Amelia Zambrano, María Teresa Quiceno
López y Rodolfo Jaramillo Lozano, quienes manifestaron:
TESTIGO DECLARACIÓN INCIDENCIA DE LA
PRUEBA
Gloria Amelia Zambrano “¿Usted recuerda si para el momento La declaración no se
del fallecimiento del señor Jesús Emilio limita a reconocer el
Vallejo ellos convivían bajo el mismo matrimonio. Afirma
techo y tenían una relación de pareja?” convivencia bajo el
“Tenían una relación de pareja mismo techo al momento
excelente; [...] ellos habían comprado de la muerte, continuidad
una casita en el barrio El Jardín, de la pareja, hogar propio
nosotros íbamos y los visitábamos, y él y ausencia de
era el proveedor de su familia; eran una separación. Su
familia ejemplar.” conocimiento se extiende
“No señor. [...] Él siempre me la desde 1985 hasta el
recomendaba: “Gloria, yo le fallecimiento, por lo que
recomiendo a Yolanda”. Siempre me lo comprende
hacía saber.” (Gloria Amelia Zambrano, necesariamente el
00:18:42-00:19:13, al preguntársele si período decisivo del 17
estuvieron separados) de agosto de 1992 al 17
de agosto de 1994.
María Teresa Quiceno “Ellos [...] eran una pareja de La testigo aporta una
López matrimonio muy bonita. Él era el que fuente de conocimiento
sostenía el hogar. Ella, ama de casa, regular y familiar, no
cuidando a su esposo y sus niños. Era ocasional. Su respuesta
un matrimonio muy ejemplar.” cubre expresamente la
“No, doctor, nunca, nunca. Siempre permanencia de la pareja
estuvieron juntos hasta el día del hasta el siniestro de
siniestro”. (Al preguntársele si agosto de 1994 y excluye
estuvieron separados). separaciones durante el
“Los fines de semana siempre salíamos lapso conocido, que
las dos familias a piscina o [...] paseo de comenzó muchos años
olla [...] y entonces éramos muy antes del bienio exigido.
unidos.”
Rodolfo Jaramillo Lozano “Cuando llevó a vivir a la familia al Su declaración corrobora
condominio, nos conocimos todos, nos la existencia del hogar, la
integramos y convivimos. [...] Vivíamos integración social de la
como en familia y compartíamos pareja y la inexistencia
mucho.” de separación. También
“No. Con ese amor que ellos se tenían, ubicó el fallecimiento en
eso era imposible. [...] Era una delicia 1994 y explicó que Ana
ver una familia así.” (Al preguntársele si Yolanda se trasladó a
estuvieron separados). Bogotá después de
quedar sola, no antes de
la muerte del causante.
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En sentencia de 22 de mayo de 2024 el tribunal negó las pretensiones de la
demanda al determinar que no había fundamento para reconocer la pensión bajo
ninguno de los regímenes vigentes al momento del deceso, esto por cuanto: i) al
haber ocurrido el fallecimiento antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
y por ser docente del nivel territorial no le era aplicable el régimen general de
seguridad social. En su lugar, regía el Decreto 224 de 1972, que exige 18 años de
servicio para tener acceso a la pensión de sobreviviente, requisito no cumplido pues
el causante solo acreditó 12 años, 8 meses y 21 días; y, ii) no se acreditó el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación bajo
la Ley 33 de 1985, ni se podía aplicar el Decreto 758 de 1990, el cual se encontraba
reservado a afiliados del ISS, condición que el causante no tenía.
Inconforme con la anterior decisión, la accionante presentó recurso de apelación el
cual fue resuelto en segunda instancia por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que en fallo de 12 de marzo de 2026 confirmó la sentencia
impugnada bajo los siguientes argumentos: i) Jesús Emilio Vallejo Montaño
ostentaba la calidad de docente nacional y era beneficiario de la Ley 91 de 1989.
Para la fecha de su fallecimiento ya se encontraba en vigor la Ley 100 de 1993, por
lo tanto, coexistían el régimen especial docente y el régimen general de seguridad
social en pensiones. Lo anterior habilitó el análisis del caso a la luz del principio de
favorabilidad; ii) pese a lo anterior la demandante no logró probar su calidad de
beneficiaria de la pensión solicitada pues no explicó la tardanza de la inscripción del
matrimonio en el registro civil, por ilegibilidad del registro civil de defunción y por la
ausencia de material probatorio que permitiera acreditar el propósito de vida en
común de los contrayentes y su permanencia en el tiempo.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio de la accionante, la autoridad judicial tutelada desconoció sus derechos
fundamentales invocados al proferir el fallo controvertido, la cual incurrió en defecto
fáctico en dimensión negativa, al afirmar que los testimonios que fueron practicados
por el tribunal competente, bajo juramento y dentro de una audiencia formalmente
documentada no fueron analizados.
