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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06835-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06835-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Riohacha, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06835-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-06835-00
Accionante: MARÍA ESTELLA BERMÚDEZ IGUARÁN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Se niegan las pretensiones de la acción de
amparo porque la autoridad judicial accionada no incurrió en mora judicial.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora María Estella Bermúdez Iguarán, a través de apoderada judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, igualdad y dignidad humana
en conexidad con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, eficacia,
celeridad y prevalencia del derecho sustancial con la presunta mora judicial dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 44001-33-40-004-2023-00432-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente1:

2.1. Informó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Alcaldía de Riohacha - Distrito Especial,
Turístico y Cultural de Riohacha - Caja de Previsión Social de La Guajira, con el fin

1
La Sala precisa que en cuanto a las fechas señaladas por la accionante en el escrito de tutela, también se tendrá en cuenta
el historial de las actuaciones que obran en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial - SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06835-00
Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

de declarar la nulidad de la Resolución núm. “[…] RDP 0-881-00 del 06 de
septiembre de 2022, proferida por el DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y
CULTURAL DE RIOHACHA, por medio de la cual le reconocen y pagan una
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ […]” y, a título de
restablecimiento del derecho, la “[…] RELIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ […]”.

2.2. Manifestó
que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha,
mediante auto de 28 de mayo de 2024, admitió la demanda.

2.3. Precisó que el 31 de julio de 2024, fue reasignado el proceso en virtud del
Acuerdo PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 20232, el cual dispuso la creación
del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Riohacha, teniendo en cuenta las
reglas de redistribución de procesos.

2.4. Señaló que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Riohacha, mediante
providencia de 26 de agosto de 2024, avocó el conocimiento del proceso indicado
supra.

2.5. Sostuvo que dicho Juzgado, mediante sentencia anticipada de 8 de abril de 2025,
accedió a las pretensiones de la demanda.

2.6. Expuso que, contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso
de apelación.

2.7. Afirmó
que el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto de 9 de
septiembre de 2025, admitió el recurso de apelación.

2.8. Adujo
que el “[…] el proceso ingresó nuevamente al despacho para dictar
sentencia de segunda instancia el 9 de octubre de 2025 […]”.

2.9. Enfatizó que “[…] Han transcurrido cerca de tres años desde la radicación del
proceso y aproximadamente un año desde que el expediente ingresó al Tribunal
Administrativo de La Guajira, término que excede lo que razonablemente puede
soportar un ciudadano que acude a la administración de justicia para obtener la
protección de sus derechos […]”.

2.10. Destacó que “[…] La prolongación indefinida del trámite convierte el acceso a la
justicia en un derecho meramente formal, desconociendo los principios
constitucionales de eficacia, celeridad y prevalencia del derecho sustancial […]”.

III. PRETENSIONES

3. La accionante formuló las siguientes pretensiones:

2
Del Consejo Superior de la Judicatura.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06835-00
Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

“[…] 1. Se CONCEDA la acción constitucional de amparo deprecada, y por ende
conceda Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad, dignidad
humana y plazo razonable de la señora María Estella Bermúdez Iguaran (sic)
consagrados en el preámbulo de la Carta Política de 1991 y artículos 1º, 2º, 5º,
29, 46, 48, 53, 58 y 229 del mismo Estatuto de la superior.

2. Como consecuencia a lo anterior, proceda esa Corporación como JUECES
DE TUTELA Ordenar al Tribunal Administrativo de La Guajira que, dentro del
término prudencial que fije el despacho constitucional, adopte la decisión
correspondiente dentro del proceso de segunda instancia, garantizando así la
continuidad del trámite laboral y el ejercicio pleno del derecho al debido proceso.

3.Disponer que el Tribunal informe al juez constitucional el cumplimiento de la
orden impartida […]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 31 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros
con interés directo en el resultado del proceso al Distrito Especial, Turístico y
Cultural de Riohacha y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Riohacha.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los terceros
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de La Guajira informó lo siguiente:

“[…] En cuanto al proceso 44-001-33-40-004-2023-00432-01, dentro del cual la
señora María Estela Bermúdez Iguarán actúa como accionante, se tiene que
este fue repartido al Tribunal Administrativo de La Guajira para resolver recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia el 8 de agosto de
2025 e ingresado al despacho para trámite el 5 de septiembre del mismo año.
Por medio de auto de 9 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de
apelación, decisión notificada por la secretaría el 30 del mismo mes y año.
Ejecutoriada la citada providencia, el asunto ingresó nuevamente al despacho
para dictar sentencia de segunda instancia el 9 de octubre de 2025.

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispone que es obligatorio para los jueces
dictar las sentencias en el mismo orden en que hayan ingresado los expedientes
al despacho para tal fin. El Consejo de Estado ha señalado que el orden
mencionado se puede alterar, únicamente, en virtud de supuestos específicos,
así: «(i) razones de seguridad nacional; (ii) amenaza al patrimonio público; (iii)
grave vulneración de derechos humanos o la comisión de crímenes de lesa
humanidad; (iv) asuntos de especial trascendencia social; (v) casos carentes de
antecedentes jurisprudenciales cuya solución resulte de interés público y tenga
repercusión colectiva; (vi) aquellos cuya resolución implique la reiteración de
jurisprudencia consolidada; o (vii) cuando se establezca un orden temático para
su estudio preferente».

Dicho lo anterior, se precisa que el Despacho 03 del Tribunal Administrativo de
La Guajira, actualmente cuenta con 367 procesos al despacho para sentencia,
en su gran mayoría de segunda instancia, cuya evacuación se efectúa en

4
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Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

estricto orden de ingresos, sin perjuicio de las excepciones legales enlistadas
en el acápite anterior. En cuanto al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de naturaleza laboral, se están evacuando
asuntos ingresados para fallo en el primer trimestre de 2025.

Examinado el asunto promovido por la señora María Estela Bermúdez Iguarán,
se observa que la controversia planteada se circunscribe al reajuste o
reliquidación de una indemnización sustitutiva de pensión, materia que no se
encuentra comprendida dentro de los supuestos excepcionales que justifican la
alteración del turno para fallo o la priorización de su decisión. En consecuencia,
el proceso radicado bajo el No. 44-001-33-40-004-2023-00432-01 será resuelto
respetando el orden cronológico de ingreso al despacho para sentencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. En ese
sentido, es pertinente precisar que el expediente ingresó para fallo en octubre
de 2025 y que, a la fecha, el despacho se encuentra profiriendo decisión en los
asuntos que fueron allegados con tal finalidad durante el primer trimestre de esa
anualidad.

Por último, vale la pena precisar que los despachos judiciales que conforman el
Tribunal Administrativo de La Guajira están integrados por el Magistrado, un
Profesional Especializado Grado 33 y un Auxiliar Judicial Grado I y, el despacho
a mi cargo, a corte de 31 de julio de 2026, contaba con 441 procesos ordinarios
en trámite. Es de precisar que los empleados del despacho no solo están en
cargo de la proyección de sentencias, sino que deben proyectar autos de
trámite, acciones constitucionales, así como de las labores administrativas del
despacho; de manera que el tiempo empleado en el trámite del asunto es
apenas razonable y proporcional a la carga laboral y el recurso humano
disponible. En consecuencia, al no advertirse vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales invocados, se impone negar el amparo constitucional
requerido […]”.

5.2. ElJuzgado Sexto Administrativo del Circuito de Riohacha solicitó su
desvinculación por carecer de falta de legitimación en la causa por pasiva y sostuvo
lo siguiente:

“[…] este Juzgado ha obrado conforme a sus competencias de manera diligente
y con celeridad ante el medio de control objeto de valoración en sede de tutela
véase:

✓ La demanda fue asignada el 26 de agosto de 2024.
✓ Mediante auto del 17 de marzo de 2025, se corrió traslado para alegar de
conclusión.
✓ El 8 de abril de 2025 se dictó sentencia.
✓ Finalmente, el 28 de mayo se concedió el recurso de apelación.