Asimismo, indicó que el tribunal declaró que el video hacía parte del acta y se
anexaría al expediente digital cuyo enlace quedó escrito en la pieza firmada
electrónicamente.
Señaló que el apartado de hechos probados y los párrafos 50 a 55 y 61 de la
sentencia cuestionada no mencionan el acta, el video ni a los declarantes. En ese
sentido, el fallo confirmó la negativa porque consideró no acreditada la convivencia.
Sin embargo, las declaraciones de Gloria Amelia Zambrano, María Teresa Quiceno
López y Rodolfo Jaramillo Lozano dan cuenta de la convivencia de la pareja al
momento del fallecimiento del señor Vallejo Montaño, negaron separaciones,
afirmaron que estos permanecieron juntos hasta el siniestro y describen la
integración familiar.
La tutelante adujo que la providencia cuestionada no explicó por qué los testimonios
carecían de mérito probatorio: simplemente no los identificó ni los examinó. En esa
medida, aseveró que su intención no consiste en afirmar que el Consejo de Estado
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debía suplir la carga de la parte actora mediante nuevas pruebas de oficio toda vez
que la prueba ya había sido decretada, practicada y grabada y el acta señaló que el
video hacía parte de ella y se anexaría al expediente digital.
Puso de presente la sentencia SU-169 de 2024 que ofrece una regla directamente
análoga en una controversia de solicitud de pensión de sobrevivientes en la que la
convivencia era determinante y la Corte Constitucional encontró probado el defecto
fáctico en dimensión negativa y falta de motivación porque se omitieron pruebas
relevantes para establecer ese hecho. La Corte destacó que el defecto se configura
cuando la omisión es manifiesta y la consideración de la prueba podía cambiar el
resultado.
A su juicio, en el presente caso ocurre el mismo problema estructural: la providencia
negó la calidad de beneficiaria de la tutelante por falta de prueba de la convivencia,
mientras guardó silencio sobre tres testimonios judiciales que se referían
precisamente a la permanencia de la pareja hasta el fallecimiento.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 27 de agosto de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que
integran la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Además, a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho 11, a la
ministra de Educación Nacional, al vicepresidente del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al secretario de Educación Departamental del
Valle del Cauca y al representante legal de la Fiduprevisora S.A. como terceros con
interés en las resultas del proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
El magistrado ponente de la decisión cuestionada, luego de realizar un recuento
sobre las actuaciones surtidas tanto en primera como en segunda instancia del
proceso ordinario, mencionó que en el trámite de la sustanciación del proceso se
tuvo en consideración las piezas procesales que obraban en el expediente, en
particular el acervo probatorio insertado en el aplicativo Samai.
Sin embargo, sostuvo que con ocasión de la acción de tutela que promovió Ana
Yolanda Rodríguez Cuervo, el despacho sustanciador procedió a verificar el
expediente digital y advirtió que, en efecto, el aplicativo no tiene el audio y video de
la audiencia aludida en sede de tutela; no obstante, sí obra el acta que da cuenta
de su celebración el 11 de abril de 2023.
Como consecuencia de lo anterior, señaló que esa sala procedería a adoptar los
correctivos a que haya lugar ante el evidente error, y a continuación comunicará a
la Sección Quinta lo pertinente.
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1.5.2. La Fiduprevisora S.A.
Esta entidad sostuvo que la accionante no acreditó el cumplimiento de las causales
genéricas ni específicas de procedibilidad de las tutelas contra providencias
judiciales.
Argumentó que no existe nexo de causalidad entre esa fiduciaria y la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegados, por lo que se presenta la falta
de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del presente
trámite.
1.5.3. Secretaría de Educación del Valle del Cauca
Esta secretaría manifestó que es evidente que las actuaciones reprochadas por la
tutelante fueron desplegadas exclusivamente por el Consejo De Estado, Sección
Segunda, Subsección B y no existe evidencia de que esa entidad haya violentado
los derechos fundamentales alegados. En consecuencia, sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva por lo que solicitó su desvinculación de la tutela.
1.5.4. Ministerio de Educación Nacional
Esta cartera ministerial señaló que no es responsable de la conducta u omisión
generadora de la presunta vulneración, por cuanto los hechos controvertidos:
práctica, valoración y apreciación probatoria en el proceso de reconocimiento
pensional, corresponden en exclusiva a la función jurisdiccional del Consejo de
Estado, por lo que carece de competencia, injerencia o facultad de intervención,
modificación o revocatoria sobre tales decisiones judiciales. En consecuencia,
solicitó su desvinculación de la acción constitucional.