Como puede observarse su señoría, desde que se recibió el expediente hasta
el momento en que se emitió la sentencia, pasaron sólo 7 meses y 12 días,
razón por la que se solicita respetuosamente, en cuanto a lo que respecta a
este operador judicial, se denieguen las pretensiones […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre

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Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20248.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Riohacha.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20069, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Riohacha
fue la autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso cuestionado, la
Sala considera que a esta autoridad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada
a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06835-00
Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, igualdad y dignidad
humana en conexidad con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima,
eficacia, celeridad y prevalencia del derecho sustancial con la presunta mora judicial
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 44001-33-40-004-2023-00432-01.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en
el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.

VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de
los procesos judiciales

13. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”10, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”11.

14. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.12

15. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo de
201713 precisó lo siguiente:

“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
10
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo
de 2017.
11
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9 de
diciembre de 2010.
12
Ibidem.
13
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle Correa;
28 de marzo de 2017.

7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06835-00
Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

[…]
[L]a mora judicial se justifica cuando:

-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”14

13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando:
(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante
casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando
(1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio,
consistente en la alteración del turno era, excepcional […].

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201615, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en
mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”. [Negrilla fuera del texto].

16. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna
del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta imprescindible
analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva
dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la
complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las
partes de sus deberes de impulso procesal16.

14
“En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la
autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada”.
15
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo de 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06835-00
Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

VI.5. El caso concreto

11. La señora María Estella Bermúdez Iguarán, a través de apoderada judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, igualdad y dignidad humana
en conexidad con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, eficacia,
celeridad y prevalencia del derecho sustancial con la presunta mora judicial dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 44001-33-40-004-2023-00432-01.

12. La autoridad judicial accionada al rendir informe dentro de la presente acción
constitucional explicó que ha venido ejerciendo sus funciones de manera diligente
y responsable, en atención a la significativa carga laboral que le ha sido asignada.

13. Dela misma manera señaló que actualmente cuenta con 367 procesos al
despacho para sentencia, en su gran mayoría de segunda instancia, cuya
evacuación se efectúa en estricto orden de ingresos, sin perjuicio de las
excepciones legales, dentro de las que no se encuentra el asunto de la accionante
que justifique la alteración del turno para fallo o la priorización de su decisión.
Precisó que, en cuanto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
de naturaleza laboral, se están evacuando asuntos ingresados para fallo en el
primer trimestre de 2025.

14. Puso de presente que, el proceso radicado bajo el núm. 44-001-33-40-004-2023-
00432-01 será resuelto respetando el orden cronológico de ingreso al despacho
para sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de
1998.

15. Cabe advertir que la Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada
que configura la violación del derecho fundamental al debido proceso, se caracteriza
por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
actuación por parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de
las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii)
la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias
que no se pueden contrarrestar.

16. Según la información relacionada en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
• SAMAI17, se advierte que:

i) El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Riohacha, mediante
sentencia anticipada del 8 de abril de 2025, accedió a las súplicas de la
demanda y la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra
de la anterior decisión.

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Proceso ordinario con radicado 44001-33-40-004-2023-00432-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06835-00
Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

ii) El Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante auto de 9 de
septiembre de 2025, admitió el recurso de apelación

iii) El 9 de octubre de 2025, pasó al despacho para sentencia.

17. Teniendo en cuenta lo anterior, pese a que no se ha proferido la sentencia que
resuelva el recurso de apelación, el despacho accionado explicó en el informe
allegado al presente trámite que si bien no se desconoce el tiempo transcurrido, se
observa que este se encuentra justificado, no solo por la congestión judicial que no
es ajena al despacho, sino por cuanto los asuntos sometidos a su conocimiento se
deciden en orden de acuerdo con la antigüedad, según la fecha de ingreso al
despacho o al criterio temático.

18. En consecuencia, la Sala advierte que en el caso sub examine no se observa que
la autoridad accionada hubiere actuado de manera negligente en el trámite del
respectivo medio de control.

19. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Riohacha, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06835-00
Accionante: María Estella Bermúdez Iguarán

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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