1.6. Manifestación de impedimento
Mediante memorial allegado el 23 de septiembre de 2026, la magistrada Gloria
María Gómez Montoya manifestó su impedimento para conocer el asunto. Al
respecto, indicó estar incursa en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal3, con fundamento en que sostiene una relación
de amistad íntima y entrañable con la magistrada Zoranny Castillo Otálora, quien
hacía parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y suscribió la sentencia
de 22 de mayo de 2024 en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se cuestiona en sede de tutela.
No obstante, por auto del 24 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador
declaró infundado el impedimento por no haberse acreditado la configuración de los
elementos de la causal.
3 Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista amistad
íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el
funcionario judicial.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20194 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
Las solicitudes de desvinculación elevadas por La Fiduprevisora, el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Valle del Cauca se
despacharán negativamente por cuanto su vinculación a este trámite constitucional
se realizó en calidad de terceros por presentar interés en la decisión que se adopte,
comoquiera que fueron las entidades demandadas y vinculadas en el proceso
ordinario.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso y a la seguridad social de la señora Ana Yolanda
Rodríguez Cuervo al proferir sentencia con supuesto desconocimiento de las
pruebas obrantes en el expediente.
En consecuencia, la Sala se referirá a (i) las generalidades de la acción de tutela;
(ii) la carencia actual de objeto; y (iii) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable5.
4 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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2.5. Carencia actual de objeto
La sala ha explicado en varias ocasiones6 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho
superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.
Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1 de septiembre de
2016, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción7.
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado. (Negrillas propias)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
6 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
7 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
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aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente8.
Con base en el marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha sostenido
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales9.
En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia, lo que indica que el juez podría optar
por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en
todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.
De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal10.
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados11.
2.6. Caso concreto
La accionante alegó que sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y a la seguridad social están siendo vulnerados por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, con ocasión de la
sentencia proferida el 12 de marzo de 2026, que confirmó el fallo de 22 de mayo de
2024 dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho 11, que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-23-33-000-2022-00364-00/01 (6624-2024), que promovió contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Esto por cuanto a su juicio el fallo cuestionado no tuvo en cuenta el Acta No. 6 de
11 de abril de 2023 referente a la audiencia de pruebas en la que se tomaron 3
declaraciones que acreditaban el propósito de vida en común de Jesús Emilio
Vallejo Montaño y la tutelante para efectos de reconocer la pensión de sobreviviente
en su condición de cónyuge supérstite.
8 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
9 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Ahora bien, como se advierte de la contestación allegada por la autoridad judicial
demandada en la que indicó que esa sala procedería a adoptar los correctivos a
que hubiera lugar ante el evidente error, esta profirió sentencia de reemplazo el 10
de septiembre de 202612, en la que argumentó lo siguiente:
i) Declaró la nulidad del fallo de segunda instancia proferido por esa
Subsección el 12 de marzo de 2026 dentro del asunto de la referencia,
por encontrar configurada una nulidad por omisión absoluta de valoración
de una prueba determinante, y dictó sentencia de reemplazo.
ii) Declaró la nulidad de Resolución 1.2010.68 04601 del 15 de noviembre
de 2019 por medio de la cual el Fomag, a través de la Secretaría de
Educación Departamental del Valle del Cauca, le negó a Ana Yolanda
Rodríguez Cuervo el reconocimiento de una pensión de sobreviviente.
iii) Ordenó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer a Ana Yolanda
Rodríguez Cuervo una pensión vitalicia de sobreviviente en su condición
de cónyuge supérstite de Jesús Emilio Vallejo Montaño, en los términos
indicados en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, es decir, en
cuantía del 45% del ingreso base de liquidación más el 2% adicional por
cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, sin que supere el 75%
del IBL y sin que sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el fenómeno de la carencia actual de objeto por
hecho superado se configuró en el asunto estudiado, en la medida en que, en el
trámite de la presente acción de tutela, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B dictó sentencia de reemplazo en la que procedió a revisar
nuevamente el expediente con la totalidad del material probatorio, entre estos los
testimonios de Gloria Amelia Zambrano, María Teresa Quiceno López y Rodolfo
Jaramillo Lozano, que no fueron valorados en la sentencia de 12 de marzo de 2026
y que analizados en conjunto permitieron tener por acreditada la convivencia de la
pareja durante los 2 años inmediatamente anteriores al 17 de agosto de 1994.
En igual sentido se evidencia que la aludida providencia le fue notificada a las partes
mediante correo electrónico el 14 de septiembre del presente año.
En consecuencia, no es necesaria la intervención de la Sección Quinta del Consejo
de Estado como juez constitucional, pues el asunto que presuntamente vulneraba
los derechos fundamentales de la señora Ana Yolanda Rodríguez Cuervo dejó de
existir durante el presente trámite.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación del presente trámite de La
Fiduprevisora S.A., del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca por las razones expuestas.
12 Índice 26 Samai.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06829-00
SEGUNDO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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